Sentencia Penal 100/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1335/2021 de 15 de febrero del 2023

PRIMERO.- La Sección 22.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su Procedimiento Abreviado n.º 93/2017, dictó Sentencia el 5 de julio de 2019 en la que condenó a Primitivo como autor criminalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 253.1, 250.1.5 y 74 del Código Penal, además de como autor de un delito continuado de falsedad de documento oficial cometido por particular del artículo 392.1 en relación con los artículos 90.1.2 y 74 del mismo texto punitivo.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue desestimado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencia de 2 de febrero de 2021, interponiéndose contra esta resolución el presente recurso de casación que se estructura en cuatro motivos.

1.1. Los dos primeros se formalizan por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que las condenas por ambos delitos quebrantan su derecho a la presunción de inocencia.

La representación del acusado aduce que la sentencia impugnada debió estimar el recurso de apelación y declarar la libre absolución del acusado con fundamento en el derecho constitucional a la presunción de inocencia, al no existir en el procedimiento una actividad probatoria que sirviera para certificar la concurrencia de los elementos del delito continuado de apropiación indebida y del delito de falsedad por los que la Audiencia Provincial de Barcelona le condenó. Considera que tanto la sentencia que resuelve el recurso como la sentencia que condenó al acusado en primera instancia carecen de una motivación que refleje el material probatorio por el que se considera que fue el recurrente quien cobró los mandamientos que emitió el Juzgado de lo Social en favor de su cliente o que fuera él quien realizó o encargó que se realizaran los documentos designados falsos.

1.2. Hemos destacado de manera reiterada que en los procedimientos con doble instancia contemplados en el artículo 847.1.a) de la LECRIM, el control casacional de las sentencias que les pongan término no sólo comporta realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación, sino también de la supervisión que realizaron de la valoración de la prueba hecha por el órgano de enjuiciamiento. Una verificación que entraña constatar que la prueba de cargo se haya obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales, así como que su práctica responda al procedimiento y supuestos para los que fue legalmente prevista, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso fundamental de su raciocinio ( STS 1125/2001, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos y razonables que permiten corroborar las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena.

Es cierto, que la inserción del elemento de la razonabilidad dentro del contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia genera un espacio común en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que aunque el control por parte del Tribunal de apelación sobre la coherencia del juicio probatorio del Tribunal de instancia no pasa por exigir un juicio valorativo en el que se detallen todas las pruebas que se han presentado, sí debe confirmar que el órgano de enjuiciamiento haya fijado con claridad las razones contempladas para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos. De modo que las pruebas a considerar al verificar la racionalidad del proceso valorativo no son sólo aquellas que lógicamente conduzcan a la conclusión obtenida por el Tribunal, sino todas aquellas que hayan sido traídas por las partes y que puedan destruir o debilitar la convicción hasta conducirla al campo de lo incierto, lo remoto o lo especulativo. Todo ello cribado por el tamiz de la racionalidad y solidez de la inferencia en la que se sustenta la prueba indiciaria, no sólo desde su cohesión lógica, esto es, que es irrazonable la conclusión si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él, sino desde su calidad concluyente, pues el desenlace propuesto nunca puede ser válido si la inferencia es excesivamente abierta, débil o imprecisa.

En todo caso, la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala, han proclamado que el control de la calidad concluyente de la inferencia debe ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales de instancia quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo, y obtenido con todas las garantías, del acervo probatorio; de modo que sólo puede considerarse insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable ( SSTC 300/2005, de 21 de noviembre o 123/2006, de 24 de abril, entre otras).

1.3. Desde esta consideración de la función casacional como evaluadora de que la supervisión que ha hecho el Tribunal de apelación respete las reglas anteriormente expuestas de valoración del juicio probatorio del Tribunal de instancia, deben rechazarse las pretensiones que sustentan los dos primeros motivos del recurrente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña valida la sentencia por cuanto sus conclusiones descansan en una valoración racional y razonable de la prueba practicada.

El acusado negó haber cobrado los mandamientos de pago emitidos por el Juzgado de lo Social a favor de su cliente y negó también que él, una vez firme la sentencia indemnizatoria, hubiera realizado u ordenado realizar unas fotocopias que aparentaban reproducir sendas diligencias de ordenación supuestamente emitidas por el Letrado de la Administración de Justicia correspondiente al Juzgado de lo Social actuante y en las que se hizo constar que el órgano judicial había suspendido el pago a su cliente de la indemnización consignada por el deudor en virtud de la falsa interposición de un recurso de amparo por su parte y que el pago estaba suspendido mientras el cliente del acusado no prestara una fianza garantizando la devolución del importe percibido para el caso de que se estimara ese supuesto recurso de amparo.

Sin embargo, la sentencia valida como correcta y razonable la conclusión de que fue el acusado quien cobró los dos mandamientos de pago emitidos a favor de su cliente Rosendo. Para ello contempla la prueba documental, que evidencia la entrega de los dos mandamientos de pago emitidos por el Juzgado de lo Social (f. 60, 474 y 497), así como las certificaciones del Banco de Santander (f. 550) y del Banco de Sabadell (f. 558) que justifican que ambos mandamientos se presentaron al cobro. Y aun cuando no consta prueba documental de que el acusado fuera el titular de las cuentas bancarias en las que se ingresó el importe de ambos documentos, se infiere que sólo el acusado pudo hacerlo por las siguientes razones: 1) Porque el cobro sólo podía obtenerse por el beneficiario de los mandamientos o por el acusado que, como letrado de aquel, tenía un poder que le autorizaba a efectuar cobros y pagos dimanantes de las actuaciones judiciales en las que esté comparecido (f. 164 a 168); 2) Porque aun cuando el acusado no respondió en juicio oral a las preguntas de los acusadores y nada se le preguntó por su defensa sobre este aspecto, en la fase de instrucción reconoció haber sido él quien percibió el importe de los mandamientos, sin que conste ninguna explicación razonable sobre la falsedad de esa afirmación y 3) Porque se presentó la grabación de una conversación, oída como prueba documental en el plenario y directamente valorada por el Tribunal de instancia, en la que identificaron que el abogado acusado negaba a su cliente que hubiera recibido los mandamientos de devolución que el Juzgado ya proclamaba entregados. Todo lo cual muestra que el relato del recurrente es contrario a la realidad y que sólo él (y no su cliente) pudo abordar el cobro de los títulos de pago.

E igual corrección se aprecia respecto de la elaboración de las fotocopias documentales que se aportaron. No siendo el delito de falsedad un delito de propia mano, resulta irrelevante que fuera el recurrente quien abordó la confección material de las fotocopias o si encomendó la realización a otra persona. La acreditación de que el acusado se apropió de los fondos pagados a su cliente, evidencia que los documentos (irreales según el testimonio prestado en el plenario por el Letrado de la Administración de Justicia) sólo servían para encubrir su acción, siendo plenamente razonable la inferencia de que hubo de ser él quien encomendó o abordó la realización de las fotocopias para justificar a su cliente por qué no debía entregarle los fondos.

Los motivos se desestiman.

SEGUNDO.- 2.1. Su tercer motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicados los artículos 253.1, 250.1.5.º y 74 del Código Penal.

Argumenta que ha existido una aplicación errónea del delito de apropiación indebida, pues no concurren el elemento objetivo y el elemento subjetivo del tipo penal. Aduce que no existen pruebas de que el acusado se apropiase o cobrase el dinero que representaban los mandamientos de devolución, lo que incide directamente en la falta de acreditación de que actuase con ánimo de lucro cuando recibió esos mandamientos.

2.2. El artículo 849.1 de la LECRIM fija como motivo de casación "Cuando dados los hechos que se declaran probados (...) se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal".

Se trata, por tanto, como tiene pacíficamente establecido la jurisprudencia más estable del Tribunal, de un motivo por el que sólo se plantean y discuten problemas relativos a la aplicación de la norma jurídica, lo que exige ineludiblemente partir de unos hechos concretos y estables, que deberán ser los sometidos a reevaluación judicial. Es este un cauce de impugnación que sirve para plantear discrepancias de naturaleza penal sustantiva, buscándose corregir o mejorar el enfoque jurídico dado en la sentencia recurrida a unos hechos ya definidos.

El motivo exige así el más absoluto respeto del relato fáctico que se declara probado, u obliga a pretender antes su modificación por la vía del error en la apreciación de la prueba ( art. 849.2 LECRIM) o por vulneración del derecho a la presunción de inocencia ( art. 852 de la ley procesal), pues no resulta posible pretender un control de la juridicidad de la decisión judicial alterando argumentativamente la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad mediante una reinterpretación unilateral de las pruebas o eliminando o introduciendo matices que lo que hacen es condicionar o desviar la hermenéutica jurídica aplicada y aplicable.

2.3. Lo expuesto lleva a la desestimación del motivo, no solo porque la impugnación es novedosa y no se plasmó en el recurso de apelación interpuesto en su día, sino porque el alegato está plenamente enfrentado al relato fáctico que proclama la sentencia de instancia a partir de una valoración probatoria que, como hemos dicho, satisface las reglas de la sana crítica que pueda abordar cualquier espectador razonable.

El relato de hechos probados afirma que Rosendo contrató los servicios profesionales, como abogado laboralista, de Primitivo, y que lo hizo con el objeto de interponer demanda por despido improcedente y extinción de contrato contra la empresa Vivancos Accesorios, S.A. Presentada la demanda, y tras el procedimiento al que dio lugar, se dictó sentencia en primera instancia en la que se declaró el despido improcedente y se condenó a la demandada a abonar al actor, en concepto de indemnización, 202.213,70 euros. Se afirma también que, una vez firme la sentencia, el 1 de octubre de 2015 el Juzgado dispuso, respecto de la cantidad consignada de 202.213,70 euros, expedir mandamiento de devolución a favor del actor, que fue entregado el 19 de aquel mes al abogado del demandante. Posteriormente, mediante decreto de 17 de diciembre de 2015, el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social liquidó los intereses a favor del actor que ascendieron a 25.703,30 euros, cantidad que ingresó la demandada en la cuenta de consignaciones del Juzgado el 29 de aquel mismo mes, expidiendo el Juzgado otro mandamiento de devolución a favor del actor que fue también entregado al recurrente. A partir de dicho relato, los hechos probados recogen los dos elementos objetivo y subjetivo que se cuestionan en el recurso, pues proclaman que los dos mandamientos entregados al recurrente para su cliente "fueron presentados al cobro y cobrados el 10 de noviembre de 2015 y el 13 de febrero de 2016, respectivamente, y Primitivo se quedó con las cantidades obtenidas mediante los repetidos mandamientos, que cobró directamente o a través de otra u otras personas a las cuales encargó la gestión de cobro".

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1. El cuarto motivo se formaliza por quebrantamiento de forma al amparo de lo previsto en el número 4 del artículo 851 de la LECRIM, al imponer la sentencia una pena superior a las pedidas, en concreto, por las acusaciones por el delito de falsedad de documento oficial cometido por particular, vulnerando el principio acusatorio.

Resulta desacertado el cauce procesal empleado pues el artículo 851.4 de la LECRIM hace referencia a aquellos supuestos en los que se imponga pena por un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación si el Tribunal no precede previamente como determina el artículo 733, cuando lo que aquí se denuncia es que, por el delito continuado de falsedad en documento oficial, se ha impuesto al acusado una pena de multa superior a la más grave de la solicitada por las acusaciones para este delito, esto es, lo que se está denunciando es el quebranto del derecho constitucional a un procedimiento con todas las garantías y al derecho de defensa, que encuentra su cauce en los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM. Un planteamiento que es asumido por el Ministerio Fiscal en su impugnación al recurso, tras asumir que la pena de multa ha desbordado en extensión la pretensión punitiva formulada por las acusaciones, solicita que se imponga en su mínima extensión legal.

3.2. Como reflejo del principio acusatorio, el artículo 789.3 de la LECRIM dispone, entre otros supuestos, la imposibilidad de que una sentencia imponga pena más grave de la solicitada por las acusaciones.

De conformidad con este precepto, el Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 2 de diciembre de 2006, plasmó el acuerdo de que: "El tribunal no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa", que fue posteriormente matizado y aclarado por el Pleno de Sala General de 27 de noviembre de 2007 que, al analizar las posibilidades de imponer pena prevista en la ley y no pedida por la acusación señaló que: "El anterior Acuerdo de esta Sala, de fecha 2 de diciembre de 2006, debe ser entendido en el sentido de que el Tribunal no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas por las acusaciones, siempre que la pena solicitada se corresponda con las previsiones legales al respecto...".

Y aun cuando el principio acusatorio no aparece expresamente mencionado entre los derechos constitucionales que disciplinan el proceso penal, ello no es óbice para reconocer como protegidos en el artículo 24.2 de la Constitución ciertos derechos fundamentales que configuran los elementos estructurales de dicho principio, que trasciende el derecho a ser informado de la acusación y comprende un haz de garantías adicionales.

En este sentido se ha resaltado tanto la vinculación del principio acusatorio con los derechos constitucionales de defensa y a conocer la acusación, como también con la garantía constitucional de la imparcialidad judicial. Al exigirse una congruencia entre la acusación y el fallo de la sentencia, no solo se contempla la posibilidad de que el acusado haya podido estructurar una estrategia defensiva frente al alcance completo de la decisión que pueda afectarle, sino que también resaltamos las funciones que en el proceso penal corresponden a la parte acusadora y al órgano de enjuiciamiento, lo que impide que el pronunciamiento judicial pueda ir más allá de la concreta pretensión punitiva de la acusación pues, de otro modo, la autoridad judicial perdería posición de imparcialidad y se resentiría, además, el derecho del acusado a un proceso con todas las garantías ( STC 123/2005, de 12 de mayo, FJ 4; doctrina reiterada, entre otras, en las SSTC 247/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 170/2006, de 5 de junio, FJ 2).

Consecuentemente, puesto que en el presente supuesto por el delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular se ha impuesto al acusado una pena de multa de 13 meses y 15 días, en cuota diaria de 25 euros, siendo que la extensión fijada es superior a la solicitada por la más grave de las acusaciones, pues el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de una multa de 11 meses de extensión por el concurso medial de delitos en el que integró la falsedad, y la acusación particular pidió que se impusiera al acusado una multa con extensión de 9 meses por el sólo delito de falsedad, procede ajustar la pena al mínimo legal de 9 meses y 1 día correspondiente al delito continuado y plenamente abarcado por las pretensiones acusatorias, manteniéndose la cuota multa de veinticinco euros fijada en la instancia y que no es objeto de impugnación.

El motivo debe estimarse.

CUARTO.- Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas procesales.