Sentencia Contencioso-Administrativo 884/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 6363/2021 de 03 de julio del 2023

PRIMERO.- D.ª Blanca interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Directora Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución nº 2372/2018, de 24 de julio, por la que se deniega la pretensión de regularización presentada el 2 de octubre de 2017 respecto de la vivienda sita en la CALLE000 n.º NUM000, de DIRECCION000.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 32 de Madrid, dictó sentencia nº 287/2019, de 11 de noviembre (recurso nº 65/2019 A) en la que, estimando parcialmente el recurso, se anula la resolución impugnada ordenando que se retrotraigan las actuaciones al trámite previo a la resolución del recurso de reposición, concediéndose un periodo de prueba a la parte recurrente; sin expresa imposición de costas.

En lo que interesa al presente recurso de casación, la sentencia del Juzgado nº 32 razona lo siguiente en su F.J. 3º:

<< (...) La resolución impugnada deniega la regularización solicitada en base al informe de 12 de julio de 2018 del Área Social de la Agencia de Vivienda Social en el que se afirma que queda acreditada la existencia de conflictividad en el entorno vecinal y comunitario generada por la unidad familiar solicitante de la regularización. Ante esta resolución número 2372/2018 interpone recurso de reposición que es desestimado mediante la resolución 1601/2019. En este recurso reposición fundamenta su desestimación en el carácter excepcional y discrecional de la potestad de legalización que tiene la Administración respecto a la legalización de viviendas, en segundo lugar se afirma que la resolución de denegación de legalización fundamentada en el punto cuarto queda motivada por el informe técnico del Área Social de fecha 12 de julio de 2018 que acredita la existencia de conflictividad en el entorno vecinal y comunitario generada por la unidad familiar solicitante de la regularización, considera que el escrito firmado por los vecinos declarando que los ocupantes del inmueble no generan situaciones de conflictividad no resulta suficiente a efectos de desvirtuar lo acreditado en el informe elaborado por empleados públicos que actúan con objetividad e imparcialidad y añade que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.1 de la ley 39/2015 en relación con la resolución de los recursos, dispone: "no se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o recurrente cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho".

En el presente supuesto hay que tener en cuenta que no se ha dado un trámite de la recurrente ni se le ha expuesto el informe técnico para poder rebatirlo dentro del procedimiento administrativo. Cerrar la puerta a la presentación de alegaciones y pruebas que desvirtúen el informe técnico en vía de recurso supone una clara indefensión a la recurrente, puesto que éste no pudo aportarlos en el procedimiento administrativo, en cuanto que esté solicitó la regularización de la vivienda y el siguiente trámite del que tuvo conocimiento fue la resolución denegatoria de la Administración demandada. Dicha resolución fue objeto de recurso y aportación de pruebas, por lo tanto la Administración causó indefensión a la demandante, que no pudo rebatir el informe técnico que motiva la denegación de la regularización y ésta no se puede amparar en el art. 118 de la Ley 39/2015 para no entrar a valorar las pruebas aportadas.

En consecuencia, cumple la estimación parcial de las pretensiones formuladas por la en recurrente, toda vez que no procede la concesión de la regularización ya que la Administración demandada debe proceder a abrir un período de prueba en el trámite del recurso de reposición, admitir las pruebas propuestas por la recurrente y valorar las mismas para proceder a dictar una nueva resolución>>.

SEGUNDO.- Contra la sentencia del Juzgado interpuso la Comunidad de Madrid recurso de apelación que resultó estimado por sentencia nº 777/2021, de 11 de junio de 2021, de la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que resuelve y estima el recurso de apelación (apelación nº 150/2020).

La sentencia que resuelve el recurso de apelación anula la sentencia del Juzgado y, en su lugar, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Blanca. Las razones para ello las expone la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el F.J. 2º de la sentencia, cuyo contenido es el que sigue:

<< (...) Se desprende de lo actuado la existencia de un informe de los servicios sociales en el que se asienta la resolución administrativa inicial que acredita la conflictividad vecinal aplicada como causa legalmente prevista para excluir la regularización pretendida ( art. 14 de la ley 39/2015). No existe en la tramitación prevista en la mencionada ley un trámite de audiencia expresa de dicho informe para la parte solicitante, con independencia de que esta pueda a lo largo de la tramitación del expediente alegar cuanto tenga por conveniente en su defensa. En el presente caso así lo hizo la recurrente puesto que aporto un documento suscrito por algunos vecinos del inmueble en sentido contrario a la conflictividad vecinal que informaba el documento técnico de los servicios sociales.

Y lo que es más relevante, dicho documento se aportó en el recurso de reposición y, si bien es cierto que la resolución administrativa que resolvió tal recurso hace alusión a lo dispuesto en el art. 118 de la ley 39/2015 en cuanto a la imposibilidad de aportación extemporánea de documentos en vía de recurso, no lo es menos que la lectura completa de dicha resolución administrativa evidencia que fueron valorados y tenidos en cuenta, si bien para descartar su fuerza probatoria contra el informe técnico objetivo antes aludido. Así puede leerse en dicha resolución textualmente lo que sigue: "...Ha de ponerse de manifiesto en cuanto al escrito firmado por los vecinos declarando que los ocupantes del inmueble no generan situaciones de conflictividad y que la interesada aportara junto con su recurso, que no resulta suficiente a efectos de desvirtuar lo acreditado a este respecto mediante la documentación obrante en el expediente, en particular el informe Técnico emitido por el Área Social de la Agencia, elaborado por empleados públicos que actúan con objetividad e imparcialidad, dado el escaso valor probatorio que los Tribunales otorgan a este tipo de manifestaciones considerándolas como " un medio de prueba sumamente endeble, el menos fiable de todos los disponibles"... Así pues la concurrencia de la causa denegatoria motivada en conflictividad vecinal, queda acreditada mediante la documentación obrante en el expediente, en particular, el Informe Técnico del Área Social de 12 de julio de 2018, en el que se pone de manifiesto una problemática concreta, sin que dicho medio probatorio haya quedado desvirtuado por la interesada, no resultando suficiente a estos efectos la declaración de los vecinos, tal y como se ha puesto de manifiesto en las sentencias referidas más arriba, confirmando lo dispuesto mediante la resolución 2373/2018, de 24 de julio de 2018, frente a la que la interesada interpone recurso..."(razonamiento jurídico cuarto).

Por tanto, dicha prueba fue aportada por la actora, fue valorada en la resolución administrativa y fue nuevamente solicitada como prueba testifical en la instancia siendo denegada mediante Auto de fecha 20 de septiembre de 2019 por el Juzgado a quo al considerar que ya se encontraba aportada como prueba documental al constar en el expediente y no considerarse necesaria.

Quiere decirse con todo ello, que la actora no ha sufrido indefensión material alguna pues ha aportado tanto en vía administrativa como judicial la prueba documental que tuvo por conveniente contra el informe de los Servicios Técnicos emitido en prueba de la conflictividad vecinal. Dicho documento fue valorado en vía administrativa, si bien para afirmar que carecía de valor probatorio frente al informe objetivo de los Servicios Técnicos, y, por tanto, ninguna indefensión se ha generado a la parte que haya de ser corregida mediante una retroacción de actuaciones para otorgarle un trámite de prueba que ya tuvo en su momento y que fue valorada por la Administración.

Como consecuencia de todo ello, la sentencia de instancia se ha de revocar; y entrando en el examen de la cuestión de fondo planteada, esta Sala ha de desestimar el recurso interpuesto por los mismos razonamientos que se contienen en dicha resolución respecto de la cuestión de fondo planteada; esto es que no se cumplen los requisitos previstos en la ley 9/2015 para la regularización pretendida, debido a la conflictividad vecinal acreditada. Sin que, finalmente, pueda desvirtuar tal apreciación la situación de vulnerabilidad económica de la actora o la presencia de menores en el inmueble, circunstancias que no excluyen su situación de ocupación ilegal de la vivienda, con total independencia de que hayan de ser tenidas en cuenta en la ejecución del desalojo por el órgano judicial a quo>>.

TERCERO.- Notificada a las partes la sentencia que resuelve el recurso de apelación, preparó recurso de casación contra ella la representación procesal de Dª Blanca, siendo admitido trámite el recurso por auto de la Sección Primera de esta Sala de 26 de enero de 2022 en el que asimismo se acuerda la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera de conformidad con lo previsto en las normas sobre reparto de asuntos.

En la parte dispositiva del citado auto de admisión del recurso se acuerda, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

<< (...) 2.º) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la Comunidad de Madrid, ante la existencia de un informe de conflictividad vecinal emitido por la Agencia de Vivienda Social (al que se refiere el apartado Cinco.4 del artículo 14 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, estaba obligada o no, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a poner dicho informe en conocimiento del solicitante de regulación de vivienda con anterioridad a dictar la resolución de regularización, y ello a fin de poder efectuar las alegaciones que estimara pertinentes respecto del mismo y, en su caso, proponer la prueba que considerara oportuna tendente a desvirtuarlo.

Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación, son los artículos 118.1, 82, 76, 77.1, 78 y 53.1.a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; todo ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras normas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. (...)>>.

CUARTO.- La representación de Dª Blanca formalizó la interposición de su recurso de casación mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2022 en el que, tras reseñar los antecedentes del caso, expone sus motivos de impugnación reprochando a la sentencia recurrida las siguientes infracciones:

1/ Infracción de los artículos 82, 76, 77.1 y 78, todos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la vulneración del principio de la no indefensión del artículo 24.1 de la Constitución.

Partimos de la exigibilidad del trámite de audiencia con carácter general, de acuerdo a lo establecido en el artículo 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, norma que viene a corregir la falta de previsión de dicho trámite en la ley especial ( artículo 14 de la Ley autonómica 9/2015, de 28 de diciembre, en nuestro caso), tal como determina la STS Sala 3ª, secc.5, n.º 249/2018 de 19/02/2018; y de conformidad también con los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa que regula la citada Ley 39/2015, de aplicación común para todas las administraciones públicas, según refiere el apartado II de su Preámbulo.

La infracción del tan repetido artículo 82 es patente desde el momento en que, una vez finalizada la instrucción del procedimiento, lo que aconteció mediante el informe de conflictividad vecinal emitido el 12 de julio de 2018 por la Agencia de Vivienda Social de la CAM (folio 99), se dicta sin solución de continuidad la resolución 2372/2018, de 24 de julio, denegatoria de la pretensión de regularización de la vivienda (folio 100), después recurrida en reposición, sin que previamente se diera traslado de aquel informe a la recurrente.

La truncada posibilidad de formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes, de acuerdo con el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, impidió igualmente a la solicitante el ejercicio de los derechos de aducir alegaciones y aportar documentos; así como la proposición y práctica de pruebas, artículos 76.1, 77.1 y 78.1 del mismo cuerpo legal; lo que supone también la infracción de estas tres últimas normas. Y sin que se pueda prescindir del trámite de audiencia al no concurrir las razones que para su exclusión establece el punto 4 del citado artículo 82, como lo evidencia la ausencia de alegaciones y de proposición y práctica de pruebas respecto del informe de conflictividad por parte del interesado una vez finalizada la instrucción del procedimiento, lo que, obviamente, impidió que pudieran ser tenidas en cuenta en la resolución.

La imposibilidad de combatir eficazmente el informe de conflictividad vecinal mediante la pertinente prueba, que en este caso debía ser la testifical, vistos los particulares detalles señalados como generadores de conflicto (mal uso de los espacios comunes), vulnera el principio de la no indefensión proscrito por el artículo 24.1 de la Constitución; y ello sin olvidar que el informe de la AVS es una presunción iuris tantum, por lo cual admite prueba en contrario ( STSJM, secc.8ª, números 155/2018 y 563/2018).

En fin, la recurrente considera inevitable poner de manifiesto el injustificable confusionismo que se detecta en el FJ 1º de la sentencia recurrida al imputar a la sentencia de instancia, en su párrafo segundo y hasta su primer inciso, razonamientos que en realidad corresponden a lo manifestado por la Comunidad Autónoma de Madrid.

2/ Infracción de los artículos 118.1, y 53.1.a), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La interrelación entre los citados artículos 118.1 y 82.1 es evidente, pues la audiencia de los interesados y el trámite de audiencia que respectivamente regulan tienen en común la puesta de manifiesto tanto del procedimiento, una vez instruido, como el nuevo documento no recogido en el expediente originario, y en ambos casos al efecto de formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes; todo ello en el mismo plazo (no inferior a diez días ni superior a quince ( artículos 118.1 y 82.2), y de conformidad con lo previsto en los artículos 76, 77 y 78, todos de la misma Ley 39/15.

Pues bien, ni se puso de manifiesto el procedimiento ni tampoco el informe de conflictividad vecinal de 12 de julio de 2018, que ponía fin a la instrucción de aquél, y del cual tuvo noticia la solicitante por primera vez mediante la referencia que del mismo se hacía en la resolución 2372/2018, notificada el 8 de enero de 2019, que cerraba la vía administrativa; y no mediante la notificación íntegra del informe o, al menos, facilitando su acceso al mismo (ex artículo 53.1.a/ Ley 39/15), como insistentemente reclamó al interponer el recurso de reposición; acceso que nunca se cumplió, con la consiguiente infracción del precitado artículo 53.1.a/.

Las alegaciones que esta parte realizó en el recurso de reposición no son equiparables a las que pudo hacer en su defensa durante la tramitación del expediente, como pretende la sentencia al afirmar en sus párrafos tercero y cuarto: que la recurrente aportó un documento suscrito por algunos vecinos del inmueble en sentido contrario a la conflictividad vecinal que informaba el documento técnico de los servicios sociales; que dicho documento se aportó en el recurso de reposición; y que, si bien es cierto que la resolución administrativa que resolvió tal recurso hace alusión a lo dispuesto en el artículo 118 de la ley 39/2015 en cuanto a la imposibilidad de aportación extemporánea de documentos en vía de recurso, no lo es menos que la lectura completa de dicha resolución administrativa evidencia que fueron valorados y tenidos en cuenta, si bien para descartar su fuerza probatoria contra el informe técnico objetivo antes aludido.

Resulta evidente que tales consideraciones de la sentencia infringen el artículo 118.1 de la Ley 39/15, pues las alegaciones y la aportación documental verificadas en la formalización del recurso de reposición y la valoración del documento suscrito por los vecinos en la resolución 1601/2019, nunca pueden subsanar el que esta se dictase sin proceder previamente a la audiencia de los interesados.

En ningún caso se puede considerar que en su momento ya se otorgó un trámite de prueba a la solicitante como razón para excluir la retroacción de las actuaciones (cuestión que no pretende esta parte), como injustificadamente afirma la sentencia en el penúltimo párrafo in fine del FJ 2º.

Es de considerar que resultaría desproporcionado, caso de estimarse el presente recurso, retrotraer las actuaciones al momento de cometerse la infracción denunciada por la sentencia de instancia, sometiendo a la solicitante a un nuevo procedimiento y ello en favor del derecho a obtener la tutela judicial y del principio de economía procesal.

Por todo ello, la recurrente concreta las siguientes pretensiones:

1º.- Fijar doctrina en el sentido de que ante la existencia de un informe de conflictividad vecinal emitido por la Agencia de Vivienda Social al que se refiere el apartado Cinco.4 del artículo 14 de la Ley autonómica 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, la Comunidad de Madrid está obligada a poner dicho informe en conocimiento del solicitante de regularización de vivienda con anterioridad a dictar la resolución de regularización, con el fin de poder efectuar las alegaciones que estime pertinentes respecto del mismo y, en su caso, proponer la prueba que considere oportuna tendente a desvirtuarlo conforme a lo dispuesto en los artículos 82, 76, 77, y 78 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, dando trámite de audiencia.

2º.- De acuerdo con esa doctrina jurisprudencial fijada, estimar el recurso de casación deducido por esta representación, casando y revocando la sentencia n.º 777/2021, de 11 de junio de 2021, de la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó el recurso de apelación nº 150/2020 interpuesto por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Madrid frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32, de Madrid que anuló la resolución nº 1601/2019, de 23 de abril, dictada por la Directora Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la CAM; y, sin necesidad de retrotraer las actuaciones al momento anterior a dictar la resolución de regularización, proceder a la misma según la solicitud de la recurrente respecto de la vivienda sita en la CALLE000 n.º NUM000, de DIRECCION000.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, mediante providencia de 23 de marzo de 2022 se tuvo por interpuesto el recurso y se acordó dar traslado a la parte recurrida para que pudiera formular su oposición.

SEXTO.- La representación procesal de la Comunidad de Madrid formalizó su oposición mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2022 en el que, en síntesis, expone las siguientes razones:

* No puede afirmarse que se haya producido ningún tipo de incumplimiento, al no prever la normativa aplicable la concesión de un trámite de audiencia al interesado, ni haberse producido indefensión.

* La cuestión consiste en determinar si la falta de previsión de un trámite de audiencia en la Ley 9/2015 debe ser suplida con la aplicación de lo dispuesto en la Ley 39/2015, y, en consecuencia, debe darse traslado al interesado del Informe social para que pueda formular alegaciones.

En primer lugar, y esto es clave, el trámite de audiencia no está consagrado de manera absoluta en nuestro texto constitucional sino "cuando proceda" ( artículo 105 c) CE 1978). Así lo viene afirmando este Alto Tribunal, citando, entre otras, STS Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 30 Sep. 2003, Rec. 8431/1998.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en ningún momento se exige por la legislación que la Comunidad de Madrid deba exhibir el Informe del Área Social al interesado. Menos aun cuando la regularización es una medida de uso restrictivo y limitado, que permite que la Comunidad de Madrid pueda discriminar a qué ocupantes ilegales les adjudica la vivienda y a cuáles no, siempre que no quiebren las pautas procedimentales y los elementos reglados del ejercicio discrecional.

* Por tanto, entiende esta parte, al igual que lo hizo el TSJ de Madrid, que no es necesario dicho trámite de audiencia en este procedimiento, no solo porque no lo prevea la norma explícitamente, sino por dos razones clave:

De un lado, la aplicación supletoria de la Ley 39/2015 tampoco daría lugar a la concesión de un trámite de audiencia porque nos encontramos ante un procedimiento iniciado a instancia de parte, y no de oficio, por lo que el interesado ya presenta su solicitud acompañada de la documentación que prueba el cumplimiento de los requisitos para obtener la regularización (sin perjuicio del plazo de subsanación o requerimientos de subsanación que realiza la Administración); y en estos supuestos no existen otras alegaciones o pruebas distintas que las propias aducidas por el interesado, lo que permite prescindir del trámite en los términos del artículo 82.4 de la Ley 39/2015. Y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 del mismo cuerpo legal, que concede a la recurrente la posibilidad de hacer alegaciones en cualquier momento del proceso, así como alegar la existencia de la falta de un trámite, circunstancia que no se hizo en vía administrativa.

Por otra parte, este Tribunal ha considerado en otras ocasiones que en este tipo de procedimientos (refiriéndose con ello a todos aquellos que no sean sancionadores) la omisión del trámite de audiencia no produce en ningún caso la nulidad de pleno derecho del acto, sino que podría determinar la anulabilidad del acto solo en los casos en que se produzca indefensión en el interesado, por lo que tendrá que demostrar esa indefensión en el correspondiente litigio con la Administración. Este Tribunal Supremo habla de la necesidad de que exista una indefensión material además de una indefensión formal.

Y es aquí cuando tratamos el segundo punto clave. En efecto, sería imposible que el trámite de audiencia y la práctica de la prueba solicitada hubiesen llevado a esta Administración a adoptar una decisión diferente a la de la resolución impugnada en instancia, pues, como decíamos antes, la concesión de la regularización tiene un carácter excepcional y discrecional, circunstancia que se desprende de la literalidad del artículo 14 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre.

De hecho, si el legislador hubiese querido conceder un trámite de audiencia al interesado en los supuestos de conflictividad vecinal lo habría plasmado en la norma. Pero lo cierto es que basta la existencia de un informe para denegar la regularización. La concesión de un trámite de audiencia no modificaría la decisión de la Administración, ni la práctica de prueba alguna, al tratarse de una decisión discrecional, ni tampoco produciría cambio alguno en la decisión en vía judicial.

Es importante resaltar que el artículo 14.Cinco.4 pone al mismo nivel, para denegar la regularización, a las sentencias condenatorias consecuencia de conflictos vecinales y a los informes de la Agencia de Vivienda Social o cualquier otro órgano administrativo para denegar la regularización. Ello no supone que el informe tenga el mismo valor que una sentencia judicial firme, pues aquél, desde luego, admitirá prueba en contrario, pero es motivo suficiente para la denegación, sin que la presentación de alegaciones o la práctica de prueba pueda modificar esa decisión, por aplicación de la norma imperativa.

Lo cierto es que en el presente procedimiento la parte actora sí presentó la prueba, sí fue valorada por la resolución y fue nuevamente solicitada en la instancia, no habiéndose producido ningún tipo de indefensión. Lo que se pretende es obtener la nulidad de la resolución en base a un trámite que ni se prevé en la Ley 9/2015 ni su falta es contraria a lo previsto en la Ley 39/2015, sino todo lo contrario, ya que es de aplicación la excepción prevista por el artículo 82.4.

* A mayor abundamiento, en este tipo de procedimientos los recurrentes intentan probar la falta de conflictividad vecinal mediante la aportación de un documento firmado por los vecinos, vecinos que en muchas ocasiones firman por miedo a represalias, pues son esos mismos vecinos los que denuncian ante la Agencia de Vivienda Social dicha situación (esas denuncias, por protección de los propios vecinos, se hacen constar en los Informes de forma anónima).

Visto lo anterior, entiende esta parte que procede desestimar el recurso de casación ya que la falta de un trámite de audiencia no es contraria a derecho, puesto que ni es obligatorio desde el punto de vista constitucional, ni se exige por las normas aplicables ( artículo 14 ley 9/2015 y artículo 82.4 ley 39/2015), y aún menos cuando, de acuerdo con la jurisprudencia de este mismo Tribunal, no ha producido indefensión alguna al haber podido el interesado alegar lo que consideraba oportuno a lo largo del procedimiento administrativo, así como solicitar la práctica de prueba.

Termina el escrito solicitando que se dicte sentencia desestimatoria del recurso de casación.

SÉPTIMO.- Mediante providencia de 2 de junio de 2022, se acordó no haber lugar a la celebración de vista pública, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento.

OCTAVO.- Para votación y fallo del presente recurso de casación se fijó finalmente el día 27 de junio de 2023, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.