Encabezamiento

A U T O Nº 000077/2017
Ilmo. Sr. Presidente
D. JOSE FRANCISCO COBO SAENZ
Ilmo. Sr. Magistrado
D. RICARDO J. GONZALEZ GONZALEZ (Ponente)
Ilma. Sra. Magistrada
Dª. RAQUEL FERNANDINO NOSTI
En Pamplona/Iruña, a 9 de marzo de 2017.
Visto por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, constituida por los Ilmos. Sres.
Magistrados que al margen se expresan, en grado de apelación el Rollo Penal nº 546/2016, derivado de
las Diligencias Previas nº 686/2015 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona/Iruña, siendo apelante D.
Imanol , representado por la Procuradora Dña. Mª Rosario Biurrun Ibiricu y asistido del Letrado D. Álvaro
García Almagro, y parte apelada , el MINISTERIO FISCAL.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RICARDO J. GONZALEZ GONZALEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona/Iruña en el Procedimiento de Diligencias Previas Nº 686/2015 con fecha de 20 de mayo de 2016 se dictó Auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " PARTE DISPOSITIVA 1.- Continúese la tramitación de las presentes Diligencias Previas por los trámites del PROCEDIMIENTO ABREVIADO , para depurar las responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido Santos , Pedro Jesús , Eufrasia , Edemiro , Julián , Secundino , Alejo , Eloy , Lázaro , Sixto , Alexander , Imanol , Emiliano , Leonardo , Valentín , Andrés , Everardo , Mariano , Jose Antonio , Augusto y TRANSPORTES Y MUDANZAS CARJUSAN por los hechos referidos en el antecedente de hecho de ésta resolución.

2.- Dese traslado de las diligencias previas , originales o mediante fotocopia, al Ministerio Fiscal, para que, en el plazo comúnde diez días , solicite/n la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

3.- Se decreta el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y ARCHIVO de la presente causa respecto a Gervasio , Pedro , Jesús Manuel , Cesareo , Isidro , Saturnino , Adolfo , Epifanio , Marcelino , Balbino , Gabino , Pio , Juan Ignacio , Demetrio , Justino , Vidal , Avelino , Gines , Rodolfo , Miguel Ángel , Esteban , Miguel , Luis Carlos , Cipriano , José , Baltasar , Herminio , Santiago , Ángel , Francisco , Ricardo , Adrian , Felipe y Primitivo .

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, Imputado y al Mº Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de los TRES DÍAS siguientes a su notificación y/o RECURSO DE APELACION, dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación o subsidiariamente con el de reforma.

Así por este Auto lo acuerdo, mando y firmo.

El/La Magistrado-Juez. "

SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución por la representación procesal de D. Imanol se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, siendo impugnado por el Ministerio Fiscal y desestimado el de reforma por Auto de fecha 27 de junio de 2016 .



TERCERO.- Por el Ministerio Fiscal se interesó la desestimación del recurso de apelación.



CUARTO.- Remitido a la Audiencia Provincial de Navarra el correspondiente testimonio de particulares, el conocimiento del recurso correspondió, previo reparto, a esta Sección Segunda, incoándose el Rollo Penal 546/2016, en el que se designó Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. RICARDO J. GONZALEZ GONZALEZ, señalándose día para deliberación, votación y resolución.

Fundamentos

PRIMERO .- Por el Juzgado de Primera Instrucción Nº 4 de Pamplona se dictó Auto de fecha 20 de mayo de 2016 acordando la continuación de las diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado contra, entre otros, Imanol , tras indicarse en su antecedente de hecho único que "Las presentes diligencias se incoaron en virtud de denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal y de Atestado de la Guardia Civil, que ha presentado posteriormente ampliaciones de atestado, denuncia y atestados que recogen unos hechos, que se dan aquí por íntegramente reproducidos para evitar reiteraciones inútiles (en síntesis resulta indiciariamente acreditado a los efectos de esta Resolución que el Guardia Civil Santos , con el auxilio de Eufrasia y utilizando principalmente al efecto a la entidad TRANSPORTES Y MUDANZAS CARJUSAN y a su responsable Pedro Jesús tramitaba indemnizaciones por traslado que se percibían sin efectuarse tal traslado o habiéndose efectuado por un precio inferior, actividad que han realizado con ocasión de su cambio de destino los también Guardias Civiles Edemiro , Julián , Secundino , Alejo , Eloy , Lázaro , Sixto , Alexander , Imanol , Emiliano , Leonardo , Valentín , Andrés , Everardo , Mariano , Jose Antonio y Augusto ), que han resultado indiciariamente acreditados a través de las diligencias practicadas, las cuales son suficientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, de las personas que en ellos han tenido participación, así como del órgano competente para el enjuiciamiento . " Seguidamente, se fundamenta la decisión de prosecución del procedimiento en los siguientes términos: "Conforme a lo establecido en el art. 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr ), desprendiéndose de lo actuado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito/s de los comprendidos en los arts. 14.3 y 757 de la LECr (en concreto delitos continuados de fraudes y exacciones ilegales, estafa, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares), y existiendo indicios racionales de criminalidad (singularmente la documental aportada por la Guardia Civil relativa a la tramitación de los expedientes correspondientes así como el análisis del ordenador de Santos , en el que constan incluso las ofertas realizadas para el traslado con la ganancia económica que puede obtener el Guardia Civil que acepta, y la constancia de la falta de generación del Documento Único Administrativo correspondiente) contra (...) por dichos hechos, procede seguir los trámites que establece el Capítulo IV, Título II, Libro IV de dicha Ley Procesal para el Procedimiento Abreviado (arts. 780 y siguientes )." Asimismo, acuerda, 'de conformidad con lo dispuesto en el art. 641.1, el sobreseimiento provisional' respecto de los demás investigados que relaciona.



SEGUNDO .- Frente a la resolución anterior se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación por la representación procesal de Imanol solicitando 'acuerde revocar el Auto recurrido respecto de mi defendido Imanol , y previos trámites que correspondan conforme a la ley, acuerde declarar conforme a los artículos 779 y 641 LECrim el archivo de las actuaciones respecto al mismo con expresa reserva de derechos que pudieran corresponderle como perjudicado, citándolo nuevamente a través de exhorto de los Juzgados y Tribunales de Madrid para ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado, o subsidiariamente, tramitar recurso de apelación de no estimarse la reforma.' El recurso se fundamenta en las siguientes alegaciones: " PRIMERA.- De la infracción de la necesidad de motivación y de la infracción de los artículos 641 y 779 LECrim .

I.- Esta defensa ha solicitado el archivo en dos ocasiones y SSI no tuvo a bien contestar a las solicitudes remitiéndolas a un momento procesal 'oportuno e indeterminado'. Suponemos que se referiría al Auto que ahora se recurre pero, desde luego con poco acierto, se cercena el derecho a la defensa por el instructor.

Manifestamos queja ante la imposibilidad de formular preguntas de las que quedara constancia por escrito en la declaración de investigado del Sr. Pedro Jesús y tuvimos que formularlas después por escrito, en el que solicitamos que se pronunciara sobre el archivo solicitado en cuanto al investigado Imanol . En ese escrito manifestamos un temor que se ha cumplido desgraciadamente, y es que SSI dictara un Auto en el que no motivara las circunstancias particulares de los investigados sino que tratara de resolver el Auto mediante un paquete de encausados y de sobreseimientos. Decíamos literalmente: 'Sin embargo, viendo lo distinto de las circunstancias de otros investigados respecto de mi defendido, nos parece que el Juzgado está manteniendo en bloque las imputaciones para terminar dictando un único Auto de Apertura de Juicio Oral o de Archivo o ambos. Podría mantenerse esta actuación respecto de Santos y Pedro Jesús , pero no respecto de los demás y ello en base a los delitos que se imputan a cada uno de ellos y el supuesto grado de participación.

En ningún caso se entiende que no haya pronunciamiento sobre en qué se basa el no acceder al archivo, puesto que se cercena el derecho a la defensa que ya ha justificado todo cuanto se le imputó, ergo sólo queda 779 LECrim. Bien podría motivar el Instructor cuál es el momento oportuno o qué diligencias quedan respecto de este investigado que defiendo.' Ahora, se reitera respetuosamente la necesidad de que se motive la apertura de PROA respecto de mi defendido Imanol .

El Auto recurrido señala se remite a la investigación para justificar el PROA frente a un total de 20 investigados. Esta defensa no da crédito a que se ventile el Auto incluyendo y excluyendo investigados por remisión al contenido de unos Autos y a los datos de un ordenador aportados por la Guardia Civil, sin que se diga respecto a mi defendido Imanol , cuales son esos indicios y sin que se haya motivado la negativa a la solicitud de archivo y sin que se rebatan o justifiquen la inoportunidad u oportunidad de los elementos aportados por la defensa de Imanol de hechos ocurridos antes de que se siguiera procedimiento penal contra él.

(...) Con todo esto se entiende incumplido por el Juzgado de Instrucción 4 de Pamplona su deber de fundamentar el Auto respecto de mi defendido Imanol , e infringidos los artículos 641 y 779 LECrim , en tanto que de la instrucción y elementos que constan en Autos deberían determinar indefectiblemente el archivo frente a mi defendido (y no un tratamiento en bloque para los que se mudaron a Canarias pase lo que pase y sean cuales fueren las circunstancias y otro distinto para aquellos que usando el mismo servicio de transporte se mudaron dentro de la península).

SEGUNDA.- De los motivos alegados en dos ocasiones y que deben determinar el sobreseimiento libre respecto de Imanol . Infracción del artículo 24 CE .

En escritos de octubre y diciembre de 2015 se solicitó a S.S.I el archivo de las actuaciones respecto de Imanol y que se realizara ofrecimiento de acciones como perjudicado.

En concreto hemos alegado y probado: 1.- Con motivo de traslado a Tenerife desde La Puerta de Segura (Jaén) por haber aprobado y superado el curso de piloto de helicóptero de la Guardia Civil, se requirió de contratación de empresa de mudanzas y a través de un contacto de un compañero Interventor.

Nada malo ni sospechoso hay en pedir ayuda a un compañero de profesión para realizar trámites burocráticos.

2.- Llegado el día de realización de la mudanza, la empresa de transportes contratada CARJUSAN no compareció. Este hecho provocó que mi defendido tuviera que solucionar el problema de mudanza que se le había generado por el incumplimiento de CARJUSÁN.

Nada sospechoso, constitutivo de ninguna clase de delito, observó mi defendido en el incumplimiento de un contrato por una empresa de transportes.

3.- Una vez en Tenerife llamó a Santos y este le explicó que tenía que haber pagado una señal. Aunque no recuerda que le hubieran advertido de esto, la pagó con el convencimiento de que se realizaría la mudanza de los muebles que en ese momento se encontraban en Siles (Jaén). Población natal de sus padres a escasos 15 Km de la Puerta de Segura y a donde había trasladado con un amigo los muebles ante la inasistencia de la empresa de mudanzas.

Los muebles nunca fueron transportados.

4.- A las pocas semanas de llegar a Tenerife se casó y se fue de luna de miel. NO SE ACORDÓ DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DURANTE ESE TIEMPO.

5.- En Tenerife se estableció en vivienda arrendada con mobiliario y aunque se acordó en alguna ocasión, al principio, de la mudanza y su señal, comenzó al poco tiempo el curso de ascenso a Sargento que lo llevó durante bastante tiempo del destino en Tenerife a estar en la escuela de Suboficiales de Baeza (Jaén). NO SE ACORDÓ DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DURANTE ESE TIEMPO.

Como se refuerza con los hechos subsiguientes, nada malo ni sospechoso hay en tardar en reclamar un incumplimiento de un contrato y devolución de cantidades un año en las normales circunstancias de una vida en la que uno se traslada fuera de la Península, se casa y asciende y se vuelve a trasladar a realizar el curso de ascenso (de los 15 años posibles que permitía el artículo 1.964 del Código Civil antes de la última y reciente reforma) 6.- Con motivo del ascenso a Sargento, se tiene que volver a mudar por haber sido trasladado a Madrid. La nueva mudanza y los hechos que se producen a través de ella determinan inexorablemente que deba archivarse el procedimiento respecto de mi defendido, como hemos solicitado reiteradamente, por falta absoluta de cualquier indicio de perpetración de hecho delictivo. Veamos: 1º.- No llama a Santos para que le gestione nada. En la anterior mudanza quedó escarmentado ante el incumplimiento de la empresa de transportes.

No estaba imputado, ni tenía conocimiento de que hubiera investigación sobre Santos , CARJUSÁN o el resto de imputados en esta causa. ¿Por qué no iba aestafar nuevamente si tenía que realizar otra mudanza? 2º.- La mudanza la gestionó por sí mismo.

3º.- Con ocasión de tener que realizar nueva mudanza DECIDE RECLAMAR LA SEÑAL Y CONTRATA LOS SERVICIOS DE LETRADO, que envía burofax reclamando la devolución del dinero pagado. (Fecha de reclamación a CARJUSÁN 01/11/2014 ).

Si hubiera estafado, ¿Por qué gastarse el dinero en contratar los servicios de un abogado para reclamar a CARJUSÁN? Téngase en cuenta que el burofax se envió el día 01/11/2014, que el encargo al Letrado tuvo lugar el 27/10/2014 y la imputación por la Policía Judicial no tuvo lugar hasta el 19/11/2014.

LUEGO, EN CONTRA DE LO MANIFESTADO EN EL AUTO, SÓLO HAY INDICIOS DE FALTA DE COMISIÓN DE DELITO POR PARTE DE MI DEFENDIDO 4º.- Devuelve la cantidad que por todos los conceptos había recibido con ocasión del traslado hacia Tenerife (no solo por el presupuesto de CARJUSÁN), por entender que no se habían dado los requisitos para obtener derecho a la misma, y ello por ser imposible ya el cumplimiento de CARJUSÁN. (Fecha de devolución 04/11/2014 - Comunicado a la Jefatura de Asuntos Económicos de la Dirección General de la Guardia Civil el día 05/11/2014 ).

Es decir, que con ocasión de nueva mudanza, retoma la cuestión y devuelve percepciones que entiende son indebidas desde un punto de vista exclusivamente administrativo ¿Por qué iba a devolver percepciones recibidas 1 año y medio después y sin estar imputado si su intención era estafar y consumó el delito? 5º.- Adquiere conocimiento y lo imputan por primera vez el día 19/11/2014 (Atestado 2014-101890).

Aparece de modo claro y evidente de los hechos relatados que mi defendido no ha perpetrado delito de los que se le han imputado.

Como prueba de lo que se ha señalado se unieron a los Autos y constan en los mismos: 1.- El 01/11/2014 BUROFAX - Se envió Burofax con certificación de contenido y acuse de recibo a CARJUSAN en el que se reclamaba, por un incumplimiento de contrato, la resolución ante la imposibilidad de cumplimiento por nueva mudanza y al amparo del artículo 1.124 CC . No se había dirigido procedimiento ni existía conocimiento de talesactuaciones (QUE EN GUARDIA CIVIL Y FISCALÍA SE TRAMITARON COMORESERVADAS SEGÚN CONSTA EN AUTOS) 2.- 04/11/2014 MODELO 069 DE DEVOLUCIÓN - Se devolvió mediante el Modelo 069 percepciones indebidas en concepto de mudanza, de la que se percató el ahora investigado al comenzar los trámites de nueva mudanza y solicitar al Letrado que suscribe la reclamación de la cuantía pagada a CARJUSAN como adelanto. No se había dirigido procedimiento niexistía conocimiento de tales actuaciones (QUE EN GUARDIA CIVIL Y FISCALÍA SETRAMITARON COMO RESERVADAS SEGÚN CONSTA EN AUTOS) 3.- 05/11/2014 COMUNICACIÓN A JEFATURA ASUNTOS ECONÓMICOS - A mayor abundamiento, se realizó comunicación a la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de la devolución efectuada el día anterior. No se había dirigido procedimiento ni existía conocimiento de tales actuaciones (QUE EN GUARDIA CIVIL Y FISCALÍA SE TRAMITARON COMO RESERVADAS SEGÚN CONSTA EN AUTOS) 4.- DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE TRANSPORTE EN COCHE; Con lo anterior, entendemos que debería haber fundamentado SSI el Auto de PROA respecto de mi defendido Imanol , para no vulnerar directa y frontalmente el derecho a un proceso con todas las garantías (nos referimos a un proceso individual y no al proceso de un colectivo en el que mi defendido no se siente encuadrado)."

TERCERO .- El recurso de reforma fue desestimado por Auto de fecha 27 de junio de 2016 en virtud de los siguientes razonamientos jurídicos: "Los recursos deben ser desestimados a la vista de lo expuesto por el Ministerio Fiscal en sus escritos de impugnación y calificación y de lo argumentado en la Resolución atacada la que se fijaban individualmente los hechos referidos a cada recurrente en el Antecedente de Hecho Único así como los elementos probatorios tenidos en cuenta al efecto y para su calificación jurídica, que también se determinaba en el Fundamento de Derecho Único. "

CUARTO .- Como de forma reiterada viene recordando este tribunal en casos similares al que ahora nos ocupa, el auto por el que se acuerda la continuación de las diligencias previas por los trámites establecidos para el procedimiento abreviado, como cualquier otra de las previstas en el artículo 779 de la LECrim ., y en general cualquier resolución judicial que deba adoptar la forma de auto, debe ser motivada conforme exigen los artículos 248.2 de la LOPJ (' Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numeradoslos hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva... ') y penúltimo párrafo del artículo 141 de la LECrim ., no pudiendo concebirse tal clase de resolución como una más de mera tramitación (pues, en palabras del ATS de 28 de abril de 2016 , 'La decisión del art. 779.1.4 es mucho más que un acto de trámite') reducida a su plasmación en una fórmula estereotipada o formularia, como sucede con el Auto de 20 de mayo de 2016 objeto de impugnación, el cual, dado el déficit de motivación de que adolece, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 C.E .), lo que debe dar lugar a la estimación del recurso de apelación interpuesto, en los términos que se precisarán, conforme al criterio seguido por este mismo tribunal en supuestos similares. Así, entre otros muchos, Autos núms. 162/2016, de 27 de mayo , 147 y 148 de 2016, de 9 y 10 de mayo, respectivamente y Auto Nº 36/2016, de 26 de enero .

Sobre las exigencias o requisitos que debe reunir el auto por el que se acuerda la continuación de las Diligencias Previas por los trámites establecidos para el Procedimiento Abreviado hace ya mucho tiempo que se abandonó la idea de que era bastante para darlos por cumplidos con que contuviese, desde su apariencia externa o puramente formal, la mera mención (' determinación ', según el texto legal) de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, pues, como resulta exigible a toda resolución judicial que deba revestir la forma de auto, debe contener la debida motivación, adecuada siempre a las circunstancias de cada caso, y ello es así desde, entre otros hitos jurisprudenciales, las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1999 y de 9 de octubre de 2000 que con frecuencia se citan para reducir las exigencias de motivación de dicha resolución.

En efecto, decíamos en el Auto núm. 36/2016, de 26 de enero y reproducíamos en el Auto 162/2016, de 27 de mayo , "no cabe invocar el criterio mantenido en tales sentencias (dictadas en sendos recursos de casación, con los condicionantes inherentes a tal clase de recurso) para desvirtuar la función de este Auto de transformación del procedimiento, vaciando la exigencia constitucional de motivación y dar preeminencia a su carácter puramente adjetivo o procedimental, abstracción hecha del derecho penal sustantivo al que debe servir, como si fuera solamente un simple e inevitable, y hasta molesto, requisito formal que hubiera de cumplirse para poder llegar a juicio, pues con ello no haríamos sino equipararlo a las resoluciones que tienen tal objeto, sean diligencias de ordenación del Secretario Judicial, sean providencias del Juez o Tribunal ( arts. 141 y 144 bis LECrim .); y ello con el riesgo añadido que comporta, y ello nos lo enseña la experiencia diaria, de incurrir en otro desvío, el de convertir la fase de estricta investigación judicial en instrumento al servicio exclusivo del interés de la acusación y olvido de que también deben sirven, conforme al principio de contradicción e igualdad de armas, que también rige en la fase de instrucción, al de las personas imputadas cuyos derechos en esta fase procesal son destacados por una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional.

Y es que una cosa es evitar el error o pretensión de prejuzgar en este momento procesal los hechos que en su día podrán ser objeto de enjuiciamiento, pues para la prosecución el procedimiento es suficiente con la existencia de indicios que establezcan la probabilidad de la implicación de las personas identificadas como imputados, hoy ' investigados ' (' la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan ', según la dicción literal del precepto examinado), y otra bien distinta, que tampoco resulta admisible, pues sería tanto como incurrir en el error inverso, es la pretensión de que dicha existencia deba darse por concurrente porque así se haya dicho en el correspondiente auto pues tal extremo, forzosamente, precisará de su previa comprobación y ello mediante la imprescindible labor de valoración de las diligencias practicadas en función de los hechos delictivos que en cada caso sean objeto de investigación y como tal, motivada y sujeta a recurso y consiguiente revisión por el propio Juzgado instructor o por otro órgano judicial mediante el recurso de apelación ex art. 766 LECrim ., sin la limitada cognición, reducida a cuestiones de carácter estrictamente procesal que, en su origen, tenía el recurso de queja en el procedimiento abreviado (conforme a la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, de los Juzgados de lo Penal, y por la que se modifican diversos preceptos de las Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal), en el que, según lo previsto en el artículo 787.1 LECrim . ' contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que no estén exceptuados de recurso podrá ejercitarse el de reforma y, si no fuere estimado, el de queja. El de apelación únicamente se admitirá en los casos expresamente señalados en este Título '; disposición que contrasta con la previsión de los recursos del vigente artículo 766 de la LECrim .

De ahí que, por más que se repita la idea de que el Auto de procedimiento abreviado ni prejuzga la culpabilidad de un imputado, ni excluye su inocencia, se requiera necesariamente, para que resulte ajustado a derecho, que realmente existan indicios de la perpetración del delito por el imputado; indicios que, también forzosamente, habrán de ser suficientes, so pena de abrir un campo exento de control respecto de la actuación de los Juzgados de Instrucción y vaciar de contenido la facultad revisora del tribunal de apelación que, como es obvio, no puede entenderse limitada al exclusivo control del cumplimiento de las meras exigencias formales.

Y similares precisiones debemos hacer sobre la también repetida afirmación de que ' la naturaleza y la finalidad del auto de continuación por los trámites de procedimiento abreviado no es la de suplantar la función acusatoria del Ministerio Público anticipando el contenido fáctico jurídico de la calificación acusatoria, sino únicamente conferir el oportuno traslado procesal para que ésta pueda verificarse ', pues aun siendo así, tal afirmación, tomada de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1999 , ha quedado superada, al menos en su estricto entendimiento, por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal realizada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de donde procede la exigencia de que tal auto contenga la imputación objetiva (determinación de los hechos punibles) y subjetiva (identificación de la persona a la que se le imputan)." Tras recordar la doctrina del Tribunal Constitucional iniciada en la STC núm. 186/1990 (Pleno), de 15 noviembre (RTC 1990/186), sobre la novedad que supuso el «procedimiento abreviado para determinados delitos» introducido por la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, de Creación de los Juzgados de lo Penal, (...) reproducíamos algunos pasajes del fundamento de derecho segundo de la STS núm. 156/2007 de 25 enero (RJ 20072555) y del ATS de 23 de marzo (JUR 2010 103619) sobre la naturaleza y función del auto de transformación del procedimiento, que precisa: " ... 1º) Lo que se impugna no es una Sentencia condenatoria sino un Auto que deniega la petición de sobreseer la causa, en fase de instrucción sumarial, es decir una resolución motivada que decide la procedencia de continuar su sustanciación. Como tal, forma parte de la fase de sumario -entendido en amplio sentido que incluye las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado-, y se mueve en el ámbito de lo indiciario, de los juicios de probabilidad, no en el de la prueba acabada y definitiva perteneciente al del Juicio Oral donde se residencia la actividad procesal del verdadero enjuiciamiento. Antes de él, la fase de instrucción sumarial está dirigida a determinar hasta qué punto la notitia criminis puede dar lugar al juicio, a fin de evitar un precipitado enjuiciamiento carente de justificación ", y concluye: " En definitiva, en los procesos en que existen indicios de la comisión del hecho y su valoración como delito en términos de probabilidad razonable no procede el sobreseimiento y se justifica la continuación de la causa.

", añadíamos, "Y es precisamente este juicio de probabilidad razonable el que debe exteriorizarse en cada caso concreto según la motivación adecuada a sus circunstancias y mayor o menor sencillez de los hechos imputados, poniendo en conexión la relación de hechos imputados como delictivos con los preceptos legales que pudieran resultar de aplicación, sin que ello suponga pretensión alguna de que recojan una calificación jurídica acabada de perfilar, ni mucho menos que se confunda la labor instructora con la de enjuiciamiento; más simplemente, someter también estos autos al deber constitucional de motivación para que no haya en el proceso penal, ni aun en la fase de instrucción, espacios sujetos al puro arbitrio del órgano judicial.

En la misma línea que estamos defendiendo se pronuncia la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de León en Auto núm. 564/2011, de 29 julio (JUR 2011 349927), al resolver un recurso de apelación en el que se cuestionaba la adecuación a derecho del auto de transformación del procedimiento por su carencia de motivación, mediante una detallada fundamentación jurídica que compartimos. Similar entendimiento del auto de transformación del procedimiento abreviado en Auto núm. 335/2009, de 1 septiembre, de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra (JUR 2009446583) y Auto núm. 532/2014, de 24 junio (JUR 2014175208) de la Sección 6ª de la de Madrid." Sobre la transcendencia del auto de continuación de las Diligencias Previas por los trámites establecidos para el Procedimiento Abreviado baste recordar, como hace el Auto núm. 564/2011, de 29 julio (JUR 2011349927) citado, que 'el único momento en que se puede recurrir ante la Sala el contenido de las imputaciones y la configuración del objeto del proceso es con motivo de dictarse el auto de transformación', por lo que 'resulta patente que su concreción fáctica y jurídica es imprescindible, pues en el momento posterior de la apertura del juicio oral ya no cabría cuestionarlas por medio de los recursos ordinarios. A través de la impugnación del auto de transformación pueden, por tanto, las defensas excluir del proceso los hechos incriminatorios y por tanto evitar la pena de banquillo, y también pueden las acusaciones postular su inclusión con el fin de formular su escrito de acusación en un sentido determinado.' Pues bien, en nuestro caso (así lo hemos apreciado ya en los Autos núms. 53 , 54 , 55 , 56 y 57 /2017, de 2 de marzo ; 67/2017, de 6 de marzo ; 70/2017, de 8 de marzo ; 71/2017, de 7 de marzo ; y 73/2017, de 8 de marzo , dictados en otros recursos de apelación), la resolución cuestionada no cumple suficientemente las referidas exigencias ni en cuanto a los aspectos fácticos se refiere, ni en cuanto al indispensable juicio provisional de tipicidad que debe contener mediante una suficiente valoración jurídica de aquellos, mermando las posibilidades de defensa de los imputados al tiempo que impide su revisión con en el debido fundamento por el tribunal de apelación, al desconocerse extremos básicos que deben figurar en la resolución impugnada, pues, en definitiva, de la lectura de tal resolución resulta imposible saber de todo punto qué diligencias se han practicado; ni, por tanto, de dónde se extraen los indispensables indicios delictivos que deben justificar la continuación de las Diligencias Previas por los trámites establecidos para el Procedimiento Abreviado, como, tampoco, cuáles son éstos.

En tales condiciones se imposibilita llevar a cabo un juicio motivado sobre la existencia o no de los indicios delictivos que, como ya hemos dicho, deberán ser suficientes, para fundamentar una resolución sobre la procedencia de continuar o no las diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado; o, dicho de otra forma, sobre si la decisión impugnada es o no ajustada a derecho; por lo que, sin entrar a resolver sobre el 'fondo' de las cuestiones planteadas, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 238.3 º y 240.1 de la LOPJ , procede decretar la nulidad de dichas resoluciones, lo que determina, en la medida en que se deja sin efecto el auto de transformación de procedimiento, la estimación parcial del recurso de apelación, sin que, por el contario, pueda estimarse en cuanto a su petición de sobreseimiento.

En este sentido, sobre la significación de la previsión del artículo 779.1.4ª de la LECrim , el muy reciente Auto del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016, Recurso Nº 20490/2015 (JUR 2016/88566), del que reproducimos su razonamiento jurídico octavo, del que se desprende inequívocamente el deber de motivar tanto el auto por el que se acuerda la continuación de las diligencias previas por los trámites establecidos para el procedimiento abreviado, como, en su caso, el que acuerde su sobreseimiento: " .-La posibilidad del Instructor de decretar el sobreseimiento asume el papel del juicio de acusación en el procedimiento abreviado. Para entrar en el acto del juicio oral no basta con una parte legitimada dispuesta a sostener la acusación (art. 782.2). Es necesario, además, que un órgano con funciones jurisdiccionales considere 'razonable' esa acusación, lo que en el procedimiento abreviado se lleva a cabo, eventualmente, en un doble momento: al elegir por alguna de las opciones legales en el trámite del art. 779; o, en su caso, una vez que las acusaciones han exteriorizado su pretensión, al decretar la apertura del juicio oral (art. 783.1).

El canon de 'suficiencia' de los indicios no es diverso en cada uno de esos momentos. Por eso algunos han criticado esa duplicidad. No tendría sentido mantener en manos del Instructor las llaves para cerrar el trámite procesal por razones que ya descartó al adoptar la resolución prevista en el art. 779.1.4ª. No obstante, ese filtro duplicado no solo se explica por vicisitudes legislativas: tiene su razón de ser. La acusación puede hacer pivotar su pretensión en extremos diferentes de los valorados por el Instructor, o puede aportar datos que permitan aquilatar la decisión anterior. En consecuencia pueden surgir razones antes no evaluadas para denegar la apertura del juicio oral, pese a las gotas de contradicción que eso puede comportar con la decisión, que ha de ser motivada, casi inmediatamente anterior, de continuar el trámite de preparación del juicio oral ( arts. 780 y ss LECrim ).

Interesa este excurso para destacar que si se considera procedente cualquier género de sobreseimiento este es momento apto y procedente para acordarlo sin que sea ni necesario, ni siquiera procesalmente lo más correcto, aguardar a que la acusación haya fijado posición exteriorizando una pretensión formal acusatoria.

La reforma de 2002 en sintonía con lo que ya había ensayado la jurisprudencia constitucional ( STC 186/1990, de 15 de noviembre ) ha resaltado esa función de la resolución del art. 775.1.4 y, por contraste, de su reverso -el sobreseimiento-. Solo procede aquélla si 'está justificada de forma suficiente' la comisión del delito y la responsabilidad del investigado. Y es que la fase preliminar de investigación en el proceso penal sirve no solo para preparar el juicio oral sino también para evitar la apertura de juicios innecesarios . La decisión del art.

779.1.4 es mucho más que un acto de trámite. (El destacado es nuestro).

Solo un determinado nivel indiciario de cierta calidad justifica la apertura del plenario que, indudablemente, encierra también cierto contenido aflictivo para el acusado, aunque sea difuso. No pueden extremarse las exigencias en esta fase anticipando valoraciones que solo procederían tras examinar la prueba practicada en el juicio oral. Pero sí ha de cancelarse el proceso cuando racionalmente quepa hacer un pronóstico fundado de inviabilidad de la condena por insuficiencia del material probatorio con que se cuenta.

Si el bagaje se revela desde este momento como manifiestamente insuficiente para derrotar a la presunción de inocencia y, con igual juicio hipotético, no pueden imaginarse ni variaciones significativas ni introducción de nuevos materiales, procederá abortar ya el procedimiento en aras de esa finalidad complementaria de la preparatoria del juicio oral: evitar la celebración de juicios innecesarios. Nos hemos de mover en un escalón superior al necesario para tomar declaración como investigado y por supuesto, muy por encima de la verosimilitud que justifica la incoación de unas diligencias penales.

No es que no haya seguridad de la responsabilidad de la investigada: eso no sería exigible para dar un paso más en la tramitación y encarar la fase intermedia y en su caso el juicio oral dónde habría de dilucidarse esa cuestión. Es que se puede establecer una muy razonable estimación de que el débil y más que equívoco y ambivalente material probatorio carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza lo que ha de comportar clausurar ya el procedimiento mediante el correspondiente auto de sobreseimiento amparado en los arts. 779.1.1 ª y 641.2º LECrim por no existir indicios suficientes de la participación deliberada de la investigada en los hechos supuestamente delictivos. Esto no excluye que, en su caso, de aparecer nuevos elementos que desvirtúen las razones aducidas pudiera ser reaperturado el procedimiento. " En definitiva, como razonábamos en nuestro Auto núm. 67/2017, de 6 de marzo , "las resoluciones cuestionadas no se adecúan al canon de motivación exigible. En efecto, el antecedente de hecho único del Auto de 20 de mayo, es genérico e impreciso en grado sumo. No describe suficientemente los hechos punibles atribuídos al apelante; no se acotan en el tiempo lo que se sugiere como plural actividad de este encausado; y la referencia a las denuncias interpuestas por el Ministerio Fiscal y el Atestado de la Guardia Civil, no subsanan el déficit de motivación. Tales menciones podrían describir, -en todo caso-, las actuaciones que motivaron la incoación de la causa, pero no sustentan la decisión adoptada ex art.779.1.4ª LECr ., que se configura como el corolario de la actividad instructora. Precisamente la STS 914/2016 de 02.12 , se refiere al Auto de Prosecución denominándolo 'auto de conclusión de las diligencias previas'.

El Auto recaído el 27.06.2016 adolece de un patente laconismo, dando la misma y escueta respuesta a todos los recursos de reforma presentados frente al Auto de Transformación, no se adecúa desde luego a las pautas que marca el art.24.1 CE .

Por otra parte, el elevado número de encausados y elenco de delitos cuya comisión se les imputa, exige una resolución más pormenorizada que perfile con nitidez la presunta participación de cada uno de ellos, en definitiva una motivación más detallada. Y ello en línea con una de las dimensiones del derecho a la tutela judicial efectiva, ex art.24.1 CE ,-la motivación de las resoluciones judiciales-.Se trata de un deber general, la motivación como indica el art. 120.3 CE , es requerida siempre, (por todas, STC 08.06.2015).La Sala 2 ª del Tribunal Supremo, también insiste, hasta la saciedad, sobre este contenido del art.24.1 CE , (por todas, S.nº 434/2016, de 19.05).

Los criterios expuestos se encuentran, ampliamente reforzados, a mayor abundamiento, por el art. 6.

'Derecho a recibir información sobre la acusación', de la Directiva 2012/13/UE , según el cual, los Estados miembros de la Unión Europea deben garantizar a toda persona sospechosa o acusada que reciba información puntual y adecuada a los momentos de evolución del proceso '... sobre la infracción penal que se sospecha ha cometido o está acusada de haber cometido.'(....) Información a facilitar '...con el grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de defensa.'; y debe comprender '...información detallada sobre la acusación, incluidas la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de la participación de la persona acusada.'" En consecuencia, procede anular las resoluciones impugnadas, debiendo dictarse por el Juzgado de Instrucción nuevo Auto en el que se de debido cumplimiento a las exigencias constitucionales de motivación, sin que, por el contrario, podamos acoger la pretensión de sobreseimiento de la causa, pues ello supondría la asunción por este tribunal de apelación de funciones atribuidas inicialmente al Juzgado instructor, de manera que en tanto no se cumplan mediante una resolución debidamente motivada no cabe hacer un verdadero juicio de revisión conforme a la naturaleza impugnativa de todo recurso de apelación.

Finalmente, respecto de la admisibilidad de la motivación por remisión e invocación que, a este respecto, se hace por el Ministerio Fiscal al impugnar los recursos de apelación del Acuerdo de los Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Navarra de 15 de enero de 2015, debemos precisar que tanto por la pluralidad de hechos punibles por los se acuerda la prosecución del procedimiento, como el número de personas contra los que se acuerda, el caso que nos ocupa dista mucho del supuesto en que estimamos admisible la determinación de los hechos por remisión, esto es, 'cuando la sencillez de los hechos no deje lugar a dudas.'

QUINTO .- Dada la nulidad acordada, que comporta la estimación parcial del recurso, de apelación, procede declarar de oficio las costas correspondientes a esta apelación.

Fallo

LA SALA ACUERDA : Que, estimando parcialmente, el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Mª ROSARIO BIURRUN IBIRICU , en nombre y representación de D. Imanol , contra el Auto de 27 de junio de 2016, dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Pamplona/Iruña , en autos de Diligencias Previas Nº 686/2015, por el que se desestimaba el recurso de reforma interpuesto contra el Auto de 20 de mayo de 2016, debía REVOCAR Y REVOCABA DICHAS RESOLUCIONES , QUE SE DECLARAN NULAS Y SIN EFECTO ALGUNO en cuanto acuerdan continuar la tramitación de las presentes Diligencias Previas por los trámites del PROCEDIMIENTO ABREVIADO, debiéndose dictar por el Juzgado Instructor nueva resolución motivada en la que se cumplan todos los requisitos legales exigidos en el artículo 779.1.4ª de la LECrim ., declarando de oficio las costas procesales ocasionadas en esta apelación.

Líbrese testimonio de esta resolución al Juzgado de su procedencia para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Así por este nuestro Auto, que es firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.