Sentencia ADMINISTRATIVO Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 478/2017 de 20 de Enero de 2020

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN PRIMERA

Núm. de Recurso:0000478/2017

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:05175/2017

Demandante: Porfirio

Procurador:MIGUEL LOZANO SÁNCHEZ

Demandado:MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogado Del Estado

Ponente IIma. Sra.:Dª. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ

S E N T E N C I A Nº:

IImo. Sr. Presidente:

D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH

Ilmos. Sres. Magistrados:

Dª. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ

D. FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ

Dª. NIEVES BUISAN GARCÍA

Madrid, a veinte de enero de dos mil veinte.

Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 478/2017 que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador D. Miguel Lozano Sánchez, en nombre y representación de D. Porfirio, frente a la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la Resolución 10 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dictada por delegación del ministro de Justicia, que denegó la concesión de la nacionalidad española por residencia (que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho) siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dña. FELISA ATIENZA RODRÍGUEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- El presente recurso se presentó en fecha 12 de septiembre de 2017, y una vez admitido y previos los oportunos trámites procedimentales, se confirió traslado a la parte actora para que, en el término de veinte días formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado el día 3 de diciembre de 2018, en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó solicitando que se dictara sentencia estimatoria del recurso anulando los actos impugnados en el presente recurso.

SEGUNDO.- Formalizada la demanda se dio traslado de la misma a la parte demandada para que la contestara en el plazo de veinte días, lo que realizó mediante escrito de 6 de febrero de 2019, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, solicitando la desestimación del recurso.

TERCERO.- Mediante Auto de 10 de mayo se admitió la prueba documental solicitada por la parte, dando seguidamente traslado a las partes para presentar sus escritos de Conclusiones.

CUARTO.-Presentados dichos escritos, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento y votación, acordándose el mismo para el 14 de enero de 2020, fecha en que tuvo lugar. Siendo Ponente, la Ilma Sra Magistrada Dª Mª Felisa Atienza Rodríguez, que expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo, por la representación procesal de D. Porfirio, natural de Guinea Bissau, la resolución de 10 de noviembre de 20165, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dictada por delegación del Ministro de Justicia, que desestima el recurso de reposición formulado frente a la resolución del mismo órgano que le denegó la concesión de la nacionalidad española por residencia, con fundamento en que el peticionario no ha justificado suficiente integración en la sociedad española, según el Juez Encargado del Registro Civil de Torrejón de Ardoz (Madrid).

SEGUNDO.-Alega el recurrente, en síntesis, que presentó solicitud de nacionalidad española por residencia legal, al cumplir todos los requisitos del articulo 22 del C.C, en el año 2012. Afirma que está en posesión del correspondiente permiso de residencia y de trabajo desde 1999 y que tiene arraigo en nuestro país como lo prueba el hecho de tener trabajo indefinido, habiendo cotizado a la Seguridad Social por un periodo superior a diez años. Añade que tiene una vivienda en propiedad de la que está pagando una hipoteca y ha realizado distintos cursos de formación a nivel profesional y también para el conocimiento de la Constitución Española, y los derechos y deberes dentro del marco constitucional.

Denuncia que no le han admitido los documentos de fecha posterior a su solicitud que acreditan haber realizado dichos cursos y que no han sido valoradas todas sus circunstancias vitales, como el hecho de llevar trabajando mucho tiempo en España así como su conocimiento de la lengua oral.

El representante del Estado se opone al recurso, y entiende que la razón para denegar la nacionalidad es que el demandante no está integrado en la sociedad española, y que en el Informe del Juez Encargado se hace referencia a las causas de la denegación.

TERCERO.- Los arts. 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

En cuanto al requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española, al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Así ha declarado la Sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia Sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión 'stricto sensu' sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

CUARTO.-En el presente caso, según se desprende del expediente, se deniega la solicitud de nacionalidad española porque el solicitante no ha justificado suficiente grado de integración en la sociedad española, que parece fundamentarse básicamente en que su grado de adaptación e integración es insuficiente.

Consta en la comparecencia que tuvo lugar en Torrejón de Ardoz el 31 de marzo de 2011, llevada a cabo ante el Juez Encargado del Registro Civil lo siguiente: 'el resultado acredita que el peticionario no sabe leer ni escribir español y se le formulan preguntas sencillas como por ejemplo la razón por la que quiere solicitar la nacionalidad española, cada cuanto tiempo se celebran elecciones en España y no responde o lo hace con dificultad; también indica que en ningún momento ha recibido clases de español, lo que hago constar a los efectos oportunos'.

En fecha 6 de noviembre de 2012, el Encargado del Registro Civil de Torrejón de Ardoz, emitió un informe desfavorable a la petición de adquisición de nacionalidad, ordenando la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros para la resolución que procediera.

Con estos datos, la Dirección General de los Registros rechazó su solicitud de nacionalidad por considerar que no concurría el requisito de suficiente integración.

Considera la Sala que la escueta comparecencia ante el Encargado del Registro Civil de Torrejón de Ardoz, y el contenido del Informe de 6 de noviembre de 2012, no permiten llegar a la conclusión alcanzada por la resolución combatida, en la que tampoco se motiva debidamente la denegación, limitándose a citar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia.

En el supuesto enjuiciado, se desconoce si el peticionario fue sometido a algún cuestionario sobre preguntas relativas a la cultura y vida españolas, como suele ser habitual, y tampoco el escrito de demanda aporta especiales elementos positivos de integración que puedan ser valorados por la Sala, por lo que, en aras de preservar el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva, no podemos determinar si su grado de integración es suficiente, ya que la valoración efectuada por el Encargado del Registro Civil en los informes obrantes resultan incompletos y poco ilustrativos, y sin que tampoco la resolución de la Dirección General de los Registros, haya determinado con claridad los motivos de la denegación.

En cuanto a la no admisión de los documentos acreditativos de su conocimiento de la lengua, debe recordarse que los requisitos acreditativos de estar en posesión de suficiente integración, deben presentarse en el momento de formular la solicitud de nacionalidad, siendo en este momento temporal al que deben venir referidos todos los documentos que en su caso justifiquen tales circunstancias.

Por otro lado, no cabe acceder a la pretensión de la parte que, en el Suplico de su demanda, solicita la estimación de la demanda y la concesión de nacionalidad, pues carecemos de los elementos que permiten contrastar esa valoración ahora discutida. La Sala no dispone de elementos de juicio suficientes que permitan aseverar si existe una integración social en grado adecuado, razón por la que la respuesta a la pretensión no puede ser otra que la reflejada anteriormente.

Por lo tanto, aprecia la Sala una falta de motivación de la resolución impugnada, que en consecuencia procede anular, y retrotraer el procedimiento con objeto de que se proceda a realizar una nueva entrevista al recurrente, evaluando no solo el conocimiento del idioma castellano sino los distintos elementos que configuran la integración del demandante en la sociedad española y dejando constancia de las preguntas realizadas, emitiendo a continuación el Informe que corresponda, tras lo cual se dictará la resolución correspondiente por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

En consecuencia, procede estimar en parte el recurso contencioso-administrativo.

QUINTO.-A tenor del art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, en los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia.

En atención a lo expuesto y en nombre de Su Majestad el Rey, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha decidido:

Fallo

ESTIMAR en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Lozano Sánchez, en nombre y representación de D. Porfirio, contra la resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dictada por delegación del Ministro de Justicia, que le denegó la concesión de la nacionalidad española por residencia, y DECLARAR la nulidad de la expresada resolución por su disconformidad a derecho, acordando en su lugar, retrotraer el procedimiento con objeto de que se proceda a realizar una nueva audiencia al solicitante en la que se evalúe debidamente el conocimiento del idioma castellano y los demás requisitos exigidos, dejando constancia de las preguntas realizadas, así como el Informe del Encargado del Registro Civil, tras lo cual se deberá dictar la resolución correspondiente.

Sin hacer expresa imposición de las costas procesales.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia en Audiencia Pública. Doy fe.

Madrid a

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA