Sentencia Administrativo Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 200/2011 de 16 de Febrero de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: CONTENCIOSO

SENTENCIA

Madrid, a dieciseis de febrero de dos mil doce.

Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Segunda de laSala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 200/11, se tramita a instancia de la entidad MARCESA SERVICIOS, S.A., representada por el Procurador D. EDUARDO CODES FEIJOO, contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 13 de abril de 2011, relativo alIMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicios 2005 y 2006, en el que la Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, siendo la cuantía del recurso la de 160.024,85 euros.

Antecedentes

PRIMERO. La parte indicada interpuso en fecha 17 de junio de 2011 este recurso respecto de los actos antes aludidos. Admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se entregó éste a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo, en la que realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos que estimó aplicables, concretando su petición en el Súplico de la misma, en el que literalmente dijo:

«Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, tenga por formalizada la demanda en el recurso número 200/2011, y previos los trámites oportunos, dicte Sentencia por la que estimándolo, acuerde la anulación de la Resolución impugnada, y consecuentemente la de los acuerdos de liquidación que están en su origen por las razones arriba expuestas».

SEGUNDO.De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada, solicitó:

«Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, tenga por hechas las manifestaciones que anteceden y tenga por allanada a esta representación del Estado».

TERCERO.Por providencia de fecha 26/01/2012 se hizo señalamiento para votación y fallo el día 09/02/2012, en que efectivamente se deliberó y votó.

CUARTO.En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las formas legales exigidas por la Ley que Regula la Jurisdicción. Ha sido Ponente la Ilma. Sra.Dª. ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE, Magistrada de esta Sección.

Fundamentos

PRIMERO. En el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad MARCESA SERVICIOS S.A. se impugna la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 13 de abril de 2.011, por la que resolviendo el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura de 25 de septiembre de 2009, relativa a los acuerdos de liquidación y sancionador correspondiente al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2005 y 2006, por importe de 160.024,85 euros a devolver, acuerda:'Estimarla en parte, en lo relativo a la sanción, que se anula, confirmando en lo demás el acto impugnado'.

SEGUNDO.El artículo 75 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior, es decir acompañando testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de 10 días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho. El allanamiento a la demanda es un acto del proceso ya abierto que extingue la relación procesal en virtud del reconocimiento o conformidad que el demandado presta a la pretensión contenida en la demanda, cuyo efecto determinante es que el juzgador quede en principio obligado a resolver en todo conforme a lo pedido en ella, es decir de acuerdo con los términos de la pretensión reconocida.

En el caso presente se han cumplido los requisitos necesarios para dar validez a dicho allanamiento, en el que se reconoce la estimación de la pretensión de la recurrente, no apreciando la Sala que el mismo es contrario al interés público o de tercero.

TERCERO.De conformidad con el art. 139.1 de la LRJCA de 13 de julio de 1998, en su redacción anterior a la Ley 37/2011, de 11 de octubre, de medidas de agilización procesal, no se aprecian circunstancias de mala fe o temeridad que determinen expresa imposición de las costas causadas en este proceso.

Fallo

En atención a lo expuesto y en nombre de Su Majestad El Rey, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

ESTIMARel recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad MARCESA SERVICIOS S.A. contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 13 de abril de 2.011, a que las presentes actuaciones se contraen, yANULARla resolución impugnada y los acuerdos de que trae causa, por su disconformidad a Derecho, con todas las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

Sin imposición de costas.

Al notificarse la presente sentencia se hará la indicación de recursos que previene el art. 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente en la misma, Ilma Sra. Dª ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE, estando celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; Certifico.