Sentencia Administrativo Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 213/2010 de 03 de Octubre de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: CONTENCIOSO

SENTENCIA

Madrid, a tres de octubre de dos mil doce.

Vistopor la Sala constituida por los Srs. Magistrados relacionados al margen el Recurso contencioso administrativo interpuesto por laUNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, representada por la Letrada de sus servicios jurídicos, contra la resolución del Secretario de Estado de Universidades, del Ministerio de Ciencia e Innovación, de fecha 19 de enero de 2010, por la que se desestima el recurso de reposición contra la resolución que acuerda el reintegro de la ayuda por importe de 2.362,09 euros; habiendo sido parte, además, la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. MagistradoDON FERNANDO F. BENITO MORENO.

Antecedentes

PRIMERO.-Presentado el recurso, previos los trámites oportunos, se confirió traslado a la representación de la parte actora para que formalizara escrito de demanda, lo que hizo formulando las alegaciones de hecho y de derecho que estimó oportunas, concluyendo con la súplica de una sentencia estimatoria del recurso.

SEGUNDO.-Dándose traslado de la demanda al Abogado del Estado para su contestación, lo hizo, alegando en derecho lo que estimó conveniente, solicitando la confirmación en todos los extremos del acuerdo recurrido.

TERCERO.-Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, por auto de 11 de noviembre de 2010, se acordó dicho recibimiento, con el resultado que consta en las actuaciones.

CUARTO.-Al no solicitarse el trámite de conclusiones, se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para el acto de votación y fallo la audiencia del día 2 de octubre de 2012, en que tuvo lugar, quedando el recurso visto para sentencia.

VISTOSlos preceptos que se citan por las partes y los de general aplicación.

Fundamentos

PRIMERO:Se impugna mediante el presente recurso contencioso administrativo la resolución del Secretario de Estado de Universidades, del Ministerio de Ciencia e Innovación, de fecha 19 de enero de 2010, por la que se desestima el recurso de reposición contra la resolución por la que se acuerda el reintegro de la ayuda se concedió al interesado para la realización del Proyecto de Investigación B102000-0729, LA RUTA DE TRANSDUCCIÓN DE SEÑAL HOG COMO MEDIADOR DE ESTRÉS OXIDATIVO EN LA LEVADURA PATÓGENA C. ALBICANS. ESTUDIO DE HOMÓLOGOS HUMANOS DE LA MAP QU!NASA HOG1P EN LEVADURASALG2000-0727-C03-01, por importe de 2.362,09 euros (1742,87euros, más 619,22 euros de intereses de demora).

SEGUNDO:Del expediente administrativo se deduce que por Resolución de 18 de diciembre de 2000, el Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, al amparo de la Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas y subvenciones correspondientes al Plan Nacional de I + D (BOE de 19-11-1991), y la Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos de I + D en el marco de los Programas Nacionales correspondientes a las áreas científico-tecnológicas y al área de investigación básica no orientada del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, se concedió al interesado una ayuda para la realización del Proyecto de Investigación B102000-0729, LA RUTA DE TRANSDUCCIÓN DE SEÑAL HOG COMO MEDIADOR DE ESTRÉS OXIDATIVO EN LA LEVADURA PATÓGENA C. ALBICANS. ESTUDIO DE HOMÓLOGOS HUMANOS DE LA MAP QU!NASA HOG1P EN LEVADURASALG2000-0727-C03-01, por importe de 2.362,09 euros (1742,87euros, más 619,22 euros de intereses de demora).

Que el importe total de la ayuda concedida era de 111.403,60 euros, existiendo un total de justificación validada de 109.660,73 euros. Siendo el importe a reintegrar la cantidad de 1.742,87 euros, más 619,22 euros de intereses de demora, haciendo un total de 9.876,22 euros.

TERCERO:La parte actora en su escrito de demanda alega, en primer lugar, la prescripción, al entender que desde la fecha máxima de presentación del informe final, 28 de marzo de 2004, hasta, la fecha en que se notifica a la Universidad Complutense el acuerdo de procedimiento de reintegro, 17 de marzo de 2009, ha superado el plazo de cuatro años establecido en el art. 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones .

Así mismo alega quebrantamiento del principio de confianza legítima y proporcionalidad.

Subsidiariamente solicita que se liquiden los intereses de demora de conformidad con la legislación que resulta de aplicación.

El Abogado del Estado se opone a la demanda, alegando en contra de la prescripción, que el plazo de cuatro años se establece en la Ley 38/2003, si bien dado que la resolución acordando la subvención se regía por la LGP hay que entender que el plazo es de cinco años: desde febrero de 2004 -fecha del informe al según consta en el folio 24 del complemento de expediente- hasta que se incoa el expediente de reintegro -21 de enero de 2009- no ha transcurrido cinco años (Folio 20 del expediente.

En todo caso, y aún cuando se tuviera en cuenta el plazo de cuatro años previsto en la Ley 38/2003 -lo que admitimos a los efectos puramente dialécticos- habría prescrito, teniendo en cuenta que la última documentación justificativa el proyecto es de fecha 16 de septiembre de 2004 (fecha de la certificación de los gastos que obra en el folio 14 del expediente) y la primera actuación de control que se efectúa por la Administración es el oficio de subsanación de fecha 29 de febrero de 2008, notificado el 7 de marzo de 2008 (folio 16), no ha transcurrido plazo de cuatro años, al haberse interrumpido por dicho requerimiento tal y como consta en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones .

Que no se vulnera el principio de confianza y proporcionalidad, que no ha justificado que tuviera autorización para el gasto y procede reintegrar el exceso, tal y como acuerda la resolución recurrida.

Respecto de los interese, manifiesta que es aplicable el art. 38.2 de la LS y no la LGP.

CUARTO:Respecto de la prescripción, ha de puntualizarse que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que entró en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (publicación efectuada en el BOE de 18 noviembre 2003, núm. 276/2003), vino a derogar el Reglamento aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas, estableciendo en su Disposición Transitoria Segunda bajo la rúbrica 'Régimen transitorio de los procedimientos' que:

' 1. A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de esta ley les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.

2. Los procedimientos iniciados durante el plazo de adecuación contemplado en la disposición transitoria primera se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de aplicación, salvo que haya entrado en vigor la normativa de adecuación correspondiente.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos previstos en esta ley resultarán de aplicación desde su entrada en vigor'.

Por tanto, las normas sobre los procedimientos de control y reintegro previstos en dicha Ley se aplicarán desde su entrada en vigor, el 18 de febrero de 2004; y entre dichas normas se encuentra la relativa al plazo de prescripción para solicitar el reintegro, disponiendo el artículo 39.1 que'prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro', plazo que se computará en el supuesto de autos, según lo que determina el apartado 2 de este mismo precepto:

'a) Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario o entidad colaboradora.

b) Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el apartado 7 del art. 30. -(Este apartado determina que 'Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia'.)-

c) En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que debieran ser cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario o entidad colaboradora durante un período determinado de tiempo, desde el momento en que venció dicho plazo'.

Debiendo resaltarse, por último, que en el apartado 3 siguiente se establece que:'El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá: a) Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora, conducente a determinar la existencia de alguna de las causas de reintegro...'

Así pues, ciertamente, como sostiene el Abogado e Estado, teniendo en cuenta que la última documentación justificativa el proyecto es de fecha 16 de septiembre de 2004 (fecha de la certificación de los gastos que obra en el folio 14 del expediente) y la primera actuación de control que se efectúa por la Administración es el oficio de subsanación de fecha 29 de febrero de 2008, notificado el 7 de marzo de 2008 (folio 16), no ha transcurrido plazo de cuatro años, al haberse interrumpido por dicho requerimiento tal y como consta en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones .

QUINTO:En orden a las alegaciones realizadas por la parte actora sobre la cuestión de fondo, procede en primer termino rechazar la pretendida infracción del principio de confianza legitima en razón a que no se alude a la normativa aplicable respecto de compensación de partidas y aplicación de porcentajes (30% de gastos inventariables), lo que conculca la exigencia de motivación de los actos administrativos.

Pues, como ya hemos indicado en las sentencias dictadas en los recursos 831y832 de 2009, relativos a la misma recurrente en muy similar problemática,de conformidad con el apartado 7 párrafo 1º de las Instrucciones para la ejecución de los proyectos de investigación y Desarrollo Tecnológico de los programas nacionales del Plan Nacional de I+D, en cuanto dispone:'Si el desarrollo del proyecto lo hiciese necesario, el representante legal del organismo ejecutor podrá autorizar, previa solicitud motivada del investigador responsable del proyecto o subproyecto, el trasvase de fondos entre los distintos conceptos de la ayuda económica'. Añadiendo el apartado tercero que 'Las modificaciones del concepto de 'material inventariable' precisaran autorización expresa de dicha Dirección General cuando los trasvases, unitaria o acumuladamente, superen el 30% del importe total de dicho concepto'.

Así mismo en este apartado se establece que las modificaciones en gastos de personal requerirán la autorización de la Dirección General de Investigación.

Tampoco dice nada la actora sobre su contestación al requerimiento de subsanación respecto del concepto, que en lugar de negar el requisito -la necesidad de autorización- simplemente se justifica la no remisión de esa justificación en una serie de circunstancias y que ese requerimiento no tenía virtualidad efectiva porque la UCM no podía desplegar actividad alguna para 'subsana' las deficiencias a que hacía referencia el requerimiento.

A la vista de dichas circunstancias, es claro que la normativa aplicable determinaba claramente la necesidad de autorización, por lo que no tenía ninguna expectativa de que la Administración no fuera exigir su estricto cumplimiento. Las cuestiones alegadas en ningún caso quedan acreditadas y son puramente subjetivas.

Y desde luego, en el expediente administrativo, constan las razones fácticas y jurídicas que justifican el reintegro.

En orden a la vulneración del principio de proporcionalidad su desestimación deviene por cuanto que la suma reclamada se circunscribe a la porción de la ayuda cuyo gasto no ha sido justificado.

Por lo que respecta a la norma aplicable para la determinación de los intereses de demora, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , dispone: 'Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos previstos en esta ley resultarán de aplicación desde su entrada en vigor'.

En su consecuencia, encontrándonos ante un procedimiento de reintegro, iniciado en marzo de 2009, es decir, bajo la vigencia de esta Ley, es aplicable el articulo 38.2 de la misma, que establece: 'El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estadoestablezca otro diferente'.

Razones todas ellas que conducen a la desestimación del presente recurso.

SEXTO:No concurren las causas expresadas en el arto 139 de la LJCA para la imposición de las costas a ninguna de las partes.

Fallo

Quedesestimamosel recurso contencioso administrativo interpuesto por laUNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, representada por la Letrada de sus servicios jurídicos, contra la resolución del Secretario de Estado de Universidades, del Ministerio de Ciencia e Innovación, de fecha 19 de enero de 2010, por la que se desestima el recurso de reposición contra la resolución que acuerda el reintegro de la ayuda por importe de 2.362,09 euros, actos que confirmamos por su adecuación, en cuanto a los extremos examinados, al ordenamiento jurídico; sin costas.

Así por nuestra sentencia, contra la que no cabe recurso, lo pronunciamos, mandamos y formamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma acostumbrada, de todo lo cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe.