Encabezamiento
A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN SÉPTIMA
Núm. de Recurso:0001087/2018
Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General:08336/2018
Demandante:PROMAGA S.A.U.
Procurador:JOSE ANTONIO MORENO ALMONACID
Demandado:TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL
Abogado Del Estado
Ponente IIma. Sra.:Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT
S E N T E N C I A Nº :
IImo. Sr. Presidente:
D. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DE AGUIRRE FERNÁNDEZ
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT
D. LUIS HELMUTH MOYA MEYER
Dª. YOLANDA DE LA FUENTE GUERRERO
Madrid, a nueve de febrero de dos mil veintiuno.
Visto el recurso contencioso administrativo número 1087/2018, que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido la entidad PROMAGA SAU representada por el procurador D. Jose Antonio Moreno Almonacid, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 28 junio 2018 en materia de diligencia de embargo; se ha personado la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado. Siendo ponente la señora Dª Begoña Fernández Dozagarat, Magistrada de esta Sección.
Antecedentes
PR IMERO: Por la entidad PROMAGA SAU representada por el procurador D. Jose Antonio Moreno Almonacid, se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 28 junio 2018.
SE GUNDO:Por decreto de fecha 13 diciembre 2018 se admitió el precedente recurso y se reclamó a la Administración demandada que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo y realizase los emplazamientos legales.
TE RCERO:Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación se concedió a la parte recurrente el plazo de veinte días para que formalizase la demanda, y por diligencia de ordenación se dio traslado al Sr. Abogado del Estado para que contestase la demanda en el plazo de veinte días.
CU ARTO: Por auto de fecha 13 mayo 2019 se recibió el presente recurso a prueba y una vez practicadas aquellas que se declararon pertinentes se declaró concluso el presente procedimiento.
QU INTO: Por auto de fecha 13 mayo 2019 se fijó la cuantía del presente procedimiento en 31.284.246'96 €.
Se señaló para deliberación y fallo el día 2 febrero 2021.
Fundamentos
PR IMERO: La parte recurrente, la entidad PROMAGA SAU impugna la resolución del TEAC de fecha 28 junio 2018 (rg 7319/2015) que se basa en los siguientes hechos: La la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación de la AEAT en Andalucía y para el cobro de liquidaciones tributarias de IVA meses de marzo, abril, mayo y junio 2011 notificó a la actora el 18 marzo 2014 diligencia de embargo de bienes inmuebles con el nº NUM000: Contra la diligencia de embargo se interpuso reclamación económico administrativa ante el TEAR Andalucía desestimada en fecha 29 mayo 2015. Contra dicha resolución se interpuso se formuló recurso de alzada ante el TEAC que partiendo del art. 170.3 LGT manifiesta que la actora solo aduce prejudicialidad penal y se remite a otra resolución del TEAC de 6 junio 2013 que conceptúa la cuestión en un recurso de alzada. Y trasladando a la cuestión suscitada ese análisis considera que no existe identidad alguna penal y administrativa, que se está exigiendo el pago del IVA repercutido y las diligencias penales abiertas están referidas a otras entidades por las solicitudes de devolución IVA soportado, y se desestima el recurso.
Contra esta resolución se interpone el presente recurso contencioso administrativo.
SEGUNDO: La parte actora en su demanda expone que la diligencia de embargo de bienes inmuebles el núm NUM000, practicada por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación de la Agencia Tributaria de Andalucía, correspondiente a las liquidaciones num. NUM001, NUM002, NUM003, y NUM004. Pero que existe otra diligencia de embargo NUM005 que también corresponde a las mismas liquidaciones num. NUM001, NUM002, NUM003, y NUM004. La fiscalía presentó querella el 13 enero 2013 como consecuencia de una denuncia de la AEAT por entender que las operaciones que daban lugar a las diligencias de embargo eran inexistentes. La AP Madrid dictó sentencia en fecha 18 diciembre 2017. Insiste en la prejudicialidad penal y en la necesidad de que el procedimiento administrativo se abstenga y la AEAT no debería de haber dictado la diligencia de embargo. Hace referencia al enriquecimiento injusto. Y suplica que, previos los trámites legales oportunos, y en mérito a lo manifestado, estime el recurso interpuesto y anule la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, con expresa imposición de costas a la parte demandada.
El Abogado del estado en su escrito de contestación a la demanda se opuso a su estimación y solicitó la condena en costas de la parte actora.
TE RCERO: La actora es conocedora del parecer de la sala en esta cuestión puesto que como dice el Abogado del estado se han dictado otras sentencias idénticas, referidas a otras diligencias de embargo por esta misma Sala y Sección. Así en la sentencia de fecha 28 septiembre 2020 se dice textualmente: ' Como bien conoce la actora este Tribunal en fecha 27 noviembre 2019 ha dictado sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 1098/2018 y a la sentencia citada nos vamos a remitir íntegramente.
En dicha sentencia decíamos textualmente: 'El artículo 75.3 RGR permite acumular varias deudas del mismo obligado en una diligencia de embargo. Y el artículo 169 LGT permite hacer sucesivos embargos en tanto los bienes embargados no sean suficientes para satisfacer el importe de la deuda.
Los embargos deberán realizarse respetando el principio de proporcionalidad, que entre otras cosas se refleja en un orden de prelación entre los bienes sobre los que debe trabarse el embargo, que se fija por acuerdo con el ejecutado o en su defecto según el establecido en la ley; en un criterio de razonabilidad de manera que no exista una desproporción excesiva entre el valor del bien a embargar y el importe de la deuda tributaria que se pretenda satisfacer e impide también que se embarguen indiscriminadamente bienes por un valor muy superior a la deuda tributaria.
En tanto que en la demanda no se alega que los sucesivos embargos hayan infringido el principio de proporcionalidad, este motivo de impugnación debe ser desestimado.
TE RCERO.- El segundo motivo de impugnación se basa en que entiende el demandante que no pueden dictarse medidas de aseguramiento de la deuda- diligencias de embargo- cuando hay pendiente un proceso penal en el que se discute la realización del hecho imponible que da lugar a la liquidación que es apremiada.
Este motivo de impugnación no tiene encaje en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 170.3 LGT .
La preferencia de las diligencias penales se manifiesta en fase de liquidación de la deuda tributaria. Si se conocen los tribunales penales de hechos que puedan tener influencia en la liquidación, deberá esperarse a que sea tal jurisdicción la que fije los hechos relevantes para la liquidación. La suspensión del procedimiento de liquidación debió hacerse valer en la fase de liquidación, impugnando en su caso el acto liquidatorio. Se trata de un motivo de impugnación que debe dirigirse frente a la liquidación. Pero no puede impugnarse por este motivo la diligencia de apremio. 8
En sentencia de 3 noviembre 2020 se expone: ' La adecuada resolución de la cuestión que se somete a la consideración de esta Sala exige partir de que, a la vez que se tramitaba el presente recurso contencioso, ha seguido su curso el procedimiento penal y, finalmente, se ha dictado sentencia por el Tribunal Supremo (Penal) de fecha 19 de Febrero de 2019 , que ha sido incorporada a los autos, y que señala que procede absolver a Don Baltasar del delito continuado de estafa en grado de tentativa de los artículos 250 nº 1.5 º, 16.1 , 62 y 74 todos ellos del Código Penal , y condenarle como autor de cinco delitos contra la Hacienda Pública previstos y penados en el artículo 305.1 del Código Penal en grado de tentativa conforme a los artículos 16 y 62 del Código Penal y, en consecuencia, 1º) Condenara Don Baltasar como autor responsable de cinco delitos contra la Hacienda Pública en grado de tentativa, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de seis meses de prisión por cada uno de los cinco delitos contra la Hacienda Pública por los que es condenado, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de un año y seis meses, y cinco multas por importes de 1.912.347 euros, 1.489.090 euros, 1.154.915 euros 1.711.354 euros y 1.507.584 euros y responsabilidad personal subsidiaria de dos meses por cada una de las cinco penas de multa que resultare impagada.
Para ello, la Sentencia del Tribunal Supremo parte de los siguientes hechos que no han sido cuestionados por las partes: como la constitución por el acusado de las sociedades 'Conjunto Sur, S.L.', 'Las Suites de San Roque Club, S.L.', 'Pueblo 2ª de San Roque Club, S.L.', 'Class One, Logistica y Gestion, S.L.' y 'Future 2011, Proyectos y Promociones Sostenibles, S.L.'; las aportaciones no dinerarias realizadas por 'Promaga, S.A.' a dichas sociedades; y las solicitudes de devolución respecto de las cuotas de IVA soportadas, hechos todos ellos en todo caso acreditados a través de la documentación obrante en las actuaciones y no impugnada por las partes.
A continuación analiza la sentencia impugnada si las aportaciones realizadas por 'Promaga, S.A.' a las sociedades constituidas por el acusado eran ficticias o reales. Para ello, el Tribunal valora una serie de indicios que relaciona y explica, tras lo que concluye que las aportaciones eran simuladas.
Y concluye la Audiencia Provincial señalando que de todo ello se desprende que lo único importante para el acusado era realmente repercutir las cuotas de IVA para que pudiera ser rápidamente obtenida su devolución. Por ello termina razonando que no cabe albergar duda alguna de que estamos ante unas aportaciones ficticias que sirvieron de cobertura formal para generar un IVA que podía ser repercutido y luego, en una fase posterior, exigir a Hacienda su devolución al amparo de un crédito ficticio.
Por lo tanto, la sentencia reconoce que se ha producido una operación consistente en que se escritura una aportación, no se hace la entrega material, no se repercute el IVA, pero el receptor trata de obtener la devolución del IVA soportado, intentando estafar a la Administración para obtener una devolución de dinero. Esta devolución no se consigue ante la negativa a devolver.
La sentencia dictada en el proceso penal, y que ha adquirido firmeza al dictarse por el Tribunal Supremo, reconoce que las operaciones que estaban en la base de las liquidaciones de IVA eran ficticias pero tal cosa solo afecta, al menos de momento, a las liquidaciones, pero no a las diligencias de embargo (que son las recurridas en vía contenciosa) que no pueden impugnarse más que por los motivos que señala el articulo 170 de la LGT .
CUARTO. - Procede referirse ahora a los argumentos empleados por la parte recurrente, aunque ya adelantamos que merecen ser oportunamente rechazados:
-La diligencia de embargo de bienes que ahora recurrimos, que corresponde a las deudas acumuladas, tiene otra diligencia de embargo, referida a estas mismas deudas, con el núm NUM006, tal como se recoge en los hechos el primero y segundo de este escrito.
-Si se produce un único hecho imponible que da lugar a la existencia de IVAs repercutidos y de IVAs soportados y ese hecho imponible se pone en duda por la Agencia Tributaria, porque considera que es inexistente, o que se ha simulado, y da lugar a una querella, y a un procedimiento penal, no puede exigirse el IVA repercutido, que se ha generado en la operación, ya que, siguiendo el razonamiento de la Audiencia Nacional en su Sentencia de 9 febrero 2012 los hechos sobre los que está conociendo el Juez penal son los mismos que han determinado las liquidaciones tributarias, que dan origen esta diligencia de embargo, que se encuentran en el origen del presente recurso.
-La Administración Tributaria no debería haber dictado la diligencia de embargo, objeto de este recurso, el 13 de abril del año 2014, ya que antes, el 15 de enero de 2013 ya había interpuesto una querella el Ministerio Fiscal, y el Juez había dictado Auto el 10 de abril de 2013. Por este motivo la diligencia de embargo impugnada debe ser anulada.
-En este caso se produce un manifiesto error de hecho en la determinación de la deuda tributaria que es objeto del embargo ya que incluye y somete a tributación operaciones que han sido declaradas inexistentes por la Audiencia Territorial de Madrid. (ahora sentencia del Tribunal Supremo).
QUINTO. - La parte recurrente no distingue, y es una omisión básica, entre la diligencia de embargo aquí recurrida y las liquidaciones previas que adquirieron firmeza y que generaron que, posteriormente, se dictarse la diligencia de embargo ahora recurrida.
El articulo 169 de la LGT establece en su apartado 1 que: 1. Con respeto siempre al principio de proporcionalidad, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir:
a) El importe de la deuda no ingresada.
b) Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro.
c) Los recargos del período ejecutivo.
d) Las costas del procedimiento de apremio.
Y añade en su apartado 4 que 'Siguiendo el orden establecido según los criterios del apartado 2 de este artículo, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En todo caso, se embargarán en último lugar aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario'.
Por lo tanto, ninguna irregularidad se produce por el hecho de embargar bienes diferentes por unas mismas deudas tributarias, siempre que se respete el principio de proporcionalidad; el artículo 75 del Reglamento General de Recaudación , además, no impide que existan varias diligencias de embargo en relación con las mismas deudas.
SEXTO. - Esta misma Sala y Sección ha resuelto esta misma cuestión al impugnarse por la misma empresa ahora recurrente otra diligencia de embargo y en relación con la que el TEAC se ha pronunciado en resolución de la misma fecha. Se trata de las sentencias dictadas en otros recursos como el 1097/2018 , 1107/2018 y la correspondiente al recurso 1098/2018 y a cuyos argumentos procede remitirse y dar por reproducidos lo que obliga a la desestimación de la demanda:
SEGUNDO.- Los motivos de impugnación de la diligencia de embargo son los enumerados en el artículo 170.3 LGT 'a) extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago b) falta de notificación de la providencia de apremio c) incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley d) suspensión del procedimiento de recaudación'.
El primer motivo de impugnación tiene cabida en el supuesto del artículo 170.3 c) LGT , y se considera que se vulnera el artículo 75. 2 y 3 RGR cuando se dictan dos diligencias de embargo por las mismas deudas acumuladas.
El artículo 75.3 RGR permite acumular varias deudas del mismo obligado en una diligencia de embargo. Y el artículo 169 LGT permite hacer sucesivos embargos en tanto los bienes embargados no sean suficientes para satisfacer el importe de la deuda.
Los embargos deberán realizarse respetando el principio de proporcionalidad, que entre otras cosas se refleja en un orden de prelación entre los bienes sobre los que debe trabarse el embargo, que se fija por acuerdo con el ejecutado o en su defecto según el establecido en la ley; en un criterio de razonabilidad de manera que no exista una desproporción excesiva entre el valor del bien a embargar y el importe de la deuda tributaria que se pretenda satisfacer e impide también que se embarguen indiscriminadamente bienes por un valor muy superior a la deuda tributaria.
En tanto que en la demanda no se alega que los sucesivos embargos hayan infringido el principio de proporcionalidad, este motivo de impugnación debe ser desestimado.
TERCERO.- El segundo motivo de impugnación se basa en que entiende el demandante que no pueden dictarse medidas de aseguramiento de la deuda- diligencias de embargo- cuando hay pendiente un proceso penal en el que se discute la realización del hecho imponible que da lugar a la liquidación que es apremiada.
Este motivo de impugnación no tiene encaje en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 170.3 LGT .
La preferencia de las diligencias penales se manifiesta en fase de liquidación de la deuda tributaria. Si se conocen los tribunales penales de hechos que puedan tener influencia en la liquidación, deberá esperarse a que sea tal jurisdicción la que fije los hechos relevantes para la liquidación. La suspensión del procedimiento de liquidación debió hacerse valer en la fase de liquidación, impugnando en su caso el acto liquidatorio. Se trata de un motivo de impugnación que debe dirigirse frente a la liquidación. Pero no puede impugnarse por este motivo la diligencia de apremio.'
Lo expuesto en las resoluciones citadas es aplicable al caso que nos ocupa, por lo que procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo.
Fallo
DE SESTIMAMOSel recurso contencioso-administrativo núm 1087/2018 promovido por la entidad PROMAGA SAU representada por el procurador D. José Antonio Moreno Almonacid, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 28 junio 2018 en materia de diligencia de embargo.
Con expresa imposición de costas a la parte actora.
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.
Así por esta sentencia, lo acordamos mandamos y firmamos
