Sentencia ADMINISTRATIVO Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 344/2018 de 14 de Junio de 2019

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN OCTAVA

Núm. de Recurso:0000344/2018

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:01685/2018

Demandante:D. Matías

Procurador:Dª. MARÍA DOLORES TEJERO GARCÍA- TEJERO

Demandado:MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogado Del Estado

Ponente IImo. Sr.:D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO

S E N T E N C I A Nº:

IImo. Sr. Presidente:

D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. ERNESTO MANGAS GONZÁLEZ

Dª. ANA ISABEL GÓMEZ GARCÍA

Madrid, a catorce de junio de dos mil diecinueve.

Vistoel presente recurso contencioso administrativonº 344/18, interpuesto ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la ProcuradoraDª. María Dolores Tejero García-Tejero, en nombre y representación deD. Matías ,contra Resolución del Ministerio de Justicia, de fecha 29 de febrero de 2016, sobre denegación de la nacionalidad por residencia, en el que la Administración demandada ha estado dirigida y representada por la Abogacía del Estado.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr.D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO, Magistrado de la Sección.

Antecedentes

PRIMERO.-El presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la representación procesal de Matías , nacional de Marruecos, contra la Resolución de 29 de febrero de 2016, del Director General de los Registros y del Notariado dictada por delegación del Ministro de Justicia, denegatoria de la solicitud nacionalidad española por razón de residencia formulada por la parte recurrente.

SEGUNDO.-Pr esentado el recurso, se reclamó el expediente administrativo y se dio traslado de todo ello a la parte actora para que formalizara la demanda, la cual expuso los hechos, invocó los fundamentos de Derecho y terminó por suplicar que, previos los trámites legales pertinentes, se dicte sentencia por la que se anule la resolución recurrida, declarando el derecho de la parte recurrente a que le sea concedida la nacionalidad española por residencia, con condena en costas a la Administración demandada.

TERCERO.-Formalizada la demanda se dio traslado al Abogado del Estado para que la contestara, el cual expuso los hechos y fundamentos de Derecho y suplicó se dictara sentencia desestimando el recurso y confirmando la resolución impugnada por ser conforme a Derecho.

CUARTO.-No se solicitó la práctica de prueba y quedaron los autos conclusos, señalándose para votación y fallo el día 12 de junio del año en curso en que, efectivamente, se votó y falló.

Fundamentos

PRIMERO.-La precitada resolución, de fecha 29 de febrero de 2016, dictada por el Director General de los Registros y del Notariado, por delegación del Ministro de Justicia, le deniega al recurrente la concesión de la nacionalidad española por residencia, por no haber justificado suficiente de integración en la sociedad española. Se razona, en síntesis, que el interesado no ha justificado suficiente grado de integración en la sociedad española conforme a lo previsto en el artículo 22.4 del Código Civil .

El Juez Encargado del Registro Civil de Reus mediante informe de fecha 25 de noviembre de 2014, informó desfavorablemente la petición formulada. Así mismo, con carácter previo, el Fiscal en su informe señala que no estima suficientemente acreditados los requisitos exigidos por los artículos 21 y 22 del Código Civil 'en la medida en la que no se ha acreditado un suficiente grado de adaptación a las costumbres y forma de vida españolas'.

SEGUNDO.-En la demanda de este recurso se combate la anterior resolución, alegando falta de congruencia en el expediente, denegación en base a una sola respuesta y transcurso del, plazo de tres años desde la entrevista hasta la denegación, así como cumplimiento de los requisitos necesarios. El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda.

Pues bien, como viene diciendo de forma reiterada esta Sala, los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

La apreciación de los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( artículo 103 de la Constitución ), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Debe tenerse en cuenta que la nacionalidad constituye la máxima expresión jurídica de la integración de una persona en una comunidad estatal, y es algo más que la autorización de residencia y trabajo. Por ello, el nivel de exigencia de la adaptación a nuestra sociedad es superior para los solicitantes de la nacionalidad que el exigible a los extranjeros residentes, puesto que pretenden ser ciudadanos españoles. En este sentido, como ha declarado esta Sala en otras ocasiones, el ejercicio de los derechos políticos que lleva consigo la obtención de la nacionalidad trasciende de lo que es simplemente desenvolverse en una vida profesional, económica y familiar en España, puesto que la adquisición de la nacionalidad convierte al peticionario en ciudadano español, lo cual supone que adquiere el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos - artículo 23 de la Constitución - ( Sentencia de la Sección 3ª de 18 de abril de 2013, de la Sección 1 ª, de 9 de octubre de 2015 y de esta Sección Octava de 26 de marzo de 2018, recurso 68/2017 ). En esta última sentencia, hemos afirmado:

"Dicha participación en los asuntos públicos, como ciudadano español, abarca también la participación en el gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el art. 137 de la Constitución , más allá del derecho de sufragio como extranjeros residentes en los distintos municipios en las elecciones locales atendiendo a criterios de reciprocidad ( artículo 13.2 CE ). De ahí que venga exigiéndose un conocimiento de las instituciones y de la sociedad de la que va a formar parte, no sólo un conocimiento apto de la organización administrativa y territorial de España, sino la aceptación de su sistema de valores, plasmados fundamentalmente en la Constitución, a la que ha de prestar juramento de acuerdo con el art. 23 del Código Civil . Además, como nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, pasaría a ser Ciudadano de la Unión, con los derechos reconocidos en las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la ciudadanía de la Unión, artículos 9 a 12 del Tratado de la Unión Europea (TUE ), artículos 18 a 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y capítulo V de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea . ( Sentencia de la sección 5ª, de 22 de noviembre de 2017 ).

Asimismo, la nacionalidad es la condición necesaria para acceder a la protección diplomática de los derechos de los nacionales de un país cuando se encuentran en el extranjero.

Sobre el requisito de 'suficiente grado de integración social', la jurisprudencia viene razonando que el mismo implica la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen reflejo constitucional, su grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como su arraigo familiar, todo lo cual ha de justificarse por el interesado o desprenderse de las actuaciones reflejadas en el expediente administrativo. En tal valoración, el conocimiento y soltura en el manejo del idioma español constituye un dato relevante, que en todo caso habrá de ponerse en relación con los demás que jalonan esa trayectoria vital.

Efectivamente, el artículo 220 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil exige que en la solicitud se indicará especialmente: '5º si habla el castellano u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales; y las demás que estime conveniente'. En el art. 221 del mismo texto se establece que el cumplimiento de estos requisitos se podrá acreditar por cualquier medio de prueba jurídicamente admisible. Y dispone dicho artículo 221, en su último párrafo, que el Encargado preceptivamente 'oirá personalmente al interesado, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles'.

De ahí la relevancia que tiene la audiencia o entrevista personal del solicitante de nacionalidad con el Juez Encargado del correspondiente Registro Civil, en función de la inmediación de la que goza.

Reiteradamente viene sostenido la Sala que la comparecencia ante el Encargado del Registro Civil, ordenada por el art. 221 del Reglamento del Registro Civil , adquiere una especial relevancia en función de la inmediación y la directa percepción que recibe el Juez titular del Registro. Y ello por la veracidad de lo comprobado por el Encargado del Registro, que expresa el juicio, especialmente cualificado, que se forma mediante apreciación directa y personal, que es en la que se fundamenta la resolución recurrida".

TERCERO.-Pu es bien, en el presente caso, de la documentación obrante en el expediente administrativo, resulta que el interesado presentó su solicitud de nacionalidad española por residencia en el año 2013, manifestando ser nacional de Marruecos y residente en España desde el año 2008. Presentó los documentos requeridos para la tramitación de su solicitud, que constan en el expediente.

En el acta de la audiencia con la Juez-Encargada del Registro Civil de Leganés, celebrada el 25 de octubre de 2013, para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, se consignan las preguntas que le fueron formuladas y sus respuestas. En relación con ello, podemos resaltar que afirma que no conoce las costumbres españolas y no conoce algo de la cultura e historia españolas. Tampoco ha cursado estudios en España, ni ha realizado algún tipo de actividad social o benéfica en España.

La Juez encargado del Registro civil y El Ministerio Fiscal emiten informes negativos respecto de la solicitud de nacionalidad. Obra Informe de la DGPGC, en el que se hace constar que tiene permiso de residencia desde el año 2001, y permanente desde el año 2007, y que no le constan antecedentes.

CUARTO.-At endidas las alegaciones que se hacen en la demanda, hemos de precisar que no puede apreciarse falta de motivación en la decisión administrativa objeto de recurso y consiguiente indefensión de la parte, toda vez que dicha resolución expone los motivos por los que se deniega la nacionalidad solicitada, de forma suficiente para que la parte conozca las causas de dicha denegación. Además, debe resaltarse que la decisión se integra en el expediente, en el que constan los informes del Fiscal y del Encargado del Registro Civil, desfavorables a la recurrente. La parte actora ha podido combatir la causa de la denegación, con los medios de alegación y prueba que ha considerado necesarios.

Tampoco podemos apreciar que exista incongruencia, en los términos que se reflejan en la demanda, pues la decisión administrativa coincide con el informe que suscriben la Encargada del Registro Civil, y el Ministerio Fiscal. La aparente disparidad entre ellos no es tal, pues todos coinciden en que no se cumple el requisito de suficiente grado de integración, sin que pueda ser obstáculo a dicha conclusión el tiempo transcurrido entre la entrevista y la decisión administrativa.

Conforme a reiterada jurisprudencia, se confirma la falta de integración por desconocimiento de aspectos esenciales de la sociedad española cuando se ha podido constatar un conocimiento verdaderamente somero de la realidad socio política española, con lagunas notorias a la hora de hablar sobre las instituciones básicas del Estado o sobre acontecimientos relevantes de la sociedad española, que pueden estar al alcance de cualquier ciudadano medio interesado en la sociedad en que se desenvuelve (en este sentido, STS de 26 de septiembre de 2011, (recurso 2208/2009 )), y sobre la realidad del Estado cuya nacionalidad pretende obtener ( STS de 17 de octubre de 2011, (recurso 5113/2009 )).

Como se razona en sentencias de esta Sala (Secc. 5ª, 22 de noviembre de 2017 y la nuestra ya citada de 26 de marzo de 2018 ) "el demandante podrá, obviamente, seguir residiendo legalmente en España, con los derechos inherentes a esta situación de residencia legal (trabajo o prestaciones sociales), pero ostentar la nacionalidad española es un salto cualitativo de notoria importancia que solo puede otorgarse a quien, con un 'suficiente grado de integración' en la sociedad española, ha demostrado su 'interés en ser español', que es algo más que la mera preferencia de vivir en España por conveniencia".

No ha quedado acreditado el suficiente grado de integración del recurrente en la sociedad española, por la propia declaración efectuada por él mismo y los informes obrantes en el expediente, por lo que procede, en consecuencia, la desestimación del presente recurso.

QUINTO.-En virtud de las previsiones del artículo 139 LRJCA , procede imponer las costas a la parte recurrente. Haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA , se cifra en un máximo de 1.500 euros, por todos los conceptos, el importe de las costas.

Vistoslos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Quedesestimamosel recurso contencioso administrativo interpuesto por la ProcuradoraDª. María Dolores Tejero García-Tejero, en nombre y representación deD. Matías , contra Resolución del Ministerio de Justicia, de fecha 29 de febrero de 2016, sobre denegación de la nacionalidad por residencia, la cual confirmamos como ajustada a Derecho.

Con condena en costas a la parte recurrente.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de sunotificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción , justificando el interés casacional objetivo que presenta.