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Última revisión
28/02/2019
Sentencia ADMINISTRATIVO Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 664/2017 de 18 de Enero de 2019
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Orden: Administrativo
Fecha: 18 de Enero de 2019
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: RUIZ PIÑEIRO, FERNANDO LUIS
Núm. Cendoj: 28079230082019100015
Núm. Ecli: ES:AN:2019:203
Núm. Roj: SAN 203:2019
Encabezamiento
D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO
Dª. MERCEDES PEDRAZ CALVO
D. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ RODERA
Dª. ANA ISABEL GÓMEZ GARCÍA
D. RAFAEL MOLINA YESTE
Madrid, a dieciocho de enero de dos mil diecinueve.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr.
Antecedentes
Fundamentos
El Juez Encargado del Registro Civil de Reus mediante informe de fecha 22 de abril de 2014, manifestó su parecer favorable a la solicitud 'no siendo necesaria aportar más documentación'. Así mismo, con carácter previo, el Fiscal en su informe señala que emite informe negativo, dado que no se consideran suficientes los medios económicos de vida en España.
El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda.
Pues bien, como viene diciendo de forma reiterada esta Sala, los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.
La apreciación de los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( artículo 103 de la Constitución ), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.
Debe tenerse en cuenta que la nacionalidad constituye la máxima expresión jurídica de la integración de una persona en una comunidad estatal, y es algo más que la autorización de residencia y trabajo. Por ello, el nivel de exigencia de la adaptación a nuestra sociedad es superior para los solicitantes de la nacionalidad que el exigible a los extranjeros residentes, puesto que pretenden ser ciudadanos españoles. En este sentido, como ha declarado esta Sala en otras ocasiones, el ejercicio de los derechos políticos que lleva consigo la obtención de la nacionalidad trasciende de lo que es simplemente desenvolverse en una vida profesional, económica y familiar en España, puesto que la adquisición de la nacionalidad convierte al peticionario en ciudadano español, lo cual supone que adquiere el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos - artículo 23 de la Constitución - ( Sentencia de la Sección 3ª de 18 de abril de 2013, de la Sección 1 ª, de 9 de octubre de 2015 y de esta Sección Octava de 26 de marzo de 2018, recurso 68/2017 ). En esta última sentencia, hemos afirmado:
"Dicha participación en los asuntos públicos, como ciudadano español, abarca también la participación en el gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el art. 137 de la Constitución , más allá del derecho de sufragio como extranjeros residentes en los distintos municipios en las elecciones locales atendiendo a criterios de reciprocidad ( artículo 13.2 CE ). De ahí que venga exigiéndose un conocimiento de las instituciones y de la sociedad de la que va a formar parte, no sólo un conocimiento apto de la organización administrativa y territorial de España, sino la aceptación de su sistema de valores, plasmados fundamentalmente en la Constitución, a la que ha de prestar juramento de acuerdo con el art. 23 del Código Civil . Además, como nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, pasaría a ser Ciudadano de la Unión, con los derechos reconocidos en las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la ciudadanía, artículos 9 a 12 del Tratado de la Unión Europea (TUE ), artículos 18 a 25 del Tratado de Funcionamiento (TFUE ), y capítulo V de la Carta de Derechos Fundamentales. ( Sentencia de la sección 5ª, de 22 de noviembre de 2017 ).
Asimismo, la nacionalidad es la condición necesaria para acceder a la protección diplomática de los derechos de los nacionales de un país cuando se encuentran en el extranjero.
Sobre el requisito de 'suficiente grado de integración social', la jurisprudencia viene razonando que el mismo implica la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen reflejo constitucional, su grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como su arraigo familiar, todo lo cual ha de justificarse por el interesado o desprenderse de las actuaciones reflejadas en el expediente administrativo. En tal valoración, el conocimiento y soltura en el manejo del idioma español constituye un dato relevante, que en todo caso habrá de ponerse en relación con los demás que jalonan esa trayectoria vital.
Efectivamente, el artículo 220 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil exige que en la solicitud se indicará especialmente: '5º si habla el castellano u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales; y las demás que estime conveniente'. En el art. 221 del mismo texto se establece que el cumplimiento de estos requisitos se podrá acreditar por cualquier medio de prueba jurídicamente admisible. Y dispone dicho artículo 221, en su último párrafo, que el Encargado preceptivamente 'oirá personalmente al interesado, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles'.
De ahí la relevancia que tiene la audiencia o entrevista personal del solicitante de nacionalidad con el Juez Encargado del correspondiente Registro Civil, en función de la inmediación de la que goza.
Reiteradamente viene sostenido la Sala que la comparecencia ante el Encargado del Registro Civil, ordenada por el art. 221 del Reglamento del Registro Civil , adquiere una especial relevancia en función de la inmediación y la directa percepción que recibe el Juez titular del Registro. Y ello por la veracidad de lo comprobado por el Encargado del Registro, que expresa el juicio, especialmente cualificado, que se forma mediante apreciación directa y personal, que es en la que se fundamenta la resolución recurrida".
En el acta de la audiencia con la Magistrada-Encargada del Registro Civil de San Lorenzo de El escorial, celebrada el 5 de marzo de 2014, para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, se consignan las preguntas que le fueron formuladas y sus respuestas. Podemos, resaltar que las respuestas se entienden suficientes para acreditar su grado de integración. Así lo manifiesta, de hecho, la Juez Encargada en informe de 22 de abril de 2014. No obstante ello, el Fiscal se opone 'dado que no se consideran suficientes los medios económicos de vida en España'.
Obra Informe de la DGPGC, en el que se hace constar que tiene permiso de residencia y que no le constan antecedentes.
Como se razona en sentencias de esta Sala (Secc. 5ª, 22 de noviembre de 2017 y la nuestra ya citada de 26 de marzo de 2018 ) "el demandante podrá, obviamente, seguir residiendo legalmente en España, con los derechos inherentes a esta situación de residencia legal (trabajo o prestaciones sociales), pero ostentar la nacionalidad española es un salto cualitativo de notoria importancia que solo puede otorgarse a quien, con un 'suficiente grado de integración' en la sociedad española, ha demostrado su 'interés en ser español', que es algo más que la mera preferencia de vivir en España por conveniencia".
En el caso que ahora examinamos, podemos concluir que está acreditado el grado de integración social. Efectivamente, la encargada del Registro Civil, así lo dictamina y se deduce sin esfuerzo de la entrevista reflejada, cuyo contenido obra en el expediente. Desconocemos el motivo por el que la resolución impugnada alude a la falta de integración, pues no existe dato alguno en el expediente que avale dicha conclusión y la prueba practicada, desde luego, avala la integración de la recurrente.
En cuanto a la falta de medios económicos, dicha circunstancia tampoco cabe deducirla del expediente, en el que se refleja que la recurrente convive con su madre y sus medios de vida derivan de su calidad de empresaria, habiéndose aportado documentación bancaria y de cotización a la seguridad social.
Por último, la denegación por no estar actualizado el certificado de antecedentes penales del país de origen, tampoco pudo ser causa de denegación, pues no se efectuó requerimiento alguno de subsanación en dicho sentido. Tal y como hemos reflejado anteriormente, la Juez encargada del Registro consideró que la documentación aportada era suficiente y elevó las actuaciones la Dirección General, la cual si requerimiento intermedio alguno, afirma que el 'certificado de penales de origen no está debidamente legalizado por autorizada española, ni está vigente a la fecha de la solicitud'. La denegación no puede aceptarse sin que se haya permitido la posibilidad de subsanación, mediante el oportuno requerimiento al efecto.
Pues bien, se ha aportado por la recurrente hasta tres certificados de antecedentes de país de origen, el último de 2017, por lo que debemos entender que no existe motivo alguno que ampare la apreciación de incumplimiento del requisito de buena conducta cívica.
En conclusión, todo lo expuesto avala la estimación del recurso.
Fallo
Que
Con condena en costas a la administración demandada.
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción , justificando el interés casacional objetivo que presenta.