Sentencia ADMINISTRATIVO Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 724/2017 de 05 de Octubre de 2018

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN OCTAVA

Núm. de Recurso:0000724/2017

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:00724/2017

Demandante:D. Juan Enrique

Procurador:Dª. NAZARET MAYORAL REDONDO

Demandado:MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogado Del Estado

Ponente IImo. Sr.:D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO

S E N T E N C I A Nº:

IImo. Sr. Presidente:

D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. ERNESTO MANGAS GONZÁLEZ

Dª. MERCEDES PEDRAZ CALVO

D. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ RODERA

Dª. ANA ISABEL GÓMEZ GARCÍA

Madrid, a cinco de octubre de dos mil dieciocho.

Vistoel presente recurso contencioso administrativo nº 724/2017, interpuesto ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la Procuradora Dª. Nazaret Mayoral Redondo, en nombre y representación de D. Juan Enrique, contra desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto frente a resolución del Ministerio de Justicia, de fecha 1 de diciembre de 2016, sobre denegación de la nacionalidad por residencia.

Ha sido parte demandada, la Administración General del Estado, Ministerio de Justicia, dirigida y representada por la Abogacía del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-El presente recurso contencioso-administrativo se interpone contra la Resolución del Director General de los Registros y del Notariado, dictada por delegación del Ministro de Justicia, de fecha 1 de diciembre de 2016, que resuelve denegar la solicitud de concesión de la nacionalidad por residencia a la parte recurrente.

SEGUNDO.-Pr esentado el recurso, se reclamó el expediente administrativo y se dio traslado de todo ello a la parte actora para que formalizara la demanda, la cual expuso los hechos, invocó los fundamentos de Derecho que estimó oportunos y terminó por suplicar que se anule la resolución impugnada, por ser contraria a derecho, estimando la concesión de nacionalidad solicitada, con imposición de costas a la administración.

TERCERO.-Formalizada la demanda se dio traslado al Abogado del Estado para que la contestara, el cual expuso los hechos y fundamentos de Derecho que consideró pertinentes y suplicó se dictara sentencia por la que se desestime el presente recurso, con imposición de costas a la parte recurrente.

CUARTO.-No se solicitó la práctica de prueba y quedaron los autos conclusos, señalándose para votación y fallo el día 26 de septiembre del año en curso en que, efectivamente, se votó y falló.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO, Magistrado de la Sección.

Fundamentos

PRIMERO.-La precitada resolución, de fecha 1 de diciembre de 2016, dictada por el Director General de los Registros y del Notariado, por delegación del Ministro de Justicia, denegó al interesado la concesión de la nacionalidad española por residencia, por no haber acreditado la concurrencia del requisito de suficiente grado de integración en la sociedad española.

El Juez Encargado del Registro Civil de Cieza, en fecha 20 de marzo de 2014, informó desfavorablemente la petición formulada. Así mismo, con carácter previo, el Fiscal en su informe señala que no es suficiente el grado de integración del promotor.

SEGUNDO.-Como viene diciendo de forma reiterada esta Sala, los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

La apreciación de los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( artículo 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Debe tenerse en cuenta que la nacionalidad constituye la máxima expresión jurídica de la integración de una persona en una comunidad estatal, y es algo más que la autorización de residencia y trabajo. Por ello, el nivel de exigencia de la adaptación a nuestra sociedad es superior para los solicitantes de la nacionalidad que el exigible a los extranjeros residentes, puesto que pretenden ser ciudadanos españoles. En este sentido, como ha declarado esta Sala en otras ocasiones, el ejercicio de los derechos políticos que lleva consigo la obtención de la nacionalidad trasciende de lo que es simplemente desenvolverse en una vida profesional, económica y familiar en España, puesto que la adquisición de la nacionalidad convierte al peticionario en ciudadano español, lo cual supone que adquiere el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos - artículo 23 de la Constitución- ( Sentencias de esta Sección Octava de 26 de marzo de 2018, recurso 68/2017 y de 8 de junio de 2018, recurso 134/2017). En las que hemos afirmado:

"Dicha participación en los asuntos públicos, como ciudadano español, abarca también la participación en el gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el art. 137 de la Constitución, más allá del derecho de sufragio como extranjeros residentes en los distintos municipios en las elecciones locales atendiendo a criterios de reciprocidad ( artículo 13.2 CE). De ahí que venga exigiéndose un conocimiento de las instituciones y de la sociedad de la que va a formar parte, no sólo un conocimiento apto de la organización administrativa y territorial de España, sino la aceptación de su sistema de valores, plasmados fundamentalmente en la Constitución, a la que ha de prestar juramento de acuerdo con el art. 23 del Código Civil. Además, como nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, pasaría a ser Ciudadano de la Unión, con los derechos reconocidos en las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la ciudadanía de la Unión, artículos 9 a 12 del Tratado de la Unión Europea (TUE), artículos 18 a 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y capítulo V de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ( Sentencia de la sección 5ª, de 22 de noviembre de 2017).

Asimismo, la nacionalidad es la condición necesaria para acceder a la protección diplomática de los derechos de los nacionales de un país cuando se encuentran en el extranjero.

Sobre el requisito de 'suficiente grado de integración social', la jurisprudencia viene razonando que el mismo implica la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen reflejo constitucional, su grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como su arraigo familiar, todo lo cual ha de justificarse por el interesado o desprenderse de las actuaciones reflejadas en el expediente administrativo. En tal valoración, el conocimiento y soltura en el manejo del idioma español constituye un dato relevante, que en todo caso habrá de ponerse en relación con los demás que jalonan esa trayectoria vital.

Efectivamente, el artículo 220 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil exige que en la solicitud se indicará especialmente: '5º si habla el castellano u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales; y las demás que estime conveniente'. En el art. 221 del mismo texto se establece que el cumplimiento de estos requisitos se podrá acreditar por cualquier medio de prueba jurídicamente admisible. Y dispone dicho artículo 221, en su último párrafo, que el Encargado preceptivamente 'oirá personalmente al interesado, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles'.

De ahí la relevancia que tiene la audiencia o entrevista personal del solicitante de nacionalidad con el Juez Encargado del correspondiente Registro Civil, en función de la inmediación de la que goza.

Reiteradamente viene sostenido la Sala que la comparecencia ante el Encargado del Registro Civil, ordenada por el art. 221 del Reglamento del Registro Civil, adquiere una especial relevancia en función de la inmediación y la directa percepción que recibe el Juez titular del Registro. Y ello por la veracidad de lo comprobado por el Encargado del Registro, que expresa el juicio, especialmente cualificado, que se forma mediante apreciación directa y personal, que es en la que se fundamenta la resolución recurrida".

TERCERO.-Pu es bien, en el presente caso, de la documentación obrante en el expediente administrativo, resulta que el interesado presentó su solicitud de nacionalidad española por residencia el 17 de diciembre de 2013, manifestando ser nacional de Marruecos y residente en España. Presentó, entre otros documentos, tarjeta de residencia; certificado de empadronamiento; certificado de nacimiento y de matrimonio; certificación acreditativa de carecer de antecedentes penales en su país; pasaporte y documentos acreditativos de los medios de vida en España; así como certificado de nacimiento de los hijos menores.

En el acta de la audiencia con la Juez-Encargada del Registro Civil de Cieza, celebrada el 12 de marzo de 2014, para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, se consignan las preguntas que le fueron formuladas y sus respuestas. En relación con ello, podemos resaltar que se refleja lo siguiente:

"Que SI entiende, habla y escribe la lengua castellana. Que fa moneda de este país es el EURO. Que el sistema político de este país es una DEMOCRACIA. Que el Jefe del Estado es EL REY D. Jacobo. Que el Presidente del Gobierno se llama Laureano. Que el partido político que gobierna actualmente es el PP. Que SI conoce la Constitución Española y los derechos y deberes que en la misma se establecen, tales como DERECHO AL TRABAJO. Que NO sabe el significado del principio de igualdad. Que España se divide territorialmente en PROVINCIA, MUNICIPIOS. Que NO conoce las Cortes Generales. Que SI conoce fiestas y tradiciones españolas tales como LAS FIESTAS DEL MELOCOTON DE CIEZA. Que SI conoce comidas típicas españolas tales como TORTILLA, CARNE CON ZANAHORIA. Que NOhace algún tipo de actividad social cultural o deportiva. Que SI tiene 5 hijos mayores que se dedican a AGRICULTURA. Que SI tiene amigos españoles. Que lleva más de 14 años en España".

CUARTO.-Co nforme a reiterada jurisprudencia, se confirma la falta de integración por desconocimiento de aspectos esenciales de la sociedad española cuando se ha podido constatar un conocimiento verdaderamente somero de la realidad socio política española, con lagunas notorias a la hora de hablar sobre las instituciones básicas del Estado o sobre acontecimientos relevantes de la sociedad española, que pueden estar al alcance de cualquier ciudadano medio interesado en la sociedad en que se desenvuelve (en este sentido, STS de 26 de septiembre de 2011, (recurso 2208/2009)), y sobre la realidad del Estado cuya nacionalidad pretende obtener ( STS de 17 de octubre de 2011, (recurso 5113/2009)).

Como se razona en sentencias de esta Sala (Secc. 5ª, 22 de noviembre de 2017 y la nuestra ya citada de 26 de marzo de 2018) "el demandante podrá, obviamente, seguir residiendo legalmente en España, con los derechos inherentes a esta situación de residencia legal (trabajo o prestaciones sociales), pero ostentar la nacionalidad española es un salto cualitativo de notoria importancia que solo puede otorgarse a quien, con un 'suficiente grado de integración' en la sociedad española, ha demostrado su 'interés en ser español', que es algo más que la mera preferencia de vivir en España por conveniencia".

Tal y como hemos señalado, el solicitante ha sido examinado por el Juez Encargado del Registro Civil, cuyo entrevista e informe tiene especial relevancia en los términos que hemos reflejado anteriormente. Son elementos básicos y esenciales de nuestro sistema de convivencia, tanto el principio de igualdad, como las Cortes Generales, cuya relevancia y trascendencia no exigen mayor razonamiento. Debemos confirmar, en definitiva, la actuación administrativa impugnada, sin que sea suficiente para desvirtuar la conclusión obtenida en vía administrativa, la abundante documentación que aporta el recurrente en las actuaciones.

No ha quedado acreditado el suficiente grado de integración del recurrente en la sociedad española, por lo que procede, en consecuencia, la desestimación del presente recurso.

QUINTO.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 139.1 LJCA, procede la condena en costas al recurrente, con el límite máximo de 1.000 euros por todos los conceptos, más IVA.

Vistoslos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimamosel recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Nazaret Mayoral Redondo, en nombre y representación de D. Juan Enrique, contra desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto frente a resolución del Ministerio de Justicia, de fecha 1 de diciembre de 2016, sobre denegación de la nacionalidad por residencia, la cual confirmamos como ajustada a Derecho. Con condena en costas a la parte recurrente.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción, justificando el interés casacional objetivo que presenta.