Sentencia ADMINISTRATIVO Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 772/2019 de 07 de Octubre de 2021

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN OCTAVA

Núm. de Recurso:0000772/2019

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:05047/2019

Demandante:CONSTRUCCIONES PARAÑO, S.A. (COPASA) y SANCHEZ Y LAGO, S.L. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de mayo', abreviadamente 'U.T.E. CALDAS'

Procurador:SRA. GUIJARRO DE ABIA

Demandado:MINISTERIO DE FOMENTO

Abogado Del Estado

Ponente IImo. Sr.:D. EUGENIO FRIAS MARTINEZ

S E N T E N C I A Nº :

IImo. Sr. Presidente:

D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO

Ilmos. Sres. Magistrados:

Dª. MERCEDES PEDRAZ CALVO

D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

Dª. ANA ISABEL GÓMEZ GARCÍA

D. EUGENIO FRIAS MARTINEZ

Madrid, a siete de octubre de dos mil veintiuno.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso número 772/2019, interpuesto por CONSTRUCCIONES PARAÑO, S.A. (COPASA) y SANCHEZ Y LAGO, S.L. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de mayo', abreviadamente'U.T.E. CALDAS'representada por la Procuradora Sra. Guijarro de Abiay defendida por Letrado, contra resolución de MINISTERIO DE FOMENTO. La Administración General del Estado ha estado representada y defendida por el Abogado del Estado.

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. Eugenio Frías Martínez.

Antecedentes

PRIMERO.-In terpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicita sentencia estimatoria del recurso.

SEGUNDO.-La Administración demandada, una vez conferido el trámite para contestar la demanda, presentó escrito en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicitando una sentencia en la que se declare la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.

TERCERO.-Se confirió traslado a las partes para la formulación de conclusiones. Presentados los oportunos escritos quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 6 de octubre del presente año, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

Fundamentos

PRIMERO.-Se interpone el recurso contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra resolución de 20 de diciembre de 2017 del Director General de Carreteras, por delegación del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que estima parcialmente el derecho de la recurrente a percibir 123.026,88 euros, en concepto de actualización de la indemnización por daños y perjuicios en las obras 'Variante de Caldas de Reis, CN- 550 de A Coruña a Tuy, P.K. 96,60 A 100,85'.

SEGUNDO.-Pa ra la resolución del presente recurso debemos tener en cuenta los siguientes hechos:

El Director General de Carreteras , por resolución de fecha 17 de noviembre de 2014, reconoció a la recurrente el derecho a ser indemnizada en la cantidad de 1.597.751,67 euros debidamente actualizada, en orden al resarcimiento de los daños y perjuicios causados en suspensiones de las obras, reajustes de anualidades y prórrogas del plazo de ejecución durante la ejecución de las obras Variante de Caldas de Reis, CN-550 de A Coruña a Tuy, P.K. 96,60 A 100,85, de acuerdo con lo dictaminado por el Consejo de Estado el 6 de junio de 2013.

El 17 de junio de 2015 la recurrente presentó escrito solicitando la actualización por importe de 371.216,46 euros. Dicho escrito tomaba como índice de variación el IPC desde el momento en que se había producido el daño diferenciando, respecto de cada uno de los daños, el momento en que se había producido.

El 13 de agosto de 2015 la Abogacía del Estado informó que 'procede la actualización del importe de indemnización reconocido por daños y perjuicios mediante el empleo de los índices contractuales de revisión de precios desde el día de la producción del daño (periodos reflejados en la propuesta de resolución) hasta la fecha de reconocimiento del abono de la indemnización (esto es, el día 17 de noviembre de 2014)'.

El Director de las obras emitió informe el 6 de febrero de 2017, reconociendo un importe de actualización de 343.720,42 euros, tomando como dies a quo el de la producción del daño , empleando como mecanismo de actualización el de revisión de precios contractual.

La Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa informó, el 1 de marzo de 2017, que considera 'correcto el cálculo de la actualización efectuado por la Demarcación de Carreteras del estado en Galicia'.

El 6 de abril de 2017, la recurrente mostró su conformidad con la propuesta del Director de Obras.

El 16 de noviembre de 2017 se efectuó propuesta de estimación parcial en concepto de actualización en el importe de 343.720,42 euros.

El 1 de diciembre de 2017 la Intervención General informó, señalando que era más adecuado el empleo del IPC, criterio este que había sido admitido en diversos dictámenes por el Consejo de Estado, de 30 de mayo de 2013 y 20 de julio de 2017, ante la dificultad de ajustar cantidades a las distintas fórmulas de revisión; y solicita aclaraciones por la no utilización del 'dies a quo' en la fecha de presentación de reclamación.

A la vista de dicho informe se emite nueva propuesta, en la que se fija el 'dies a quo' en el momento de la reclamación el 9 de junio de 2008, aplicando la variación del IPC desde junio de 2008, resultando un importe de actualización de 123.026,88 euros.

TERCERO.-La recurrente en la demanda muestra su disconformidad con el 'dies a quo' empleado, entendiendo que debe estarse al momento en que se produce el daño, y siendo varios los daños indemnizados y reconocidos debe estarse al momento en que se produce cada uno de dichos daños, de acuerdo a lo señalado en el art. 141.3 de la Ley 30/92,actual 34.3 de la Ley 40/2015. Así ha sido reconocido en diversas sentencias judiciales, y por los informes obrantes en el expediente administrativo. Señala como 'dies a quo':

El Abogado del Estado se opone señalando como punto de partida para la actualización el de la reclamación en vía administrativa.

CUARTO.-La jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en sus Sentencias de 24 de enero, 19 de abril y 31 de mayo de 1997, 14 de febrero, 14 de marzo, 30 de junio, 10 y 28 de noviembre de 1998, 13 y 20 de febrero, 13 y 29 de marzo, 29 de mayo, 12 y 26 de junio, 17 y 24 de julio, 30 de octubre y 27 de diciembre de 1999, 5 de febrero, 18 de marzo y 13 de noviembre de 2000, 27 de octubre y 31 de diciembre de 2001 y 9 de febrero y 18 de mayo de 2002, viene declarando insistentemente la necesidad de alcanzar la plena indemnidad del perjuicio causado, lo que puede lograrse por diversos modos, cual son el abono del interés legal de la suma adeudada desde que se formuló la reclamación en vía previa, la actualización con cualquier índice o cláusula estabilizadores, como los de precios y moneda, o la fijación de una cantidad indemnizatoria en atención al momento en que se resuelve el pleito.

El artículo 141.3 de la Ley 30/92, actual 34.3 de la Ley 40/15, bien que referido al ámbito de la responsabilidad extracontractual, establece que la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2009, recurso de casación 1885/08 , FJ 9º con cita de otras anteriores declara que 'en aras del principio de reparación integral viene considerando, junto con el abono de intereses ( sentencia de 20 de octubre de 1997 ), como uno de los instrumentos adecuados para hacer efectivo el principio de indemnidad que subyace tras la institución de la responsabilidad extracontractual de la Administración la consideración de la obligación pecuniaria de resarcimiento como una deuda de valor, que lleva a fijar la cuantía de la deuda actualizada al momento de su determinación o fijación, y no al momento de producción del daño ( sentencias de 15 de enero de 1992 y 24 de enero de 1997). Esta Sala a tal fin establece que la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo actualizada a la fecha de esta sentencia con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, con el límite máximo de lo reclamado por el recurrente'.

El Consejo de Estado y el Tribunal Supremo han considerado analógicamente aplicables a las reclamaciones contractuales los medios previstos en dicho precepto para salvaguardar el principio de indemnidad, ante el silencio específico en la regulación contractual de esta materia.

Debemos determinar la fecha inicial de cómputo de la actualización, si en el momento en que se produjo el daño o por el contrario en el momento de la reclamación en vía administrativa.

Las partes citan diversas sentencias de esta Sala en la que se ha optado por ambos criterios, debiéndose destacar que el hecho de que se haya fijado un concreto criterio depende de la propia solicitud que hubiera efectuado la parte en vía administrativa o en la demanda, por cuanto no es posible reconocer un periodo superior al solicitado.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la cuantía de la indemnización se calculó con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, y así se reconoce en la resolución que determina la indemnización, de 17 de noviembre de 2014, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado de 6 de junio de 2013; para lograr la indemnidad de la lesión, debe estarse a dicha fecha como inicial para determinar la actualización, al haber sido empleada para la fijación del importe de la indemnización, debiendo cubrir la actualización el daño desde el momento que se produjo. Siendo, además la fecha expresamente prevista en el art. 141.3 de la Ley 30/92. Si optáramos por el criterio de la Administración de la fecha de la reclamación, se estaría dejando sin actualizar el periodo comprendido entre el momento de la producción del daño, tenido en cuenta para fijar la indemnización, y la fecha en que se produjo la reclamación.

El referido criterio ha sido acogido en diversas ocasiones por esta misma Sala y Sección en sentencias, entre otras, de 11 de abril de 2014, recurso 638/12, y 21 de abril de 2017, recurso 562/15.

En definitiva, debemos estimar el recurso estableciendo como fecha inicial para la actualización el de la fecha de producción del daño, reflejados en la demanda y que coinciden con en el informe del Director de las Obras del expediente administrativo, siendo la fecha final la del dictado de la resolución de 17 de noviembre de 2014 reconociendo el abono de la indemnización.

QUINTO.-De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa procede imponer las costas a la Administración demandada.

Vistos los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación,

Fallo

Que debemos ESTIMARel recurso contencioso-administrativo interpuesto por CONSTRUCCIONES PARAÑO, S.A. (COPASA) y SANCHEZ Y LAGO, S.L. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de Mayo', abreviadamente 'U.T.E. CALDAS'contra la Resolución citada en el Fundamento de Derecho Primero, que anulamos fijando el importe de la actualización en 371.003,67 euros. Con imposición de costas a la Administración demandada.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la Jurisdicción, justificando el interés casacional objetivo que presenta.