Sentencia ADMINISTRATIVO Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 927/2019 de 07 de Mayo de 2021

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN OCTAVA

Núm. de Recurso:0000927/2019

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:08252/2021

Demandante: Jacinta

Procurador:SR. NAVARRO CERRILLO

Demandado:MINISTERIO DE INTERIOR

Abogado Del Estado

Ponente IIma. Sra.:Dª. MERCEDES PEDRAZ CALVO

S E N T E N C I A Nº :

IImo. Sr. Presidente:

D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO

Ilmos. Sres. Magistrados:

Dª. MERCEDES PEDRAZ CALVO

D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

Dª. ANA ISABEL GÓMEZ GARCÍA

D. EUGENIO FRIAS MARTINEZ

Madrid, a siete de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo núm. 927/2019que ante esta Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido el Procurador Sr. Navarro Cerrilloen nombre y representación de Jacintafrente a la Administración del Estado defendida y representada por el Sr. Abogado del Estado, contra una Resolución dictada por el Ministerio de Justicia por silencio administrativo, en materia relativa a denegación de la nacionalidad española. Ha sido Ponente la MagistradoDª Mercedes Pedraz Calvo.

Antecedentes

PRIMERO-. La representación procesal indicada interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de referencia, mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2019.

La Sala acordó la admisión a trámite del recurso y la reclamación del expediente administrativo.

SEGUNDO-. En el momento procesal oportuno la representación procesal de Jacinta previo traslado del expediente administrativo, presentó escrito en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, terminó suplicando dicte sentencia por la que declare no conforme a derecho la denegación de nacionalidad por silencio administrativo, y conceda la nacionalidad a la recurrente.

TERCERO-. El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso.

CUARTO-. La Sala dictó auto acordando recibir a prueba el recurso, practicándose la documental a instancias de la parte actora, con el resultado obrante en autos.

QUINTO-.La Sala dictó Providencia señalando para votación y fallo del recurso la fecha del 05 de mayo de 2021 en que se deliberó y votó habiéndose observado en su tramitación las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo la resolución dictada por silencio administrativo del Ministro de Justicia denegando la solicitud de reconocimiento de la nacionalidad española por residencia presentada por Jacinta.

En el expediente administrativo obra únicamente el escrito de la abogada Sra. Norma Rosario Salazar Altamirano, en nombre y representación de la ahora actora, 'a fin de que pueda presentar expediente de nacionalidad española de manera telemática' fechado el dia 1 de junio de 2017, y firmado por la ahora actora, pero no por la abogada.

Del impreso de pago de la tasa resulta que se abonó el día 14 de junio de 2017.

De hecho en la demanda se indica: ' mi representada solicitó en el año 2017...' pero no se recoge referencia a la fecha concreta.

De la documentación obrante en el expediente administrativo resulta que la ahora actora nació en La Vega, República Dominicana, el día NUM000 de 1978.

Su pasaporte de República Dominicana fue expedido el día 28 de febrero de 2012, y viaja desde Santo Domingo a España por primera vez utilizando este pasaporte el dia 31 de diciembre de 2012, regresando a su país de origen en Junio de 2013. En la pagina 13 del expediente donde está recogido el pasaporte aparece un sello de salida de República Dominicana el dia 25 de junio de 2013.

No hay sellos de salida de España pero si de entrada en República Dominicana el día 18 de febrero de 2014, y salida de su país el día 7 de mayo de 2014.

Hay, por último, un sello de entrada en República Dominicana el día 2 de julio de 2015.

Aparece alta en el padrón 24 de julio de 2014 y en el domicilio el día 2 de febrero de 2017, fecha del certificado correspondiente.

Aporta un contrato de trabajo temporal entre el 5 de abril de 2017 y el 30 de junio de 2017. Y otro contrato de prórroga del anterior de duración indeterminada.

SEGUNDO.-Como viene diciendo de forma reiterada esta Sala, los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

La apreciación de los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( artículo 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Debe tenerse en cuenta que la nacionalidad constituye la máxima expresión jurídica de la integración de una persona en una comunidad estatal, y es algo más que la autorización de residencia y trabajo. Por ello, el nivel de exigencia de la adaptación a nuestra sociedad es superior para los solicitantes de la nacionalidad que el exigible a los extranjeros residentes, puesto que pretenden ser ciudadanos españoles. En este sentido, como ha declarado esta Sala en otras ocasiones, el ejercicio de los derechos políticos que lleva consigo la obtención de la nacionalidad trasciende de lo que es simplemente desenvolverse en una vida profesional, económica y familiar en España, puesto que la adquisición de la nacionalidad convierte al peticionario en ciudadano español, lo cual supone que adquiere el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos - artículo 23 de la Constitución- « Sentencias de la Sección 3ª, de 14 de junio de 2012, de 7 de marzo y de 18 de abril de 2013, de la Sección 1ª, de 9 de octubre de 2015».

Dicha participación en los asuntos públicos, como ciudadano español, abarca también la participación en el gobierno de las entidades en que el Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el art. 137 de la Constitución, más allá del derecho de sufragio como extranjeros residentes en los distintos municipios en las elecciones locales atendiendo a criterios de reciprocidad ( artículo 13.2 CE). De ahí que venga exigiéndose un conocimiento de las instituciones y de la sociedad de la que va a formar parte, no sólo un conocimiento apto de la organización administrativa y territorial de España, sino la aceptación de su sistema de valores, plasmados fundamentalmente en la Constitución, a la que ha de prestar juramento de acuerdo con el art. 23 del Código Civil. Además, como nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, pasaría a ser Ciudadano de la Unión, con los derechos reconocidos en las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la ciudadanía de la Unión, artículos 9 a 12 del Tratado de la Unión Europea (TUE), artículos 18 a 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y capítulo V de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ( Sentencia de la sección 5ª, de 22 de noviembre de 2017).

Asimismo, la nacionalidad es la condición necesaria para acceder a la protección diplomática de los derechos de los nacionales de un país cuando se encuentran en el extranjero.

TERCERO.- En el escrito de demanda la parte actora alega resumidamente lo siguiente: la actora ha residido legalmente en España durante dos años, y ha acreditado su buena conducta cívica, su integración en España y tiene derecho a que se le conceda la nacionalidad,

Por su parte el Abogado del Estado alega que 'En el presente caso, en el expediente administrativo, constan como únicos documentos la solicitud de la nacionalidad de 14 de junio de 2017 junto al permiso de residencia el pasaporte y el certificado de nacimiento del solicitante como de sus padres; certificado de residencia, padrón municipal y contrato de trabajo. Así como el certificado de antecedentes penales en el país de origen.

Sin embargo, la recurrente ha sido requerida con fecha 13 de diciembre de 2019 por la DGRN (se aporta el requerimiento junto con la contestación) para que aporte el justificante de pago de la tasa al no corresponderse el que abonó con el correspondiente a la fecha en la que realizó la solicitud. No consta que haya aportado la documentación solicitada, si bien aún no ha transcurrido el plazo previsto en el requerimiento (tres meses).

Por otra parte, en el expediente no consta dato alguno sobre el cumplimiento de los plazos de residencia legal y continuada o sobre la conducta cívica de la recurrente Tampoco aparece acreditado por la demandante el cumplimiento de estos requisitos, siendo obligación del solicitante, tal acreditación.'

Con este fundamento solicita la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada.

CUARTO-. El artículo 11.3 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, dispone: ' 3. El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde de que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados'.

El plazo de un año ha de computarse desde la entrada de la petición en el órgano competente para la tramitación del expediente y, una vez trascurrido el mismo, se entiende desestimada la pretensión, abriéndose el cauce del recurso jurisdiccional.

Tal como viene diciendo esta Sala (entre otras, St. Sección 3ª de 21/07/2020), la anterior previsión no es obstáculo para que el interesado deba acreditar que efectivamente se ha producido el silencio por el transcurso del plazo de un año ( artículo 11.3 del Rto), y que cumple con el resto de los requisitos legales; a saber, que ha residido en España de forma legal y continuada durante los plazos previstos en el artículo 22.1 o 2 del Código Civil (10 años, 5 años, 2 años o un año de forma excepcional); que observa buena conducta cívica, y que cuenta que con el suficiente grado de integración en la sociedad española.

El artículo 5 del mismo Real Decreto 1004/2015, dispone:

'1. La solicitud de nacionalidad española por residencia requerirá la presentación de los siguientes documentos, que se incorporarán a un expediente electrónico a través de la correspondiente aplicación informática:

a) Modelo normalizado de solicitud y, en su caso, mandato o poder del representante voluntario. (...)

El modelo de solicitud incluirá las autorizaciones en favor de la Dirección General de los Registros y del Notariado que resulten necesarias para la resolución del procedimiento. No obstante, las autorizaciones de consulta de los datos del interesado relativos al domicilio y de los datos obrantes en el Registro Central de Penados y en la aplicación de extranjería gestionada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y por la Secretaría General de Inmigración y Emigración, podrán sustituirse, respectivamente, por la aportación del Certificado de Empadronamiento, el Certificado del Registro Central de Penados, y la Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Residencia de familiar de ciudadano de la Unión, o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión.

b) Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido en su caso, salvo que el interesado acredite su condición de refugiado o apátrida, en los términos que determine el Ministerio de Justicia.

c) Pasaporte, salvo que el interesado acredite su condición de refugiado o apátrida, en los términos que determine el Ministerio de Justicia.

d) La documentación relativa al grado de integración en la sociedad española, en los términos a que se refiere el artículo 6 del presente reglamento. No obstante, no será necesario aportar la justificación de las pruebas superadas ante el Instituto Cervantes cuando en el modelo de solicitud se autorice expresamente la consulta.

e) Justificante del pago de la tasa.

f) En su caso, la documentación que acredite cuando proceda, en los términos que determine el Ministerio de Justicia, la concurrencia en el interesado de alguna o varias de las circunstancias siguientes: falta de ejercicio de la facultad de optar a la nacionalidad española; condición de refugiado o apátrida; nacimiento en territorio español; condición de sefardí; matrimonio con español; condición de viudo de español; descendiente de español; o minoría de edad en régimen de tutela, guarda o acogimiento no provisional por ciudadano o institución española.'

Del expediente resulta que no está en el expediente ni en los autos el modelo normalizado de solicitud de nacionalidad, ni, en consecuencia las autorizaciones a la Administración para solicitar la documentación relativa a consulta de datos del art. 5 1.A) del Real Decreto 1004/2015. La recurrente ni siquiera ha acreditado que estuviera en España en la fecha en la que solicito la nacionalidad, ni ha probado que llevara residiendo legalmente dos años en nuestro país.

En efecto, de la documentación obrante en el expediente administrativo resulta que solicitó la nacionalidad mediante una abogada que la representa. Entró en Santo Domingo el día 2 de julio de 2015 y no consta en el pasaporte fotocopiado en qué fecha se produjo su retorno a España, ni desde luego resulta de la documentación de referencia nada que acredite su residencia legal en España en fecha anterior al contrato temporal de trabajo, que lleva fecha 5 de abril de 2017 , prorrogado el día 1 de julio de 2017.

No consta la fecha de presentación de la solicitud, y así resulta del propio escrito de demanda, y si bien el alta en el padrón tuvo lugar el día 24 de julio de 2014 el cambio de domicilio y la expedición del certificado correspondiente son de 2 de febrero de 2017, que es la fecha de emisión del certificado correspondiente.

El domicilio no coincide con el de la tarjeta de residencia, ni aparece otro dato que, confrontado con los visados del pasaporte, permita concluir en la residencia continuada de la recurrente en España dos años antes de la solicitud, es decir desde al menos el 31 de mayo de 2015.

Por otra parte, la demanda no efectúa ninguna alegación que permita concluir que pese a las circunstancias descritas permaneció en España durante todo ese periodo de tiempo.

En consecuencia, el recurso contencioso administrativo interpuesto debe ser desestimado.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte demandante que ha visto rechazado su recurso.

Y haciendo uso de la facultad prevista en el número tercero del precepto citado, habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas en el recurso, se fija en 1.000 euros la cantidad máxima que, por todos los conceptos, puede alcanzar la fijación de las costas procesales, más el IVA correspondiente.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos desestimary desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Jacintacontra una Resolución dictada por el Ministerio de Justicia el por silencio administrativo, descrita en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, la cual confirmamos por ser conforme a derecho. Con condena a la parte demandante al pago de las costas, con el límite establecido en el último fundamento de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de sunotificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la Jurisdicción, justificando el interés casacional objetivo que presenta.