Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 100/2017, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 12, Rec 153/2016 de 22 de Marzo de 2017

Encabezamiento

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 12 BARCELONA

GRAN VIA CORTS CATALANES, 111, EDIF. I

08075 BARCELONA

Procedimiento abreviado 153/2016 Sección: 2C

Parte actora: Brigida

Procurador:Pedro Moratal Sendra

Letrado:Josefina Boladeras Perpinyà

Parte demandada:AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Procurador:Javier Segura Zariquiey

Letrado:Miquel Falguera Tuñí

Objeto del recurso: resolución de 28 de junio de 2016, por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente el 6 de mayo de 2015

SENTENCIA Nº 100/2017

En Barcelona, a 22 de marzo de 2017

Magistrado: IRENE URBÓN REIG

Antecedentes

PRIMERO.-Por la parte actora se interpuso en fecha 2 de mayo de 2016 recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente el 6 de mayo de 2015, habiéndose dictado posteriormente, el 28 de junio de 2016, resolución expresa desestimatoria, a la que se entiende ampliado el recurso automáticamente.

SEGUNDO.- Admitida la demanda y previa reclamación del expediente administrativo y su traslado a la parte actora, se señaló día y hora para la celebración del acto del juicio que tuvo lugar el 15 de marzo de 2017 con la comparecencia de ambas partes, con el resultado que figura en el acta de juicio, por lo que quedaron los autos conclusos y a la vista para dictar sentencia.

TERCERO.-En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todos los trámites legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la resolución de 28 de junio de 2016, por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente el 6 de mayo de 2015.

La parte actora alega que en fecha 3 de agosto de 2014 conducía la motocicleta Honda matrícula ....FFQ correctamente por el carril central de los tres existentes en la rotonda ubicada en la Avenida Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat dirección a calle Trias, al llegar a la altura de la confluencia con la calle Salvador Espriu, cuando de forma repentina la motocicleta resbaló como consecuencia de una mancha de aceite existente en medio del carril, cayendo al suelo su conductora y la motocicleta. A consecuencia del accidente la conductora resultó lesionada y con daños en su ropa y zapatos, resultando también con daños la motocicleta. Entiende la parte actora que la Administración demandada no adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad del tráfico por las vías de su titularidad, incumpliendo sus deberes de mantenimiento. Solicita que se anule la resolución recurrida y se le reconozca el derecho a ser indemnizada en la suma de 1.349 euros euros por los daños sufridos en su vestido, sandalias y en la motocicleta.

La parte demandada se ha opuesto a la demanda alegando que no debe atribuirse al Ayuntamiento la culpa del accidente pues no tuvo ninguna participación en los hechos y además cumplía con los estándares de calidad exigibles en el mantenimiento de la vía pública. Alega además que es pacífica la jurisprudencia según la cual, sólo puede ser condenada la administración pública cuando existe culpa única de la misma. Considera que no al no haber quedado acreditado el nexo de causalidad entre los daños y la actuación de la administración, procede la desestimación de la demanda. Para el caso de que se reconozca el derecho a una indemnización, considera improcedente la condena al pago de intereses.

SEGUNDO.-La Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia ha venido estableciendo los siguientes principios en relación con situaciones como la hoy contemplada (daños antijurídicos ocasionados por siniestros producidos por la presencia de sustancias oleaginosas en la vía) :

1.- En los supuestos de daños producidos con ocasión de accidentes de tráfico en los que la situación de peligro inminente en la circulación se origina a causa de la acción directa de terceros sobre la calzada (en concreto, en los supuestos de que dicho peligro se produce por la presencia en la calzada de sustancias oleaginosas derramadas desde vehículos que circulan sobre la misma con anterioridad al siniestro) no queda excluido que se establezca la imputación de la responsabilidad a la Administración. El presupuesto necesario en estos casos es que el funcionamiento del servicio público opere, de forma mediata, como un nexo causal eficiente ( SSTS de 8 de octubre de 1986 y 11 de febrero de 1987 entre otras).

2.- Debe repararse, sin embargo, en que el nexo causal ha de establecerse en estos supuestos con relación: a) o bien, a una situación de inactividad por omisión de la Administración titular de la explotación del servicio en el cumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento de los elementos de las carreteras a fin de mantenerlas útiles y libres de obstáculos en garantía de la seguridad del tráfico que se prescriben en el artículo 15 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y arts.25 y si guientes de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local b) o bien, con relación a una situación de ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de seguridad alteradas mediante la eliminación de la fuente de riesgo o, en su caso, mediante la instalación y conservación en la carretera de las adecuadas señales viales circunstanciales de advertencia del peligro de pavimento deslizante que prescribe el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo .

3.- Para la apreciación de la responsabilidad de la Administración cuando concurre la actividad de tercero y la inactividad de la Administración, debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial señalado en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1993 - en el mismo sentido las ss. TS de 27.11.1993 y 31.1.1996 - a cuyo tenor '...ni el puro deber abstracto de cumplir ciertos fines es suficiente para generar su responsabilidad (por mera inactividad de la Administración) cuando el proceso causal de los daños haya sido originado por un tercero, ni siempre la concurrencia de la actuación de éste exime de responsabilidad a la Administración cuando el deber abstracto de actuación se ha concretado e individualizado en un caso determinado...'. A este efecto, el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar, como se señala en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1997 '...si, dentro de las pautas de funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación necesaria para evitar el menoscabo'. Aportándose, en la propia sentencia, el siguiente criterio metodológico: '...Para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no sólo al contenido de las obligaciones explícita o implícitamente impuestas a la Administración competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución Española EDL 1978/3879 a la actuación administrativa'.

4.- En consecuencia, en los supuestos de daños causados a los usuarios del servicio de carreteras o vías públicas en general por la presencia en la calzada de sustancias oleaginosas provenientes de vehículos que circulan sobre la misma con anterioridad al siniestro, es a la parte demandante a quien corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, de la antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración, en tanto que corresponde a la Administración titular del servicio la prueba sobre la incidencia, como causa eficiente, de la acción de terceros, salvo que se trate de hechos notorios, y, en el caso de ser controvertido, la acreditación de las circunstancias de hecho que definan el estándar de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del servicio derivadas de la acción de terceros y para reparar los efectos dañosos, en el caso de que se actúen tales situaciones de riesgo.

5.- Solo ante la ausencia o insuficiencia de prueba encaminada a acreditar que por la Administración demandada se desarrolló toda la actividad posible encaminada a advertir del peligro existente en la calzada o a restaurar las condiciones de seguridad alteradas cabe emitir un pronunciamiento de responsabilidad patrimonial, ( STSJ País Vasco Sala de lo Contencioso- Administrativo de 3 septiembre 2007 EDJ 2007/259762).

6.- En el caso de que por la Administración se desarrollara prueba de cargo suficiente encaminada a acreditar las actuaciones anteriores al accidente en relación a la conservación y mantenimiento de dicha carretera en el lugar o proximidades del lugar del accidente, (con expreso detalle de empresa encargada de la ejecución, hora de intervención, duración de la misma, así como medios aplicados para tal actividad) no cabrá emitir pronunciamiento alguno de responsabilidad de la Administración demandada, pues en tal supuesto cobra aplicación la doctrina de que la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, (o, dicho de otra manera no puede exigirse a la Administración un funcionamiento que excede de lo razonadamente exigible, al no poder desplegar una vigilancia tan intensa y puntual como para mantener libre y expedito el tráfico sobre la calzada sin mediar prácticamente lapso de tiempo desde que se produjo el derrame sobre la vía).

TERCERO.En el presente caso ha quedado acreditado, a través de la documentación que obra en las actuaciones, que el Ayuntamiento tenía contratado con la empresa FCC, el servicio de limpieza de la vía pública. Consta asimismo acreditado, a través del informe policial y las fichas de incidencias, que a las 8:39 y a las 8:45 horas la Guardia Urbana recibió sendos avisos de caídas de motocicletas a causa de una mancha de grasa o fluido en la calzada. Consta que a las 8:48 se asignó a una unidad para que acudiera al lugar de los hechos, y que tardaron escasos minutos en llegar, pues a las 8:52 se estaba llamando a una ambulancia, a las 8:55 se registraron los datos de las lesionadas en el primer accidente y a las 8:59 se avisó a la empresa encargada de la limpieza, que acudió al lugar a las 9:10. Según consta en el informe policial, nada más llegar los agentes tomaron medidas de seguridad, señalizando la zona y cortando el tráfico en los carriles afectados. Según informe de FCC, se procedió a la limpieza siguiendo el protocolo, de lo que se deduce que a las 9:10 fue cuando llegó el capataz, pues el vehículo de limpieza llegó a las 9:48 horas, terminando su trabajo sobre las 10:05 horas.

Teniendo en cuenta que no se había recibido ningún otro aviso de la existencia de la mancha de aceite con anterioridad a las 8:39 horas y que, según informe policial, cuando llegaron observaron que la mancha no estaba muy extendida por el paso de vehículos, a pesar de ser una zona de gran densidad de tráfico, puede presumirse que el vertido de aceite se produjo muy poco tiempo antes de que se produjera el primer accidente, que se produjo pocos minutos antes del accidente de la recurrente. La Guardia Urbana acudió al lugar en un plazo muy breve, tomando las adecuadas medidas de seguridad, avisando a la ambulancia y a los servicios de limpieza.

Por todo ello se considera que la Administración cumplió con diligencia con sus obligaciones, pues acudió al lugar de los hechos y adoptó medidas de seguridad a los pocos minutos de tener constancia de una situación de riesgo en la calzada, sin que, como destaca reiterada jurisprudencia pueda exigirse 'una vigilancia de la vía tan intensa y puntual que propicie una inmediata retirada de la calzada de todo tipo de obstáculos sin mediar -prácticamente- solución de continuidad, desde que se produce el origen del posible evento dañoso hasta que queda retirado y restablecida la circulación segura por el lugar'. ( STSJ del País Vasco 49/04, de 23 de enero ).

Por consiguiente, en el presente supuesto, el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño o lesión producidos aparece roto por la causa de exoneración de la responsabilidad administrativa consistente en el cumplimiento de los estándares exigibles, dentro de lo razonable, en sus tareas de vigilancia y mantenimiento de las carreteras.

Al no concurrir el meritado nexo causal, no se genera responsabilidad patrimonial alguna de la Administración Pública ya que en modo alguno puede confundirse el sistema de responsabilidad objetiva diseñado por nuestro Ordenamiento Jurídico para dilucidar la responsabilidad patrimonial extracontractual de las Administraciones Públicas con la pretensión de tener a tales Administraciones por aseguradoras universales de todos los riesgos que se produzcan en sus instalaciones o soporte físico de sus competencias, transformando aquél en un sistema providencialista alejado del diseño normativo propio de nuestro Ordenamiento jurídico, según tiene reiteradamente establecido al respecto una consolidada jurisprudencia de los órganos de esta jurisdicción contencioso administrativa (entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1997 , 5 de junio de 1998 y 27 de junio de 2003 ; o la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña número 655/2001 , de 20 de junio).

Por lo expuesto, y entendiendo que el acto administrativo impugnado es conforme a Derecho, procede la íntegra desestimación de la presente demanda.

CUARTO.-El artículo 139 de la LJCA , en la redacción dada por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10 octubre 2011 , de medidas de agilización procesal, establece que: '1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso, a pesar de haberse desestimado la demanda, dado que la Administración incumplió su deber de dictar resolución expresa en plazo, lo que impidió a la actora conocer las razones de su negativa antes de presentar demanda, generando dudas de hecho y de derecho, no procede condena en costas.

Fallo

En atención a lo expuesto, he decidido:

1º DESESTIMAR el presente recurso contencioso-administrativo.

2º No condenar en costas a ninguna de las partes.

Notificada y ejecutoriada que sea la resolución, comuníquese a la Administración demandada para su cumplimiento, con devolución del expediente administrativo.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a la causa, quedando el original en el libro de resoluciones definitivas de este Juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado que la suscribe, de lo que doy fe.-