Sentencia Administrativo Nº 10191/2008, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 576/2004 de 25 de Abril de 2008

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.5

MADRID

SENTENCIA: 10191/2008

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE ACTUACION POR OBJETIVOS

APOYO A LA SECCIÓN QUINTA

SENTENCIA 10191

RECURSO NÚM.: 576-2004

Procurador: D. Jesús Verdasco Triguero

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

FCO GERARDO MARTINEZ TRISTAN

MAGISTRADOS:

MARIA ORNOSA FERNANDEZ

GERVASIO MARTIN MARTIN

FATIMA DE LA CRUZ MERA

CARMEN ALVAREZ THEURER

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Madrid, 25 de abril de 2008.

Visto por la Sala del margen el recurso núm. 576-2004 interpuesto por el procurador D. Jesús Verdasco Triguero en

representación de Dª Lidia contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de

Madrid de 17 de diciembre de 2003; Reclamaciones NUM000 y NUM001 ; ha sido parte demandada la Administración General

del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

Antecedentes

PRIMERO: Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.

SEGUNDO: Dado traslado de la demanda al Sr. Abogado del Estado, para su contestación, lo hizo admitiendo los hechos de la misma, en cuanto se deducen del expediente, alegó en derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido.

TERCERO: No estimándose necesario el recibimiento a prueba ni la celebración de vista pública, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para la

para la votación y fallo la audiencia del día 24/04/2008 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado MARIA ORNOSA FERNANDEZ

Fundamentos

PRIMERO. Se impugna a través de este recurso la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 17 de diciembre de 2003 (en adelante TEAR) que desestimó la Reclamación formulada por la actora contra la liquidación girada por la administración, derivada de acta de disconformidad, por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1991 y contra el acuerdo por el que se le impone una sanción por infracción grave consistente en dejar de ingresar parte de la deuda tributaria por cuantías respectivas de 72.980,42 ¤ y 29.797,15 ¤.

La parte actora sostiene en su demanda que ha prescrito el derecho de la administración a exigir la deuda tributaria ya que cuando se remitieron las actuaciones inspectoras en el año 1996 al Juzgado de instrucción par ala investigación penal de los hechos que surgieron de las mismas ya se conocía por la administración que el importe total de lo que posiblemente se había recibido de forma oculta por la compraventa de un local de negocio por la actora y su marido era la suma de 47.000.000 pesetas con lo que a la vista del tipo impositivo máximo del 53 % del IRPF en aquel momento la cuota máxima resultante nunca podía ser superior a 15.000.000 pesetas en que se cifraba en aquel momento el posible ilícito penal fiscal atribuido a los cónyuges. De ahí que dado que desde el 4 de junio de 1996, fecha en la que se le notificó la remisión de las actuaciones inspectoras al Juzgado de Instrucción, hasta el 13 de junio de 2001 , e que se reanudan las actuaciones inspectoras ha habido una paralización de las mismas de más de cinco años totalmente injustificada puesto que no existía posibilidad de que les fuera imputado el tipo penal a los actores que fue lo que definitivamente acordó el Juez de instrucción en su Auto de archivo respecto de ellos.

Por otra parte, entiende que no está en absoluto acreditado que se cobrase mayor cantidad de la que realmente consta en la escritura por parte de los vendedores.

La defensa de la Administración General del Estado en una escueta contestación a la demanda niega la pr4escripción alegada y solicita la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Por lo que respecta, en primer lugar a la prescripción alegada, cabe señalar a la parte actora que si bien es cierto y no se ponen en duda ni por el TEAR ni por la defensa de la Administración General del Estado que las actuaciones inspectoras derivadas de la autoliquidación del IRPF de 1991 de la actora y su esposo estuvieron interrumpidas desde el 4 de junio de 1996, fecha en la que se le notificó la remisión de las actuaciones inspectoras al Juzgado de Instrucción, hasta el 13 de junio de 2001 , en que se reanudan las actuaciones inspectoras, y así se le notifica, lo cierto es que existía una plena justificación para tal interrupción dada la gravedad de los hechos que de forma masiva se habían descubierto por la administración ya que, supuestamente, en un gran número de compraventas de locales de negocio realizadas por Caja Madrid se había pagado parte del precio de la compraventa a través de una sociedad que, supuestamente también, tenía un contrato de opción de compra sobre el local de negocio. De forma que los vendedores percibían no solo la cantidad que constaba en la escritura de compraventa sino un porcentaje sobre la cantidad que se entregaba por Caja Madrid a la sociedad que tenía la opción de compra.

Para determinar la realidad de tales descubrimientos es por lo que se remitieron las actuaciones a los Juzgados de Instrucción correspondiendo su investigación al Juzgado número 38 a través de las diligencias previas 2766/1996 .

Precisamente, aunque se conociese que la cuantía de la cuota de la actora y de su marido no podía en principio sobrepasar la suma de 15.000.000 pesetas, límite del delito fiscal en aquel momento, tampoco se conocía con exactitud lo realmente percibido por ellos, si era solo lo escriturado o una cantidad muy superior incluso de la de 47.000.000 pesetas, que parecía en aquel momento como percibida y de ahí que estuviese totalmente justificada la interrupción de actuación e investigación administrativa de carácter tributario hasta que por el Juzgado de Instrucción se concluyesen sus investigaciones que finalizaron con el Auto de archivo de 12 de diciembre de 2000 , para todos aquellos denunciados que conforme al informe pericial de 6 de octubre de 2000 no superaban los 15.000.000 pesetas de cuota, entre los que resultó estar la actora y su marido.

Todo ello implica la absoluta justificación de la interrupción de las actuaciones inspectoras lo que estaba expresamente previsto en el art. 77. 6 LGT al estimarse por la administración tributaria que las infracciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública.

TERCERO.- En lo que debe correr mejor suerte el recurso es respecto de lo alegado en cuanto a que la liquidación girada la actora una vez que se concluyeron las actuaciones penales en el Juzgado de Instrucción y se dictó respecto de ella el Auto de Archivo de 6 de octubre de 2000 .

Ello es así porque no existe ningún medio de prueba que acredite la realidad de la percepción por la actora y su marido del 90% de los 47.000.000 pesetas que supuestamente fueron pagados a la sociedad Soplain S. L. por Caja Madrid por la opción de compra que supuestamente tenía la misma respecto del local vendido por la actora a dicha entidad, Caja Madrid, en c/ Infanta Mercedes nº 39.

Ni la administración tributaria en el expediente de comprobación ni la defensa de la Administración General del Estado en este recurso han aportado algún tipo de prueba justificativa de tal extremo, ya que la declaración de D. Andrés ante el Juzgado de Instrucción 38 no puede justificar por sí sola lo supuesto por la administración, puesto que se refiere de forma genérica a que en algunas de las operaciones en las que Caja Madrid realizó la compraventa de locales de negocio se operaba de la forma más arriba descrita, sin referirse en concreto a la operación imputada a la actora y su marido y en todo caso, si dicha declaración no hubiese servido por sí sola para imputarles un delito fiscal desde el punto de vista penal, menos puede servir para imputarles una infracción tributaria.

No consta tampoco en el expediente ni ha sido traído como medio de prueba el informe pericial del Juzgado, base del Auto de archivo de 6 de octubre de 2000 .

Todo ello implica que la administración hizo una liquidación, que es la aquí impugnada, con base en la declaración judicial de una persona, que si no hubiese bastada para imputar a la actora en la vía penal tampoco basta para justificar la liquidación derivada del acta de disconformidad en la vía administrativa tributaria ya que ese es el único medio del que se disponía.

Debe así estimarse el recurso y anularse la resolución impugnada y en consecuencia, la liquidación impugnada y la sanción que de ella deriva.

CUARTO.- No se aprecian motivos de temeridad o mala fe a efectos de la imposición de las costas procesales causadas.

Fallo

Estimamos íntegramente el recurso formulado por la representación procesal de Dª Lidia contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 17 de diciembre de 2003, acto que anulamos por no ser conforme a derecho así como la liquidación y la sanción de la que trae causa, sin que proceda una expresa imposición de las costas procesales causadas.

Por esta nuestra sentencia contra la que no cabe recurso de casación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa en el día , estando celebrando sesión pública, de lo que doy fe.