Sentencia Administrativo Nº 106/2012, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Donostia-San Sebastián, Sección 1, Rec 727/2010 de 14 de Mayo de 2012

Encabezamiento

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de San Sebastián-Donostia

Administrazioarekiko Auzietako 1 Zk. Ko Epaitegia

Procedimiento Abreviado 727-2010

S E N T E N C I A Nº 106/2012

En San Sebastián, a 14 de mayo de 2012.

Vistos por mí, D. Gonzalo Pérez Sanz, Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de San Sebastián, los presentes autos de Procedimiento Abreviado 727-2010 seguidos ante este Juzgado a instancia de Dª. Julieta contra el AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, apareciendo como interesados Dª. Virtudes y otros, representados y asistidos por los profesionales que puede verse en acta, sobre personal, siendo recurrida la Resolución de 18 de marzo de 2010 de la Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se realiza el nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el cuerpo administrativo del Ayuntamiento de San Sebastián, dicto esta Sentencia en virtud de las facultades que me son dadas por la Constitución Española.

Antecedentes

Primero.Las actuaciones arriba referenciadas se iniciaron en virtud de recurso contencioso administrativo contra la resolución antedicha, interesando la recurrente que se dictare Sentencia por la que se estimare el presente recurso contencioso administrativo, se anulare la Resolución de 18 de marzo de 2010 junto con los pronunciamientos que legalmente correspondan, se retrotrayere el procedimiento hasta la valoración de los méritos y se le valoraren a la demandante los méritos contenidos en la presente demanda en el apartado de experiencia profesional, los servicios prestados en la Diputación Foral de Guipúzcoa y en el apartado de formación los cursos relacionados en la demanda, se dejaren sin efecto todas las resoluciones posteriores al acto recurrido, que resultaren incompatibles con los petitums anteriores.

Segundo.Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la administración demandada y se ordenó la remisión del expediente administrativo. Una vez practicadas las necesarias diligencias, el juicio se celebró el 8 de mayo de 2012 con el resultado que consta en autos quedando las actuaciones vistas para sentencia.

Fundamentos

Primero.Refiere la representación de la recurrente que la Sra. Julieta participó en el proceso selectivo del Ayuntamiento de San Sebastián para la provisión de plaza de administrativo correspondiente a la Escala de Administración General; que interpuso reclamación contra los resultados del proceso selectivo en el apartado de méritos, experiencia profesional, alegando que no le había sido valorada la que le vinculó con la D.F.G como Auxiliar Administrativa entre el 13.4.04 y el 18.6.04, el 21.06.04 y el 10.07.04, el 15.11.04 y el 2.05.06, el 15.05.06 y el 1.10.06 y el 18.7.07 y el 20.2.08. Considera la parte que la resolución impugnada vulnera la base 3.1 de la convocatoria, así como el DDFF al acceso a la función pública conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, arts. 14 , 23.2 y 103.3 de la C .E. Considera la parte que acreditada experiencia profesional en el Ayuntamiento de Pasaia en distintos periodos, los mismos no han sido valorados; como entidad local, los servicios prestados en el Ayuntamiento deberían valorarse al igual que los servicios prestados con dicha categoría en el Ayuntamiento de San Sebastián; sostiene que el criterio del tribunal es discriminatorio ya que se valoran los servicios prestados en dos cuerpos diferentes del Ayuntamiento y solo uno y con menor puntuación en el resto de administraciones. Alude a las convocatorias en la D.F.G y que las funciones son las mismas en auxiliares administrativos y administrativos hoy en día. Solicita asimismo que se le valoren los cursos de: Técnicas de empleo, Aproximación a la cooperación, IT Txartea Excel XP avanzado, INTERNET avanzado, WORD XP avanzado, mecanografía, Protección Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Comunitario, Inglés, Ofimática, Como superar Conflictos Asertividad, Nóminas y SS mecanizadas, IRPF y notificaciones, el euro en la empresa y Inglés comercial.

La administración recurrida se opone al recurso sosteniendo que no existe arbitrariedad, ni defectos sustanciales ni desviación de poder en la actuación fiscalizada. Sobre la experiencia profesional refiere el acuerdo del Tribunal Calificador de junio de 2009. Indicando que se valoraron los servicios en el Ayuntamiento de San Sebastián ya que mediante Acuerdo plenario de 27.3.2001 el Ayuntamiento unificó los antiguos puestos, de una lado aux, de otro advo, creando un único puesto unificado auxiliar/advo; valorándose únicamente a partir del 27 de marzo de 2001, esto es, en puesto unificados, no en puesto de auxiliar. Entendiendo que no hay discriminación y que la aplicación de las bases no es arbitraria, se efectúa con igualdad y conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, aplicándose el mismo criterio para todos los aspirantes; así en base a discrecionalidad técnica por el objet de la convocatoria, cubrir plaza de funcionario del Grupo C, C1 adminsitrativos. En cuanto a la formación, se manifiesta la valoración de las IT Taxrtelas y de Asertividad, y nuevamente se refiere el acuerdo del Trbunal Calificador al respecto y también a pronunciamiento de 1 de octubre de 2009 para no valorar titulaciones equivalentes a estudios de bachillerato o formación profesional, ni tampoco aquellos cursos cuyo principal objetivo formativo no estuviera dirigido a obtener conocimientos relacionados con las funciones de los puestos convocados. De los cursos cuya valoración se pretendía: los de técnicas de empleo, aproximación a la cooperación, protección internacional de DDHH Derecho Comunitario, inglés inglés comercial, el euro y la empresa IRPF carecen de relación con las funciones genéricas del puesto; los relativos a nóminas, mecanografía y ofimática no son formación complementaria sino básica para el puesto con referencia al acuerdo del Tribunal Calificador de 19 de junio de 2009, aplicándose el criterio de forma igual por el Tribunal Calificador a todos los aspirantes.

Segundo.Establecido en esos términos el debate y discrepancia entre las partes, hemos de concluir que nos encontramos ante cuestión eminente jurídica: adecuación o no a derecho de la puntuación otorgada a la recurrente en el proceso selectivo para la provisión de plaza en el Ayuntamiento de San Sebastián, mostrándose contraria a la recibida por experiencia profesional y a la no valoración de diferentes cursos.

A este respecto, debe recordarse la jurisprudencia sobre el significado y ámbito que ha de reconocerse a la llamada doctrina de la discrecionalidad técnica, y sobre las posibilidades que ofrece el control jurisdiccional frente a los actos de calificación especializada en los que se proyecta dicha doctrina.

Esa jurisprudencia, procedente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, está caracterizada por el permanente esfuerzo de ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa ( artículo 106.1 CE ), y sus líneas maestras e hitos evolutivos se pueden resumir en lo que sigue:

a) La legitimidad de lo que doctrinalmente se conoce como discrecionalidad técnica fue objeto de reconocimiento por la STC 39/1983, de 16 de mayo , que justificó y explicó su alcance respecto al control jurisdiccional con esta declaración:

'Pero no puede olvidarse tampoco que ese control puede encontrar en algunos casos límites determinados. Así ocurre en cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano especializado de la Administración y que en sí mismo escapa por su propia naturaleza al control jurídico, que es el único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales, y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que el juicio afecte al marco legal en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de legalidad, (...)'.

b) La jurisprudencia inicial del TS, desde el mismo momento del reconocimiento de esa discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma, que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas de control que significan los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho.

Así lo hizo la STS de 5 de octubre de 1989 , que se expresa así:

'Los órganos administrativos a quienes corresponde la valoración de las pruebas de acceso a la función pública gozan de un cierto margen de discrecionalidad en la apreciación de las pruebas, que incluso merece la calificación de técnica no revisable jurisdiccionalmente en lo que se refiere a los juicios que la Administración emita acerca de la apreciación de los méritos aportados o ejercicios realizados, pero ello no excluye el que los Tribunales puedan controlar la concurrencia de los límites generales jurídicamente impuestos a la actividad discrecional no técnica de la Administración que se refieren a la competencia del órgano, procedimiento, hechos determinantes, adecuación al fin perseguido y al juego de los principios generales del derecho , entre los que, en estos casos, cobran especial interés los de mérito y capacidad expresamente señalados al efecto por el artículo 103 CE '.

c)La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, el TS completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el 'núcleo material de la decisión' y sus 'aledaños'.

El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades.

Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitar la materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico.

Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad.

La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre , como también en numerosas Sentencias del TS (entre otras, en las STS de 28 de enero de 1992, recurso 17267/1990 ; de 11 de diciembre de 1995 recurso 13272/1991 ; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991 ; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990 ).

d)Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico.

Como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional ( artículo 9.3 CE ) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio del Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación.

Así se expresa la STS de 10 de mayo de 2007, recurso 545/2002 :

'(...) Tiene razón el recurso de casación en que la sentencia de instancia no enjuició correctamente la cuestión de fondo que le fue suscitada y en la infracción delartículo 24de la Constitución que con ese argumento se denuncia.

Como es bien sabido, dicha discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las valoraciones de esa índole que hayan sido realizadas por los órganos cualificados por la posesión del correspondiente saber especializado y, por otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas cuestiones venga siendo tolerado en el concreto sector de conocimientos técnicos de que se trate.

Pero una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica, ya que, ante la expresa petición de que dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate'.

e) La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada.

Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.

Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, el recurso no puede prosperar, dado que la actora conocía el material y fuentes sobre las que iba a operar el juicio técnico. Las bases de la convocatoria en el apartado tercero se refieren a la experiencia profesional; así mismo, consta acuerdo del Tribunal Calificador sobre experiencia profesional de 19 de junio de 2009 en el que se expresa: ' El Tribunal acuerda establecer los siguientes criterios básicos para la valoración de méritos: Experiencia profesional: se valorará la experiencia profesional como Administrativo en la Administración Pública. Si lo ha sido en la Administración Local por ej Ayuntamientos Mancomunidades Diputación Foral podrá valorarse en el primer apartado siempre y cuando se acredite haber desempeñado funciones iguales que los puestos convocados. La experiencia profesional como Auxiliar Administrativo se valorará únicamente si los servicios prestados lo han sido en el Ayuntamiento de Donosita San Sebastián, así como en sus Organismos Autónomos y Entidad Pública Empresarial y solamente si los mismos han sido desempeñados a partir del 27 de marzo de 2001, fecha en la que el Ayuntamiento unificó los puestos de Administrativo y Auxiliar Administrativo. Formación: no se valorarán las Titulaciones Oficiales (Por ej. Diplomaturas Universitarias, Licenciaturas). Cursos de informática unicamente se valorarán las IT Txartelas avanzadas en la forma especificada en las Bases Específicas de la convocatoria. Respecto a los cursos entras materias solamente se valorarán los cursos impartidos u organizados por Adminsitraciones Públicas. No se tendrán en cuenta los curso de taquigrafía o mecanografía',debiendo tener en cuenta las facultades que al Tribunal Calificador atribuyen las bases del proceso selectivo.

En efecto, como con detalle obra en autos a partir de la contestación de la corporación local no puede reputarse arbitraria o discriminatoria la puntuación otorgada a la actora por el Ayuntamiento ya que existe diferencia entre los supuestos: obsérvese la referencia Acuerdo Plenario de 27 de marzo de 2001 unificando los puestos y creando un único puesto unificado, ya que se distinguen los supuestos grupo D, Grupo C y puesto unificado aux/advo grupo C/D, siendo insuficiente la mera discrepancia de la actora e improcedente la pretensión esgrimida tendente a una nueva valoración de los méritos alegados, como se ha expuesto en los anteriores párrafos.

En cuanto a la valoración de la formación, cursos aludidos por la actora, como documento nº 1 de la contestación consta la puntuación de la recurrente que en el apartado formación ya recibe valoración de Excel XP avanzado, Internet avanzado, Word XP avanzado, asertividad. En cuanto a los demás cursos, tampoco puede sustituirse el criterio administrativo volviendo a aplicar los razonamientos ya expresados; indicando también que hubo acuerdo del Tribunal Calificador de 1 de octubre de 2009 en el que se resolvió para todos los aspirantes: ' Tampoco serán valorados los cursos cuyo principal objetivo formativo no este dirigidos a obtener conocimientos relacionados con las funciones de los puestos convocados. En consecuencia no serán tenidos en cuenta entre otros los cursos de formación ene l ámbito de la empresa (gestión financiera, contabilidad,...)';debiendo mantener el criterio administrativo en base a la argumentación de la corporación local al contestar la demanda - En cuanto a la formación, nuevamente se refiere el acuerdo del Trbunal Calificador al respecto y también a pronunciamiento de 1 de octubre de 2009 para no valorar titulaciones equivalentes a estudios de bachillerato o formación profesional, ni tampoco aquellos cursos cuyo principal objetivo formativo no estuviera dirigido a obtener conocimientos relacionados con las funciones de los puestos convocados. De los cursos cuya valoración se pretendía: los de técnicas de empleo, aproximación a la cooperación, protección internacional de DDHH Derecho Comunitario, inglés inglés comercial, el euro y la empresa IRPF carecen de relación con las funciones genéricas del puesto; los relativos a nóminas, mecanografía y ofimática no son formación complementaria sino básica para el puesto con referencia al acuerdo del Tribunal Calificador de 19 de junio de 2009, aplicándose el criterio de forma igual por el Tribunal Calificador a todos los aspirantes -ya que integra la discrecionalidad técnica a la que se alude en el cuerpo de esta Sentencia.

Cuanto antecede determina la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada.

Tercero.-Procede resolver sin costas, artículo 139.1 LRLCA.

Cuarto.-La presente resolución NO ES FIRME y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ordinario.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de Dª. Julieta contra la Resolución indicada en el encabezamiento debiendo confirmar la misma por ser ajustada a Derecho, sin imposición de costas.

MODO DE IMPUGNAR ESTA RESOLUCIÓN: mediante RECURSO DE APELACIÓN EN AMBOS EFECTOS , por escrito presentado en este Juzgado en el plazo de QUINCE DÍAS, contados desde el siguiente a su notificación ( artículo 81.1 de la LJCA ), y previa consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con nº 1885, de un depósito de 50 euros, debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso'.

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito ( DA 15ª LOPJ ).

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el/la Ilmo/a. Sr/a. MAGISTRADO que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.