Sentencia Administrativo Nº 1085/2004, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 1246/2002 de 14 de Julio de 2004

Revoca el TSJ la resolución que impone al recurrente mismo sanción de separación del servicio, pues el alcance de la vulneración del art. 30.1 RD 33/1986, no supone una simple irregularidad no invalidante. La función del instructor en los expedientes sancionadores resulta extraordinariamente relevante por cuanto es este órgano el que delimita pormenorizadamente los hechos sometidos a enjuiciamiento y la participación en los mismos, admitiendo o denegando, como en el supuesto de autos, la práctica de las diligencias probatorias necesarias para aquella acreditación. Por otra parte, la exigencia general de que el instructor del expediente sea un funcionario público que no pertenezca a la Corporación no puede ser más lógica. Por una parte, encomienda la función de determinar los hechos y la participación en los mismos de las personas responsables a un técnico en la actuación administrativa conocedor, a priori, de los deberes y derechos encomendados al funcionario afectado; por otra, permite que el instructor se independice absolutamente del órgano decisor del expediente, aumentando de este modo las garantías de su imparcialidad. En definitiva, el indebido y antijurídico nombramiento del instructor en el caso analizado vicia todo el procedimiento y determina, en consecuencia, la nulidad de la Resolución impugnada por ser contrario a Derecho el acuerdo de incoación del expediente en el particular en que se nombraba instructor a persona que no reunía las condiciones establecidas en el citado art. 30.1 del Reglamento de Régimen Disciplinario.