Sentencia Administrativo Nº 1100/2004, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 1485/2002 de 21 de Julio de 2004

La Sala estima que la medida de expulsión acordada no infringe el principio de proporcionalidad, pues la sanción impuesta se encuentra legalmente prevista por el Legislador para la concreta infracción cometida por el recurrente. Es de aplicación al caso la STC de 20 de julio de 1999, que dice que es al legislador al que corresponde configurar la proporciona entre las conductas que pretende evitar y las sanciones con las que intente conseguirlo, gozando en esta materia de un amplio margen de libertad, que deriva de su posición constitucional y, en última instancia, de su especifica legitimidad democrática. Solo en supuestos excepcionales puede la jurisdicción ordinaria cuestionar dicho marco legislativo, planeando ante el TC la oportuna cuestión de constitucionalidad. Pero esta excepción no concurre en el caso actual, pues la inconstitucionalidad de la sanción legal solamente cabría apreciarla cuando produzca "un patente derroche inútil de coacción que convierta la norma en arbitraria y que socave los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho". En tales condiciones, la expulsión acordada ha sido ajustada a Derecho, puesto que consta que la recurrente carecía de documentación legal para residir en España, y en consecuencia es aplicado el art. 53, a) Ley 4/2000 reformado por la Ley 8/2000.