Sentencia Administrativo Nº 1147/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 2954/2004 de 07 de Septiembre de 2007

Encabezamiento

PO 2954/04

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.1

MADRID

SENTENCIA: 01147/2007

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

RECURSO Nº 2954/2004

S E N T E N C I A 1147

PRESIDENTE.

Don Alfredo Roldán Herrero

MAGISTRADOS

Doña Clara Martínez de Careaga y García

Doña Francisca Rosas Carrión

Doña María Jesús Vegas Torres

Don José Félix Martín Corredera

Don Francisco Javier Sancho Cuesta

En Madrid a siete de septiembre de dos mil siete

Vistos los autos del recurso número 2954/2004 que ante esta Sala ha promovido el Procurador de los Tribunales D. José Antonio Pérez Martínez en nombre y representación de Dª. Irene frente a la resolución notificada por el Consulado de España en Quito, de fecha 17 de junio de 2004, de denegación del visado de estancia, habiendo sido parte la Administración General del Estado representada por la Abogacía del Estado y siendo Ponente Don Francisco Javier Sancho Cuesta.

Antecedentes

PRIMERO. Admitido a trámite el recurso, se acordó reclamar el expediente administrativo, y una vez remitido, se acordó la puesta a disposición del demandante para que dedujera la demanda en el plazo de veinte días, lo que se formalizó por escrito de 19-11-2004, en el que tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que se estimó de aplicación, se solicitaba la revocación de la resolución recurrida y la concesión del visado solicitado.

SEGUNDO. Dado traslado a la Administración para que contestara en plazo de veinte días, la parte demandada lo hizo mediante escrito en el que solicitó la desestimación del recurso.

TERCERO. Concluso el procedimiento, se señaló para la votación y fallo el día 6-9-2007, en que se efectuó.

Fundamentos

PRIMERO. Se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución notificada por el Consulado de España en Quito, de fecha 17 de junio de 2004, de denegación del visado de estancia.

La parte actora alega que se cumplen todos los requisitos exigidos por la legislación vigente y que aunque la resolución no requiere motivación, no debe inferirse la absoluta discrecionalidad de la Administración.

La Abogacía del Estado opone que no se acreditan el objeto y condiciones de la estancia existiendo contradicciones en el expediente y pide la desestimación.

SEGUNDO. Conforme al apartado tercero del art. 27 de la L.O. 8/2000 , de reforma de la L.O. 4/2000, de 11 de enero , el ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como las de inmigración, económica y de seguridad.

La Ley de Extranjería consagra una auténtica potestad discrecional en estos casos, aunque dicha discrecionalidad en cuanto al fondo de la decisión no deba confundirse por supuesto con arbitrariedad que suponga la exención total del cumplimiento de las normas jurídicas, siendo de aplicación en cualquier caso las que regulan el procedimiento y la competencia para dictar el acto administrativo.

Pues bien, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22-12 , de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11-1 , la denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para trabajo por cuenta ajena.

En definitiva, la Ley no exige motivar expresamente la denegación de los visados de estancia y aunque ciertamente la Sala puede revisar el ejercicio de esta discrecionalidad de acuerdo con la moderna corriente jurisprudencial, debe entenderse que la carencia de una específica motivación en la denegación de los visados de estancia no constituye por si sola una irregularidad que pueda generar una infracción invalidante y ello por no otorgar la Ley derecho subjetivo alguno a obtener la autorización que se solicita, remitiéndose al ejercicio de la discrecionalidad en la apreciación de cuál es en cada caso y cada momento concreto la ponderación que debe hacerse entre el interés del extranjero solicitante y los intereses del Estado español así como los compromisos internacionales contraídos.

TERCERO. Conforme al art. 11 del R.D. 864//2001, de 20 de julio :

"1. Las solicitudes de visado deberán acompañarse de los documentos que acrediten:

a) El objeto del viaje y las condiciones del tránsito o la estancia previstos.

b) La disposición de medios de subsistencia suficientes para el periodo que se solicita. El nivel de dichos medios habrá de ser proporcional a la duración y objeto del viaje; para ello, se tomará como referencia la cuantía fijada a los efectos de entrada en el territorio. La disponibilidad de medios incluye en todo caso ser beneficiario, a título individual o colectivo, de un seguro de viaje que cubra, durante todo el tiempo de su estancia y en la totalidad de los Estados que aplican los acuerdos internacionales de supresión de controles fronterizos en los que España sea parte, los gastos médicos y la repatriación asociados a un accidente o a una enfermedad repentina, salvo en el supuesto de visados de estancia especial que, en aplicación del art. 7.1.c) de este Reglamento , se expidan para la realización de actividades lucrativas por cuenta ajena.

c) La disposición de alojamiento en España durante el tránsito o la estancia.

d) Las garantías de retorno al país de procedencia o, en su caso, de admisión en el país de destino una vez efectuado el tránsito por España o por el territorio de los Estados para los que sea válido el visado.

e) Cuando el solicitante de visado de estancia aporte en apoyo de su solicitud una carta de invitación de un ciudadano español, éste deberá garantizar y responsabilizarse del cumplimiento de cada uno de los supuestos contenidos en los párrafos a), b), c) y d)."

Es decir, es el solicitante el que debe acreditar el objeto y las condiciones de la estancia y los medios económicos y aportar la documentación suficiente al efecto, por lo que si ello no se apreciara suficientemente cumplimentado en el expediente, la autoridad competente podrá en tales supuestos denegar la solicitud efectuada que se habrá de estimar acaecida por falta de acreditación de los requisitos necesarios para acceder al territorio nacional.

Analizada la presente solicitud a la luz de tales parámetros es evidente que no se ha acreditado suficientemente el objeto y las condiciones de la estancia en ciertos aspectos, pues además de que el invitante se responsabilice de determinados extremos en la carta de invitación se precisa acreditar fehacientemente la existencia de los mismos, y así se constata por ejemplo que mientras el visado se solicitó para sesenta días el acta de invitación alcanza únicamente a una estancia de un mes, la carta de asistencia que consta en el expediente resulta ilegible y no consta el clausulado para poder constatar si cubre todo el tiempo de estancia y todos los gastos médicos y la repatriación asociados a un accidente o a una enfermedad repentina, y tampoco hay acreditación de garantías suficientes de retorno y de medios económicos adecuados, constando solo una nómina de 653,27 euros de 12/2003 cuando el visado se solicitó el 9-6-2004 y sin que se efectúe una estimación de los gastos que hubiera de soportar, así se deduce la existencia de una hipoteca a los que se habría de añadir todos los necesarios para el funcionamiento de una casa, manutención y otros, y si bien se ha aportado a autos un certificado de saldo bancario, en él se expresa también que la recurrente es titular junto con otra persona, de préstamo hipotecario, con capital pendiente de 125.704,47 euros, desconociéndose en consecuencia la finalidad del citado saldo y la disponibilidad económica exacta de la recurrente para hacer frente a todos los gastos derivados del visado solicitado, por lo que, valorando en conjunto todas las circunstancias concurrentes, no cabe estimar que la resolución administrativa incurra en arbitrariedad prohibida a los poderes públicos por el art. 9.3 de la C.E .

Por todo lo expuesto el recurso se ha de desestimar.

CUARTO. No existen méritos para hacer expresa imposición de las costas a alguna de las partes, al no apreciarse mala fe o temeridad, de conformidad con el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación.

Fallo

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Antonio Pérez Martínez en nombre y representación de Dª. Irene frente a la resolución notificada por el Consulado de España en Quito, de fecha 17 de junio de 2004, de denegación del visado de estancia, sin imposición en costas.

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la misma, a preparar ante esta Sala.

Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos