Sentencia Administrativo Nº 1191/2008, Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 1408/2006 de 10 de Octubre de 2008

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo

RECURSO: 1408/06

RECURRENTE: TALLERES GUERRA S.L.

PROCURADOR: DÑA. PILAR ORIA RODRIGUEZ

RECURRIDO: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO

REPRESENTANTE: SR. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA nº 1.191/08

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Luis Querol Carceller

Magistrados:

D. Antonio Robledo Peña

Dña. Olga González Lamuño Romay

En Oviedo a diez de octubre de dos mil ocho.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1408/06, interpuesto por TALLERES GUERRA S.L., representado por el Procurador Dña. Pilar Oria Rodríguez, actuando bajo la dirección Letrada de Dña. Beatriz Fernández Sáenz, contra el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ASTURIAS, representado por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Antonio Robledo Peña.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia estimando en todas sus partes este recurso, en la cual acuerde la revocación de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 10 de marzo de 2006 y anule el Acta de Disconformidad nº A02-71014450 incoada por la Dependencia Regional de Inspección Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Asturias en materia de Impuestos de Sociedades de los ejercicios 2001 y 2002, así como la sanción derivada de dicho Acta, con nº A23-73669024, dictadas en los expediente de reclamación número 33/2156/05 y 33/2157/05 impugnados, por no ser conformes a derecho.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del juicio a prueba ni la formulación de conclusiones.

CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente el día ocho de octubre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.

Fundamentos

PRIMERO.- Constituye el objeto de este recurso contencioso-administrativo la impugnación de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias de fecha 10 de marzo de 2006, desestimatoria de las reclamaciones acumuladas núm. 33/2156/05 y 33/2157/05 formuladas contra sendos acuerdos de la Dependencia Regional de Inspección Tributaria de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Asturias, por los que respectivamente se desestiman recursos de reposición interpuestos contra liquidación provisional del Impuesto sobre Sociedades derivada del acta de disconformidad A02 núm. 71014450, correspondiente a los ejercicios 2001 y 2002, ascendiendo la deuda tributaria a 17.674,92 euros, incluida cuota más intereses de demora, y contra sanción total de 14.263,88 euros por la comisión de sendas infracciones tributarias graves resultantes de la mencionada liquidación.

Se alega en apoyo de la pretensión anulatoria deducida que se ha justificado con todos los medios posibles la realidad de las operaciones que la Inspección considera ficticias, tanto en lo que se refiere al encargo y suministro de los materiales como en el pago de las facturas que amparan dichos suministros, por lo que no cabe afirmar la actuación fraudulenta de la actora, con independencia de las responsabilidades fiscales que, en su caso, pudieren imputársele al proveedor.

SEGUNDO.- La cuestión controvertida estriba en determinar si, conforme al artículo 10 de la Ley 43/1995 , son fiscalmente deducibles a efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, los gastos reflejados en las tres facturas emitidas por don Aurelio , que se detallan en la resolución impugnada y a las que se refieren las alegaciones de la demanda. La recurrente sostiene que dichas facturas cumplen todos los requisitos legales, fueron pagadas mediante cheques bancarios contra su cuenta corriente, y las operaciones fueron correctamente contabilizadas, por lo que lógicamente sólo se puede concluir que existe una presunción de corrección en la deducción de los gastos, al cumplirse todos los requisitos objetivos para ello. Directamente relacionado con esto está el valor que debe darse a cada factura, a lo que hay que decir que la factura fiscal, la cual tiene un contenido diverso a la simplemente mercantil, es una combinación de actos jurídicos diversos ya que de una parte es una declaración de voluntad y de otra de conocimiento de actos de hecho y de derecho y a su vez es, en parte, una confesión extrajudicial en la medida en que es siempre una manifestación de conocimiento o de ciencia sobre la existencia o inexistencia de datos de hecho, por ello admite prueba en contrario y su contenido fáctico deberá apreciarse caso por caso por el órgano judicial correspondiente, lo que es obvio, además, porque la factura no deja de ser un documento testimonial de procedencia unilateral. Por ello, en el caso de autos, debe señalarse que la Inspección acredita hechos suficientes que permiten la desvirtuación de la presunción establecida legalmente acerca de la prestación de los servicios contenidos en las facturas que aquella considera ficticias, sin que sea suficiente con que esté contabilizado el gasto y acreditado el pago efectivo de las facturas mediante cheques, cuando de la actuación de comprobación e investigación llevada a cabo por la Inspección de los Tributos, cabe concluir que se ha acreditado suficientemente que dichas facturas no se corresponden con entregas de bienes o prestaciones de servicios por parte del Sr. Aurelio , al no reunir éste las condiciones para realizar tales operaciones, debido a la ausencia de imputaciones de compras y gastos, ausencia de local y personal asalariado, entre otros aspectos. Estamos pues, como indica con acierto la Administración demandada, en el ámbito del artículo 108.2 de la Ley General Tributaria "Para que las presunciones no establecidas por las normas sean admisibles como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano", que ampara la conclusión de no poder admitirse como deducibles los gastos soportados que se reflejan en las facturas emitidas por aquel, por cuanto se parte de una serie de hechos demostrados reveladores de la carencia de una infraestructura empresarial mínima necesaria para poder llevar a cabo los trabajos que se pretenden realizados por el emisor de las facturas, de los que cabe colegir, de un modo directo y preciso de acuerdo con las reglas lógicas del criterio humano, que las facturas aportadas no se corresponden con operaciones efectivamente realizadas y, por tanto, no pueden considerase como deducibles los mencionados gastos soportados en relación con dichas facturas.

TERCERO.- Nada se alega por la parte actora sobre la sanción total impuesta por la comisión de sendas infracciones tributarias graves, por lo que basta decir que el artículo 77.1 de la Ley General Tributaria 230/1963 , tanto en su redacción dada por la Ley 10/1985 de 26 de abril , como en la dada por la Ley 25/1995 de 20 de julio , indica que: "1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia", y el artículo 79 establece a su vez que "Constituyen infracciones graves las siguientes conductas: a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria,..."; pues bien, en el caso de autos es evidente que habiéndose comprobado la existencia de operaciones ficticias que han servido para determinar parte de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, lo que ha llevado a una falta parcial de ingreso de la cuota debida por dicho Impuesto, se está produciendo el presupuesto de la infracción en cuanto que se han deducido unos gastos asociados a facturas que documentaban operaciones que no han sido efectivamente realizadas, sin que concurra ningún supuesto de exoneración, pues aunque la norma incumplida es clara el contribuyente aplica la deducción de unos gastos a la que no tenía derecho y que conlleva una menor tributación.

CUARTO.- Como consecuencia de todo lo expuesto, es necesario el dictado de una sentencia que desestime íntegramente la pretensión anulatoria contenida en el suplico de la demanda de la parte recurrente, declarando la conformidad a derecho de la resolución administrativa recurrida; sin que entienda esta Sala que deban imponerse las costas devengadas en este recurso a ninguna de las partes, al no apreciarse en la conducta procesal de las mismas mala fe o temeridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por doña Pilar Oria Rodríguez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad mercantil TALLERES GUERRA, S.L., contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias de fecha 10 de marzo de 2006, siendo parte demandada el Sr. Abogado del Estado, resolución que se mantiene por ser ajustadas a Derecho la liquidación provisional practicada y la sanción impuesta, ambas en relación al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2001 y 2002; sin hacer especial condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe interponer recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.