Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 12/2017, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 4, Rec 94/2014 de 19 de Enero de 2017

Encabezamiento

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 4 DE BARCELONA

Procedimiento: PO 94/14 E

Partes: KARPAS DE LA MOGUDA, SL / AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA.

Representantes: Procurador D. Carlos Testor Olsina / Procurador D. Jesús de Lara Cidoncha.

SENTENCIA Nº 12/17

En Barcelona, a 19 de enero de 2017

Vistos por mí, ROSA MARIA MUÑOZ RODON, Magistrado - Juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Barcelona, los autos al margen referenciados, en el en el ejercicio de la función jurisdiccional que me confieren la Constitución y las leyes, en nombre de S.M. el Rey, he dictado la presente sentencia con arreglo a los siguientes

Antecedentes

Primero.-En fecha 28 de febrero de 2014 la representación procesal de la actora interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se dirá. Admitido a trámite el recurso por la vía del procedimiento ordinario y reclamado el expediente a la Administración demandada, ésta compareció, aportándolo. Se confirió el trámite de demanda a la parte actora, quien lo formuló fijando sus pretensiones. Conferido traslado a la parte demandada, ésta formuló contestación. Solicitada la apertura del recurso a prueba, ésta se practicó con el resultado obrante en autos, tras lo cual se formularon conclusiones por las partes, quedando los autos conclusos para Sentencia.

Segundo.-En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todos los trámites legales.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte actora impugna la resolución del ayuntamiento de Santa Perpètua de la Mogoda de fecha23 de diciembre de 2013por la que se acuerda extinguir mediante resolución el contrato de concesión de uso privativo de dos porciones de terreno en Can Bernades Nou con destino a equipamiento cultural asociativo y recreativo formalizado el 18 de abril de 2005 con la recurrente conforme al art. 111.h) de la LCAP en relación con la cláusula 19ª.d) de los pliegos de cláusulas que rigen el contrato, así como art. 100.f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones públicas.

En la propia resolución se fijaban cono deudas pendientes de pago a fecha 17 de diciembre la cantidad de 412.718,29 euros, incluidos los recargos e intereses de demora correspondientes sobre el importe principal, sin perjuicio de los intereses y recargos que se meritaran con posterioridad.

Se acordaba incautar el resto de la garantía definitiva del contrato depositada por el contratista por importe de 15.573,44 Euros a tenor de lo dispuesto en los arts. 113.4 y 113.5 de la LCAP .

Finalmente, se acordaba, conforme a lo dispuesto en los arts. 71 y 72 de la Ley General Tributaria y de los arts. 55 a 59 del Reglamento General de Recaudación , aprobado por R.D.939/2005, de 29 de julio, que se procediera a la compensación parcial de la deuda sobre la cuantía incautada.

Por auto de fecha 21 de julio de 2014 se acordó la ampliación del objeto del presente recurso a las siguientes resoluciones, todas de la Administración demandada:

1) La de14 de abril de 2014, que estimaba parcialmente la solicitud de fecha 9 de abril de 2014 efectuada por la actora y concedía la ampliación de un mes de plazo a contar desde la recepción de la citada resolución, con las mismas advertencias y condiciones de la resolución de 17 de marzo de 2014. (En la resolución de 17 de marzo de 2014 se requería a la actora para que en 15 días comunicara día y hora para proceder a realizar el acta de comprobación, entrega de llaves y recoger todos los enseres de su propiedad que se hallaren en el interior del inmueble).

2) La de7 de mayo de 2014,que advertía a la actora que en ningún caso podía alienar las instalaciones (incluidas las carpas o toldos allí instalados) que actualmente contaban en el espacio objeto de la concesión sin el consentimiento expreso del Ayuntamiento para velar por el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato. Para el caso de incumplimiento de dicha advertencia la Administración procedería a aplicar las penalizaciones y o posibles sanciones conforme a la legislación vigente.

3) La de12 de mayo de 2014, que ordenaba a la policía local que procediera al precinto del inmueble de propiedad municipal situado en la calle del Aplec, s/n, como medida de carácter provisional a fin de evitar mayores daños y perjuicios de los que en la fecha de la resolución se habían causado en el patrimonio municipal a la vez que garantizar la reversión de las instalaciones construidas conforme a lo dispuesto en los Pliegos de cláusulas administrativas reguladoras del contrato de concesión suscrito con la actora. Igualmente se acordó adoptar las medidas de vigilancia y / o retirada del material que forma parte de la instalación de la cubierta tensoestática formada por dos conjuntos de conoides construida que revierte a favor del Ayuntamiento para garantizar la seguridad en el interior del recinto, así como cualquier otra medida que resultara necesaria. Y ordenar a los servicios técnicos municipales que realizaran inspección del terreno y construcciones a fin de valorar los posibles daños que se hubieran podido causar sobre el patrimonio municipal, conforme a lo estipulado en el contrato de concesión.

4) La de15 de mayo de 2014, que inadmitía la solicitud de dejar sin efecto el contenido del Decreto de 7 de mayo de 2014, así como la petición de realizar la entrega de llaves el 30 de mayo, a resultas de los hechos y acuerdos municipales adoptados con posterioridad. Se autorizaba también a la actora la retirada de diverso material, en concreto: extintores, material de oficina, estufas, camilla, papeleras, barras, muebles barras, barras guardarropa, aparatos de aire acondicionado, focos, ordenadores, estanterías, mamparas de cristal móvil. Se advertía que la retirada de dicho material no podía llevarse a cabo sin la comunicación expresa y por escrito del día y la hora en que se tenía previsto y en el plazo máximo de cinco días desde la recepción de la notificación.

5) Y la de22 de mayo de 2014, que fijaba como fecha límite para llevar a cabo los trabajos de retirada de los enseres expresamente autorizados el día 23 de mayo a las 20 horas, advirtiendo que una vez transcurrida la fecha fijada, todos los enseres que se hallaren en el interior del recinto se consideraría que no son de interés de la actora, dándoles el Ayuntamiento el destino que mejor considere, incluida la eliminación y o destrucción de los mismos.

La recurrente solicita en su escrito de demanda la estimación del recurso,.así como que se declare no ajustada a derecho la resolución impugnada y que se anule; también solicita que se declare la caducidad del expediente de resolución del contrato de concesión; que se declare su derecho a la devolución del aval depositado como garantía de la construcción del edificio del CAM; que se declare que el Ayuntamiento no ha velado por el goce pacífico de la concesión a favor de la sociedad recurrente al haber permitido la actividad de discoteca en el CAM (Centre d'Assaig Musical) en competencia por ello con la actividad de discoteca del concesionario, incumpliendo el pliego de condiciones.

Finalmente solicita la condena en costas de la demandada.

La parte demandada se opone a las pretensiones de la actora, solicitando la desestimación del recurso y la condena en costas de la actora.

SEGUNDO.-No constituye un hecho controvertido que en fecha 23 de marzo de 2005 el Ayuntamiento de Santa Perpètua de la Mogoda, ahora demandado, acordó adjudicar a la recurrente el uso privativo de dos porciones de terrenos sitos en dicho término municipal, en Can Bernades Nou. En virtud de dicha adjudicación, la actora hizo efectiva la suma a la que ascendía la fianza impuesta, de 45.578,72 Euros. El destino de los locales era equipamiento cultural asociativo y recreativo. La vigencia de la concesión se fijó en 15 años.

El pliego de cláusulas administrativas, cláusula séptima, fijaba un canon mínimo anual de 48.215 Euros, modificable anualmente con las variaciones porcentuales experimentadas por el sistema de IPC en el ámbito de Catalunya. Teniendo en cuenta que la publicación de los IPC definitivos se suelen demorar, la cláusula contemplaba que en la fecha en que correspondiera el abono del canon anual, se aplicaría el índice provisional publicado en el mes correspondiente, sin perjuicio del ajuste procedente a la vista del índice definitivo. La misma cláusula establecía que atendida la inversión a llevar a cabo, durante el año 2005 no se abonaría el canon resultante de la licitación. Durante el primer semestre de los años sucesivos, a partir del 2006, se procedería a la liquidación del susodicho canon.

En virtud del pliego de cláusulas administrativas, el adjudicatario se obligaba a la construcción de un aparcamiento público para 200 vehículos; a la construcción de un aparcamiento público de 1.100 m2 anexo a las actividades recreativas y al Centro de Ensayos Municipales (CAM); cierre ajardinado alrededor de todas las instalaciones; al derribo de las edificaciones existentes en la parcela; a la urbanización de la calle interior de servicio; a la construcción de un edificio destinado a Centro de Ensayo Municipal (CAM), de gestión municipal para ensayos y actuaciones de grupos musicales y otras representaciones; al abono del canon que se dirá y a la constitución de la garantía antes reseñada, así como al resto de obligaciones menores contempladas en la cláusula Tercera del Pliego de cláusulas administrativas (folio 4 del expediente administrativo). También se obligaba el adjudicatario a lo establecido en la cláusula décima del pliego en relación a obtención de licencias, conservación del espacio, abono de impuestos, gastos de funcionamiento, indemnización de daños a terceros y al propio Ayuntamiento.

La cláusula 12ª del pliego (folio 12 del expediente administrativo) establece que el Ayuntamiento entrará en posesión de todas las instalaciones y dotaciones de naturaleza inmobiliaria que configuran el equipamiento al finalizar la concesión llevará a cabo su desahucio por vía administrativa, en su caso. Se establece que igualmente corresponde a la Corporación Municipal la facultad de inspeccionar los bienes objeto de concesión, así como las instalaciones y construcciones.

No resulta tampoco controvertido que en fecha 18 de abril de 2005 (folios 39 y 40 del expediente administrativo) se formalizó el correspondiente contrato administrativo en el que se fijó un canon anual a abonar por la concesionaria de 48.200 Euros, y una vigencia de la concesión de 15 años a partir de la fecha de la adjudicación.

No discuten las partes que parte del canon del ejercicio 2008 fue compensado por parte del Ayuntamiento.

Y no resulta controvertido que los restantes cánones de los ejercicios 2009 a 2012 y la parte no compensada del ejercicio 2008 no fue abonada por el concesionario.

TERCERO.-Como antecedente fáctico, es importante destacar que tal como admite la actora, por resolución de fecha 19 de marzo de 2013 fue declarado resuelto el contrato suscrito para la concesión demanial que nos ocupa. En dicha resolución, como admite la actora, se confería el plazo de 15 días para el desalojo y el de 24 horas para el cierre.

Contra dicha resolución la actora interpuso recurso contencioso administrativo que fue turnado a este Juzgado bajo el número 23/2013 E, que finalizó, tras la revocación de la resolución recurrida y acuerdo de retracción de actuaciones por parte del Ayuntamiento ahora demandado, por Auto de este Juzgado de satisfacción extraprocesal de fecha 18 de abril de 2013 (folios 149 y ss. del expediente administrativo).

Por resolución de fecha 30 de julio de 2013 se acordó por parte del Ayuntamiento de Santa Perpètua de la Mogoda la incautación parcial en la cantidad de 29.905,28 Euros de la garantía definitiva prestada en su día por la actora. Contra dicha incautación se interpuso por la hoy actora recurso de reposición que fue desestimado por resolución de la demandada de fecha 24 de septiembre de 2013, interponiendo contra ello el recurrente recurso contencioso administrativo que ha resultado turnado al Juzgado núm. 8 de este orden y provincia, bajo el número de autos 441/2013 A.

CUARTO.-Entre los diversos motivos de impugnación alegados por la actora, debe, en primer lugar, analizarse el relativo a la caducidad del expediente de extinción de la concesión. A tal efecto hay que señalar que en fecha 28 de noviembre de 2012 se inició (folio 45 del expediente administrativo) expediente de resolución de contrato contra la actora por la concesión demanial que nos ocupa, acordándose la incoación en 18 de diciembre de 2012 y poniendo de manifiesto que el plazo para resolver es de tres meses a partir de la fecha de 28 de noviembre.

En 18 de enero de 2013 la actora, dentro del plazo de 10 días que le había sido otorgado, formuló escrito de alegaciones.

En fecha 19 de marzo de 2013 se dictó la resolución por la que se declaraba resuelto el contrato, que posteriormente fue revocada en 16 de abril del propio año, retrotrayéndose las actuaciones al momento en que se produjo el vicio de forma, a saber en el trámite de audiencia, cuya entrada no había sido tenido en cuenta al no haber tenido constancia de la misma el Ayuntamiento demandado.

Finalmente, y tras el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora -que alude precisamente a la existencia de la caducidad del expediente (folio 179 del expediente), si bien entra en las consideraciones de fondo- que fue solicitado por resolución de 13 de mayo de 2013 en l que también se suspendía el plazo para adoptar resolución en el expediente de resolución de la concesión, en fecha en fecha 23 de diciembre de 2013 fue acordada nuevamente la resolución de la concesión, siendo éste el acto principal aquí recurrido.

Discute la demandada la aplicación al presente caso del régimen de la caducidad, pero no cabe duda de que la resolución de un expediente de concesión de dominio público como la que nos ocupa, aun cuando no tenga naturaleza sancionadora, es susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen en el recurrente, por lo que, conforme a lo dispuesto en el 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo común, vigente al momento de los hechos, le resulta aplicable el instituto de la caducidad. Así lo ha entendido también la Sala Tercera del Tribunal Supremo, si bien en un asunto relativo a dominio público hidráulico, que afecta igualmente a bienes demaniales y a su concesión, en Sentencia de fecha 21 de febrero de 2013, recurso núm. 6861/2010 .

Dicho lo anterior, el plazo de caducidad en el presente caso, expresamente reconocido por la propia Administración demandada, debe considerarse de tres meses.

Pues bien, atendida la fecha de incoación del procedimiento de extinción, así como la anulación de la resolución extintiva por parte del Ayuntamiento y su posterior reinicio, ya al momento de esta última había transcurrido con creces el plazo de caducidad de tres meses, como así lo hizo notar también el informe del órgano consultivo.

Por ello procede anular la resolución impugnada y por consiguiente las que de ella traen causa y a las que fue ampliado el presente recurso, por caducidad del expediente, sin perjuicio de que pueda iniciarse uno nuevo para resolver el tema de fondo y sin perjuicio también del resultado de ello.

QUINTO.-En materia de costas, a tenor del contenido del art. 139.1 LRJCA vigente al momento de la interposición del recurso, y atendido que se han suscitado serias dudas de hecho, no procede la imposición de las costas del presente proceso a ninguna de las partes litigantes.

Vistos los preceptos citados y los demás de particular y general aplicación.

Fallo

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el presente recurso contencioso administrativo, anulando y dejando sin efecto las resoluciones administrativas impugnadas, por caducidad del expediente del que trae causa, sin perjuicio de la tramitación de otro nuevo para la resolución del tema de fondo y sin perjuicio de su resultado.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días, a tenor de lo dispuesto en el art 81.1a) LRJCA .

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos originales, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido pronunciada y publicada por la Magistrada que la dictó el mismo día de su fecha y en Audiencia pública, se incluye original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en los autos certificación literal de la misma y se notifica a cada una de las partes; Doy fe.