Sentencia Administrativo Nº 1219/2014, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 9, Rec 597/2012 de 04 de Noviembre de 2014

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Novena

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2012/0008635

Procedimiento Ordinario 597/2012

Demandante:PROMOCIONES INMOBILIARIAS FUTURPALENCIA, S.L.

PROCURADOR D./Dña. CAYETANA DE ZULUETA LUCHSINGER

Demandado:Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

SENTENCIA No 1219

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Ramón Verón Olarte

Magistrados:

Da. Ángeles Huet de Sande

D. Juan Francisco López De Hontanar Sánchez

Dª. Berta Santillán Pedrosa

D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo

En la Villa de Madrid a cuatro de noviembre de dos mil catorce.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los autos del recurso contencioso-administrativo número 597 de 2012interpuesto por la entidad « Promociones Inmobiliarias Futurpalencia, S.L. » representada por la Procuradora Doña Cayetana de Zulueta Luchsinger y asistida por el Letrado Don Juan Recover Balboa contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 27 de abril de 2012, que desestimó reclamación económico-administrativa 28/07678/2010 interpuesta contra la resolución dictada por el Director General de Tributos de la Comunidad de Madrid, que desestimaba por inadmisible la solicitud de rectificación de errores n° 473/09, correspondiente a la liquidación provisional n° 0012007053442, girada al documento n° 2006-T-071921, por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e importe de 118.431,50 €. Ha sido parte la Administración General del Estado (Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid), asistida y representada por el Sr. Abogado del Estado y como codemandada la Comunidad Autónoma de Madrid asistida y representada por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites la Procuradora Doña. Cayetana de Zulueta Luchsinger en nombre y representación de la Entidad « Promociones Inmobiliarias Futurpalencia, S.L.» formalizó demanda el día 9 de abril de 2.013 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que en su día se dictara sentencia por la que se declarara: 1º) La obligación a cargo de la Oficina Liquidadora de la Comunidad de Madrid de rectificar el error de hecho cometido al girar la liquidación de referencia a esta parte, procediendo, en consecuencia, a devolver a su representada la suma total de ciento treinta mil doscientos setenta y cuatro euros con sesenta y cinco céntimos de euro (130.274,65 euros) más los correspondientes intereses devengados hasta la fecha en que proceda a su devolución. 2º) O, subsidiariamente, la declaración expresa relativa a la procedencia de que la Oficina Liquidadora de la Comunidad de Madrid comience un procedimiento de revocación de los actos propios que tenga como resultado la corrección de la liquidación en los términos solicitados en el punto anterior y la devolución de las cantidades asimismo indicadas en dicho punto. 3º) La nulidad de pleno derecho del expediente de referencia por producir la absoluta indefensión de su representada dada la evidente falta de motivación de la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación de errores planteada por esta parte. 4º) La condena a la Comunidad de Madrid en pago de las costas del presente proceso.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que, en representación de la Administración General del Estado (Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid,) presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentado el 23 de mayo de 2.013, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando previos los trámites legales oportunos, desestime el recurso contencioso- administrativo interpuesto, confirmando en todas sus partes la legalidad de la resolución impugnada con expresa imposición de costas.

TERCERO.-Conferido traslado para contestación a la demanda por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Madrid, se presentó el 7 de noviembre de 2013 escrito contestando a la demanda en el que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por pertinentes terminó solicitando en su día previos los trámites legales se dictara Sentencia por la que se inadmitiera la demanda de la actora, o en su caso, la desestimación de sus pretensiones, con expresa imposición de costas.

CUARTO.-Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado quedando seguidamente las actuaciones conclusas y pendientes de señalamiento para votación y fallo.

QUINTO.-Por Acuerdo de 28 de octubre de 2014 de la Presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Ilmo. Sr. D. Juan Francisco López De Hontanar Sánchez en sustitución voluntaria del Magistrado titular de la Sala Ilmo. Sr. D. Marcial Viñoly Palop siendo aquél designado Ponente de este recurso; señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 4 de noviembre de 2014 a las 10,00 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Juan Francisco López De Hontanar Sánchez, en sustitución del Magistrado Ilustrísimo Señor Don Marcial Viñoly Palop

Fundamentos

PRIMERO.-La Procuradora Doña. Cayetana de Zulueta Luchsinger en nombre y representación de la entidad «Promociones Inmobiliarias Futurpalencia, S.L. » interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 27 de abril de 2012, que desestimó reclamación económico-administrativa 28/07678/2010 interpuesta contra la resolución dictada por el Director General de Tributos de la Comunidad de Madrid, que desestimaba por inadmisible la solicitud de rectificación de errores n° 473/09, correspondiente a la liquidación provisional n° 0012007053442, girada al documento n° 2006-T-071921, por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e importe de 118.431,50 €.

SEGUNDO.-- La resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, desestimo la reclamación económico- administrativa entendiendo que en el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que no nos encontramos ante una mera rectificación de errores materiales o de hecho, que se aprecian de forma evidente y sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables, sino que se trata de determinar, tras el análisis y estudio de las normas tributarias aplicables al caso, quien tiene la condición de sujeto pasivo del gravamen gradual de AJD -si el comprador o el vendedor- en las escrituras públicas de compraventa que contengan una condición resolutoria explícita en garantía del pago del precio aplazado. Por ello, debe convenirse que el procedimiento de impugnación de dicha liquidación debió ser mediante recurso de reposición o bien, mediante reclamación económico-administrativa, en ambos casos en el plazo inexcusable de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, según establecen los artículos 223 y 235, respectivamente, de la Ley General Tributaria , plazo que se sobrepasó en exceso. En consecuencia, procede confirmar la actuación de la Oficina Gestora, por ser ajustada a derecho

TERCERO.-Respecto a la alegación de falta de motivación de la resolución impugnada. Como señala Sentencia de Tribunal Supremo de 1 de Octubre de 1.988 la motivación del acto administrativo cumple diferentes funciones. Ante todo y desde el punto de vista interno viene a asegurar la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración. Pero en el terreno formal - exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta un acto administrativo- no es sólo, como subraya el Tribunal Constitucional, una elemental cortesía sino que constituye una garantía para el administrado que podrá así impugnar en su caso el acto administrativo con posibilidad de criticar las bases en que se funda; en último término la motivación es el medio que posibilita el control jurisdiccional de la actuación administrativa, pues, 'como quiera que los Jueces y Tribunales han de controlar la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican - articulo, 106.1 Constitución -, la Administración viene obligada a motivar las resoluciones que dicte en el ejercicio de sus facultades, con una base fáctica suficientemente acreditada y aplicando la normativa jurídica adecuada al caso cuestionado, sin presuponer, a través de unos juicios de valor sin base fáctica alguna, unas conclusiones no suficientemente fundadas en los oportunos informes que preceptivamente ha de obtener de los órganos competentes para emitirlos, los cuales, a su vez, para que sean jurídicamente válidos a los efectos que aquí importan, han de fundarse en razones de hecho y de derecho que los justifiquen'. ( Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 25 de Enero de 1.992 ). 'La doctrina científica ha señalado que la motivación es el medio técnico de control de la causa del acto. No es un requisito meramente formal, sino de fondo. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo afirma que habrá que determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trate Sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo . 23 de Diciembre de 1.969 y 7 de Octubre de 1.970 . En palabras del Tribunal Constitucional la motivación no es sólo una elemental cortesía, sino un requisito del acto de sacrificio de derechos' - Sentencia del Tribunal Constitucional de17 de Julio de 1.981 - y que 'debe realizarse con la amplitud necesaria para el debido conocimiento de los interesados y su posterior defensa de derechos' - Sentencia del Tribunal Constitucional de16 de Junio de 1.982 . Por último ha de señalarse esta motivación puede no venir contenida en el propio acto administrativo, sino en los informes o dictámenes que le preceden y sirven de sustento argumental, en las propuestas de resolución, e incluso en otras resoluciones citadas por el acto administrativo dado que '... la jurisprudencia, al examinar la motivación de los actos administrativos, no los ha aislado, sino que los ha puesto en interrelación con el conjunto que integra los expedientes, a los que ha atribuido la condición de unidad orgánica, sobre todo en los supuestos de aceptación de informes o dictámenes (motivación 'in aliunde') ( Sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 11 de Marzo de 1978 , 16 de Febrero de 1.988 ) y 2 de Julio de 1.991 ). En definitiva, 'La motivación de los actos administrativos, supone tanto como exteriorización de las razones que llevaron a la Administración a dictar aquéllos. En el derecho positivo español la motivación puede recogerse en el propio acto, o puede encontrarse en los informes o dictámenes previos cuando el acto administrativo se produzca de conformidad con los mismos y queden incorporados a la resolución - articulo 93.3 LPA -.' ( Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 23 de Mayo de 1.991 ). La motivación por remisión ha sido asimismo aceptada por el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos, como es el caso de las Sentencia del Tribunal Constitucional nº 174/87 . La falta de motivación o la motivación defectuosa - Sentencia de 20 de febrero de 1987 de dicha Sala- pueden integrar un vicio de anulabilidad o una mera irregularidad no invalidante: el deslinde de ambos supuestos se ha de hacer indagando si realmente ha existido una ignorancia de los motivos que funda la actuación administrativa y si, por tanto, se ha producido o no la indefensión del administrado. Por otra parte como señala la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 21 de Junio de 2.002 , con cita de la del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981 'la motivación ha de ser suficientemente indicativa, lo que significa que su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera, lo que implica que puede ser sucinta o escueta,sin necesidad de amplias consideraciones, cuando no son precisas ante la simplicidad de la cuestión que se plantea y que se resuelve, criterio jurisprudencial que se reitera en las sentencias del Tribunal Supremo 25 de mayo de 1998 y 14 de diciembre de 1999 . . El déficit de motivación productor de la anulabilidad del acto, radica en definitiva en la producción de indefensión en el administrado'. Tesis ésta que ha sido defendida igualmente por el Tribunal Constitucional, y así: '... es claro que el interesado o parte ha de conocer las razones decisivas, el fundamento de las decisiones que le afecten, en tanto que instrumentos necesarios para su posible impugnación y utilización de los recursos' ( Sentencia del Tribunal Constitucional nº 232/92, de 14 de Diciembre ). La motivación de la actuación administrativa constituye el instrumento que permite discernir entre discrecionalidad y arbitrariedad, y así '... la exigencia de motivación suficiente es, sobre todo, una garantía esencial del justiciable mediante la cual se puede comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exigencia racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad. Partiendo de estos criterios jurisprudenciales, entrando en el análisis del caso planteado que, no existe infracción determinante de indefensión, sin que por otro lado la cuestión controvertida, por su propia naturaleza, precisara otros razonamientos que los contenidos en el acto impugnado, toda vez que la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, indica que no se trata de un error de hecho puesto que no nos encontramos ante una mera rectificación de errores materiales o de hecho, que se aprecian de forma evidente y sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables, sino que se trata de determinar, tras el análisis y estudio de las normas tributarias aplicables al caso, quien tiene la condición de sujeto pasivo del gravamen gradual de AJD -si el comprador o el vendedor,es decir en su caso se trataría de un error de derecho y aunque muy escueta la motivación de la resolución de la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma de Madrid permitió al interesado defenderse tanto ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, como ante este Tribunal al afirma que no se trata de un error de hecho que resulte de los documentos aportados al expediente.

CUARTOSegún establece el artículo 220 de la de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , el órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción..- En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que se rectifica. Tal como indica la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2013 . dictada en el Recurso de Casación 1309/2009, (Roj: CENDOJ STS 946/2013 ) ' El Tribunal Supremo ha señalado, en sentencia de 23 de junio de 1992 , que la facultad que el artículo 156 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria atribuye a la Administración de rectificar en cualquier momento los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación, supone una ampliación de las potestades revisoras que, si se produce sin atenerse a los limites y observar las garantías de los procedimientos de revisión de los artículos 153 y 154 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria , ello se justifica por la distinta naturaleza del motivo que da lugar a la alteración que, en el supuesto de errores materiales, se reduce, según ha declarado reiteradamente la jurisprudencia, a aquellos que son independientes de cualquier opción o criterio que pudiera sustentarse en orden a la calificación jurídica de la relación o situación en que se producen, por lo que en rigor su ejercicio no entraña una revocación del acto en términos jurídicos sino su subsistencia con el diferente alcance que le confiera el acuerdo rectificatorio.El mismo Tribunal Supremo , en sentencia de 16 de diciembre de 1993 , indica que es posible inducir un concepto unitario del error de hecho en el ordenamiento tributario, opuesto al error de derecho, caracterizado, por un lado, por no reducirse al error material, comprendiendo los supuestos de error que recaen sobre los elementos de hecho de la relación jurídica tributaria y, por otro, por tratarse de errores detectables objetivamente por los propios datos obrantes en el expediente o aportados por el interesado, sin que para ello se precise ninguna valoración u operación jurídica, que están rigurosamente excluidas.Fuera del ámbito tributario, el Tribunal Supremo viene estableciendo una interpretación de lo que deba entenderse por error material que resume o compendia la sentencia de 15 de febrero de 2006 , que indica que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose 'prima facie' por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho).Por lo anterior, la citada la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de exige, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 1) que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos , 2) que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierta, 3) que sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables, 4) que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos, 5) que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica), 6) que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, y 7) que se aplique con profundo criterio restrictivo'.

QUINTO.-La representación de la entidad «Promociones Inmobiliarias Futurpalencia, S.L. » afirma que a la vista de que (i) la norma aplicable(un solo artículo de la Ley reguladora del Impuesto, y no un compendio de normas) determina expresamente que es sujeto pasivo del AJD el beneficiario del derecho que se constituye, que (ii) el beneficiario del derecho en este supuesto es, explícitamente, el vendedor, que (iii) la Administración, en aplicación de la norma (y no en interpretación, por ser su texto evidente), emite una liquidación dirigida al vendedor, determinando en la misma que el sujeto pasivo es el vendedor, que (iv) en lugar de notificarse al vendedor, ésta se dirige al comprador (su representada) y que (v) posteriormente, esta parte ha tenido conocimiento de que se duplicó la misma liquidación por la Comunidad de Madrid, remitiéndose tanto a la compradora como a la vendedora, todo ello no puede sino conducir a la apreciación de un manifiesto, ostensible e irrebatible error de hecho cometido por la Administración madrileña que debe rectificarse por el procedimiento establecido en el artículo 220 de la Ley General Tributaria .De la propia argumentación de la parte se deduce que no nos encontramos ante un supuesto error de hecho sino un supuesto de error de derecho pues lo que se pretende es la aplicación de la leyde forma diferente a la realizada en la liquidación originaria, de la que depende la determinación de una cualidad jurídica cual es la del sujeto pasivo destinatario del impuesto lo que supone una alteración una alteración fundamental en el sentido del al implicar un juicio valorativo, una operación de calificación jurídica)que por otra parte no parece que para la propia demandante sea que sea patente y clarocuando reacciona tan tardíamente pues como indica el Abogado del Estado no la liquidación original, no fue recurrida y frente a la providencia de apremio no se alegó inicialmente en la existencia de errores. De tratarse de un mero error material, de hecho y no de derecho no se comprende como no se puso de manifiesto dicha circunstancia en el momento de la notificación de la liquidación.

SEXTO.-Y respecto de la pretensión subsidiaria de que se realice una declaración expresa relativa a la procedencia de que la Oficina Liquidadora de la Comunidad de Madrid comience un procedimiento de revocación de los actos propios que tenga como resultado la corrección de la liquidación y la devolución de las cantidades ingresadasla misma es inadmisible al tratarse de una pretensión distinta de la ejercitada ante la administración y el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, ya que en el proceso contencioso-administrativo sólo cabe el enjuiciamiento del acto cuya impugnación se anuncia en el escrito de interposición, en el cual precisamente ha de citarse el acto por el que se formule, según expresa el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pues como señala la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 1.992 una cosa es que puedan acumularse pretensiones diversas, cuando entre los actos impugnados por ellas exista cualquier conexión directa ( artículo 44 de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1.954 y artículo 34 de la nueva Ley), y que si antes de formularse la demanda se dicte algún acto, que guardase con el que sea objeto de recurso de relación a que se refiere el artículo 44, el demandante pueda solicitar la ampliación el recurso a ese nuevo acto ( artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1.956 y 36 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), y otra muy diferente que, sin haber recurrido un acto, ni haber solicitado ampliación del recurso respecto a él, la demanda pueda referirse a él, en vez de ceñirse al acto objeto del escrito de interposición del recurso, introduciendo así en el proceso actos distintos, no recurridos antes, que es lo aquí acontecido.En esas circunstancias es indiscutible la desviación procesal ( Sentencias de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de marzo , 2 de noviembre y 19 de diciembre de 1989 , 8 de noviembre de 1990 , 6 de febrero de 1991 , 29 de enero y 30 de marzo de 1992). Como se dice en la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1992 aludida, 'según se deduce del contenido de los artículos. 41 , 42 , 43 , 57 , 67 y 60 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y es reiterada doctrina jurisprudencial, en el proceso Contencioso administrativo la delimitación del objeto litigioso se hace en dos escritos distintos, uno, en el de interposición del recurso, en que habrá de indicarse el acto o disposición contra el que se formula, y otro, en el de demanda, en el que con relación aquéllos se deducirán las pretensiones que interesen, con que sea lícito extenderlas a actos distintos de los inicialmente delimitados, ya que el permitirlo supondría prescindir de la naturaleza y el carácter esencialmente revisores del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conculcándose el espíritu y la letra de los artículos 1 y 37 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa al incidirse en desviación procesal'

SÉPTIMO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , en su redacción establecida por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.Al desestimarse totalmente las pretensiones de la actora y no apreciándose dichas circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición procede condenar al demandante al abono de las costas causadas. estableciendo el apartado 3º de dicho precepto que. la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar por el demandante en la suma de MIL euros (1.000 €) en concepto de honorarios del el Abogado del Estado y en otros MIL euros (1.000 €) en concepto de honorarios del Letrado de la Comunidad de Madrid sirviendo un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario, en aplicación del apartado 4º del citado artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOSel recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Doña. Cayetana de Zulueta Luchsinger en nombre y representación de la entidad « Promociones Inmobiliarias Futurpalencia, S.L. » contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 27 de abril de 2012, que desestimó reclamación económico- administrativa 28/07678/2010 interpuesta contra la resolución dictada por el Director General de Tributos de la Comunidad de Madrid, que desestimaba por inadmisible la solicitud de rectificación de errores n° 473/09, correspondiente a la liquidación provisional n° 0012007053442, girada al documento n° 2006-T-071921, por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e importe de 118.431,50 €, condenando a la actora al abono de las costas causadas que se fijan en la suma de MIL euros (1.000 €) en concepto de honorarios del el Abogado del Estado y en otros MIL euros (1.000 €) en concepto de honorarios del Letrado de la Comunidad de Madrid sirviendo un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.

Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que la misma es firme al no poder interponerse recurso alguno

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilustrísimo Sr. Magistrado Ponente Don Juan Francisco López De Hontanar Sánchez, estando celebrando audiencia pública ordinaria, en la Sala de este Tribunal, al mismo día de su fecha de lo que yo Secretario doy fe.