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04/01/2016
Sentencia Administrativo Nº 125/2015, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 359/2014 de 30 de Noviembre de 2015
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Orden: Administrativo
Fecha: 30 de Noviembre de 2015
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: DE LA PEÑA ELIAS, FRANCISCO
Nº de sentencia: 125/2015
Núm. Cendoj: 28079230062015100372
Núm. Ecli: ES:AN:2015:4278
Núm. Roj: SAN 4278:2015
Encabezamiento
Dª. Berta Santillan Pedrosa
D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ
D. RAMÓN CASTILLO BADAL
Madrid, a treinta de noviembre de dos mil quince.
VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 359/14 promovido por el Procurador D. Fernando Rodríguez Jurado Saro en nombre y representación de D. Juan Manuel contra la Resolución de 24 de julio de 2014, dictada por el Director General de Política Universitaria actuando por delegación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, que decidió la concesión del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica en su día solicitado por el actor si bien condicionada a la previa superación de la prueba prevista en el artículo 13 de la Orden PRE/1107/2002; habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Antecedentes
Siendo ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS, quien expresa el parecer de la Sala.
Fundamentos
Como antecedentes de interés para resolver el litigio merecen ser destacados los siguientes:
Este Real Decreto, con objeto de no perjudicar los derechos de aquellos titulados que antes de su entrada en vigor ya habían venido ejerciendo tal especialidad, arbitró un mecanismo transitorio y excepcional para acceder a la obtención del título.
Los requisitos básicos para tener acceso al título por esta vía transitoria se contemplaban en las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre , y fueron desarrollados por la Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo.
En concreto, la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre , preveía la posibilidad de obtener el título de Especialista en Psicología Clínica a los Licenciados en Psicología, o poseedores de título homologado o declarado equivalente que, mediante nombramiento administrativo o contrato laboral, desempeñaran puesto de trabajo o plaza en Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud o concertadas con él, cuyo contenido funcional se correspondiera con el ámbito profesional del Especialista en Psicología Clínica. El desempeño de los puestos de trabajo con el contenido funcional citado debía haberse realizado durante un período no inferior a tres años dentro de los cinco anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto.
En la Disposición Transitoria Tercera se exige para la obtención del título de Especialista en Psicología Clínica ser Licenciado en Psicología y haber ejercido con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto las actividades profesionales propias de la Especialidad de Psicología Clínica, durante un tiempo superior al 150 por 100 del fijado en el programa formativo de la especialidad. Esta Disposición Transitoria Tercera dice literalmente:
'1. Podrán acceder al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, los Licenciados en Psicología, o poseedores de título homologado o declarado equivalente en los términos previstos en el artículo 1.2.a), que, mediante certificación expedida por el correspondiente Colegio Profesional, acrediten haber ejercido, con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto, las actividades profesionales propias de la Especialidad de Psicología Clínica. A estos efectos los Ministerios de Educación y Cultura y de Sanidad y Consumo, oída la Comisión Nacional de Psicología Clínica, habilitarán un procedimiento que tendrá en cuenta lo previsto en los apartados siguientes de esta disposición. 2. El período de tiempo de ejercicio profesional que se cita en el apartado 1 de esta disposición, deberá ser, en todo caso, superior al 150 por 100 del fijado en el programa formativo de la especialidad. 3. Las solicitudes serán examinadas por la Comisión Nacional de Psicología Clínica, que formulará alguna de las siguientes propuestas: a) Expedición directa del título. Para adoptar esta propuesta será preciso que la Comisión, a la vista del historial profesional del interesado debidamente documentado, estime que su formación es análoga a la exigida por el programa de la especialidad. b) Superación de las pruebas que se determinen por los Ministerios de Educación y Cultura y de Sanidad y Consumo, oída la Comisión Nacional de la Especialidad, las cuales versarán sobre los contenidos teórico-prácticos del correspondiente programa formativo. Esta propuesta se adoptará cuando la Comisión estime, a la vista del historial profesional del interesado debidamente documentado, que su formación no se adecua a la exigida por el programa de la especialidad. c) Desestimación de la solicitud. Se adoptará esta propuesta cuando a juicio de la Comisión Nacional, la formación y el ejercicio profesional acreditados, aun siendo superior al plazo que se determina en el apartado 2 de esta disposición, no revistan la entidad suficiente para acceder al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica por los procedimientos previstos en los anteriores párrafos a) y b) de este apartado'.
Ambas disposiciones transitorias establecen que las solicitudes que cumplan estos requisitos mínimos serán examinadas por la Comisión Nacional de Psicología Clínica, órgano consultivo formado por 11 vocales, todos ellos especialistas en la materia, encargados de emitir una de estas tres propuestas: a) la expedición directa del título, cuando el interesado haya acreditado, al menos, una experiencia profesional durante un período igual o superior al de la duración del programa formativo de la Especialidad de Psicología Clínica y la Comisión estime que su formación es análoga a la exigida por dicho programa (disposición transitoria segunda) o la Comisión, a la vista del historial profesional del interesado debidamente documentado, estime que su formación es análoga a la exigida por el programa de la especialidad (disposición transitoria tercera); b) el seguimiento en una unidad acreditada para la docencia de un programa formativo complementario, cuando el interesado haya acreditado una experiencia profesional de, como mínimo, tres años y la Comisión estime que las carencias de su formación pueden ser suplidas con un programa específico (disposición transitoria segunda) o la superación de las pruebas que se determinen por los Ministerios de Educación y Cultura y Consumo, que versarán sobre los contenidos teórico-prácticos del correspondiente programa formativo, cuando la Comisión considere, a la vista del historial profesional del interesado debidamente documentado, que su formación no se adecua a la exigida por el programa de la especialidad (disposición transitoria tercera); y c) la desestimación de la solicitud, cuando a juicio de la Comisión Nacional, la formación y experiencia acreditadas por el interesado, aun siendo superior al plazo de tres años, no sea susceptible de ser completada mediante el programa formativo complementario, al que se refiere el apartado 3.b) de la disposición (disposición transitoria segunda) o cuando a juicio de la Comisión Nacional, la formación y el ejercicio profesional acreditados, aún siendo superior al plazo que se determina en el apartado 2 de la propia disposición, no revistan la entidad suficiente para acceder al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica (disposición adicional tercera).
Como se desprende de la anterior regulación, el cumplimiento de los requisitos previstos en las referidas Disposiciones Transitorias constituye el mínimo necesario para poder acceder a la titulación por esta vía destinada a obtener la especialidad, pero no conlleva la expedición directa del título. Su obtención se condiciona a la valoración por la Comisión Nacional de la Especialidad del cumplimiento de los presupuestos exigidos pudiendo la Comisión proponer la denegación, como hemos expresado anteriormente, si el peticionario no cumple con las exigencias establecidas en las disposiciones transitorias.
La preceptiva intervención de la Comisión Nacional de la Especialidad fue considerada conforme a Derecho por Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección de Cuarta, de 7 de octubre de 2002, recurso número 43/1999 , y según la cual el propio Real Decreto 2490/1998 configura la Comisión Nacional 'como órgano consultivo del Ministerio de Educación y Cultura y Sanidad y Consumo, con una composición y unas funciones que le hacen especialmente idóneo para su participación en el procedimiento' y que 'los problemas científicos en orden a la diferenciación de los distintos aspectos de la psicología no dotan de incertidumbre jurídica a la norma, sino al contrario, justifican la necesidad de un asesoramiento cualificado a la hora de valorar el período de actuación profesional que se alegue para la obtención del título de Especialista por la vía transitoria que se arbitra'.
Asimismo, la Comisión Nacional de Psicología Clínica, en sesión de 11 de abril de 2003, fijó unos criterios para la resolución de expedientes tramitados por la vía de esta Disposición Transitoria Tercera, asignando un máximo de 5 puntos por la 'Formación académica', de 45 puntos por la 'Experiencia profesional en actividades y tareas propias de la Especialidad de Piscología Clínica', de 5 puntos por la 'Experiencia docente en materias vinculadas con los contenidos en Psicología Clínica', de 15 puntos por 'Méritos en investigación relacionados con la Psicología Clínica, y de 30 puntos por la 'Formación complementaria en materias vinculadas con la Psicología Clínica'.
Acreditado el tiempo de ejercicio, se requería obtener al menos 45 puntos con arreglo al baremo incluido como anexo II para la expedición directa del título, de tal suerte que si la puntuación fuera inferior resultaba imprescindible la superación de la prueba prevista en el artículo 13 de la Orden PRE/1107/2002.
La resolución recurrida considera que no puede valorarse la Licenciatura en sí pues la condición de Licenciado en Psicología es presupuesto necesario para la obtención de la Especialidad, lo que resulta de todo punto razonable. Además, en el acta de 11 de abril de 2003 se alude de manera expresa a la actividad post licenciatura cuando valora la tesina o tesis, por lo que no cabría reconocer puntuación alguna por esta apartado.
En segundo lugar, reclama el Sr. Juan Manuel el máximo de 45 puntos por la 'Experiencia profesional en actividades y tareas propias de la Especialidad de Piscología Clínica' al llevar ejerciendo como Psicólogo desde 1988 y realizando actividades propias de la especialidad desde 1989, lo que acreditaría con el certificado emitido al efecto por el Colegio de Psicólogos obrante a los folios 118 y 355 del expediente administrativo destacando, además, que es miembro de la sección de Psicología Clínica desde su constitución en 1996 por razón de sus méritos como Psicólogo de la especialidad (folio 119), así como miembro de la Asociación Española de Psicología Conductual (folio 386). Se remite a la documentación obrante en el expediente que acreditaría su actividad profesional, y así a las facturas que recogen los folios 194 a 333.
En este punto, la resolución recurrida argumenta que ninguno de estos certificados y documentos permiten apreciar con claridad que dichas actividades estén vinculadas con la Psicología Clínica.
Coincidimos en lo sustancial con esta conclusión. En efecto, los certificados emitidos por el Colegio Oficial (folios 118, 119 y 355 del expediente) no tienen el valor que pretende asignarles el actor, criterio que recoge el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de julio de 2012 en la cual manifiesta que ' Esta Sala ha tenido ocasión de señalar en Sentencia de doce de junio de dos mil doce (recurso 4724/2011 ), con cita de la de 29 de noviembre de dos mil once , en relación con la valoración efectuada por la Comisión Nacional (...) que las afirmaciones y valoraciones realizadas por la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica constituyen una muestra de la llamada 'discrecionalidad técnica ', cuya legitimidad ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional en Sentencias 353/1.993, de 29 de noviembre , 34/1.995, de 6 de febrero , 73/1.998, de 31 de marzo , o 40/1.999, de 22 de marzo , por cuanto, en estos casos, los órganos de la Administración promueven y aplican criterios resultantes de los concretos conocimientos especializados, requeridos por la naturaleza de la actividad desplegada por el órgano administrativo, de forma que las modulaciones que encuentra la plenitud del conocimiento jurisdiccional sólo se justifican en una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación presunción iuris tantum, que puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del poder razonable que se presume en el órgano calificador. En estos casos, según refiere el mismo Tribunal Constitucional, el único control que pueden ejercer los órganos de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa es el jurídico, 'salvo que el recurrente acredite desviación de poder, carencia de cualquier justificación, arbitrariedad o error patente' por parte de los órganos técnicos administrativos ( Sentencias 353/1993, de 29 de noviembre , o 40/1999, de 22 de marzo , citadas). Y es que, como ya había manifestado el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales no pueden convertirse en segundos tribunales calificadores que sustituyan por sus propios criterios los que, en virtud de la discrecionalidad técnica, corresponden a los órganos administrativos, 'lo que no impide la revisión jurisdiccional en los supuestos en que concurran defectos formales sustanciales o se haya producido indefensión, arbitrariedad o desviación de poder' (entre otras, Sentencias de 18 de enero y de 27 de abril de 1990 , de 13 de marzo de 1991 , de 20 y de 25 de octubre de 1992 o de 10 de marzo de 1995 ). En el supuesto de autos, la parte actora pretende rebatir la conclusión adoptada por la Administración, en base a la certificación colegial, que indica que se ha realizado práctica profesional en Psicología Clínica a partir de 1 de septiembre de 1995, hasta el 15 de junio de 2005. Ahora bien, como se expresaba más arriba, ser licenciado en Psicología y estar colegiado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto, no garantizaba la obtención automática de la titulación pretendida, sino sólo que las solicitudes que cumplieran estos requisitos mínimos serian examinadas por la Comisión Nacional, y en el supuesto de autos, la Administración ha otorgado como elemento de prueba para acreditar el ejercicio profesional de Psicología Clínica, la fecha en que se dio de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en cuanto que es la proyección externa y oficial, acreditativa de una actividad profesional , y por el contrario no ha estimado como elemento de prueba la certificación colegial , sin que por el recurrente se haya efectuado actividad probatoria alguna en orden a acreditar que el ejercicio de la especialidad de psicología clínica había sido anterior a la fecha determinada por la Administración, por cuanto, meramente se trata de manifestaciones de terceros, pero sin ninguna corroboración oficial o de órgano objetivo e imparcial. Pretendiendo elevar a la categoría de prueba del ejercicio de la especialidad a un dato, la certificación colegial, que únicamente, goza de virtualidad para que se pronuncie la Comisión Nacional de la especialidad, pero no, para determinar la decisión de esta, que deberá apoyarse en otros elementos de prueba que justifiquen el ejercicio profesional exigido por las normas jurídicas para la expedición del título. (...) ... hemos recalcado, con relación a supuestos en que también se impugnaban por sus originarios solicitantes sentencias desestimatorias de recursos entablados contra resoluciones administrativas denegatorias de la concesión de títulos de especialistas en psicología clínica, la importancia del dictamen de la Comisión Nacional de Valoración en el procedimiento de concesión del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 2.490/1.998, de 20 de noviembre. Y ello merced al componente de discrecionalidad técnica que lo acompaña, puesto que -señalábamos en aquellas sentencias- el Tribunal Constitucional ha insistido en diversos pronunciamientos (por todas STC 86/2004, de 10 de mayo , FJ 3) en que 'lo que no pueden hacer los Tribunales de Justicia es sustituir en las valoraciones técnicas a los órganos administrativos calificadores; está vedado, por tanto, la nueva valoración de un ejercicio de un proceso selectivo, salvo circunstancias excepcionales'. Cierto que aquí - afirmábamos- no se está frente a un proceso selectivo concurrente mas sí ante un proceso selectivo que conduce a la obtención de una determinada titulación'.
Este principio de la discrecionalidad que asiste a la Comisión en sus decisiones sobre valoración de méritos no obsta a que, tratándose de méritos baremados, pueda revisarse el juicio que dicha Comisión emita sobre los mismos cuando sea posible su control al margen de criterios estrictamente técnicos.
Pues bien, y respecto de los concretos documentos a los que se remite el recurrente en su demanda, es obvio que la certificación obrante al folio 386 no justifica la actividad profesional en el ámbito de la especialidad, pues se trata de una certificación emitida por la Asociación Española de Psicología Conductual que acredita al demandante como Terapeuta de Conducta, lo que nada tiene que ver con la experiencia en Psicología Clínica.
Otro tanto sucede con la documentación que obra en el expediente a los folios 194 a 333 a la que igualmente alude en su demanda, conjunto heterogéneo de facturas que no evidencia la experiencia profesional en la concreta especialidad controvertida.
Por tanto, la decisión de no concederle puntuación alguna por este concepto entendemos que tiene una base suficiente en la falta de justificación documental de la experiencia profesional en actividades y tareas propias de la Especialidad de Piscología Clínica.
Esta conclusión hace en realidad innecesario analizar el resto de los méritos aducidos por el actor, que insiste en que debe reconocérsele la puntuación que reclama por los conceptos de experiencia docente (2 puntos), méritos en investigación (8 puntos) o formación complementaria (10 puntos) pues, con independencia de lo ya reiterado sobre las facultades que corresponden a la Comisión Nacional de la Especialidad, en ningún caso alcanzaría el mínimo de 45 puntos necesarios para soslayar la superación de la prueba prevista en el artículo 13 de la orden PRE/1107/2002.
En definitiva, es la estricta aplicación de los criterios incorporados al acta de 11 de abril de 2003 que exige el actor la que obliga a desestimar su pretensión pues falta una prueba suficiente de la existencia cierta de la experiencia profesional en relación al ejercicio de funciones propias de la Piscología Clínica, circunstancia esencial a la que se anuda la posibilidad de obtener la expedición del título sin necesidad de realizar la prueba de conocimientos.
En efecto, constan en dicha resolución, por expresa remisión al informe que le sirve de antecedente necesario, las razones que han llevado a la Administración a rechazar la expedición del título, y la exposición de las mismas que refleja el propio acuerdo es suficiente para cumplir las exigencias que sobre la cuestión ha venido fijando la jurisprudencia.
Como declara el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de febrero de 2007 'Ha de tenerse en cuenta que la exigencia de motivación de los actos administrativos viene impuesta con carácter general por el art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común , y responde a una triple necesidad, por cuanto, en primer lugar, expresa la racionalidad de la actuación administrativa al realizar la interpretación de la voluntad de la norma; en segundo lugar, permite que los destinatarios del acto pueden conocer esas razones y eventualmente someterlas a crítica; y, por último, abre las puertas a la fiscalización por los Tribunales de lo contencioso de los actos o disposiciones impugnados, con el alcance previsto en el art. 106.1 de la Constitución Española , satisfaciendo así adecuadamente el derecho a la tutela judicial proclamado en el art. 24.1. CE . Desde esta triple perspectiva, la motivación de un acto o disposición ha de ponerse en relación con la concreta pretensión deducida en el proceso y con los motivos de impugnación aducidos por la parte, pues únicamente se podrá anular el acto por esta causa cuando la falta de conocimiento por parte del recurrente de las razones por las que la Administración ha actuado en la forma que lo ha hecho, le han impedido articular los medios de defensa y plantear su pretensión en consecuencia, de modo que sólo cuando el desconocimiento de aquéllas razones han provocado materialmente indefensión, vetada por el art. 24.2. CE , procede anular el acto impugnado'.
Tal exigencia en modo alguno se excepciona en el ejercicio de potestades discrecionales, y así la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012 , remitiéndose a las dictadas con fechas 26 de septiembre y 18 de noviembre de 2011 , sintetiza la doctrina jurisprudencial en materia de discrecionalidad técnica en los siguientes términos: 'Sobre los límites de la discrecionalidad técnica hay ya una consolidada jurisprudencia de este Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), caracterizada por el permanente esfuerzo de ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa ( artículo 106.1 CE EDL1978/3879 ), y cuyas líneas maestras e hitos evolutivos se pueden resumir en lo que sigue:
'Pero no puede olvidarse tampoco que ese control puede encontrar en algunos casos límites determinados. Así ocurre en cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano especializado de la Administración y que en sí mismo escapa por su propia naturaleza al control jurídico, que es el único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales, y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que el juicio afecte al marco legal en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de legalidad, (...)'.
'Los órganos administrativos a quienes corresponde la valoración de las pruebas de acceso a la función pública gozan de un cierto margen dediscrecionalidad en la apreciación de las pruebas, que incluso merece la calificación de técnica no revisable jurisdiccionalmente en lo que se refiere a los juicios que la Administración emita acerca de la apreciación de los méritos aportados o ejercicios realizados, pero ello no excluye el que los Tribunales puedan controlar la concurrencia de los límites generales jurídicamente impuestos a la actividad discrecional no técnica de la Administración que se refieren a la competencia del órgano, procedimiento, hechos determinantes, adecuación al fin perseguido y al juego de los principios generales del derecho, entre los que, en estos casos, cobran especial interés los de mérito y capacidad expresamente señalados al efecto por el artículo 103 CEEDL1978/3879 '.
El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades.
Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitar la materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico.
Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad.
La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre EDJ1991/10819 , como también en numerosas sentencias de esta Sala (entre otras, en las SSTS de 28 de enero de 1992 , recurso 172671990 EDJ1992/684 ; de 11 de diciembre de 1995 recurso 13272/1991 EDJ1995/7627 ; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991 EDJ1996/128 ; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990 EDJ1996/6202 ).
Como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional ( artículo 9.3 CE EDL1978/3879 ) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación.
Así se expresa STS de 10 de mayo de 2007, recurso 545/2002 EDJ2007/70476 :
'(...) Tiene razón el recurso de casación en que la sentencia de instancia no enjuició correctamente la cuestión de fondo que le fue suscitada y en la infracción del artículo 24 de la Constitución EDL1978/3879 que con ese argumento se denuncia.
La doctrina de la discrecionalidad técnica con que la Sala de Zaragoza justifica principalmente su pronunciamiento no ha sido correctamente aplicada; y no lo ha sido porque, en relación a la actuación administrativa para la que se ha hecho esa aplicación, no se ha observado el límite constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( artículo 9.3 CE EDL1978/3879 ).Como es bien sabido, dicha discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las valoraciones de esa índole que hayan sido realizadas por los órganos cualificados por la posesión del correspondiente saber especializado y, por otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas cuestiones venga siendo tolerado en el concreto sector de conocimientos técnicos de que se trate.
Pero una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica , ya que, ante la expresa petición de que dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate'.
Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.
Son exponente de este último criterio jurisprudencial los recientes pronunciamientos de este Tribunal Supremo sobre nombramientos de altos cargos jurisdiccionales ( STS de 27 de noviembre de 2007, recurso 407/2006 EDJ2007/268986 ), sobre concursos de personal docente universitario ( STS de 19 de mayo de 2008, recurso 4049/2004 EDJ2008/253493 ) y sobre convocatorias del Consejo General del Poder Judicial para puestos en sus órganos técnicos ( STS de 10 de octubre de 2007, recurso 337/2004 EDJ2007/184440)'.
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
Fallo
Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Procurador D. Fernando Rodríguez Jurado Saro en nombre y representación de D. Juan Manuel contra la Resolución de 24 de julio de 2014, dictada por el Director General de Política Universitaria actuando por delegación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, que decidió la concesión del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica en su día solicitado por el actor si bien condicionada a la previa superación de la prueba prevista en el artículo 13 de la Orden PRE/1107/2002, debemos declarar y declaramos que dicha resolución es ajustada a Derecho. Con expresa imposición de costas a la parte actora.
Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , y contra la que cabe recurso de casación preparándolo ante esta Sala mediante escrito que habrá de presentarse en el término de diez días a contar desde el siguiente a su notificación, conforme previene el artículo 89 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
En Madrid, a 2- Diciembre - 2015 doy fe.