Sentencia Administrativo Nº 1295/2008, Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 1168/2006 de 30 de Octubre de 2008

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo

RECURSO: 1.168/06

RECURRENTE: D. Luis Alberto

PROCURADOR: Dª PURIFICACIÓN MARCOS GEGUNDE

RECURRIDO: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO

SR. LETRADO DEL PRINCIPADO

SENTENCIA nº 1.295/08

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Luis Querol Carceller

Magistrados:

D. Antonio Robledo Peña

Dña. Olga González Lamuño Romay

En Oviedo, a treinta de octubre de dos mil ocho.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1.168/06, interpuesto por D. Luis Alberto , representado por la Procuradora Dª Purificación Marcos Gegunde, actuando bajo la dirección Letrada de Dª Mª Consuelo Pérez Robledo, contra la CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO, representado por el Sr. Letrado del Principado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Antonio Robledo Peña.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia en la que estimando el recurso interpuesto, revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- Por Auto de 5 de junio de 2007 , se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente el día 28 de octubre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.

Fundamentos

PRIMERO.- En el presente recurso contencioso administrativo se impugna la resolución de la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 28 de diciembre de 2005, por la que se resuelve tener por desistido al interesado en la tramitación de su solicitud de subvención para el inicio de actividad de autónomo; alegándose por el actor, en apoyo de la pretensión deducida, que aportó fuera de plazo la documentación que le fue requerida, pero antes de que se dictase la preclusión del trámite concedido o resolución definitiva declarando la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en la subvención, siendo de aplicación el artículo 76.3 de la Ley 30/1992 , y debiendo ser admitida la subsanación por el interesado.

SEGUNDO.- Son hechos relevantes a tener en cuenta para resolver la controversia suscitada, que solicitada por el recurrente una subvención para el inicio de actividad de autónomo, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, acogiéndose a la segunda convocatoria para el año 2005 y a sus bases aprobadas por sendas resoluciones de la Consejería de Industria y Empleo, de fechas 10 de marzo y 1 de septiembre de 2005 (BOPA de 16 de abril y 24 de septiembre, respectivamente), fue requerida la subsanación y mejora de la solicitud mediante escrito notificado el 11 de noviembre de 2005, con la advertencia expresa de que, de no presentar la documentación necesaria en el plazo de diez días hábiles, se le tendría por desistido de su petición, siendo presentada dicha documentación el 24 de noviembre de 2005, razón por la que se resolvió tenerle por desistido en la tramitación de su solicitud y declarar concluso el procedimiento seguido.

Pues bien, tratándose de un procedimiento de concesión en concurrencia competitiva no es de aplicación el precepto invocado por la parte, sino la normativa especial aplicable al caso, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , conforme a cuyo artículo 23, apartado 5 , "Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, ...". En igual sentido se pronuncian las bases reguladoras de la convocatoria, al señalar la base séptima, apartado 4, "Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no se acompañase la documentación exigida en estas bases, la Consejería de Industria y Empleo requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

Tales preceptos dan la cobertura suficiente al pronunciamiento administrativo combatido y a la tesis argumentada en su defensa por el Letrado de su Servicio Jurídico, en cuanto efectivamente el recurrente presentó la documentación que le fue requerida, con el apercibimiento necesario, fuera del plazo máximo e improrrogable de diez días que le fue concedido, sin que la presentación extemporánea de dicha documentación sea justificada de ningún modo, ni se aprecie que fuera debido a un suceso no imputable a la voluntad del obligado, por lo que la consecuencia no podía ser otra que tenerle por desistido en su petición.

No es obstáculo a esta conclusión la teoría de los actos propios ni el carácter antiformalista del ordenamiento jurídico administrativo invocado, pues la circunstancia de haber sido requerido el interesado para la subsanación de defectos implica precisamente que la solicitud se tuviese por presentada de manera incompleta, y subsanada luego de modo extemporáneo, cuestión esta que fue examinada en su momento por la Comisión de Valoración, constituida al efecto, emitiendo el oportuno informe que sirve de base a la resolución impugnada. Tampoco es de apreciar vulneración alguna del principio de igualdad, proclamado en el artículo 14 de la CE , pues la igualdad sólo puede predicarse dentro de la legalidad, y por más que consiguiese acreditarse que alguna documentación extemporánea fue a pesar de ello admitida en alguna otra convocatoria, regida por otras bases y por otra normativa legal anterior, aquí no aplicables, ello no sanaría el defecto insubsanable en que incurrió el recurrente en la convocatoria a la que concurrió, presentando su documentación fuera de plazo.

TERCERO.- Al respecto no está de más reiterar el criterio jurisprudencial que establece que las bases de la convocatoria constituyen la ley y las reglas por las que se rige y obligan a cuantos intervienen en la misma, de forma que consentidas dichas bases al intervenir en la convocatoria sin impugnarlas, no cabe pretender su alteración en un momento posterior, y siendo así que en el presente caso el plazo para aportar la documentación requerida era de diez días improrrogables a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, el cumplimiento de dicho requisito para tramitar la ayuda parece claro y no puede ahora ser tergiversado con el criterio parcial e interesado del recurrente, quien no impugnó en momento alguno las bases de la convocatoria, con lo que consintió en las condiciones impuestas; sin posibilidad de la concesión de plazos de cortesía o de una interpretación que pueda beneficiar a una de las partes en detrimento del principio de seguridad jurídica, que proporciona el cumplimiento de dicho plazo y formalidades procedimentales.

En este sentido, el artículo 3.1, último párrafo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (redacción dada por la Ley 4/1999 ), establece que las Administraciones Públicas "deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima". En definitiva, se trata de la igualdad en el trato del administrado en su relación con la Administración.

CUARTO.- No concurren circunstancias que justifiquen un pronunciamiento especial sobre costas procesales, por aplicación de lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por doña Purificación Marcos Gegunde, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Luis Alberto , contra resolución de la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 28 de diciembre de 2005, dictada en expediente AU/1643/05, estando la Administración representada en autos por el Letrado de su Servicio Jurídico, resolución que se mantiene por estimar que es ajustada a Derecho; sin hacer especial condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.