Sentencia Administrativo Nº 1364/2010, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1083/2008 de 27 de Diciembre de 2010

Encabezamiento

RECURSO DE APELACION - 001083/2008

N.I.G.: 46250-33-3-2008-0012152

Rollo de apelación num. 1.083/08

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Sentencia número 1364/2.010

Ilmos. Sres.

Presidente

Don Mariano Ferrando Marzal

Magistrados

Don Juan Climent Barberá

Don Rafael S. Manzana Laguarda

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En la Ciudad de Valencia, a veintisiete de diciembre de dos mil diez.-

VISTO por este Tribunal, el recurso de apelación, tramitado con el número de rollo 1.083/08, interpuesto por la GENERALITAT contra la Sentencia num. 356/08, de 3/junio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo número 234/07 ; y habiendo sido partes en el recurso, la referida Administración apelante y como apelada, Dª. Tarsila ; y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Rafael S. Manzana Laguarda, quien expresa el parecer de la Sección.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de instancia se dictó la Sentencia a la que se ha hecho referencia, y cuyo fallo, dispone literalmente: "Que estimo el presente recurso contencioso Administrativo promovido por Tarsila, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de asignación de complemento específico B y mientras se mantengan las actuales circunstancias , resolución que se anula por ser contraria a derecho, reconociendo como situación jurídica individualizada el Derecho que asiste al recurrente a entender estimada por silencio positivo la solicitud formulada ante la Conselleria de Sanidad el 28 de mayo de 2.004. No se efectúa expresa imposición de las costas procesales".

SEGUNDO.- Por la GENERALITAT se interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia , y tras efectuar las alegaciones que estimó oportunas, solicitó que se dictase Sentencia por la que se revocara el pronunciamiento contenido en la dictada por el juzgado de Instancia y se acogieran sus pretensiones.

TERCERO.- El Juzgado de instancia proveyó admitiendo el recurso y dio traslado del mismo a la parte apelada para que, en el plazo de quince días, pudiera formalizar su oposición; cumplido este trámite, se remitieron a este Tribunal los autos, expediente Administrativo y escritos presentados; y una vez recibidos y formado el correspondiente rollo de apelación, se señaló para su votación y fallo el día 15 de los corrientes, en cuya fecha tuvo lugar.

CUARTO.- En la sustanciación de este proceso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La recurrente, Médico especialista que venía prestando sus servicios en el Hospital La Fe, de Valencia, y que percibía el específico B, pasó a prestar servicios en el mismo centro como Jefe de sección de recién nacidos patológicos, en virtud de nombramiento provisional, siéndole asignado el complemento específico C. Se discute en el presente recurso jurisdiccional, si le asiste o no el Derecho a optar por seguir manteniendo el complemento específico B que venía percibiendo , o debe ser retribuido con arreglo al C que le ha sido asignado.

La Sentencia de instancia considera que, ante la falta de respuesta expresa a su petición por parte de la Conselleria de Sanidad, la actora ha obtenido, mediante silencio Administrativo positivo, su derecho al especifico B, y frente a dicha Sentencia se alza la Generalitat.

SEGUNDO.- El art. 43.2 de la Ley 30/1992 establece que "los interesados podrán entender estimadas por silencio Administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario"; la correcta interpretación del alcance de este precepto viene dada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28/febrero/2007 (rec. 302/2004 ) , que afirma:

"La tesis de la Sentencia de instancia parte de una apreciación que esta Sala considera equivocada, la de considerar que cualquier petición del administrado da lugar o debe dar lugar, a " un procedimiento iniciado a solicitud del interesado", de modo que si no se contesta por la Administración en el plazo máximo establecido por resolver, debe considerarse estimada por silencio , en aplicación del artículo 43.2 de la Ley 30/1992 .

La LPAC llevó a cabo una diferencia sustancial en la regulación del sentido del silencio que contenía la Ley de Procedimiento Administrativo de 17-VII-1958 (LPA ), de cuyo examen procede sin embargo comenzar para alcanzar una recta interpretación del artículo 43 LPAC . Porque el supuesto del artículo 94 LPA, que es el que regulaba el silencio Administrativo negativo era el de que "se formulara alguna petición ante la Administración y ésta no notificara su decisión en el plazo de tres meses". La LPA se refería a la falta de respuesta a cualquier petición, cualquiera que ésta fuera, para dar a ese comportamiento de la Administración, tras la denuncia ante ésta de la mora, el valor de un acto desestimatorio , si así lo decidiera el administrado. Sin embargo, cuando el artículo 95 LPA se refiere al silencio positivo se limitan los supuestos en que ello puede suceder; cuando se establezca por disposición expresa o cuando se trate de aprobaciones y fiscalizaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela de los órganos Superiores sobre los inferiores.

El artículo 43 LPAC, en cambio, no se refiere a solicitudes sino a procedimientos. Es verdad que su párrafo 2 dice que los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes , pero se trata de solicitudes insertadas en determinados procedimientos. Procedimientos que resultan de la aplicación de las correspondientes normas legales a las solicitudes presentadas por los interesados. Y esto que cabía mantenerlo en la redacción de la LPAC anterior a la modificación aprobada por la Ley 4/1999 de 13-I, es aun mas patente después de esta Ley. Antes de la Ley 4/1999 , porque el artículo 43 contenía tres supuestos de silencio positivo que remitían a procedimientos mas o menos formalizados; los dos primeros sin duda alguna (concesión de licencias o autorización de instalación, traslado o ampliación de empresas y centros de trabajo y solicitudes que habilitaran al solicitante para el ejercicio de Derechos preexistentes) , pero también el tercero, "solicitudes en cuya normativa de aplicación no se establezca que quedaran desestimadas si no recae Resolución expresa", porque esa normativa de aplicación no podía ser otra sino la normativa reguladora del específico procedimiento en cuestión.

Claramente se ve que en la mente del legislador estaba el aplicar el régimen de silencio positivo no a cualquier pretensión, por descabellada que fuera , sino a una petición que tuviera entidad suficiente para ser considerada integrante de un determinado procedimiento administrativo. Y así resulta de la Disposición Adicional 3ª LPAC que manda adecuar los procedimientos existentes a la nueva regulación de la LPAC, y tras esa previsión se publican varios R.R.DD de adecuación, hasta llegar a la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Publica de 20-III-96 que publica la relación de procedimientos de la Administración General del estado.

Esta resolución se publica en el BOE de 10-IV-96 y en dos suplementos de 190 paginas que en total contienen los procedimientos existentes en el ámbito de la administración General del Estado, indicando, entre otras cosas , el plazo para su Resolución y los efectos del silencio.

Y esta es la situación con que se encontró el legislador en la reforma de la LPAC de 1999.

La Exposición de Motivos de la Ley 4/1999 parte de esa relación de procedimientos, porque se refiere a los aproximadamente 2000 procedimientos existentes en la actualidad. El escenario que contempla el legislador para regular el sentido del silencio no es un escenario de peticiones indiscriminadas a la Administración sino de peticiones que pueden reconducirse a alguno de los procedimientos detectados e individualizados. La Exposición de Motivos habla de la necesidad de simplificación de ese conjunto de procedimientos, lo que se plasma en la Disposición Adicional 1ª 1 de la Ley .

Asimismo en la Disposición Adicional 1ª 2 se ordena al Gobierno la adaptación de los procedimientos existente al sentido del silencio establecido en la Ley. Y la Disposición Adicional 29 de la Ley 14/2000 , de 29-XII de Medidas Fiscales y de Orden Social, en su Anexo II contiene una relación de procedimientos en los que el silenció opera en sentido desestimatorio.

Para el legislador de 1999, como también para el de 1992, sólo cabe aplicar la ficción del silencio que establece la LPAC para los procedimientos regulados como tales por una norma jurídica. A diferencia de la LPA que aplicaba el silencio negativo a las peticiones, cualesquiera que estas fueren.

La LPAC establece como regla el silencio positivo, pero parte de que esa ficción legal se aplica a procedimientos predeterminados, como resulta de lo más atrás expuesto y también del art. 42.2 que , cuando habla de la obligación de resolver, advierte que ha de resolverse en el plazo "fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento" , ha de haber un procedimiento derivado específicamente de una norma fija, y del 42.5, que manda a las Administraciones Publicas que publiquen y mantengan actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio Administrativo.

El silencio regulado en los artículos 43 y 44 sólo opera en el marco de alguno de los procedimientos reconocidos como tales en el ordenamiento jurídico, estén o no estén recogidos como tales en las normas reglamentarias de delimitación de procedimiento".

Pero es que además , existe norma de rango legal expresa que atribuye efectos desestimatorios al silencio en este tipo de pretensiones de índole retributiva; así, la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, dispone en su Anexo, que el efecto del silencio con relación a aquellas "Solicitudes de reconocimiento o revisión de Derechos relacionados con la carrera administrativa y retribuciones del personal al servicio de la Administración", será desestimatorio por transcurso de 3 meses. Esta previsión viene referida a la LFPV , de aplicación al personal estatutario tanto por la expresa remisión de supletoriedad que en su art. 1.2 se hace al personal sanitario, como por la equiparación del personal estatutario con el sujeto al régimen funcionarial (art.2 ), que realiza el Estatuto Marco (Ley 55/2003 ).

En todo caso, este Tribunal ha venido entendiendo (Sentencia de fecha 24/julio/2008, recaída en el rollo de apelación num. 642/07, o de 10/diciembre/2008, en apelacion num. 513/08 ) que el silencio positivo no opera ante pretensiones como la que aquí abordamos, "... desde la perspectiva del Derecho material, el que trae causa del reiterado criterio jurisprudencial que impide que pueda adquirirse por silencio aquello que por ley no puede concederse (por todas , ST.S.J. Madrid, num. 1719/05, de 7 /diciembre ); así, respecto del fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que respecto a la cuestión que se dilucida en la presente apelación , relativa a la concesión del Complemento Especifico B, como se entendió por este Tribunal, en sentencia num.1122/07, recaída en el rollo de apelación num.295/06, dictada por el Pleno de esta Sección segunda :

"Segundo.- El artículo 55 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera , y de Organización de la Generalitat Valenciana, dispone lo siguiente:

"1. El personal médico podrá optar por los complementos específicos previstos en los diferentes grupos retributivos incluidos en el Anexo de esta ley para cada categoría profesional, especialidad o actividad. Una vez asignado el complemento específico C, no se podrá optar a la percepción del complemento específico B.

2. El personal médico que se incorpore a un puesto de trabajo mediante un concurso de traslados conservará el complemento específico que tuviera asignado en su plaza de procedencia , sin perjuicio de las posibilidades de opción previstas en las disposiciones que regulan este procedimiento.

3. Al personal médico que se incorpore a un puesto de trabajo mediante la superación de las correspondientes pruebas selectivas se le asignará el complemento específico C , excepto en el caso que no exista este complemento específico para esa categoría profesional, especialidad o actividad.

4. El personal médico que ocupe un puesto de trabajo sin tenerlo en propiedad , cualquiera que sea el sistema de provisión del mismo, tendrá asignado el complemento específico C , excepto en el caso que no exista este complemento específico para esa categoría profesional, especialidad o actividad.

5. Los facultativos de cupo y zona y los funcionarios sanitarios locales que se integren en los Equipos de Atención Primaria podrán optar por el complemento específico con el que deseen integrarse, conforme en todo caso con lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo."

Resulta evidente que la citada norma no se dicta en desarrollo de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, pues se trata aquélla de una norma anterior a ésta. Pero ello no significa que no esté plenamente vigente , precisamente en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de esta Ley .

Tercero.- A la recurrente se le asigna el complemento específico B en virtud de lo dispuesto en el artículo 55.3 , si bien es cierto que el día 1 de marzo toma posesión como facultativo especialista en el Hospital de la Plana de Villarreal, y en esa misma fecha cesa en dicho puesto por ser destinada en comisión de servicios en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, y por tanto el puesto que ocupa en La Fe lo es sin tenerlo en propiedad (art. 55.4 ).

Así pues no se trata de una aplicación retroactiva del artículo 55 de la Ley valenciana 11/2000, pues de ser así a la recurrente se le hubiese asignado el complemento específico C a la entrada en vigor de ésta, aun permaneciendo en la situación de interino, en virtud de lo dispuesto en el artículo 55.4 . (......)"

La aplicación del anterior criterio y conclusiones al caso que nos ocupa , determina la estimación del presente recurso y la correlativa revocación de la Sentencia apelada, debiendo resolverse en su lugar la desestimación de las pretensiones sostenidas por la actora.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el art. 139.2º L.J.C.A., no procede imponer las costas de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de general aplicación.

Fallo

Se estima el recurso de apelación interpuesto por la GENERALITAT contra la Sentencia Sentencia num. 356/08, de 3/junio , dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Valencia, en el recurso Contencioso- administrativo número 234/07 .

Se revoca y deja sin efecto dicha Sentencia, y en su lugar se resuelve la desestimación del recurso Contencioso Administrativo interpuesto por Dª. Tarsila, contra la desestimación presunta, por la Conselleria de Sanitat, de la solicitud de abono del complemento específico B.

No procede efectuar expresa imposición de costas en ninguna de las instancias.

A su tiempo devuélvanse los autos, con certificación literal de esta Sentencia, al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación , lo pronunciamos , mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior Sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. magistrado ponente de la misma, estando constituido el Tribunal en audiencia pública, de lo que , como Secretario de éste, doy fe.