Sentencia Administrativo Nº 140/2015, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Santander, Sección 1, Rec 104/2015 de 23 de Junio de 2015

Encabezamiento

S E N T E N C I A nº 000140/2015

En Santander, a 23 de junio de dos mil quince.

Vistos por D. Juan Varea Orbea, Juez del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Santander los autos del procedimiento abreviado 104/2015 sobre responsabilidad patrimonial, en el que actúa como demandantes la entidad FIATC MUTUA DE SEGUROS y don Bruno representados por el Procurador Sr. García Viñuela y defendidos por el letrado Sr. Lorenzo Vías siendo parte demandada el Ayuntamiento de Los corrales de Buelna, representado por el Procurador Sr. Vesga Arrieta y asistido por la letrado Sra. García Fontaneda y como codemandada la entidad ALLIANZ SA, bajo la misma representación y defensa, dicto la presente resolución con base en los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO.- El Procurador Sr. García Viñuela presentó, en el nombre y representación indicados, demanda de recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Ayuntamiento de Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna de 18-12-2014 que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el demandante.

SEGUNDO.-Admitida a trámite por medio se dio traslado a los demandados, citándose a las partes, con todos los apercibimientos legales, a la celebración de la vista el día 23 de junio.

TERCERO.-El acto de la vista se celebró el día y hora señalados, con la asistencia del demandante y de los demandados. Cada parte demanda formuló su contestación oponiéndose a la pretensión. A continuación, se fijó la cuantía del procedimiento en 797,23 euros y 300 euros respectivamente y se recibió el pleito a prueba. Tras ello, se practicó la prueba propuesta y admitida, esto es, la documental y la testifical. Practicada la prueba, se presentaron conclusiones orales, manteniendo el actor las pretensiones de la demanda, en tanto que, los demandados reiteraron sus alegaciones iniciales y solicitaron la desestimación de la pretensión de la actora.

Terminado el acto del juicio, el pleito quedó visto para sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte actora, aseguradora en virtud del art. 43 LCS y el propietario, formulan recurso contra la desestimación de su reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo asegurado consecuencia de trabajos municipales de desbroce realizados en el Polígono Industrial de Barros el 27-5-2014 sobre las 8,45 horas.

Frente a dicha pretensión se alzan el Ayuntamiento y el codemandado alegando falta de prueba de la causa del daño reclamado e impugnan la cuantía por excesiva.

SEGUNDO.-El art. 106.2 CE consagra el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración al señalar que 'los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos'. El régimen de tal responsabilidad, cuyo conocimiento se atribuye, en todo caso, a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa en los arts. 9.4 LOPJ y 2 e) LJ , se desarrolla en los arts. 139 a 146 de la LRJAP 30/1992 debiendo tenerse en cuanta, a su vez, el art. 121 LEF . Concretamente, el art. 139 citado establece que 'los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos'.

Desde el punto de vista de la doctrina y jurisprudencia emanadas en torno a este régimen, puede decirse que, para que surja la pretendida responsabilidad patrimonial de la Administración se requieren los siguientes requisitos:

a) Un hecho imputable a la administración, siendo suficiente por tanto con acreditar que se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

b) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, es decir, que el que lo padece no tenga el deber jurídico de soportarlo. El perjuicio patrimonial ha de ser real, evaluable económicamente, efectivo y individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

c) Una relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la administración y el daño producido.

d) Ausencia de fuerza mayor, como causa ajena a la organización y diferente del caso fortuito.

El fundamento de este sistema se ha desplazado desde la perspectiva tradicional de la acción del sujeto responsable a la perspectiva del patrimonio del perjudicado, sin que ello signifique prescindir del requisito de la causalidad y por ello de la imputación (esto ha llevado a ciertos sectores doctrinales a criticar la denominación que reiteradamente se efectúa del régimen como de responsabilidad objetiva por generar equívocos que han provocado excesos). Es decir, el centro del sistema es el concepto de lesión que no puede entenderse en sentido vulgar o coloquial de perjuicio sino como pérdida patrimonial antijurídica. Esta antijuridicidad no deriva del hecho de que la conducta del autor sea contraria a derecho (antijuridicidad subjetiva) sino de la circunstancia de que tal pérdida no deba ser soportada por el perjudicado por existir un deber jurídico que se lo imponga, lo que supone que la antijuridicidad se predica del efecto de la acción como principio objetivo de garantía del patrimonio del administrado. De esta forma se exige para que aparezca el concepto de lesión, el perjuicio, la ausencia de causas de justificación de la producción del mismo respecto del titular y la posibilidad de imputarlo a la Administración. Este elemento de la imputación es esencial para el surgimiento de la responsabilidad no bastando la mera relación de causalidad pues es preciso que la lesión causalmente ligada a la acción u omisión pueda ser jurídicamente atribuida, en este caso, a quien constituye una persona jurídica. Así, la doctrina baraja diversos títulos de imputación como que el agente haya obrado en el ámbito de organización de aquella (lo que excluye la imputación en caso de contratistas, concesionarios o profesionales libres, en general), que se presuma externamente como expresión del funcionamiento del servicio público normal o anormal, la creación de un riesgo en beneficio de la actividad administrativa o el enriquecimiento sin causa.

Es por ello, que no basta con atribuir causalmente el perjuicio al funcionamiento de un servicio sino que es preciso atribuirlo jurídicamente en virtud de un título de imputación. Si al servicio público implicado no puede exigírsele en Derecho la neutralización del riesgo de que se trate, debe negarse que el daño en que se concrete ese riesgo sea consecuencia del funcionamiento del servicio y, con ello, debe negarse la imputación jurídica del daño a la Administración; y ello moviéndonos en el marco del requisito de la relación de causalidad, pues este es un requisito jurídico, que no se integra solo con la conexión física (en el plano de la realidad de hecho) entre el evento y la implicación del servicio público (aspecto fáctico del requisito que se traduciría en la regla conocida como 'condito sine quanon'), siendo precisa una posterior valoración, en términos de Derecho y con referencia al fenómeno jurídico de la responsabilidad, de esa conexión fáctica, valoración que se ha traducido en tesis como la de la causalidad adecuada o de la imputación objetiva del daño y que, en cualquier caso, persigue lo que es propio del material jurídico: la valoración racional de lo fáctico. A la conclusión que cabe llegar es que el sistema de responsabilidad de la Administración no es puramente objetivo en el sentido de prescindir de criterios jurídicos de imputación del daño para erigir la causalidad física en un único origen de la responsabilidad (no se alude aquí a la normalidad o anormalidad del funcionamiento en el sentido de conductas culpables o no culpables como criterios a los que tradicionalmente se ha referido la objetividad del sistema) ni tampoco subjetivo (culpa o funcionamiento anormal como criterio de imputación) sino un sistema policéntrico en el sentido de que existe una pluralidad de criterios jurídicos que permiten resolver el juicio de imputación. Esos títulos no sirven como criterios para resolver todos los supuestos.

TERCERO.-En relación a esta materia, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2002 unifica criterios en torno al alcance de la denominada tradicionalmente responsabilidad objetiva de la Administración respecto al funcionamiento de sus servicios públicos, recordando que: « en reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo (se) tiene declarado, Sentencia de 5 jun. 1998 , que 'La prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico'.»

Y la STS de 6 de noviembre de 1999 afirma que 'Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá, entonces, deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable'.

CUARTO.-En esta demanda no se solicita expresamente la condena de la compañía aseguradora ALLIANZ, que comparece emplazada por el ayuntamiento en virtud del art. 21 LJ . Pero el actor, no ejercita ninguna acción directa del art. 76 LCS frente a la misma ni ejercita ninguna pretensión de condena, por lo que no cabrá hacerla en el fallo, en virtud del principio de congruencia estableciendo un pronunciamiento condenatorio no pedido y un título ejecutivo posterior no pretendido (STSJ de Cataluña de 7-4- 2014, STSJ de Castilla y León de 19-11-2014 y sobre todo la STS de 25-5-2010 ). Evidentemente, dada la intervención de las aseguradoras vía art. 21 LJ , el fallo la podrá perjudicar si se declara el fundamento de sus obligaciones, la responsabilidad patrimonial de la administración y la cuantía, sin prejuzgar el contenido de sus relacionas contractuales. Y lo mismo sucederá en materia de costas, pues la estimación íntegra supondrá su condena junto con la administración.

En el presente caso, existe prueba completa del daño sufrido en el vehículo a través de las fotografías del Informe de la Policía Local, las facturas de reparación de daños aportada y la testifical practicada. También, existe prueba suficiente como para entender probada la causa del daño. Tanto el Informe, como esas fotografías como las declaraciones del agente en la vista permiten afirmar la existencia de trabajos de desbroce (que son evidentes solo por las fotos) junto al vehículo y los daños, apareciendo incluso restos de hierba en la carrocería. El agente declaró que se hicieron indagaciones y que trabajadores de las naves aledañas indicaron que habían sido trabajadores del ayuntamiento quienes realizaron los trabajos y causaron el daño. El que se trate de contratados laborales no obsta a la imputación, pues al ser empleados públicos que desarrollan el servicio público municipal, el daño es imputable al titular de ese servicio, pues no hay ningún contratista.

Esta prueba es más que suficiente para afirmar la relación causal. El agente manifestó que el vehículo era nuevo, con la pintura 'inmaculada' en todas las zonas menos las dañadas y que 'destrozaron' un vehículo nuevo.

Esto permite descartar, además, cualquier otro origen causal del daño y admitir la factura de reparación que describe los trabajos y los valora. Las consideraciones sobre la imposibilidad de que los restos de desbroce alcanzaran o no algunas zonas no son más que especulaciones sin que haya prueba alguna que permita excluir partidas ni nada que permita afirmar que no fueran precisos los trabajos de pintura.

Se trata de un funcionamiento anormal del servicio municipal de mantenimiento de las vías conforme al art. 25 d) y 26.1. a) LBRL por lo cual surge la responsabilidad patrimonial y la obligación de indemnizar.

En definitiva, la demanda debe estimarse concediendo la cantidad que resulta de las facturas, abonadas respectivamente por cada uno de los actores en las cuantías solicitadas.

QUINTO.-En la demanda se solicita la condena al pago de los intereses, que procede conceder, por ser una institución precisa para otorgar una tutela judicial plena del derecho del recurrente a la indemnización, al enjuagar los perjuicios derivados por el transcurso del tiempo entre el momento en que el derecho nació y aquel en que se concretara con el correspondiente pago de la Administración deudora, tal y como resulta de los arts. 141.3 LRJAP , 24 LGP y los principios de resarcimiento pleno de los arts. 139 LRJAP y 121 LEF .

Tales intereses se calculan por referencia al tipo del interés legal del dinero y desde la fecha de la reclamación en vía administrativa hasta el momento del efectivo pago.

Es de señalar que lo que precede no entra en contradicción con la precisión del 'dies a quo' que hace el art. 106.2 LJCA , pues este precepto regula los intereses procesales compensatorios, esto es, la prolongación de los intereses de demora una vez dentro del proceso judicial. Lo que el precepto quiere significar es que el efecto compensatorio o indemnizatorio de los intereses prolonga su virtualidad una vez que el proceso ha concluido con sentencia y hasta el pago efectivo de la deuda. Sería contrario radicalmente al sentido de la institución de los intereses de demora el entendimiento según el cual el mencionado precepto determina que dichos intereses no comienzan a computarse hasta que se dicta la sentencia, pues dejaría fuera todo el periodo precedente en el que, habiendo nacido el derecho y habiéndose reclamado del deudor, no se pago la deuda.

SEXTO.-En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho .

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

Fallo

SE ESTIMA ÍNTEGRAMENTEla demanda presentada por el Procurador Sr. García Viñuela, en nombre y representación de la entidad FIATC MUTUA DE SEGUROS y don Bruno contra la Resolución del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna de 18-12-2014 que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el demandante y en consecuencia SE ANULAla misma y SE CONDENAal Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna a indemnizar la entidad FIATC MUTUA DE SEGUROS en la cantidad de 797,23 euros y a don Bruno en la cantidad e 300 euros, cantidades que devengarán el interés legal del dinero desde la fecha de la reclamación administrativa.

Las costas se imponen a las partes demandadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciendo constar que la misma es firme y no cabe recurso alguno contra la misma.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha.