Sentencia Administrativo Nº 15/2010, Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 1032/2006 de 11 de Enero de 2010

Encabezamiento

T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.1

ALBACETE

SENTENCIA: 00015/2010

Recurso contencioso-administrativo nº 1032/2006

Cuenca

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera.

Magistrados, Ilmos. Sres.:

D. José Borrego López. Presidente.

D. Mariano Montero Martínez

D. Manuel José Domingo Zaballos.

D. Ricardo Estévez Goytre.

S E N T E N C I A Nº 15

En Albacete, a once de enero de 2010.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, seguidos bajo el número 1032 de 2006 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de Dª Laura , representada por la Procurador Sra. Vicente Martínez y defendida por el Letrado Sr. López Cambronero, contra la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representada y dirigida por sus Servicios Jurídicos, en materia de registro vitícola. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Manuel José Domingo Zaballos.

Antecedentes

Primero. Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 27 de Noviembre de 2006 recurso contencioso- administrativo contra la resolución de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 28 de Marzo de 2006, por la que se estimaron parcialmente los recursos de alzada entablados contra otras tantas resoluciones de la Delegación Provincial en Cuenca de dicha Consejería, que más adelante se identificarán, sobre actualización de datos en el Registro Vitícola y órdenes de arranque de viñedo en cinco parcelas rústicas, en término municipal de Villanueva de la Jara, Cuenca, por haber sido realizada sin la preceptiva autorización administrativa.

Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando sentencia que declarara la nulidad de las resoluciones combatidas y la inclusión en el Registro Vitícola como parcelas plantadas de viñedo antes de septiembre de 1998, así como estableciendo que no procede el arranque de las parcelas de viñedo controvertidas ni imposición de multa alguna subsidiaria.

Segundo. Contestada la demanda por la Administración demandada, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimatoria del recurso.

Tercero. Acordado el recibimiento del pleito a prueba, y practicadas las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló hora para votación y fallo el día siete de enero de 2010, en que tuvo lugar.

Fundamentos

Primero. Impugna la parte actora la resolución de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 28 de Marzo de 2006, por la que se estiman parcialmente cinco recursos de alzada entablados contra los siguientes actos administrativos de la Delegación Provincial en Cuenca de dicha Consejería:

- Resolución de 30 de Marzo de 2004 por la que se comunica a la actora la obligación de arranque de las parcelas NUM000 / NUM001 , NUM002 , NUM003 y NUM000 / NUM004 con requerimiento previo a la aplicación de la multa coercitiva.

- Resolución de 7 de Abril de 2004, de inclusión en el Registro Vitícola de las parcelas NUM000 / NUM004 y NUM000 / NUM001 en situación de parcelas ilegales al estar plantadas con posterioridad a 1 de Septiembre de 1998.

- Resolución de 20 de Mayo de 2004 de inclusión en el Registro Vitícola de las parcelas NUM000 / NUM004 , NUM000 / NUM001 , NUM002 y NUM003 en situación de ilegales por la misma razón.

- Resolución de 9 de Junio de 2004, por la que se comunica la obligación de arranque de la parcela NUM000 / NUM004 con requerimiento previo a la aplicación de multa coercitiva.

- Resolución de 29 de Diciembre de 2004 imponiendo multa coercitiva por incumplimiento de la orden de arranque de la última parcela reseñada.

La estimación parcial del recurso se limitó a estimarlo en lo tocante a la imposición de la multa coercitiva en la resolución de 29 de Diciembre de 2004 en tanto que, interpuesto recurso de alzada contra las resoluciones comunicando la obligación de arranque, con expresa petición de suspensión, quedó la misma concedida ex art. 111 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre .

Segundo. Como venimos reiterando en distintas sentencias, la clave para resolver el presente asunto viene dada por lo dispuesto en el art. 2, apartado séptimo, del Reglamento CE 1493/1999, del Consejo, de diecisiete de mayo , que dejó dicho: Las parcelas plantadas con variedades de vides clasificadas como variedades de uvas de vinificación, plantadas a partir del 1 de septiembre de 1998 y cuya producción, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del art. 6 o en el apartado 4 del art. 7 del Reglamento (CEE) nº 822/87 , sólo podía ponerse en circulación con destino a las destilerías, o las plantadas infringiendo la prohibición de plantación contemplada en el apartado 1, serán arrancadas. Los gastos relacionados con dicho arranque correrán a cargo del productor correspondiente. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por la aplicación del presente apartado. [Prácticamente literal].

De manera que, sometida la plantación de viñedo a autorización administrativa desde la Ley española 25/1970, de dos de diciembre , se estableció un procedimiento de regularización, pero únicamente para las viñas plantadas antes del uno de septiembre de 1998 y que no hubieran obtenido la citada autorización previa; para las plantadas con posterioridad a dicha fecha, sólo cabe materializar su arranque.

La peliaguda cuestión que se puede plantear, y que de hecho ha dado lugar a numerosos recursos ante este órgano judicial, va a ser determinar la fecha de plantación de los viñedos en cada caso controvertidos, o mejor aún, si se puede datar la plantación antes o después del uno de septiembre de 1998, porque, prohibida la plantación de vides para producción de vino, se ha intentado regularizar las plantaciones ilegales pese a ello realizadas, siempre que fueran anteriores a uno de septiembre de 1998, algo que en el ámbito autonómico llevó a cabo la Orden castellano-manchega de seis de abril de 2001.

Tercero. Como hemos visto, la plantación misma de viñedo, sin excluir circunstancias, está sujeta a previa autorización administrativa desde, al menos, 1970. Y sin olvidar que, como dijimos en Sentencia de siete de octubre de 2005 , Autos de recurso contencioso-administrativo 194/2002 (en los que impugnaba el autonómico Decreto 6/2002, de quince de enero , por el que se creó la Reserva Regional de Derechos de Plantación de Viñedo en Castilla-La Mancha, así como la Orden de quince de enero de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecieron las normas para la solicitud y concesión de los derechos de plantación de viñedo), dicha regularización sólo nació como una expectativa o derecho no patrimonializado.

Cuarto. Pero es que, como bien argumenta la Defensa Letrada de la Administración demandada, lo que en el presente pleito se puede discutir no es la fecha de plantación, la antigüedad del viñedo o la posibilidad de regularización: se nos indica, y no consta lo contrario, pues casi ni se comenta por la Defensa Letrada de la parte actora, que la regularización de las parcelas que se pretende -de hecho, es prácticamente la única cuestión que quiere analizar la demandante- no se llegó a pedir, por lo que el acto ahora impugnado no contempla tal decisión administrativa, sino que se refiere, únicamente, al apercibimiento de arranque del viñedo que sigue siendo ilegal, por existir informes de técnico de la Administración que, tras visitar las parcelas, afirmó como fecha de plantación el año 1999 (en el caso de la parcela NUM000 / NUM004 todavía más tarde, en 2001). Lo que se puede dilucidar en este pleito es si el requerimiento para arranque, con apercibimiento de aplicación de multa coercitiva caso de no hacerlo así, es conforme a Derecho. Y claramente lo es si constatamos, como vimos en la introducción y exposición general, que la orden de arranque no es sino una consecuencia inevitable y directa de la imposibilidad de regularizar una plantación ilegal de viñedo. No constituye una medida sancionadora, sino de simple reparación y restitución del orden legal vulnerado. Obsérvese, incluso, que no estamos hablando de la imposición de una de las multas coercitivas que cabe imponer con el grupo normativo aplicable en la mano (y con apoyo en el art. 99.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común ), sino del simple requerimiento para el arranque, que devenía ineludible al no haberse regularizado la parcela en cuestión. La orden de arranque era la consecuencia lógica y sucesiva en el tiempo al hecho de no haber obtenido la "legalización" de la parcela. Admitimos en su día la práctica de prueba pericial por haberlo hecho en prácticamente todos los asuntos semejantes al actual y por evitar quiebra del principio de tutela judicial efectiva, pero no hay que entrar en su estudio, por las razones expuestas. Queda abierta, salvo pronunciamiento en contrario por esta Sala que en este momento no nos consta, la posibilidad para la recurrente Dª Laura de, con el material probatorio aquí desarrollado, hacer valer su derecho para obtener, si procediera, la regularización del viñedo.

Quinto. Sí conviene decir, al menos, que todas las alegaciones de la demanda hacen referencia a la existencia de un expediente sancionador, cuando resulta que no se puede tildar de tal a ninguno de los actos hoy impugnados. Ello ocurre con la predicada caducidad del expediente, con la prescripción de la infracción, con la falta de notificación del instructor del expediente, con la falta de motivación, con la falta de competencia del órgano encargado de decidir, con la nulidad por lesión de derechos fundamentales, con la falta de propuesta de resolución y de trámite de audiencia y con la igualmente aducida irretroactividad. Al fallar la base en la que se sustentan esos motivos de impugnación, no cabe sino remarcar que el apercibimiento de arranque de viñedo es consecuencia automática de la ilegalidad de éste.

Razones las expuestas que nos mueven derechamente a la desestimación del recurso entablado. En iguales términos nos hemos manifestado, entre otras, en la Sentencia de uno de junio de 2009, autos de recurso contencioso-administrativo nº 190/2006 .

Sexto.- No concurren los presupuestos legales habilitantes (art. 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ) para efectuar concreto pronunciamiento en cuanto al abono de las costas procesales.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación; en nombre de S.M. el Rey,

Fallo

Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo entablado contra la resolución de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 28 de Marzo de 2006, por la que se estimaron parcialmente los recursos de alzada entablados contra otras tantas resoluciones de la Delegación Provincial en Cuenca de dicha Consejería sobre actualización de datos en el Registro Vitícola y órdenes de arranque de viñedo en cinco parcelas rústicas, en término municipal de Villanueva de la Jara, Cuenca, por haber sido realizada sin la preceptiva autorización administrativa; sin expreso pronunciamiento en costas.

Así, por esta Sentencia, contra la que no cabe interponer recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.