Sentencia Administrativo Nº 150/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 225/2012 de 02 de Marzo de 2015

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rollo de apelación nº 225/2012

SENTENCIA Nº 150/2015

Ilmos. Sres.:

Presidente

DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA

Magistrados

DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS

DOÑA ANA RUBIRA MORENO

DON EDUARDO PARICIO RALLO

En la ciudad de Barcelona, a 2 de marzo de 2015.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA)ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el Rollo de Apelación nº 225/2012, interpuesto por la Sociedad ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU, representada por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Mª de Anzizu Furest y defendida por Letrado, siendo parte apelada la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada y defendida por la Abogada de la Generalitat.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO -En el recurso contencioso-administrativo nº 653/2010, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Barcelona, a instancias de la Sociedad aquí apelante, frente a la Generalitat de Catalunya, se dictó Sentencia en fecha 24 de enero de 2012 , desestimatoria del recurso interpuesto.

SEGUNDO -Contra la referida Sentencia se formuló recurso de apelación por la parte actora, que fue admitido a trámite, con traslado a la parte demandada, que evacuó escrito oponiéndose a dicho recurso.

TERCERO -Elevadas las actuaciones a la Sala, se acordó formar el oportuno rollo de apelación, se designó Magistrado Ponente y, no habiéndose abierto el procedimiento a prueba en esta alzada ni celebrado vista, se señaló fecha para la votación y fallo del recurso, el 24 de febrero de 2015.

CUARTO -En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO -A) Constituye el objeto del recurso contencioso-administrativo nº 653/2010, del que ha conocido en 1ª instancia el Juzgado de lo Contencioso nº 4 de Barcelona, la impugnación por la Sociedad actora de la resolución dictada en fecha 1 de abril de 2010 por el Director General d'Energia i Mines, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, confirmatoria en vía de alzada de anterior resolución dictada en fecha 25 de noviembre de 2009 por el Cap del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric, del mismo Departament, por la que se había acordado :

'1. Declarar comesa per l'empresa(actora) la infracció tipificada a l'article 60 apartat 12 de la Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del sector elèctric en relació amb l'article 50 de la mateixa Llei i que és qualificada com a greu, d'acord amb l'article 61 de la Llei esmentada.

2. Sancionar(a la actora), amb una multa de 40.000 euros, d'acord amb el que preveu l'article 64 de la Llei elèctrica'.

B) Los hechos imputados por la Administración demandada a la Sociedad actora, se concretaron en el pliego de cargos obrante en el expediente administrativo sancionador, de fecha 20 de abril de 2009, tratándose de que aquélla ' va suspendre el subministrament elèctric per una avaria el dia 12 de desembre de 2008...i va afectar els municipis d'Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d'Estrach, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, amb afectació màxima de 5.358 punts de subministrament i amb una duració excessiva, concretament, de 2 hores i 51 minuts de durada màxima i 4 minuts de mínima'.

C) Interpuesto por Endesa Distribución Eléctrica SLU, recurso contencioso contra dichas resoluciones, el Juzgado a quo, a tenor de la Sentencia apelada, dictada en fecha 24 de enero de 2012 , lo desestimó, confirmando las resoluciones impugnadas.

La parte actora formuló recurso de apelación, alegando en esencia :

1) Que en esta litis se plantean ' cuestiones de índole estrictamente jurídica', de modo que no se discuten los hechos imputados a tenor del referido pliego de cargos, objeto de la sanción de multa impuesta, ni se invoca en relación con los mismos la concurrencia de fuerza mayor por las condiciones atmosféricas, como causa de justificación.

2) Que la obligación de suministro eléctrico ' no supone que deba ser absoluta (del cien por cien) en cuanto a su continuidad o calidad, por cuanto la propia normativa legal reguladora del sistema reconoce que el sistema eléctrico no es infalible'.

3) Que consecuentemente, ' No toda interrupción del suministro puede ser legalmente sancionada', bien entendido que ' el derecho sancionador es, como las normas penales, el último recurso'.

4) Subsidiariamente, ' el importe de la sanción ha sido defectuosamente graduado'.

La representación procesal de la Administración demandada y apelada interesa en el escrito de oposición al recurso de apelación, la desestimación de éste y la confirmación de la Sentencia recurrida.

SEGUNDO -1) Con arreglo al art. 50 (' Suspensión del suministro ') de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico , en la redacción vigente en la fecha de los hechos imputados :

'1. El suministro de energía eléctrica a los consumidores podrá suspenderse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro o de acceso que nunca podrá invocar problemas de orden técnico o económico que lo dificulten,o por causa de fuerza mayoro situaciones de las que se pueda derivar amenaza cierta para la seguridad de las personas o las cosas, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.

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2. También podrá suspenderse temporalmente cuando ello sea imprescindible para el mantenimiento, seguridad del suministro, reparación de instalaciones o mejora del servicio. En todos estos supuestos, la suspensión requerirá autorización administrativa previay comunicación a los usuarios en la forma que reglamentariamente se determine. Quedarán exceptuadas de esta autorización aquellas actuaciones del operador del sistema tendentes a garantizar la seguridad del suministro. Este tipo de actuaciones deberán ser justificadas con posterioridad en la forma que reglamentariamente se determine...'.

2) A su vez, conforme al art. 60 (' Infracciones muy graves'), de la misma Ley :

'a) Son infracciones muy graves:

...12. La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal o reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos legal o reglamentariamente'.

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TERCERO -A) Partiendo de cuanto antecede, y alegando la parte actora y apelante, en ambas instancias de este proceso, que no toda interrupción del suministro puede ser legalmente sancionada, tal planteamiento es asimilable al que fue objeto, entre otras, de la Sentencia de esta Sala y Sección de 7 de junio de 2013, rec. 14/2011 , a la que procede remitirse :

FJ 2º : 'En cuanto se refiere a la tipificación de los hechos imputados a la actora, debe partirse de lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 54/1997 , el cual dispone que 'el suministro de energía eléctrica a los consumidores podrá suspenderse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro o de acceso que nunca podrá invocar problemas de orden técnico o económico que lo dificulten, o por causa de fuerza mayor o situaciones de las que se pueda derivar amenaza cierta para la seguridad de las personas o las cosas, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes', los cuales no son de aplicación en este caso.

A su vez, el artículo 60.a.12 de la propia Ley considera como infracción muy grave la interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal o reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos legal o reglamentariamente....

De lo expuesto se deduce que los hechos de autos constituyen infracción administrativa, habida cuenta que, como prevé expresamente la norma, no cabe invocar problemas técnicos para justificar la suspensión del suministro de energía eléctrica, salvo casos de fuerza mayor o riesgo para la seguridad de las personas o las cosas, de modo que no resulta exigible una especial intencionalidad, sino que basta la imputación a título de negligencia, como ha declarado de forma reiterada la jurisprudencia respecto de supuestos de análoga significación al presente'.

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FJ 3º : 'En su escrito de demanda, como antes se ha expuesto, la entidad actora argumenta que la propia normativa del sector eléctrico reconoce la imposibilidad de asegurar al 100% la continuidad y la calidad del servicio, de modo que las interrupciones del suministro como las que aquí se examinan sólo pueden ser sancionadas, en primer lugar, cuando no concurran acciones de terceros o fuerza mayor, por lo que la avería ha de haber sido causada por motivos derivados del propio funcionamiento del sistema. En segundo lugar, se requiere que la interrupción vulnere la calidad individual y zonal o la continuidad del suministro, y por ello dé lugar a compensación en la facturación, o bien a la necesidad de elaborar un plan de calidad zonal.

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Esta argumentación no puede ser compartida, puesto que el examen de la Ley 54/1997 pone de relieve que el incumplimiento de los índices de calidad del servicio,que es la conducta a la que en definitiva se refiere la actora, constituye una infracción distinta de la que se ha aplicado en este caso, que se halla tipificada en el artículo 60.a.11 de la citada Ley. Por el contrario, la interrupción del suministrosin que medien los requisitos establecidos legal o reglamentariamente, o fuera de los supuestos previstos en la normativa aplicable, se contempla como una infracción distinta y específica.

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Dado que las interrupciones que son objeto de este procedimiento se realizaron fuera de los supuestos previstos en el artículo 50.1 de la Ley 54/1997 , debe concluirse que las mismas constituyen la infracción prevista en el artículo 60.a.12 del mismo texto legal , por lo que procede confirmar en este punto las resoluciones impugnadas'.

Y en definitiva, el supuesto es también asimilable al de la Sentencia de esta Sala y Sección de 3 de septiembre de 2012, rec. 484/2008 , que reproduce los razonamientos de las STS, Sala 3ª, ambas de 21 de mayo de 2008, rec. 1713/2005 , FJ 6º, y rec. 3378/2007, FJ 8º :

'En conclusión, entre las interrupciones sancionables en virtud del artículo 60.4 (después , art. 60 a) 12) de la Ley del Sector Eléctrico se incluyen aquellas que presentan las características de la de autos: interrupciones imprevistas, no autorizadas, que han afectado a una zona o grupo de población y en cuya génesis confluyen tanto factores atmosféricos no calificables de fuerza mayor cuanto fallos de equipos y materiales, corrosión, defectos de mantenimiento o de montaje y otros similares que revelan la inadecuación de las instalaciones imputable a la empresa distribuidora de energía eléctrica'.

B) Nuevamente, la Sentencia de esta Sala y Sección de 19 de mayo de 2014, rec. 353/2011 , abordó un similar planteamiento de la aquí actora y apelante, en términos que procede reproducir :

'PRIMER.- L'objecte del recurs que ens ocupa és la resolució dictada en data 22 d'abril de 2010 pel director general d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya; resolució mitjançant la qual es va imposar a l'actora una sanció de 25.000 euros corresponent a una infracció greu tipificada a l' article 60.12 de la Llei 54/1997 del sector elèctric.

Els fets imputats no son objecte de discussió a les actuacions i es refereixen a la interrupció del subministrament d'energia elèctrica respecte 3.598 abonats dels municipis de Montcada i Reixac i Ripollet en data 16 de setembre de 2008, interrupció que va tenir una durada màxima de 2 hores i 39 minuts i mínima de 14 minuts. La interrupció del subministrament que va ser causada per una avaria a la línia AISMAIB 2.

Segons que s'ha esmentat, l'actora fonamenta aquest recurs d'apel·lació en un primer motiu en el sentit que l'obligació de continuïtat en el subministrament no pot ser absoluta des d'un punt de vista material, circumstància que fa que la normativa admeti un marge acceptable d'interrupcions. Considera en conseqüència que només pot ser qualificada com infracció la interrupció del subministrament que superi el temps i el número de talls admissible a la zona; això és, la que no assoleixi el nivell de qualitat individual o zonal.

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Certament, la Llei 54/1997 del sector elèctric admet un determinat marge respecte la continuïtat del servei als consumidors. En aquest sentit, l'article 48 determina que el subministrament s'haurà de dur amb les característiques i la continuïtat que reglamentàriament s'estableixin per al territori nacional. En aquest sentit l'Administració determina els índex de qualitat del servei i els marges d'oscil·lació admissible tant pel que fa a l'usuari individual, com pel que fa a la zona geogràfica. Uns índex que es refereixen tant a la continuïtat del subministrament respecte el nombre i durada de les interrupcions, com a les característiques de la tensió

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En aquest mateix sentit, l'article 101 del Reial Decret 1955/2000 defineix la continuïtat del subministrament en funció del nombre i durada de les interrupcions i l'article 104 determina el marge màxim admissible pel que fa a tots dos paràmetres, un marge que s'expressa jurídicament com una obligació del distribuïdor respecte els consumidors. Alhora, l'article 105 determina les conseqüències que comporta l'incompliment dels anteriors marges, conseqüències que es concreten en l'obligació de practicar determinats descomptes en la facturació als consumidors afectats. Els articles 106 i 107 reprodueixen el plantejament respecte els requeriments de qualitat zonal.

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Així doncs, és ben cert que la qualitat del subministrament a la que queda obligada la companyia admet un marge pel que fa al nombre i durada de les interrupcions, un marge per sota del qual no hi ha conseqüències en les relacions entre la companyia i el consumidor. Com s'ha dit, l'actora argumenta en aquest sentit que materialment no és possible un subministrament sense interrupcions i que la possibilitat de talls de subministrament queda admesa en normativament en la forma flexible en què s'han configurat els requeriments de qualitat del servei, de forma que no pot haver-hi il·lícit si no s'acredita que la interrupció supera els marges legalment admissibles.

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L'anterior plantejament resulta certament plausible, però no és el que adopta el nostre ordenament. En efecte, la Llei 54/1997 fa una distinció entre el deure de continuïtat al que queda obligada la companyia i els marges d'interrupció que son admissibles als efectes de generar un dret de compensació per part dels usuaris. En el primer cas, l' article 50 de la Llei de sector elèctric és ben clar en no admetre mes suspensions del subministrament que les previstes al propi precepte ; això és, les que estiguin previstes al contracte, les derivades de causa o força major, les relacionades amb situacions d'amenaça certa per a la seguretat de les persones o les coses, les interrupcions imprescindibles per al manteniment o millora de les instal·lacions -en aquest darrer cas prèvia autorització administrativa-, o les suspensions per manca de pagament.

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Per tant, la companyia està obligada a prestar el subministrament sempre, llevat els supòsits esmentats. L'obligació de la companyia no admet inicialment un marge d'interrupció fora d'aquests supòsits, sense perjudici que perquè el consumidor tingui dret a compensació cal que les interrupcions en nombre i durada superin uns determinat marges.

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Aquest plantejament queda reflectit a l'article 60 de la Llei quan defineix el tipus infractor que es ocupa. Un tipus que es refereix a la interrupció o suspensió del subministrament sense complir els requeriments o fora dels supòsits legalment establerts, requeriments que cal entendre que son els previstos a l'article 50 de la Llei. Un tipus que és diferent al que es refereix a l'incompliment dels índex objectius de qualitat del servei, que és el previst a l'apartat onzè de l'article 60.

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Val dir que el Tribunal Suprem ha abonat l'anterior interpretació a la sentència d'onze de maig de dos mil deu (recurs núm. 3793/2007 )'.

(Y también, cabe añadir, la STS, Sala 3ª, de 22 de junio de 2010, rec. 3470/2007 , FJ 4º y 5º).

'SEGON.-(Y)... pel que fa al fet que en tot cas la sanció ha de ser un darrer recurs, aplicable només en absència d'altres sistemes, es tracta d'una consideració de política legislativa que pot ser mol legítima, però el cas és que la Llei penalitza es talls de subministrament tot definint un il·lícit en aquest sentit, de forma que cal estar a aquest plantejament'.

CUARTO -Alegada por último en la demanda la falta de proporcionalidad de la sanción (su importe, de 40.000 euros, habría sido ' defectuosamente graduado') baste señalar al respecto que, si se hubieran calificado los hechos como infracción muy grave, con arreglo al art. 60 a), apartado 12, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre , en la redacción conferida por Ley 17/2007, de 4 de julio, vigente desde el 6 de julio de 2007, la sanción hubiera podido alcanzar una multa de hasta 30.000.000 euros, mientras que como grave, así considerada en las resoluciones aquí impugnadas, podría haber sido impuesta por importe de hasta 6.000.000 de euros, conforme al art. 64.1 de la misma Ley .

Y si la infracción pudiera calificarse como leve, todavía cabria imponer la sanción de multa, de hasta 600.000 euros a tenor de este último precepto.

Así la cosas, no cabe tener por desproporcionada la impuesta, atendido el alcance de la interrupción del suministro eléctrico sancionada, puestas en relación con los criterios de los arts. 63.3 y 64.3 de la Ley de referencia.

Procede por todo ello la desestimación del presente recurso de apelación.

QUINTO -Procede igualmente, con arreglo al art. 139.2 y 3 LJCA , imponer las costas procesales de esta alzada a la parte apelante, no concurriendo circunstancias que justifiquen la no imposición, si bien, hasta el límite de 1.500 euros.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- DESESTIMARel recurso de apelación formulado por la parte actora, contra la Sentencia dictada en fecha 24 de enero de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Barcelona , la cual se confirma por estimarse ajustada a derecho.

2º.-CONDENARa la parte actora apelante al pago de las costas devengadas a su instancia en esta alzada, hasta el límite de 1.500 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta Sentencia no cabe interponer recurso ordinario.

Así, por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo dia de su pronunciamiento. Doy fe.