Sentencia Administrativo Nº 1529/2014, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 1156/2014 de 05 de Diciembre de 2014

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Quinta

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2012/0007102

Procedimiento Ordinario 1156/2014

Demandante:D./Dña. Celsa

PROCURADOR D./Dña. ELENA PUIG TUREGANO

Demandado:Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE

MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SENTENCIA 1529

RECURSO NÚM.: 1156-2014

PROCURADOR D./DÑA.: ELENA PUIG TURÉGANO

Letrado COMUNIDAD DE MADRID

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. José Alberto Gallego Laguna

Magistrados

D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo

Dña. María Rosario Ornosa Fernández

Dña. María Antonia de la Peña Elías

Dña. Sandra María González de Lara Mingo

Dña. Carmen Álvarez Theurer

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En la Villa de Madrid a 5 de Diciembre de 2014

Visto por la Sala del margen el recurso núm. 1156-2014 interpuesto por DÑA. Celsa representado por la procuradora DÑA. ELENA PUIG TURÉGANO contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 14.3.2012 reclamación nº NUM000 , interpuesta por el concepto de Impuesto de Patrimonio habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, siendo codemandada la COMUNIDAD DE MADRID, representada y defendida por su letrado.

Antecedentes

PRIMERO:Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.

SEGUNDO:Se dio traslado al Abogado del Estado, para contestación de la demanda y alegó a su derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido. Igualmente se dio traslado a la codemandada.

TERCERO:No estimándose necesario el recibimiento a prueba ni la celebración de vista pública, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para votación y fallo la audiencia del día 2-12-2014 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Alberto Gallego Laguna.

Fundamentos

PRIMERO:Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 14 de marzo de 2012 en la que acuerda desestimar la reclamación económico administrativa número NUM000 , interpuesta contra la resolución 25 de junio de 2010 de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid, desestimatoria de recurso de reposición de interpuesto contra liquidación provisional nº NUM001 , de 2 de noviembre de 2009, dictada por el mismo órgano, por el Impuesto el Patrimonio del ejercicio de 2007, e importe de 1.429,23 euros a ingresar (1.327,30 euros de cuota y 10193 euros de intereses de demora).

SEGUNDO:La recurrente solicita en su demanda, la estimación de la misma por infracción del principio de tutela judicial efectiva, subsidiariamente por la existencia de cosa juzgada, por la improcedencia de la liquidación impugnada y resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 14 de marzo de 2012 por inexistencia de fundamentación jurídica que permita la repetición de una liquidación idéntica anulada por resolución del mismo Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid.

Alega, en resumen, como fundamento de su pretensión, que formulada reclamación por el mismo concepto al que se refiere el anterior recurso, fue dictada resolución por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 18 de Septiembre de 2009, por la que estimando la reclamación formulada, se declaró la nulidad del acto impugnado y como consecuencia de ello, por acuerdo de la Comunidad de Madrid de 24 de Septiembre de 2009, fue devuelta la cantidad indebidamente exigida por el Impuesto sobre el Patrimonio con intereses de demora. Nuevamente la Comunidad de Madrid gira una nueva liquidación por el Impuesto sobre el Patrimonio sin tener en cuenta sus anteriores actuaciones de devolución de las cantidades ingresadas en ejecución de una resolución y como consecuencia de ello se formula nueva reclamación económico administrativa que se tramita con el n° NUM000 y con fecha 14 de Marzo de 2012 esta vez el citado Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid acuerda desestimar la reclamación confirmando el acto administrativo impugnado. Manifiesta irregularidades de la liquidación impugnada porque se siguen practicando intereses de demora por 101,93 € y como justificación de tales intereses de demora, sin tener en cuenta la anulación de la anterior liquidación.

Entiende la recurrente que la resolución impugnada que ha confirmado una segunda liquidación por el Impuesto sobre el Patrimonio de la Comunidad de Madrid, infringe el principio constitucional de tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución , porque la demandante ha obtenido una resolución favorable que ha ejecutado la Comunidad de Madrid, y se prescinde totalmente de esas realidades para practicar una nueva liquidación por el mismo Organismo y que se confirma, con evidente contradicción del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid.

Por otra parte, considera que estamos contemplando una misma liquidación que es objeto de anulación y que a pesar de ello, se repite por la Comunidad de Madrid, y cita el artículo 69 de la Ley de esta jurisdicción que declara siempre la inadmisibilidad del recurso, cuando recaiga sobre cosa juzgada, que es lo que ocurre en el expediente administrativo que nos ocupa, y por ello alega este nuevo motivo de impugnación.

Alega que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid considera que se encuentra correctamente motivada cuando los aludidos defectos en la motivación que llevaron a la estimación de las reclamaciones n° 2925/09. Que en ningún momento se hace mención de la procedencia de hacer una idéntica liquidación, cuando la anterior ha sido objeto de anulación como consecuencia de la primera reclamación económico administrativa. Sostiene que ningún precepto de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, Ley General Tributaria permita llevar a cabo actuaciones como las que constituyen el objeto del recurso contencioso administrativo, y por ello, solicita que se declare que la nulidad acordada por el Tribunal en su resolución de 18 de Septiembre de 2009, no puede ser sustituida por una nueva liquidación idéntica a la anulada, cuando además no existe ninguna fundamentación suscrita por funcionario competente, salvo la hoja que bajo la rúbrica de 'Aclaraciones de los hechos comprobados', se refiere a datos de la desconocida, 'BDC', sin firma y que no sabe lo que es la 'BDC'.

Que no entiende tampoco como se pueden mantener unos intereses de demora que también han sido objeto de anulación y que en su momento, fueron devueltos a la recurrente y que ahora, de nuevo, se supone que ha incurrido nuevamente en mora, cuando a ello les está obligando precisamente la actuación de la Administración.

TERCERO:El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, sostiene, en síntesis, que la Administración puede practicar una nueva liquidación en sustitución de la anulada, en este sentido, baste citar la sentencias del Tribunal Supremo de 29 de Diciembre de 1.998 (RJ 1999,559 ) y de 7 de Octubre de 2.000 (RJ 2000, 7877) con arreglo a las cuales la Administración puede practicar una nueva liquidación cuando la originaria resulta anulada por falta de motivación. Ello suponer reponer las actuaciones en el momento en el que se dictó la correspondiente comprobación de valores para que se adopte una nueva. Todo ello, siempre que no se hubiere agotado el plazo de prescripción. En el presente caso, no se agotó el plazo de prescripción, cuestión esta que ni siquiera es alegada por la actora. No ha prescrito el derecho de la Administración a practicar una nueva comprobación de valores una vez que la primera ha sido anulada. Obsérvese que las liquidaciones se refieren a los ejercicios 2005 y 2006, que fueron estimadas mediante Resolución del TEAR de Madrid de 18/09/09 y como la nueva liquidación, según reconoce en su escrito de demanda la propia actora, se practica el 24 de Septiembre de 2.009. No existe prescripción alguna y la Administración autonómica, puede, conforme a la jurisprudencia del TS antes citada, proceder a practicar una nueva liquidación que sustituya a la anteriormente anulada. Considera que la resolución administrativa a la que se le imputa falta le motivación se encontraba debidamente motivada.

La representación de la Comunidad de Madrid sostiene el derecho de la Administración a practicar nueva liquidación en sustitución de la anulada toda vez que ni la prescripción ha sido alegada por la actora, ni efectivamente concurre toda vez que las liquidaciones originarias se refieren a los ejercicios 2005 y 2006 y la nueva liquidación se practica el 24 de septiembre de 2009. A este respecto, al no haber prescrito el derecho, es perfectamente posible que la Administración tributaria realice nueva comprobación, en aplicación del criterio sostenido por el TS en recurso de casación para unificación de doctrina (Sentencia de 19 de septiembre de 2008 ).

CUARTO:En el análisis de la cuestión controvertida, en relación con las alegaciones formuladas por la recurrente, se debe partir de que consta en el expediente administrativo copia de resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 18 de septiembre de 2009, referida a los ejercicios de 2005 y 2006 del Impuesto sobre el Patrimonio, en la que se estimaron las reclamaciones económico-administrativas n° NUM002 , NUM003 y NUM004 .

En lo que aquí interesa el mencionado acuerdo indicaba que:

« En el caso que nos ocupa, el problema se encuentra en que con los datos que obran en el expediente, como se ha expuesto en el FD precedente no puede conocerse si la fundamentación de la resolución desestimatoria dictada por el órgano de gestión tributaria se halla justificada pues desconoce de dónde ha salido el porcentaje considerado de los rendimientos de actividades económicas en la liquidación por el ejercicio 2005 practicada a la esposa y por otra parte, en ninguno de los expedientes de las reclamaciones de referencia se justifica el valor del inmueble estimado) lo que a nuestro entender atenta contra la posibilidad de éste de criticar las bases en que se funda la resolución dictada (ya que no pueden conocerse) así como, por igual motivo, impide que este Tribunal Regional pueda pronunciarse acerca de si la misma resulta o no conforme a Derecho»..

Pues bien, comos e puede apreciar del contenido de la indicada resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 18 de septiembre de 2009 se refiere a liquidaciones correspondientes a los ejercicios de 2005 y 2006, es decir, no al ejercicio de 2007 que es objeto de la liquidación que se cuestiona en el presente recurso contencioso administrativo.

Por tanto, en relación con el ejercicio de 2007 no consta que se hubiera practicado ninguna liquidación anterior a la de 2 de noviembre de 2009, por lo que las alegaciones de la recurrente referidas a los efectos de una anulación de una liquidación anterior carecen de relevancia en relación con el ejercicio de 2007.

La recurrente en el escrito en el que formula recurso de reposición en relación con el ejercicio de 2007, presentado el 27 de noviembre de 2007 reconoce que se había declarado la nulidad de las liquidaciones de los ejercicios de 2005 y 2006, pero no alega que se hubiera declarado la nulidad de la liquidación del ejercicio de 2007, pues la recurrente lo que consideraba es que concurrían los mismos supuestos que en las liquidaciones de los años 2005 y 2006.

Por tanto, no puede considerarse en modo alguno que existiese respecto del ejercicio de 2007 una previa liquidación que hubiera sido anulada.

Pudiendo añadirse, aunque no resulta relevante para la resolución de este recurso, que el derecho de la Administración tributaria a dictar nueva liquidación en sustitución de una anterior anulada ha sido reconocido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre otras, en tres sentencias de fecha 3 de mayo de 2011, dictadas en los recursos de casación 466/09 , 4723/09 y 6393/09 y sentencia de fecha 19 de noviembre de 2012 (recurso de casación en interés de la ley nº 1215/2011).

QUINTO:En cuanto a la causa de inadmisibilidad alegada por la recurrente, debe precisarse en primer lugar que la causa de inadmisibilidad alegada sería perjudicial para la recurrente, pues determinaría la inadmisión del recurso contencioso administrativo, por lo que no puede entenderse cual es la pretensión que pretende ejercitar la recurrente, en la medida que las causas de inadmisibilidad establecidas en el art. 69 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , que se invoca por la recurrente en la demanda, son oponibles por la demandada pero no tiene sentido jurídico que se invoquen por la misma parte que interpone el recurso, ya que en vez de interponer el recurso y alegar la inadmisibilidad del recurso que ha interpuesto, podría no interponer el recurso o desistir del mismo.

Por otra parte, si se entendiese que lo que realmente pretende la recurrente es considerar que ya se ha resuelto una reclamación frente a la misma liquidación, es la propia interposición de la reclamación por la recurrente la que le permitiría invocar dicha cuestión, por lo que igualmente carece de sentido jurídico la referida alegación de inadmisibilidad, máxime, cuando como ya se ha dicho, en el presente caso no se ha anulado ninguna liquidación del ejercicio de 2007.

SEXTO:En cuanto al contenido de la liquidación practicada se debe tener en cuenta que en la liquidación correspondiente al ejercicio de 2007 se expresa lo siguiente: '«(...) ANEXO: MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Esta Administración Tributaria ha observado en la autoliquidación presentada las discrepancias que se indican a continuación que motivan la liquidación provisional de acuerdo con los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

Las discrepancias observadas señalan las diferencias existentes entre lo declarado y lo comprobado por la Administración.

APLICACIÓN INDEBIDA DE LA EXENCIÓN DEL ARTICULO 4.OCHO.UNO DE LA LEY POR NO CONSTITUUIR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SU PRINCIPAL FUENTE DE RENTA (CASILLA 04).

Están exentos del impuestos bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta ( articulo 4.ocho.uno de la Ley 19/1991 fe 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio).

En este sentido, el artículo 3 del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre , por el que se determinan los requisitos y condiciones para la aplicación de las exenciones, establece que, a estos efectos, se entenderá por principal fuente de renta aquella en la que al menos el 50 por 100 del importe de la base imponible del IRPF provenga de rendimientos netos de las actividades económicas de que se trate.

DESCRIPCIÓN

DESPACHO DE ABOGADOS - MIGUEL ÁNGEL, N°15- 7°-28010 MADRID- 50 % VALOR DECLARADO 102.098,00 VALOR COMPROBADO 0,00

DIFERENCIA EN LA CASILLA 04 BIENES Y DERECHOS EXENTOS AFECTOS A ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES -102.098,00

DESPACHO DE ABOGADOS - MIGUEL ANGEL, N° 15- 7°- 28010 MADRID- 50 %

El rendimiento neto por la actividad económica 43.707,30 Euros reflejado en la casilla 140 del IRPF 2007 de su cónyuge, no representa al menos el 50 por 100 del importe de la Base Imponible de IRPF de su cónyuge 92.159,02 Euros (Suma casillas 455 + 465 de IRPF 2007) por lo que no cumple el requisito para considerar que dicha actividad constituya su principal fuente de renta.

BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA NO DECLARADOS 0 DECLARADOS POR UN IMPORTE INTERIOR AL QUE RESULTA DE LAS NORMAS DE VALORACIÓN (Casilla 03)

Los bienes inmuebles de naturaleza urbana se computarán por el mayor valor de los tres siguientes: el valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición ( artículo 10.Uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio ).

De acuerdo con los datos y antecedentes en poder de esta Administración tributaria, los bienes inmuebles de naturaleza urbana de titularidad del sujeto pasivo, no declarados o declarados por un importe inferior al que resulta de las normas de valoración, son los que se indican a continuación:

DESCRIPCIÓN

DESPACHO DE ABOGADOS - MIGUEL ANGEL, N° 15- 7°- 28010 MADRID- 50 % VALOR DECLARADO 0, 00, VALOR COMPROBADO 102.098,00

DIFERENCIA EN LA CASILLA 03 BIENES Y DERECHOS NO EXENTOS AFECTOS A ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 102.098,061

DESPACHO DE ABOGADOS - MIGUEL ANGEL, N° 15- 7°- 28010 MADRID- 50 %

Este inmueble proviene de la casilla 4 de su declaración.

El valor liquidado es el VALOR DECLARADO de sus bienes afectos a la actividad en la casilla 04 de su declaración y que se ha trasladado a la casilla 03 por no estar exentos.

Según el artículo 108 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre los datos consignados en las declaraciones se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario.'.

SÉPTIMO:En relación con las alegaciones de la recurrente relativas a la motivación de la resolución administrativa, debe señalarse, como ya se ha efectuado en la sentencia de 4 de diciembre de 1014 dictada en el recurso nº 1577/2012 , en relación con la misma recurrente e impuesto pero del ejercicio 2006, que es de recordar que la exigencia de motivación de los actos administrativos constituye una constante de nuestro ordenamiento jurídico y así lo proclama el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (antes, artículo 43 de la Ley Procedimiento Administrativo de 1958 ), así como también en el artículo 13.2 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes (y en la actualidad el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ), teniendo como finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto. Motivación que, a su vez, es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados en el apartado 3 del artículo 9 de la Constitución y que también, desde otra perspectiva, puede considerarse como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 de la propia Constitución , sino también por el artículo 103 (principio de legalidad en la actuación administrativa). Por su parte la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo Europeo de Niza de 8 de diciembre de 2000, incluye dentro de su artículo 41 , dedicado al 'Derecho a una buena Administración' como entre otros particulares, 'la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones'.

En este sentido se ha venido destacando tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, la estrecha conexión entre el requisito de la motivación y del derecho de defensa del obligado tributario. Pero la exigencia de motivación no se reduce a esa conexión, sino que la obligación de motivar no está prevista sólo como garantía del derecho a la defensa de los contribuyentes, sino que tiende también a asegurar la imparcialidad de la actuación de la Administración tributaria, así como la observancia de las reglas que disciplinan el ejercicio de las potestades que él han sido atribuidas.

La vigente Ley General Tributaria, en su artículo 102 , dispone:

«(...)1. Las liquidaciones tributarias deberán notificarse a los obligados tributarios con expresión de:

c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho (...)».

Lo dispuesto en este precepto, no es sino la adaptación por parte del legislador tributario de los criterios exigidos con carácter general para cualquier procedimiento administrativo por la Ley 30/1992 en el citado artículo 54 con la finalidad, en definitiva, de permitir al contribuyente que conozca desde un primer momento los criterios mantenidos por la Administración actuante, permitiéndole así el ejercicio a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución , tal y como tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En el presente caso, del contenido de los razonamientos de la liquidación provisional practicada por la Administración que han sido reproducidos en el anterior Fundamento de Derecho de esta sentencia, se evidencia que la mencionada liquidación se encuentra debidamente motivada, pues se precisa con absoluta precisión el inmueble al que se refiere, con indicación de que se trata del despacho de abogados situado en la calle Miguel Angel, 15-7º de Madrid, y se cuantifican los importes para llegar al resultado de que los rendimientos por actividades económicas percibidos por su cónyuge no representan el 50% de la base imponible del IRPF del ejercicio 2007, fijándolos en el 47,43%, expresándose los preceptos aplicables por los que llega a la conclusión de que no procede la exención pretendida por la recurrente en su declaración autoliquidación correspondiente al ejercicio de 2007. Debiendo señalarse que el importe que se fija de valor declarado de 102.098,00 coincide con el valor comprobado, es decir, no existe variación en el valor, sino que es el que la recurrente declaró en su autoliquidación, lo que determina que no es la Administración la que debe justificar dicho valor.

Por otra parte, ha de ponerse de manifiesto que la liquidación provisional se encuentra debidamente firmada por la Subdirectora General de Gestión Tributaria, Doña Purificacion , por delegación (Resolución de 17.10.2005) del Director General de Tributos y Gestión de Juego de la Comunidad de Madrid, como se puede apreciar en la referida liquidación, que consta en el expediente administrativo, siendo esta liquidación de la que deriva la deuda tributaria de la recurrente y, como se ha dicho, se encuentra debidamente motivada.

En cuanto a las alegaciones de la demanda sobre el documento que figura en el expediente administrativo bajo el título de 'Aclaración de los hechos comprobados' sin firmar que incorpora datos de la 'BDC' acrónimo de 'Base de Datos Centralizada' de la AEAT no afecta a la motivación de la resolución, pues de dicho documento no se deriva la deuda tributaria ni añade ni resta motivación alguna a la liquidación provisional, careciendo de trascendencia a efectos de determinar dicha deuda tributaria.

Por otra parte, la recurrente no discrepa de los importes de los rendimientos de las actividades económicas que se fijan en la liquidación provisional, y si consideraba que no eran correctos podría haber alegado su discrepancia con los mismos así como presentar los documentos que justificasen que eran otros los rendimientos de actividades económicas a considerar, lo que no ha alegado ni probado.

De lo expresado se desprende que la recurrente conoce las razones por las que la Administración considera que se ha aplicado incorrectamente la exención del artículo 4, ocho , uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto Sobre el Patrimonio , por no representar los rendimientos de la actividad económica de su cónyuge el 50% del importe de la base imponible del IRPF de 2007 al representar sólo el 47,43 %, y se justifica el valor del inmueble en el propio valor que le otorga el sujeto pasivo, no siendo objeto de comprobación ni de modificación, aceptando el que la propia parte refleja en la página 3 de su declaración.

De otro lado, se debe indicar que no es cierto que la Administración tributaria repita la misma liquidación, puesto que no existía una liquidación anterior por el mismo periodo, pero es que, además, del contenido de la resolución del TEAR de 18 de septiembre de 2009 se puede apreciar que los razonamientos que en ella se contienen no son aplicables a la liquidación correspondiente al ejercicio de 2007 objeto de este recurso, pues a diferencia de en aquella resolución, en el presente caso resulta plenamente justificado de dónde se obtiene el valor del inmueble al ser el declarado por la propia contribuyente, como ya se ha dicho y se precisa claramente en la liquidación provisional de dónde se obtiene el porcentaje de los rendimientos de actividades económicas del cónyuge de la recurrente. Por ello no puede considerarse que el TEAR dicte resoluciones contradictorias, pues analiza distintas liquidaciones con una motivación diferente y por ello llega a unas conclusiones diferentes, siendo en el presente caso congruente la conclusión a la que se llega en la resolución recurrida en este recurso con el contenido de la liquidación provisional del ejercicio 2007.

En cuanto a las alegaciones de la recurrente sobre los intereses de demora girados en la liquidación, hay que puntualizar que considera la recurrente que no son procedentes unos intereses de demora que también han sido objeto de anulación y que en su momento, fueron devueltos a la recurrente. Frente a dicha alegaciones hay que precisar que, como reiteradamente ya se ha dicho, en relación con el ejercicio de 2007 no existe ninguna liquidación anterior que hubiera sido anulada, por lo que no se han producido los intereses devueltos a los que alude el recurrente, que más bien parece referirse a otro ejercicio, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 26 de la Ley General Tributaria los intereses girados en la liquidación son procedentes desde el día siguiente a aquel en que concluyó el plazo de presentación voluntaria de la declaración correspondiente al ejercicio de 2007, es decir, a partir del 1 de julio de 2008, que es precisamente como se calculan en la liquidación.

Pudiendo añadirse que en el presente caso el procedimiento de comprobación limitada se inició mediante propuesta de liquidación de 24 de septiembre de 2009, notificada el 7 de octubre de 2009, dictándose liquidación provisional el 2 de noviembre de 2009, que fue notificada el 20 de noviembre de 2009, como consta en el expediente administrativo, frente a la que interpuso recurso de reposición el 27 de noviembre de 2009.

De las fechas referidas se evidencia que entre la fecha de inicio del procedimiento de comprobación limitada el 24 de septiembre de 2009 y la fecha de notificación de la liquidación no había transcurrido el plazo de seis meses establecido en el art. 104.1 de la Ley General Tributaria .

Tampoco se ha superado el plazo de prescripción establecido en el art. 66 de la Ley General Tributaria computado en la forma prevista en el art. 67 de la misma Ley , teniendo en cuenta que en la fecha de notificación de la liquidación, el 20 de noviembre de 2009, no había transcurrido el plazo de cuatro años conto desde el día de finalización del plazo de presentación voluntario de la declaración correspondiente al ejercicio de 2007, que fue el 30 de junio de 2008, habiendo transcurrido un año cuatro meses y 20 días, muy lejos de los cuatros años que requiere el indicado art. 66.

En consecuencia, procede la desestimación del recurso contencioso administrativo, declarando conforme a Derecho la resolución recurrida.

OCTAVO:En base a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , en la redacción dada por la Ley 37/2011, procede especial imposición de costas a la recurrente al ser rechazadas sus pretensiones.

Fallo

Debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de Doña Celsa , contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 14 de marzo de 2012, sobre Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2007, declarando conforme a Derecho la resolución recurrida. Con imposición de costas al recurrente.

Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , expresando que contra la misma no cabe recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, hallándose celebrando audiencia pública el día en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que certifico.