Sentencia Contencioso-Administrativo 153/2015 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 205/2011 de 26 de febrero del 2015

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN TERCERA

Núm. de Recurso:0000205/2011

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:01179/2011

Demandante:DѪ. Ana María

Procurador:DѪ. IRENE GUTIÉRREZ CARRILLO

Letrado:D. JOSÉ DAVID DÍAZ VÁZQUEZ

Demandado:MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogado Del Estado

Ponente IIma. Sra.:Dª. ANA MARÍA SANGÜESA CABEZUDO

S E N T E N C I A Nº:

IImo. Sr. Presidente:

D. JOSE FELIX MENDEZ CANSECO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO DIAZ FRAILE

Dª. ISABEL GARCÍA GARCÍA BLANCO

Dª. LUCÍA ACÍN AGUADO

Dª. ANA MARÍA SANGÜESA CABEZUDO

Madrid, a veintiseis de febrero de dos mil quince.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el presente Recurso tramitado con el número205/2011, seguido a instancia deDOÑA Ana María , quien actúa representada por la procuradora Doña Irene Gutiérrez Carrillo y defendida por el letrado Don J. David Díaz Vázquez, contra la Resolución del Director General de Política Universitaria, dictada por delegación del Ministro de Educación, 8 de marzo de 2011 por la que se aprueba la concesión del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, condicionado a la realización de una prueba, siendo demandada la Administración del Estado, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 13 de abril de 2011 fue presentado escrito por la procuradora indicada, en nombre y representación de Doña Ana María , interponiendo recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución de la Resolución de 8 de marzo de 2011 por la que se aprueba la concesión del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, condicionado a la realización de una prueba.

SEGUNDO.-Admitido a trámite el escrito se tuvo por interpuesto el recurso, se acordó su sustanciación de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa-administrativa, y reclamado el expediente de la Administración se dio traslado a la recurrente. Dicha recurrente interesó la ampliación del expediente en sendas ocasiones; tras lo cual evacuó el traslado mediante escrito de demanda en el que tras exponer los hechos y fundamentos que estimó de aplicación, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se declare no conforme a derecho la resolución impugnada, se anule la misma y se conceda directamente el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica con todos los pronunciamientos favorables.

TERCERO.-Dado traslado de la demanda, la Abogacía del Estado presentó escrito en el que, se opuso a la demanda en mérito a los hechos y fundamentos que estimó de aplicación al caso, y terminó suplicando que se dictara sentencia de conformidad a derecho.

CUARTO.- A instancia de la parte actora se recibió el procedimiento a prueba, practicándose prueba documental, con el resultado que obra en autos, tras lo cual las partes presentaron escritos de conclusiones en los que reiteraron los pedimentos de la demanda y contestación.

QUINTO.-Cumplimentados los trámites, quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, el cual quedó fijado para el día 24 de febrero de 2015.

Fundamentos

PRIMERO.-La resolución impugnada que es objeto del presente recurso establece los siguientes hechos, que resultan relevantes para la resolución del presente recurso.

Mediante Resolución de 11 de abril de 2008 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, dictada por delegación de la Ministra de Educación y Ciencia, se resolvió la concesión a favor de la demandante del título de psicólogo especialista en psicología clínica, condicionada la superación de la prueba prevista en el artículo 13 de la Orden PRE/1107/2002 de 10 de mayo.

Con fecha 11 de abril de 2011 la Sección 5ª de esta Sala dictó sentencia estimando recurso contencioso-administrativo interpuesto por la demandante contra la Resolución de 11 de abril de 2008, ordenando retrotraer el procedimiento con objeto de que la Comisión Nacional de Psicología Clínica proceda a valorar todos los trabajos documentados por parte de la actora con emisión de nuevo informe motivado, dictándose a continuación por la autoridad competente la resolución que proceda.

En cumplimiento de dicha sentencia la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica levanta Acta de 12 de noviembre de 2010 a la vista de la documentación obrante en el expediente de la interesada, y emite informe-propuesta de realización de prueba respecto a la solicitud presentada por la demandante a través de la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre , por el que se crea y regula el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.

La Resolución impugnada recoge el resultado del Acta, de la que se desprende que la solicitante 'no ha adquirido una formación teórica y práctica que pueda considerarse razonablemente equiparable al programa formativo de la especialidad de psicología clínica, según se deduce del examen y valoración de la documentación aportada en relación con ambos contenidos formativos'. A continuación examina el programa formativo y la formación práctica de la especialidad de Psicología Clínica (Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 25 de abril de 1996) señalando que 'la solicitante no presenta evidencia de ningún curso de formación complementaria en psicología clínica posterior a 1995. Teniendo en cuenta que la solicitud del título de especialista se llevó a cabo en el 2002, se deduce que no ha realizado ningún curso de reciclaje en siete años y los que presenta hasta la fecha indicada son limitados a aspectos específicos, no cubriendo al menos el 50% de los programas formativos de la especialidad. En cualquier caso se considera necesario un mínimo reciclaje para mantener actualizada la formación y por ello se recomienda la realización de prueba teórico práctica'.

SEGUNDO.-La parte demandante se opone a la citada resolución alegando que no existe una normativa aplicable en la que se establezca que se han de hacer determinados cursos de reciclaje, que considera un aspecto secundario de la formación.

La motivación es absolutamente extemporánea y se ha realizado 'ad hoc' para suplir la falta de motivación de la primigenia resolución.

Considera que reúne una formación adecuada al programa formativo de la especialidad. Denuncia que la resolución adolece de fundamento científico y no describe cuál es el programa formativo que ha sido deficientemente cumplido, generándole indefensión.

Apela al currículum aportado en el expediente señalando que es licenciada en psicología, que ha realizado diferentes cursos y máster además de ejercer como psicóloga clínica en la unidad de salud mental del Hospital General de Requena, y en el departamento de pediatría del Hospital Clínico Universitario, por lo cual no es correcto que la Comisión nacional de la especialidad valoré su formación como deficiente.

Invoca el Acta de 14 de febrero de 2002, 17 de febrero de 2003, 11 de abril de 2003 y 21 de marzo de 2003 de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología, en la que se establecieron unos criterios numéricos para la resolución de los expedientes que se vinculan a la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre . Con arreglo a tales criterios debió concederse el título sin necesidad de realizar una nueva complementaria.

Alega que ha habido diferentes formas de valorar los expedientes, siendo esta una forma de actuar discriminatoria, y que no se motiva suficientemente el informe propuesta en contra del deber de motivación que pesa sobre la Administración.

Refiere que el Acta de la Comisión de 11 de marzo de 2005 (documento número dos) adolece de ciertos defectos ya que sólo está firmada por dos miembros de la Comisión.

Finalmente hace un conjunto de referencias en materia de discrecionalidad técnica, reiterando que en el caso planteado la aplicación del baremo aprobado por la Comisión excluye tal discrecionalidad. En suma, aduce que se ha producido una clara arbitrariedad en la valoración de los méritos y capacidades extralimitándose de la discrecionalidad técnica, desviación de poder, y quiebra de los principios de igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica ( artículos 9.2 , 24 , 103 , 106 CE , 62 , 63 y 102 y ss de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ).

TERCERO.-La Abogacía del Estado se opone al recurso negando la falta de la motivación del acto administrativo impugnado, ya que este señala expresamente que la aspirante no ha adquirido una formación suficiente con respecto a lo que exige programa oficial de la especialidad.

El fondo del asunto es que contar con determinada experiencia no quiere decir que la misma sea adecuada desde el punto de vista cualitativo conforme ha expresado la Sala (Sentencia de 7 de febrero de 2007, recurso 610/2004 ). Tampoco existe un error en la valoración del expediente atendiendo a los criterios específicos establecidos por la Comisión Nacional de la Especialidad, significando que la actuación de la Comisión Nacional se rige por criterios de discrecionalidad técnica ( Sentencia de 23 de diciembre de 2008, recurso 1360/2006 ). La parte recurrente no acredita arbitrariedad ni que su formación y experiencia sea equivalente ala exigida con carácter oficial, limitándose a señalar que los servicios prestados deben computarse.

CUARTO.-El Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, siguiendo el camino previamente establecido por los Reales Decretos 127/1984, de 11 de enero, y 2708/1982, de 15 de octubre, crea el título oficial de Psicólogo Especialista en la especialidad de Psicología Clínica, necesario para utilizar de modo expreso esta denominación y para ocupar puestos de trabajo en establecimientos o instituciones públicas o privadas que así lo exija y ello, como señala su exposición de motivos, con la finalidad de 'consagrar un sistema de formación de especialistas sanitarios que asegura el alto nivel profesional de quienes desarrollan su actividad en el ámbito de la atención sanitaria y, con ello, un elevado índice de calidad de los centros, servicios y profesionales a los que corresponde hacer efectivo el derecho a la protección de la salud que proclama el art. 43 de la Constitución '.

Pero la propia norma, con el fin de no perjudicar los derechos de aquellos titulados que antes de la entrada en vigor de la misma ya habían venido ejerciendo tal especialidad, arbitró un mecanismo transitorio y excepcional para acceder a la obtención del título.

La recurrente presentó su solicitud, al amparo de aquella norma reglamentaria, pretendiendo como se ha dicho el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica por la vía de la Disposición Transitoria Tercera en los términos y con los documentos que posteriormente se analizarán.

Los requisitos básicos para tener acceso por las vías de las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre fueron desarrollados por la Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo.

En lo que atañe a la Disposición Transitoria Tercera se exigía: ser licenciado en Psicología y haber ejercido con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto las actividades profesionales propias de la Especialidad de Psicología Clínica durante un tiempo superior al 150 por 100 del fijado en el programa formativo de la especialidad.

Por otra parte, el hecho de ser licenciado y haber acreditado el tiempo exigido de ejercicio profesional con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto, no garantiza la obtención directa del título de especialista. La Disposición Transitoria Tercera dispone al respecto que las solicitudes que cumplan estos requisitos mínimos serán examinadas por la Comisión Nacional de Psicología Clínica, órgano consultivo formado por un once vocales todos ellos especialistas en la materia, encargados de emitir una de estas tres propuestas: a) la expedición directa del título cuando a la vista del historial profesional del interesado estime que su formación es análoga a la exigida por el programa de la especialidad; b) la superación de las pruebas que se determinen por los Ministerios de Educación y Cultura y Consumo que versará sobre los contenidos teóricos-prácticos del correspondiente programa formativo, cuando a la vista del historial profesional del interesado debidamente documentado que su formación no se adecua a la exigida por el programa de la especialidad; c) la desestimación de su solicitud, cuando la formación y el ejercicio profesional acreditados, aun siendo superior al plazo que determina en el apartado segundo de esta disposición, no revistan la entidad suficiente para acceder al título de Psicólogo especialista en psicología clínica por los anteriores apartados.

El cumplimiento de los requisitos previstos en la Disposición Transitoria Tercera constituye, de esta forma, el mínimo necesario para poder acceder a esta vía transitoria, destinada a obtener la especialidad, pero no conlleva la expedición directa del título. Su obtención se condiciona a la valoración de esta experiencia y de su historial profesional por la Comisión Nacional de expertos que pueden incluso denegarlo cuando, pese a disponer de dicha experiencia, consideren que ésta no reviste la entidad suficiente como para acceder al título de especialista. Esta preceptiva intervención de la Comisión Nacional fue considerada conforme a derecho por nuestro Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección de Cuarta, en la sentencia de 7 de octubre de 2002 (recurso núm. 43/1999 ), afirmando que ' el propio Real Decreto crea como órgano consultivo del Ministerio de Educación y Cultura y Sanidad y Consumo, con una composición y unas funciones que le hacen especialmente idóneo para su participación en el procedimiento establecido en la Disposición Transitoria tercera que se impugna. Los problemas científicos en orden a la diferenciación de los distintos aspectos de la psicología no dotan de incertidumbre jurídica a la norma, sino al contrario, justifican la necesidad de un asesoramiento cualificado a la hora de valorar el período de actuación profesional que se alegue para la obtención del título de Especialista por la vía transitoria que se arbitra' ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 6 Abril 2011, rec. 168/2009, o Sección 3 ª, Sentencia de 17 Mayo 2012, rec. 417/2011 , entre otras).

QUINTO.-La demandante aportó con la solicitud articulada al amparo de la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre su curriculum profesional, en que el invocaba el ejercicio profesional como psicóloga clínica, entre otros méritos, y adjuntaba la siguiente documentación (folios 158 y ss):

1. Título de Licenciada en psicología clínica expedido el 7 de marzo de 1984.

2. Máster en psicología clínica nivel I (157 horas) expedido el 7 de julio de 1995.

3. Certificado de 5 de mayo de 2004, de prestación de servicios en el Hospital General de Requena durante 13 meses y 25 días.

4. Certificado de formación en terapia cognitiva-conductual aplicada a la rehabilitación con la terapia integrada en IPT de 26 de abril de 2004 (25 horas lectivas).

5. Certificado del Colegio Oficial de Psicólogos de 26 de octubre de 2002 que acredita el ejercicio profesional entre el 1 de enero de 1986 y 3 de diciembre de 1998 y el alta en el Colegio, así como licencia fiscal de actividades (1986), certificado del alta en el IAE ( desde 1992).

6. Certificado del Servicio Valenciano de Salud de 1 de octubre de 1991 que acredita la prestación de servicios en el departamento de neuropediatría en prácticas (5 de octubre a 30 de mayo de 1983) y como asistente voluntaria ( 20 de noviembre de 1984).

7. Certificado del Colegio de Psicólogos de Valencia de 31 de enero de 1992, que asegura que 'ejerce la profesión de psicólogo desarrollando su actividad en el área de la psicología clínica, efectuando diagnóstico y tratamiento'.

8. Certificación académica personal.

9. Curso de especialización en psicología clínica infantil de 22 de marzo de 1989 (70 horas)

10. Curso de metodología didáctica (150 horas), 15 de julio de 1997.

11. Diploma del centro de estudios y desarrollos informáticos Luis Vives, de Introducción a la entrevista ADIS-R (30 de octubre de 1993).

Tal y como hemos expresado, la Comisión Nacional primero, y la resolución administrativa después, tras exponer el contenido de los programas formativos y prácticos de la especialidad llega a la conclusión que no hay formación adecuada a la especialidad, tras la comparación de programas; y razona que tampoco existe formación actualizada desde hace más de 7 años y que existe un déficit de formación en más de un 50%; frente a lo que la demandante sostiene un ejercicio continuado de la profesión, durante un largo periodo de tiempo, que sin embargo no queda justificado documentalmente. En efecto, salvo los periodos de ejercicio hospitalario, en las áreas de neuropediatría y hospital general, no podemos constatar el contenido de la actividad desplegada por la interesada, pues la mera colegiación, sin otra justificación no permite entender que la actividad desplegada se ajusta al contenido propio de la especialidad; en particular al programa formativo y práctico aprobado por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del MEC por Resolución de 25 de abril de 1996 ( Marcos legales e institucionales del sistema sanitario público, marco legal es institucional de la red de salud mental, y otras redes; epidemiología de la Salud y enfermedad, aplicación de la psicología clínica al campo de la salud; salud pública, realización y evaluación de programas y servicios de salud; psicopatología clínica y evolutiva, clasificaciones internacionales de la enfermedad mental; psicología clínica infanto-juvenil, psicoterapia, alcoholismo y toxicomanías; intervención en crisis, atención en urgencias, elaboración y desarrollo de programas de apoyo y asesoramiento en servicios de salud, interconsulta, programas de cuidados para crónicos, aspectos jurídicos normativos de la salud mental, peritación en psicología ; nociones básicas de psicofarmacia etc.; Atención en salud mental de adultos, infancia, adolescencia y tercera edad; apoyo y coordinación con otros sanitarios de atención primaria y no sanitarios, unidades de hospitalización psiquiátrica; unidades y/o programas de rehabilitación de enfermedades mentales).

La Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones acerca del mismo problema ahora suscitado, señalando que el alta colegial no acredita' ni que haya ejercido actividades profesionales propias de la especialidad en Psicología Clínica, ni que dicho ejercicio se iniciara con anterioridad a la fecha exigible' ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 28 Febrero 2012, rec. 230/2010 o Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso- administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 13 Octubre 2010, rec. 892/2009 ). Se exige una específica vinculación a tareas de psicología clínica, y así:

'Ante la insistencia argumental del recurrente en la suficiencia de la certificación colegial y del mero lapsus de ejercicio profesional que la misma refleja, ha de señalarse que tal experiencia, en su suficiencia formativa respecto del programa de la especialidad, no aparece determinada indefectiblemente por el simple dato de la colegiación - se exige un ejercicio acreditado mediante contrato, licencia fiscal o equivalente - ni cualificada y cuantificada por el simple dato de su duración sino por laconcreta vinculación con actividades y tareas propias de la psicología clínica lo queimplica un criterio de discrecionalidad técnica a la hora de apreciar, en el caso de la recurrente, si su actividad desarrollada se ajustaba, en su contenido, al propio de la especialidad. Criterio que igualmente ha de aplicarse a la experiencia profesional y docente, a la investigación y a los diversos cursos que pudieran integrar la formación complementaria como méritos a valorar'.Y añade que en lo referente al'ejercicio profesional cuyo contenido ha de desprenderse de la documentación aportada con la solicitud y que no puede ceder ante la subjetiva autocomplacencia en la suficiencia de tal ejercicio dentro del marco de la especialidad',y se exige que tal formación abarque en su suficiencia de contenidos la amplitud de la psicología clínica ( SAN, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, 14 de julio de 2011,rec.57/2.010 , y Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 30 Octubre 2012, rec. 5008/2011 ).

Por consiguiente, en defecto de toda prueba, la resolución impugnada debe considerare ajustada a derecho. La demandante realiza un juicio crítico de la valoración, pero, por el contrario, no llega a demostrar que había acreditado una formación práctica y teórica semejante a la exigida en el programa de la especialidad, lo que justifica la decisión que se somete a nuestro examen.

SEXTO.-No puede afirmarse que la misma tenga un déficit de motivación o que no se ajuste a un baremo previamente aprobado, porque los propios argumentos que recoge permiten conocer y combatir las razones del acuerdo; que es, en suma, la constatación de una formación que no alcanza los contenidos de la formación reglada para poder justificar que se ha ejercido en el ámbito propio en las áreas específicas de la especialidad, como era necesario.

A su vez, hemos de rechazar que la Comisión se aparte del baremo de méritos, pues si bien es cierto que tanto la Sala como el Tribunal Supremo en ocasiones se han hecho eco de un baremo de méritos numérico ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 13 Octubre 2010, rec. 892/2009, o incluso la que dictó la Sección 5 ª de esta Sala con fecha 21 de abril de 2010, rec.1/2009 en la que tiene su origen este recurso), lo cierto es que la Administración ha justificado cumplidamente mediante el Informe de fecha 15 de septiembre de 2011 y de las actas el devenir del procedimiento y los criterios utilizados, de los que queda constancia en autos. Y en particular ha explicado la forma de baremar los expedientes, y los criterios dados a los miembros encargados de la valoración. Y así puede observarse en el expediente administrativo que los criterios adoptados en la valoración han tratado de establecer la adecuación al programa formativo mediante criterios y procedimientos que tratan de contrastar que la formación y experiencia profesional se ajustan al programa de la especialidad (véase en el expediente ampliado los procedimientos articulados al efecto, en línea con las consideraciones del informe de 15 de septiembre de 2011).

A su vez, debe hacerse notar que ese baremo numérico, que invoca la actora, tampoco hubiera permitido alcanzar las expectativas de la recurrente, por cuanto no nos constan las áreas concretas en las que dicha demandante ha venido ejerciendo, a fin de verificar si la decisión de la Comisión puede considerarse manifiestamente errónea o arbitraria por no ajustarse a los criterios de valoración previamente aceptados.

SÉPTIMO.-Por último, tampoco podemos considerar el defecto apuntado por la demandante en relación a la firma de las Actas, que solo estarían firmadas por dos miembros. En primer lugar el Acta de 11 de marzo de 2005 que invoca no corresponde con el acta de valoración de la demandante (12 de noviembre de 2012). Pero es que además, de acuerdo con los artículos 27 y 23 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, las actas se suscriben por el Secretario con el visto bueno del Presidente, de modo que no hay defecto alguno.

OCTAVO.-Debe desestimarse el recurso, sin condena en costas a ninguna de las partes, toda vez que el recurso fue interpuesto antes de la entrada en vigor de la Ley 37/2011, y en consecuencia no regía el criterio del vencimiento objetivo ( artículo 139.1 LJCA ); sin perjuicio de que a partir de la sentencia se aplique la nueva normativa, en aplicación de la indicada Ley 37/2011.

Fallo

DESESTIMARel recurso contencioso-administrativo promovido por DOÑA Ana María , contra la Resolución del Director General de Política Universitaria, dictada por delegación del Ministro de Educación, 8 de marzo de 2011, por ser conforme a derecho.

Sin condena en costas.

La presente resolución es susceptible de RECURSO DE CASACIÓN ante el Tribunal Supremo y que se preparará ante esta Sala en el plazo de los DIEZ DIAS contados desde el siguiente a su notificación.

Al notificarse la presente sentencia se hará la indicación de recursos que previene el art. 248.4 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de junio del Poder Judicial y se indicará la necesidad de constituir el depósito para recurrir así como la forma de efectuarlo de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ introducida por la LO 1/2009.