Sentencia Administrativo Nº 1668/2007, Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 61/2005 de 28 de Diciembre de 2007

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo (002)

RECURSO: 61/2005

RECURRENTE: Dª Clara

PROCURADOR: Dª Margarita Roza Mier.

RECURRIDO: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ASTURIAS

REPRESENTANTE: Sr. Abogado del Estado

SENTENCIA nº 1668

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Luis Querol Carceller

Magistrados:

D. Antonio Robledo Peña

Dña. Olga González Lamuño Romay

En Oviedo a ventiocho de diciembre de dos mil siete.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 61/2005, interpuesto por Dª Clara, representado por la Procuradora Dª Margarita Roza Mier, actuando bajo la dirección Letrada de D. José Ramón Buzón Ferrero, contra el Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias, representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Luis Querol Carceller.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia por la que con estimación de la misma revoque la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias, con fecha 12 de noviembre de 2004, en las reclamaciones NUM000, y NUM001, y deje sin efecto el acuerdo de liquidación dictado por el Inspector Jefe de la AEAT de Gijón con fecha 2 de abril de 2002, (en cumplimiento de su propia resolución de fecha 8 de marzo de 2002 por la que se acuerda, en ejecución del fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias, aplicar el art. 146.3 LGT , y, consecuentemente, la iniciación del expediente administrativo por disconformidad), así como todas las actuaciones posteriores, y el acuerdo de SANCION dictado por el Inspector Jefe de la Agencia Tributaria de Gijón, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO .- Por Auto de 13 de junio de 2006 , se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente el día 27 de diciembre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna por los recurrentes en el presente recurso contencioso administrativo, la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias de fecha 12 de noviembre de 2004, desestimatoria de la reclamación de la misma naturaleza, impugnando los acuerdos dictados por la Dependencia de Recaudación de la Delegación en Gijón de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el 27 de marzo y 14 de junio de 2002, por las que se practica liquidación relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) ejercicios 1993 a 1997 ascendiendo el importe de la deuda tributaria a 44,657,28 € y se le impone sanción por infracción tributaria grave por importe de 24.142,37 €. Se alega por la recurrente como fundamento de su pretensión impugnatoria la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación por transcurso del plazo de cuatro años desde el vencimiento del plazo de presentación de la declaración, y por el transcurso de más de doce meses desde el inicio de las actuaciones inspectoras; hallarse pendiente la cuestión suscitada de otros procedimientos; la indefensión por omitir el trámite de audiencia; la falsedad de la representación; falta de prueba de los hechos que se le imputan así como graves errores en la tabla de entradas y salidas de dinero, argumentaciones que asimismo sirven de soporte para impugnar la sanción impuesta.

SEGUNDO.- Comenzando con el análisis de tales cuestiones;

En primer lugar se alega por la parte actora como fundamento de su pretensión impugnatoria, la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, toda vez que esta ha sido dictada una vez transcurridos más de cuatro años desde la fecha de vencimiento del plazo de presentación reglamentario de las respectivas declaraciones. A lo que es preciso manifestar que el art. 66 de la Ley General Tributaria establece que los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del art. 64 se interrumpen: a) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible; siendo así que del examen del Expediente Administrativo consta como las actuaciones de comprobación e investigación iniciadas en fecha 15 de septiembre de 1998 interrumpieron la prescripción de los periodos a los que abarca la comprobación inspectora que terminó con las actas firmadas de conformidad de fecha 6 de agosto de 1999, si bien de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias de fecha 18 de enero de 2002, se transforman en disconformidad al ordenar retrotraer las actuaciones al momento de firma de las actas, es por lo que en ningún caso puede estimarse se hubiera producido la prescripción, por el transcurso del plazo de prescripción sin interrupción por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo dirigida a su cobro.

TERCERO.- Igual suerte desestimatoria debe correr la alegada prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación por haber transcurrido más de doce meses desde que se iniciaron las actuaciones inspectoras, pues estas se iniciaron el 15 de septiembre de 1998 y culminaron con el acuerdo del Inspector Jefe de 21 de abril de 2002, a lo que ha de decirse: en primer lugar, que los plazos contemplados en el artículo 29.4 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, Ley 1/1998, de 26 de febrero , son plazos de caducidad y no de prescripción; en segundo lugar, que en ningún caso el incumplimiento de esos plazos lleva aparejado la nulidad de actuaciones, pues dada la especialidad de las normas tributarias no son sin más aplicables las reglas establecidas en la Ley de Régimen Jurídicos de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de esta Ley ; en tercer lugar, que en el caso de autos en ningún momento además estuvieron interrumpidas las actuaciones de la Inspección por más de 12 meses, lo que ocurre es que la parte actora computa los plazos sin tener en cuenta todas las causas que legalmente han interrumpido las mismas, debiéndose iniciar el cómputo de nuevo a partir de la reanudación de las actividades legalmente interrumpidas, teniendo en su caso en cuenta las mismas. A este respecto, entonces, ha de apreciarse que las actuaciones de comprobación e investigación iniciadas el 15 de septiembre de 1998 interrumpen la prescripción de los períodos a los que abarca la comprobación de la Inspección que finaliza con la firma, en principio, en conformidad, el día 6 de agosto de 1999, con independencia de que posteriormente se haya aducido falta de representación, por dos razones esenciales, en primer lugar, porque para todas esas actuaciones se presumía la representación, dada la relación que mantenía con la parte actora así como su forma de actuar presumiendo la misma ante la Administración sin olvidar la existencia de un documento privado en el que se hacía constar la misma y, en segundo lugar, por el principio de conservación de actuaciones al amparo del artículo 66 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. A partir de esa fecha la interposición de las correspondientes reclamaciones interrumpen el cómputo de cualquier plazo, hasta que de nuevo el Tribunal Económico Administrativo Regional ordena la retroacción de actuaciones al momento de la firma del acta en conformidad, debiéndose ahora empezar a computar el nuevo plazo y verificado éste se aprecia no haber trascurrido ni el plazo de 12 meses, período de caducidad, ni el plazo previsto para que opere la prescripción.

CUARTO.- Invoca la recurrente que hallándose recurridas las resoluciones del T.E.A.R.A. relativas al Impuesto de Sociedades de las que se hacen derivar los rendimientos que se le imputan por el I.R.P.F. en tanto no se resuelvan dichos recursos y se demuestre que se produjeron tales beneficios no cabe incoar expedientes administrativos. Siendo cierto que la resolución que en su día se dicte sobre el Impuesto de Sociedades, pueda afectar a la liquidación que ahora se reclama, la pendencia de dicho procedimiento no impide que puedan seguirse las distintas actividades tributarias que sean consecuencia del mismo, dada la ejecutividad de los actos administrativos.

QUINTO.- Alega también, la parte actora, la nulidad de los actos recurridos por entender que se le ha producido indefensión, por inaplicación del artículo 21 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y del artículo 33, ter. 2 del Reglamento General de la Inspección , a lo que ha de decirse que con independencia de que en algún momento del procedimiento, en particular en el momento anterior al trámite de audiencia, o en su caso a la propuesta de resolución, no se le haya dado audiencia, lo que por otra parte en el expediente aportado en autos consta lo contrario, no procede ahora estimar indefensión pues la parte actora pudo alegar, como así ha hecho, cuanto ha considerado conveniente a su derecho tanto en vía de gestión, a través de las distintas alegaciones realizadas ante la Inspección como mediante el recurso de reposición en su día interpuesto cuanto en vía de reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional como finalmente, ante esta Jurisdicción, debiéndose por ello rechazar esta pretensión, cuando además derivan de actas firmadas de conformidad que no precisan de previas alegaciones para girar la liquidación.

SEXTO.- Se alega, seguidamente, falsedad de la representación, lo cual debe llevar a la declaración de nulidad de actuaciones, a lo que ha de decirse: en primer lugar, que sin entrar en esta cuestión, que por otra parte ya fue resuelta por esta Sala en sentencia 258/2006, en recurso 1451 /2002, ha de tenerse en cuenta que la Administración no se basa en unas simples declaraciones de un presunto falsificador sino que a partir de las manifestaciones realizadas inicia un procedimiento de averiguación que es el determinante de los hechos y liquidaciones posteriores, lo que se aprecia a lo largo del análisis de todo el expediente; en segundo lugar, que el artículo 28.3 del Reglamento General de la Inspección señala que "las manifestaciones hechas por personas que hayan comparecido sin poder suficiente tendrán el valor probatorio que proceda con arreglo a derecho"; por último, que las actuaciones de esa persona no han producido a la parte actora indefensión pues tanto en vía de reclamación administrativa como en esta vía jurisdiccional ha podido aducir cuanto creyese conveniente y necesario para la defensa de sus derechos.

SEPTIMO.- Muestra también la parte actora su disconformidad con las actuaciones de la Inspección que no prueba los hechos sino que se basa en determinadas presunciones sobre unos documentos contables presentados por en su opinión un falso representante así como su discrepancia en lo referente a la determinación de las partidas integrantes en la tabla de "Entradas y salidas de patrimonio" de la sociedad de la que forma parte el recurrente. A este respecto, ha de señalarse que a juicio de este Tribunal a diferencia de lo señalado por la parte actora, las presunciones son verdaderos medios de prueba, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, en sus diversos órdenes, civil, penal, contencioso. Por otra parte, en el ámbito tributario, la Ley General Tributaria hace referencia a ellas en el artículo 118 que dice: "1. Las presunciones establecidas por las Leyes tributarias pueden destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban. 2. Para que las presunciones no establecidas por la Ley sean admisibles como medios de prueba es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano". En esta disposición, pues, se introducen, inequívocamente, las presunciones en el ámbito tributario. Distingue la Ley dos tipos de presunciones: las presunciones legales recogidas en el trascrito precepto 118.1 y en el artículo 4.4 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, que reproduce literalmente el anterior. Éstas, a su vez, se clasifican en dos grupos según admitan o no prueba en contrario: iuris tantum y iuris et de iure. Junto a estas presunciones están las presunciones homini que son aquellas efectuadas por el órgano que ha de resolver el correspondiente asunto y que no han sido establecidas por la Ley. A ellas se refiere el artículo 1253 del Código Civil , cuyo contenido se ha reproducido literalmente en el artículo 118.2 de la Ley General Tributaria . El Tribunal Supremo ha admitido reiteradamente la validez de las pruebas de presunciones. Así, valga por todas, en la sentencia de 20 de julio de 1998 , dice: "Tres son, pues, los elementos característicos de las presunciones ahora consideradas: la afirmación base, que es el hecho demostrado; la afirmación presumida, que es el hecho que se trata de deducir; y el enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. De ellos, para acreditar la afirmación base, pueden utilizarse cualesquier medio de prueba, aunque deben ser suficientes para que merezca la conceptuación de hecho acreditado. La afirmación presumida, que es la única relevante para el juicio de hecho determinante de la conclusión, normalmente queda acreditada mediante la propia actividad presuntiva. Es claro que la afirmación presumida ha de ser distinta de la afirmación base y estar situada a un nivel superior, puesto que si se declara presumido un hecho sin más, no se estará ante una verdadera presunción, sino ante meras conjeturas o sospechas. Por último, las reglas del criterio humano no son otras que las de la lógica o recta razón y, en este sentido, el enlace entre el hecho acreditado y el que se trate de demostrar no ha de consistir en otra cosa que la conexión o congruencia entre ambos, de suerte que el conocimiento de uno lleve al intérprete, como consecuencia obligada, de aquella lógica o recta razón, al conocimiento del otro". Asimismo, el Tribunal Económico Administrativo Central en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre la validez de la prueba de presunciones; así en la resolución de 9 de julio de 1998, al referirse a ellas, dice que en todo caso han de reunir los siguientes requisitos: a) Seriedad, esto es, que exista un auténtico nexo o relación entre el hecho conocido y la consecuencia extraída, que permita considerar ésta en un orden lógico como extremadamente probable; b) Precisión, que el hecho o hechos conocidos estén plena y completamente acreditados y sean claramente reveladores del hecho desconocido que pretende demostrarse; y c) Concordancia, entre todos los hechos conocidos que deben conducir a la misma conclusión. Directamente conectada con la prueba de presunciones homini aparece la prueba indiciaria, que aún suponiendo menos consistencia en los hechos, es admitida por el Tribunal Constitucional, incluso, para el orden penal. A este respecto la sentencia de este Tribunal, de 17 de diciembre de 1985 , dice: "Una prueba indiciaria ha de partir de unos hechos (indicios) plenamente probados, pues no cabe, evidentemente, construir certezas sobre la base de simples probabilidades. De esos hechos que constituyen los indicios debe llegarse, a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, a considerar probados hechos constitutivos de delito. Puede ocurrir que los mismos hechos probados permitan en hipótesis diversas conclusiones o se ofrezcan en el proceso interpretaciones distintas de los mismos. En este caso el Tribunal debe tener en cuenta todas ellas y razonar por qué elige la que estima más conveniente". Queda así dada cumplida respuesta a la cuestión de la validez no sólo de las presunciones, sino también de la prueba de indicios tanto en el ámbito penal como en el tributario. Por otra parte, ha de señalarse, asimismo, que el campo más abonado para la aplicación de este tipo de pruebas se produce en los expedientes de determinación de la base imponible a través del método de estimación indirecta. La siguiente cuestión a considerar es la de que la simple manifestación de un tercero, falso representante según la parte actora, no es la que ha determinado que se consideren como desajustes contables determinadas operaciones sino que ha sido la Inspección tributaria la que a partir del conocimiento de las mismas por la manifestación que se ha hecho al respecto, la que ha determinado los mismos previa comprobación e investigación.

OCTAVO.- Alega a continuación la parte actora su discrepancia con la Administración en la cuestión relativa a la determinación de la base imponible de determinadas sociedades de las que la parte actora es socio, incidiendo especialmente en que no hay justificación documental alguna de las eventuales aportaciones de los socios administradores a las sociedades referidas así como de los dividendos de estas a sus socios. A ello ha de decirse: en primer lugar que la Administración tributaria no se ha basado exclusivamente en las manifestaciones hechas al respecto por el considerado por la parte actora falso representante sino que a partir de esas declaraciones ha procedido a comprobar e investigar a las entidades afectadas y como resultado de esa labor inspectora ha llegado a la conclusión de la existencia de beneficios ocultados y de la legalidad de su imputación en la forma, cuantía y modo a los socios. En efecto, la Administración tributaria de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento General de la Inspección ha procedido a "verificar el adecuado cumplimiento por los sujetos pasivos u obligados tributarios de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Pública". Además, en el ejercicio de sus facultades inquisitivas ha procedido a la comprobación e investigación de los hechos imponibles correspondientes, utilizando para ello los medios de prueba previstos en los artículos 114 a 119 de la Ley General Tributaria , entre ellos utilizando cuando ha sido preciso las pruebas de presunciones, cuya validez ya ha sido señalada. En su labor investigadora e integradora ha examinado la contabilidad, documentos y manifestaciones de las respectivas entidades y personas físicas, dejando constancia de ello en el expediente que obra en autos. En el proceso efectuado de comprobación e investigación ha sido objeto de principal análisis la contabilidad pertinente, pues el objetivo de la contabilidad es dar la información veraz de los resultados de la actividad de las empresas o entidades correspondientes sirviendo de fundamento para determinar la base imponible de las mismas, a la vez que ha de reflejar la imagen fiel de su patrimonio y de su situación financiera. Esta "imagen fiel" se conseguirá formulando con claridad las cuentas anuales, para lo cual habrá que respetarse las normas establecidas para su elaboración y aplicando correctamente los principios contables, entre los que están el principio de prudencia, el de registro, el del precio de adquisición, el de devengo, y el de uniformidad. Pues bien, la Inspección aplicando debidamente las reglas y principios contables, analizando los documentos y manifestaciones realizadas, ha apreciado la vulneración de reglas y principios que deben respetarse pues se ha detectado que determinadas partidas no han sido computadas y otras lo han sido incorrectamente; a partir de ahí y a través de los distintos medios de prueba ha fijado los resultados recogidos en el expediente administrativo y determinado la base imponible de la que se han deducido las cuantías imputables a los socios, todo lo cual no ha sido destruido por prueba en contrario. La parte actora trata de neutralizar la validez de los resultados estimados por la Inspección aludiendo a la prueba pericial obrante en autos que expresamente a la pregunta realizada de si durante los ejercicios 1993 a 1997, las sociedades mencionadas repartieron alguna clase de dividendos entre sus socios, y en qué cuantía y forma de pago, el perito responde que no hay base objetiva suficiente para declarar como hechos ciertos y probados la existencia de tales dividendos, ni por tanto su cuantía y forma de reparto, añadiendo que es opinión suya que los desfases existentes en las cuentas de caja, pesetas y con socios y administradores son producto de la existencia de ingresos no declarados pero reales, en las empresas, que junto con los pagos realizados a acreedores y proveedores, producen desequilibrios en la cuenta de caja, que son enjugados mediante ficticias aportaciones de los socios en la cuenta correspondiente. Tales aportaciones, sigue diciendo el perito, son meros artificios contables, así como son también ficticias las retiradas de fondos de la referida cuenta de socios, necesarias para restablecer los mínimos equilibrios en las contabilidades de las sociedades, no pudiendo ser entendidas como percepción de dividendos ocultos y su posterior reinversión en las referidas empresas; para concluir diciendo que la contabilidad está muy falseada y esa contabilidad no vale gran cosa. Pues bien, de estas declaraciones han de resaltarse: en primer lugar, la contundencia de la respuesta que empieza diciendo que no hay base objetiva suficiente para declarar como hechos ciertos y probados que existiesen tales dividendos para a continuación añadir dos cosas de trascendental e irreversible importancia: que los desfases en las cuentas de caja, pesetas y con socios y administradores son producto de la existencia de ingresos no declarados pero reales y la existencia de ficticias aportaciones de los socios, con lo que mediante un proceso lógico y elemental a la conclusión a la que llega la prueba pericial no puede ser otra que la constatación de que no hay base objetiva suficiente para declarar como hechos ciertos la existencia de tales dividendos, lo que es como se ha señalado evidente, pues no puede llegarse a ninguna certeza cuando la contabilidad no refleja la verdadera situación patrimonial pues conscientemente no se han declarado ingresos, señalando, además a este respecto, pero sin soporte alguno, que no obstante se han obtenido, con las propias palabras que constan en el expediente "reales", y se han utilizado, además, artificios contables en la cuenta corriente con socios y administradores, todo lo cual pone de manifiesto que la contabilidad aportada no refleja la imagen fiel como es su verdadera razón de ser, tanto es así que ante la imposibilidad de determinar los rendimientos ciertos y reales a partir de la contabilidad la Administración ha tenido que acudir al método de estimación indirecta, por lo que partiendo de esos presupuestos la Administración tras el correspondiente proceso de comprobación, investigación y análisis de las contabilidades y demás documentación y manifestaciones ha determinado racionalmente la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, detectando en primer lugar la existencia de ingresos no declarados y, posteriormente, su distribución a los socios que posteriormente realizarán préstamos a las mismas, y no habiéndose en consecuencia probado lo contrario deben rechazarse las alegaciones a su favor que en este punto ha realizado la parte actora.

Para mayor abundamiento, en relación con la manifestación hecha en prueba de que en todo caso la existencia de ingresos ocultos donde deben de tratarse es en el Impuesto sobre Sociedades, es parcialmente incorrecta, pues si bien es cierto esto, no lo es menos que esos ingresos reales pero ocultos han de formar parte de la base imponible y junto con las otras partidas positivas y negativas previstas por la ley contribuirán a su determinación y, en consecuencia, habrán posteriormente que imputarse en la proporción establecida a los socios a efectos de configurar la base imponible de los mismos de conformidad con su naturaleza, de ahí que la transcendencia de esos ingresos se extienda más allá del mero Impuesto sobre Sociedades. En suma, esos ingresos afectan: a la determinación de la base imponible en sede de tributación de la sociedad, a la determinación de los beneficios/dividendos a distribuir a los socios, en la determinación de la naturaleza de estos. Por ello, el que hayan existido ingresos ocultos no altera la consideración de la Administración de entender que esas aportaciones de los socios a la sociedad proceden de dividendos obtenidos previamente de la misma.

NOVENO.- Invoca también graves errores y omisiones en relación con la tabla de entradas y salidas elaborada por la Inspección para la Comunidad de Bienes que la hacen nula y por ello nulas las liquidaciones complementarias giradas, debiendo de rechazarse de plano los rendimientos imputados al contribuyente como consecuencia de las mismas dadas las omisiones de entradas y salidas apreciadas en la relación del Inspector y carentes de justificación documental, a lo que ha de decirse con independencia de la veracidad y/o certeza de las distintas anotaciones en ella recogidas, la cuenta de Tesorería de la indicada entidad lo único que recoge son entradas y salidas de numerario, y no todas, reflejando el criterio de imputación de caja, resultando irrelevante para determinar la base imponible de la sociedad , la que habrá de fijarse mediante la integración y compensación de todos los rendimientos positivos y negativos en la forma determinada por la ley propia de cada tributo, en el caso de la sociedad recurrente, por las reglas propias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, atendiendo como regla general al criterio de devengo, salvo en aquéllos casos previos como excepción en la ley, lo que no ocurre en el caso de autos, y todo ello de conformidad con lo indicado en los artículos 56 y 60 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ley 18/1991, de 6 de junio .

DECIMO.- Por último alega en relación a la liquidación girada que no se le permitió practicar ninguna de las pruebas propuestas ni ante la Dependencia de Gestión, ni ante el T.E.A.R.A. que ni siquiera se pronunciaron sobre esta petición, lo que dice implica una vulneración de la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución Española y de los artículos 90.3, 94 y 95 del Real Decreto 391/1996 por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico Administrativas, alegación a la que se tiene que decir que la tutela judicial efectiva tan solo es predicable en vía jurisdiccional o en la esfera del derecho administrativo sancionador, más no en la determinación de la base imponible del impuesto pudiendo reiterar la proposición de prueba en las distintas fases procedimentales de la esfera administrativa y judicial.

UNDECIMO.- Respecto a la sanción impuesta, la parte actora cuestiona su procedencia alegando los mismos argumentos empleados para mostrar su disconformidad con la liquidación realizada por la Administración, por lo que rebatidos esos argumentos en los anteriores fundamentos de Derecho al trasladarse al ámbito sancionador ha de llegarse a la misma conclusión y desestimar la pretensión de nulidad de la sanción pretendida por la representación actora, pues el único que merecería un examen especial es el relativo a la tutela judicial efectiva por verse privado de la prueba propuesta a lo que hay que decir que en fase del procedimiento sancionador, en el trámite de alegaciones, no se solicitó prueba alguna, haciéndolo en el mismo trámite del procedimiento de la reclamación económico administrativa con el objeto de acreditar la falsedad de la representación, prueba que fue denegada por tratarse de documentación que debe constar necesariamente en el expediente de gestión y estimarse innecesaria por existir datos suficientes para resolver, argumentación que debe ratificarse ya que la falsedad de la representación había ya sido reconocida transformando el acta de conformidad en acta de disconformidad.

DUODECIMO.- No se aprecian motivos o circunstancias especiales para hacer una expresa declaración de condena en costas procesales, conforme a lo señalado en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.

Vistos, con los citados, los demás preceptos de general y pertinente aplicación al caso.

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por doña Margarita Roza Mier, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de D.ª Clara, contra resolución de 12 de noviembre de 2004 dictada en las reclamaciones acumuladas números NUM000 y NUM001 por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias, representado por el Sr. Abogado del Estado, que se mantiene por ser conformes a Derecho la liquidación practicada y la sanción impuesta en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1993 a 1997; sin hacer una expresa condena en costas procesales.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, lo pronunciamos, mandamos y firma