Sentencia Administrativo Nº 17/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 397/2005 de 11 de Enero de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.5

MADRID

SENTENCIA: 00017/2007

Letrado D. Antonio Romero de Gracia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

S E N T E N C I A 17

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. José Alberto Gallego Laguna

Magistrados:

D. José Ignacio Parada Vázquez

D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo

Dª María Antonia de la Peña Elías

D. Santos Gandarillas Martos

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En la villa de Madrid, a once de enero de dos mil siete.

VISTO por la Sala el recurso de apelación núm. 397/2005, interpuesto por el Letrado D. Antonio Romero de Gracia contra la sentencia dictada en fecha 6 de julio de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 19 de Madrid en el Procedimiento Abreviado nº 1/2005; habiendo sido parte apelada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado antes citado dictó la aludida sentencia declarando inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la inactividad de la Administración en expediente de expulsión incoado a D. Guillermo .

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora solicitando su anulación, recurso que fue admitido por el Juzgado y del que se dio traslado al Abogado del Estado, que presentó escrito de oposición al mismo, remitiéndose seguidamente los autos a la Sala.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección, para votación y fallo del recurso de apelación se señaló la audiencia del día 9 de enero de 2007 , en cuya fecha ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José Ignacio Zarzalejos Burguillo, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna en este recurso de apelación la sentencia que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la inactividad de la Administración en expediente de expulsión.

La indicada sentencia razona, en síntesis, que el recurso contencioso administrativo se había interpuesto contra una actividad no susceptible de impugnación por referirse a la inactividad de la Administración demandada en expediente de expulsión, pretendiendo con la interposición del recurso que se decrete la caducidad y archivo del procedimiento sancionador de expulsión sin haber presentado previamente ante la Administración reclamación o solicitud para la declaración de caducidad de dicho expediente.

El Letrado apelante impugna la referida sentencia por estimar, en resumen, que no es conforme a Derecho ya que de acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley de esta Jurisdicción es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración cuando ésta no ha notificado la resolución que pone término al expediente de expulsión una vez transcurridos seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación, en cuyo caso se produce la caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones, que es consecuencia del transcurso del plazo y no de la solicitud del expedientado, citando entre otras la sentencia de esta Sección dictada en el recurso contencioso administrativo nº 1066/2002 .

SEGUNDO.- Es objeto de la presente apelación determinar si existe o no una actividad administrativa susceptible de impugnación cuando el recurrente no formuló ante la Administración solicitud de declaración de caducidad y archivo del procedimiento de expulsión antes de presentar el escrito de interposición del recurso jurisdiccional.

Pues bien, sobre la cuestión que constituye el objeto de este recurso ya se ha pronunciado esta Sección en diversas sentencias, en las que se argumenta que el Tribunal Supremo ha resuelto la controversia en las sentencias de fechas 31 de mayo de 2005 (rec. 7440/2001), 3 de marzo de 2005 (rec. 575/2002), 4 de enero de 2005 y 30 de diciembre de 2004 , entre otras que se podrían citar, expresándose en la segunda de las citadas que "Sin embargo, es lo cierto que a la vista de la documentación que aquí obra, no cabe sino concluir que la actuación administrativa contra la que se interpuso el recurso contencioso no es, jurídicamente hablando, otra que la de incoación de un expediente de expulsión de un extranjero del territorio nacional; lo cual es un acto de trámite no susceptible de impugnación jurisdiccional, al no acreditarse que dicho acto fuera acompañado de cualquier otra determinación que pudiera afectar inmediatamente al interesado.

Recuérdese, para comprender la razón que asiste a la Sala de instancia cuando se expresó en los términos en que lo hizo, y para comprender, también, la razón por la que jurídicamente hemos de entender que la actuación administrativa impugnada no es más que la de incoación, lo siguiente: en un procedimiento administrativo como el que nos ocupa, que se inicia de oficio y en el que se ejercitan potestades de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para el ciudadano, el vencimiento del plazo máximo establecido para resolver, sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, no produce como efecto el surgimiento por silencio de una resolución presunta; lo que produce es, en su caso, la caducidad del procedimiento. Basta estudiar el artículo 44 de la Ley 30/1992, y en concreto su número 2 , para comprender que ello es así.

Al hilo de esto último, precisemos, por fin, que no es la denegación por silencio de la solicitud de caducidad del expediente de expulsión lo que aquí podemos tener por impugnado en el recurso contencioso-administrativo ahora en grado de casación. Sencillamente, porque con la interposición de dicho recurso, y precisamente a los efectos de identificación de lo que se recurría, lo que se acompañó fue un escrito de alegaciones presentadas en aquel expediente el día 19 de enero de 2001..."

En el presente caso, al igual que en el analizado en la sentencia transcrita, con el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo sólo se aportó el acuerdo de incoación del expediente de expulsión y el escrito de alegaciones, no siendo el objeto del recurso contencioso administrativo la denegación, por silencio administrativo, de una petición de declaración de caducidad formulada ante la Administración, de manera que estamos ante una inactividad no susceptible de impugnación.

Por otro lado, las reseñadas sentencias confirman las dictadas por la Sección Primera de esta misma Sala, sin que la sentencia pronunciada por esta Sección Quinta en el recurso contencioso administrativo nº 1066/2002 constituya un supuesto análogo al presente, pues en ella se analizó un caso en el que el recurrente había presentado previamente ante la Administración una solicitud para que se declarase la caducidad del expediente.

En consecuencia, procede la desestimación del recurso de apelación, declarando conforme a Derecho la sentencia impugnada.

TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de esta Jurisdicción, procede imponer las costas de esta instancia a la parte apelante.

VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Letrado D. Antonio Romero de Gracia contra la sentencia dictada el 6 de julio de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 19 de Madrid en el Procedimiento Abreviado nº 1/2005 , debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia por ser ajustada a Derecho, con imposición de costas a la parte apelante.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos principales para su devolución al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario certifico.