Sentencia Administrativo Nº 174/2015, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 15, Rec 507/2014 de 23 de Junio de 2015

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 23 de Junio de 2015
  • Tribunal: Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona
  • Ponente: Maestre Salcedo, Andres
  • Núm. Sentencia: 174/2015
  • Núm. Recurso: 507/2014
  • Núm. Cendoj: 08019450152015100054
  • Núm. Ecli: ES:JCA:2015:833
  • Núm. Roj: SJCA 833/2015

Encabezamiento

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 15 DE BARCELONA

Recurso contencioso-administrativo abreviado nº 507/2014-E

SENTENCIA nº 174/2015

En Barcelona a 23 de junio de 2015

Vistos por mí, ANDRÉS MAESTRE SALCEDO, Magistrado Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Barcelona y su provincia, los presentes autos de recurso contencioso administrativo nº 507/2014, apareciendo como demandante la entidad Posello SA, defendida por el letrado sr Joan Lladó y como Administración demandada, el Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria (ORGT) de la Diputación de Barcelona, defendido por el letrada sra Teresa Armijo, todo ello en el ejercicio de las facultades que me confieren la Constitución y las Leyes, y en nombre de S.M. El Rey, he dictado la presente Sentencia con arreglo a los siguientes

Antecedentes

ÚNICO.-Interpuesto por la parte actora, a través de su representación procesal en autos, el pertinente recurso contencioso administrativo contra la resolución administrativa que se cita en el fundamento de Derecho primero de esta mi sentencia, y cumplidos los trámites y prescripciones legales procedimentales propiamente dichos, con el resultado alegatorio y probatorio que es de ver en el soporte audiovisual de grabación de la vista oral acontecida el pasado 18-6-15, habiéndose fijado la cuantía de este procedimiento en 13.816,69 euros y pasando seguidamente las actuaciones a SSª para dictar Sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.-El objeto del presente recurso contencioso administrativo consistió inicialmente en la impugnación de la resolución presunta de la demandada (que se amplió en el Plenario por mor de lo establecido en el art 36 LJCA a la desestimación expresa de 20-11-14, f. 55 y ss EA) desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por la actora contra la liquidación con clave de cobro 007726200000026342 (de cuota 13.816,69 euros) del impuesto municipal -relativo al ejercicio 2014- de plusvalía (llamado técnicamente Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana, en adelante IIVTNU) emitida por el Ayuntamiento de Montgat (quien delegó la competencia del cobro al ORGT Diputación de Barcelona), devengado a raíz de la transmisión en fecha 21-2-14 de la propiedad de la finca ubicada en c/ Margarita Xirgu nº 29 de Montgat, desestimación en reposición por ende que, en esencia confirma íntegramente la citada liquidación practicada.

La parte demandante fundamenta su reclamación esencialmente (dando por reproducidos en esta sede la argumentación jurídica de su demanda) en nulidad de la liquidación de autos, al no ser exigible el impuesto de plusvalía en nuestro caso (inexistencia de hecho imponible), puesto que en esta operación transmisiva no se ha generado incremento de valor entre la fecha de adquisición, y la fecha de la transmisión antes dicha.

Por su parte, la defensa de la demandada se opone a tales pretensiones, en síntesis, afirmando que es/son ajustada/s a Derecho la/s resolución/es administrativa/s impugnada/s.

Como cuestión previa indicar que, no hay vulneración del principio de capacidad económica del art 31 CE 78, desde el instante en que, si bien existe un planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad por parte del Juzgado de lo C-A nº 3 de Donostia y ha sido admitida a trámite hace escasos días, no existe en la actualidad resolución del TC declarando la inconstitucionalidad del impuesto litigioso de autos, siendo más acorde a día de hoy, la constitucionalidad de tal tributo en consonancia con lo prescrito en el art 47 'in fine' CE 78 a cuya virtud 'La Comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos'.

SEGUNDO.-Sentado lo anterior, y en virtud del principio de carga de la prueba del art 217 LEC 1/2000 tenemos que, el 'quid' de la cuestión consiste en determinar si la base imponible del tributo que aquí judicamos y a que hace referencia el art 107.2 a) del TR RDLegislativo 2/2004 de 5 de marzo aprobatorio de la Ley de Haciendas Locales es un índice objetivo inexcusable del que hay que partir o por el contrario es una presunción 'iuris tantum' que admite prueba en contra, como parece postular la actora con las alegaciones y documental (la pericial inicialmente designada ha sido tenida en cuenta a modo de documental) aportada por la actora en vía administrativa y judicial, en consonancia en su caso, con el art 3.1 Cc .

El que suscribe en aras a la unidad de la doctrina jurisprudencial seguida en estos Juzgados de lo C-A, entre otras, sentencia del Juzgado de lo C-A nº 3 de Barcelona, en sentencia de 8-1-14 recaída en pleito de recurso ordinario nº 494/12 entiende que la base imponible del IIVTNU no es una presunción 'iuris tantum' sino un criterio objetivo fijado por el legislador y de obligado cumplimiento, mientras no se modifique la actual normativa vigente aplicable a la materia de autos, por lo que tal normativa goza de presunción de legalidad y de constitucionalidad, siendo ajustada a Derecho en consecuencia, la fórmula de cálculo empleada por la demandada en relación a la base imponible del impuesto de autos.

Por tanto, estando al principio de legalidad en el ámbito tributario, resulta patente que la Ley establece (no sigue a estos efectos consiguientemente este Juzgador la fórmula utilizada por el Juzgado de lo C-A nº 1 de Cuenca invocada por la actora) que la cuota del impuesto en cuestión se calcula a partir, no del valor del suelo obtenido pericialmente sino del valor catastral que el suelo tenga asignado en el momento del devengo del impuesto y sobre este concreto valor catastral se aplicará el porcentaje que corresponda en función del número de años que se haya mantenido la propiedad con un máximo de 20 años.

Del mismo modo aún siendo verdad y notorio el decremento de valor del inmueble de autos (y de los inmuebles en general), si comparamos su valor de suelo en los años de la fecha de su adquisición y los relativos a los de la fecha de transmisión, acreditado vía documental, no es menos cierto que lo que se grava en el presente caso no es una plusvalía individual del sujeto pasivo (aquí la entidad recurrente) sino una plusvalía genérica, en la que se tienen en cuenta otros criterios que exponemos a continuación.

Sentado lo anterior, es de acoger íntegramente los razonamientos expuestos en la respuesta dada por la Dirección General de Tributos en consulta nº V0153-14 (consulta vinculante a los efectos del art 89.1 de la LGT 58/2003) de fecha 23-1-14 (aportada por la demandada al Plenario) a cuya virtud, destacamos la afirmación según la cual '...La Ley (TRLHL) sólo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo, no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio de la transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor catastral cuando se adquirió el terreno o su valor de adquisición'...'..Y ello es así porque el fundamento de este impuesto -el de plusvalía- no es tanto gravar el incremento real provocado por el titular del terreno por diferencia entre unos precios de venta y compra, sino que trata de gravar el incremento del valor del terreno como consecuencia de la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra...'.

En el mismo sentido se ha pronunciado este Juzgador en el pleito de recurso abreviado nº 460/13 y 413/13 seguido ante el Juzgado de lo C-A nº 15 de Barcelona.

Consiguientemente, deben desestimarse totalmente las pretensiones actoras.

TERCERO.-En virtud del art 139 LJCA atendiendo al criterio del vencimiento objetivo sería procedente la condena en costas a la parte recurrente; no obstante concurren circunstancias excepcionales para su no imposición cuales serían haberse generado serias dudas de Derecho para la resolución del caso de autos (planteamiento por el Juzgado de lo C-A nº 3 de Donostia cuestión previa de inconstitucionalidad y su admisión a trámite por el TC) y la no actuación por la actora ni con temeridad ni mala fe.

Fallo

Que debo DESESTIMARy DESESTIMO TOTALMENTEel recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad Posello SA frente a la/s resolución/es de la Administración demandada referenciada/s en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, sin expresa condena en costas a la parte recurrente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con indicación que contra la misma NO cabe recurso ordinario de apelacióndel art 81 LJCA , atendiendo a la cuantía objeto del pleito.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.

Plusvalías
Incremento de valor
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Constitucionalidad
Terrenos de naturaleza urbana
Valor catastral
Acción urbanística
Cuestión de inconstitucionalidad
Entes públicos
Carga de la prueba
Prueba en contrario
Impuestos locales
Devengo del Impuesto
Valor de mercado
Valor de adquisición
Valor del terreno
Precio de venta
Mala fe