Sentencia Administrativo Nº 185/2016, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 216/2013 de 21 de Abril de 2016

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN SEGUNDA

Núm. de Recurso:0000216 /2013

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:01992/2013

Demandante:NAVIERA ARMAS S.A

Procurador:D.PABLO IGNACIO HORNEDO MUGUIRO

Demandado:TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL

Abogado Del Estado

Ponente IImo. Sr.:D. FERNANDO ROMÁN GARCÍA

S E N T E N C I A Nº:

IImo. Sr. Presidente:

D. JESÚS MARÍA CALDERÓN GONZALEZ

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. ÁNGEL NOVOA FERNÁNDEZ

Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

D. FERNANDO ROMÁN GARCÍA

Madrid, a veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 216/2013 que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador D.Pablo Ignacio Hornedo Muguiro en nombre y representación de NAVIERA ARMAS S.A frente a la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias de 31 de mayo de 2012,que desestimó el incidente de ejecución relativo al Impuesto sobre Sociedades, acuerdos de liquidación y sancionador, ejercicios 1998-2000.Siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO ROMÁN GARCÍA.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte indicada interpuso, con fecha de 8 de mayo de 2013 el presente recurso Contencioso-administrativo que, admitido a trámite y reclamando el expediente administrativo, fue entregado a dicha parte actora para que formalizara la demanda.

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda, a través del escrito presentado en fecha de 1 de octubre de 2013, en el que, después de alegar los hechos y fundamentos jurídicos que consideró aplicables, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos administrativos impugnados.

TERCERO.- De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado quien, en nombre y representación de la Administración demandada, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 4 de noviembre de 2013 en el que, tras los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso y la confirmación de la resolución impugnada.

CUARTO.- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba del recurso, y solicitado el trámite de conclusiones, las partes concretaron sus posiciones en sendos escritos, quedando los autos pendientes para votación y fallo.

QUINTO. - Mediante providencia de esta Sala de fecha 19 de abril de 2016 , se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 21 de abril de 2016 fecha en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en su tramitación las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en este recurso el acuerdo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central el 28 de febrero de 2013, en virtud del cual se desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta por NAVIERA ARMAS S.A. contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias de 31 de mayo de 2012, que desestimó el incidente de ejecución relativo al Impuesto sobre Sociedades, acuerdos de liquidación y sancionador, ejercicios 1998-2000.

A efectos de una mejor delimitación del objeto del recurso, conviene señalar que el 27 de junio de 2003 se iniciaron actuaciones de comprobación e investigación relativas a la entidad NAVIERA ARMAS S.A. por el concepto Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1998 y 2000, que concluyeron con Acta de Disconformidad de fecha 14 de junio de 2006, dictándose acuerdos de liquidación y sanción que, tras ser notificados a la entidad ahora demandante el 13 de septiembre de 2006 y el 28 de septiembre de 2006, respectivamente, fueron recurridos por ésta ante el TEAR de Canarias.

El citado Tribunal Regional, en resolución de 29 de febrero de 2008, estimó parcialmente el recurso y ordenó la anulación de aquellos acuerdos por razones sustantivas y su sustitución por otros, notificándose dicha resolución al órgano de la Inspección encargado de su ejecución el 24 de abril de 2008. Este órgano, en cumplimiento de lo ordenado, dictó nuevos acuerdos que fueron notificados a la demandante el 3 de septiembre de 2009.

Disconforme con ello, la recurrente interpuso Incidente de Ejecución que fue desestimado por el TEAR en resolución notificada a aquélla el 11 de junio de 2012 y, frente a esta resolución, la demandante interpuso recurso de alzada ante el TEAC, cuya resolución desestimatoria, de fecha 28 de febrero de 2013, es objeto de impugnación en este recurso.

SEGUNDO.- Plantea la parte actora en su demandasu oposición a la resolución impugnada articulándola entorno a cuatro bloques de argumentos:

1) Defectos formales en la tramitación de la ejecución de la resolución del TEARR por parte de los órganos de inspección de la AEAT.

2) Prescripción del derecho a liquidar de la Administración Tributaria por el transcurso del plazo de un año de duración de las actuaciones inspectoras e improcedencia del cómputo de dilaciones no imputables a la Administración efectuado en el acuerdo de liquidación.

3) Motivos de fondo relacionados con el asunto de referencia.

4) Alegación relativa a la incoación del expediente sancionador derivado de las actuaciones de inspección objeto de impugnación, ausencia de culpabilidad en la actuación de la recurrente e improcedencia de la sanción impuesta.

Finaliza la demanda solicitando que se decreta la nulidad de pleno Derecho de la resolución impugnada, así como de los acuerdos de liquidación y sanción.

Por su parte, la Abogacía del estado en su escrito de contestación a la demandase opone a las pretensiones de la actora, sosteniendo la inaplicabilidad del artículo 150.5 de la Ley 58/2003 , así como la existencia de acto consentido y firme respecto de los motivos relativos a la regularización y a la sanción, por lo que solicita la desestimación del recurso con imposición de costas a la parte actora.

Ambas partes reiteraron sus respectivas posiciones en sus escritos de conclusiones.

TERCERO.- A la vista de lo expuesto, la primera de las cuestiones a dilucidar es la aplicabilidad al caso de lo dispuesto en el artículo 150.5 de la Ley 58/2003 , que es afirmada por la recurrente y negada por el TEAC y por la Abogacía del Estado, sosteniendo éstos que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, dicho precepto sólo sería aplicable en supuestos de retroacción por motivos formales y no cuando por razones sustantivas se estima parcialmente un recurso contra acuerdos de liquidación y sanción, se anulan éstos y se ordena su sustitución por otros nuevos.

El artículo 150.5 de la Ley 58/2003 establece:

' Cuando una resolución judicial o económico-administrativa ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 de este artículo o en seis meses, si aquel periodo fuera inferior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución'.

En el presente caso, no existe problema sobre la aplicabilidad de dicho precepto ratione temporis, toda vez que las partes no discrepan en cuanto a que la recepción del acuerdo que debía ejecutarse por el órgano de la Inspección encargado de la ejecución de la resolución del TEAR tuvo lugar el 24 de abril de 2008, siendo éste el dato que ha de tomarse en consideración conforme al criterio sentado reiteradamente al respecto por el Tribunal Supremo (en este sentido, pueden consultarse, por ejemplo, las SSTS de 10 de junio de 2015 -RC 2302/2013 y 3817/2013 -).

En cambio, sí polemizan las partes en orden a la aplicabilidad del artículo 150.5 de la Ley 58/2003 atendiendo al motivo de la anulación por el TEAR, dado que la estimación parcial del TEAR tuvo por causa no meros defectos formales de los acuerdos de liquidación y de sanción, sino razones sustantivas atinentes al contenidos de dichos acuerdos.

La solución a esta cuestión que, efectivamente, ha sido polémica en la doctrina y en la jurisprudencia, la encontramos en las más recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Así en la sentencia nº 218/2016, de 4 de febrero de 2016 (RC 1370/2011 )se establece:

' CUARTO.- Para la resolución del motivo debemos partir de que, tal como se reconoce en la sentencia, tras la resolución del TEAC de 17 de marzo de 2005, estimatoria en parte de la reclamación formulada, en cuando anuló la liquidación practicada para que se llevara a cabo otra en sustitución, en la que se procediera a la corrección monetaria prevista en el artículo 15.11 de la Ley 43/1995 , del Impuesto de Sociedades, las que se denominan 'nuevas' actuaciones se iniciaron el 7 de julio de 2005 y finalizaron el 13 de febrero de 2006.

Pues bien, el motivo debe ser estimado de acuerdo con la doctrina sentada en la Sentencia de esta Sala de 30 de enero de 2015 -recurso de casación número 1198/2013 -, en cuyo Fundamento de Derecho Cuarto se ha dicho:

'...procede estimar el segundo motivo de casación, toda vez que la interpretación realizada por la sentencia recurrida, que distingue entre ejecución y retroacción, no puede confirmarse ante la doctrina que tiene sentada esta Sala.

Así la sentencia de 24 de junio de 2011, cas. 1908/2008 declaró:

'Pues bien, en el presente caso, la sentencia declara probado que la ONI, en 18 de octubre de 2004 , recibió para su ejecución la Sentencia de esta Sala de 22 de junio anterior , por la que se resolvía el recurso de casación número 7927/1999 y que hasta el 31 de mayo de 2005, no procedió a dar de baja la liquidación anulada y a practicar una nueva por retenciones a cuenta del IRPF sobre rendimientos de trabajo personal, correspondiente a los periodos 1998 y 1999, por cuantía de 2.268.858,80 euros, notificándose el correspondiente acuerdo a IBERDROLA, S.A. el día 17 de junio de 2005, es decir transcurrido un plazo superior al de seis meses desde la recepción de la Sentencia para ejecutarla, debiendo precisarse que sobre la aplicación de este último plazo no se ha planteado oposición por la Administración ni en la instancia ni en el presente recurso de casación.

Así las cosas, debe confirmarse la tesis de la sentencia, pues al carácter de actuaciones inspectoras de las de ejecución cuando se decreta la retroacción, debe añadirse que la remisión del apartado 5 del artículo 150 de la Ley General Tributaria al apartado 1 del mismo supone la necesidad de que ello se haga en el plazo que reste o en el de seis meses si aquél fuera inferior, lo que arrastra la necesidad de aplicación del apartado 2 del citado precepto, en cuanto a las consecuencias del transcurso del plazo o de interrupción de actuaciones por más de seis meses. No tendría sentido considerar las actuaciones que estudiamos como integrantes del procedimiento inspector y no establecer para ellas todas las consecuencias vinculadas al transcurso del plazo máximo de duración.

Cierto es que el Abogado del Estado, en su primer motivo, opone que el artículo 150.5 no es de aplicación al presente caso, por cuando una cosa es ordenar la retroacción de actuaciones y otra diferente es ejecutar en sus propios términos una sentencia dictada, pero independientemente de que tal cuestión no fuera planteada en la instancia, no se puede compartir la argumentación y no solo porque cuando se completan unas actuaciones anuladas también se cumple la resolución o sentencia dictada, sino porque hasta la propia AEAT entendió que el supuesto planteado, en el que la Sentencia de esta Sala había anulado la de instancia, 'en el exclusivo extremo que declara procedente la elevación al íntegro contenida en el acto originario', era de retroacción de actuaciones, pues había de determinarse el importe de las contraprestaciones íntegras satisfechas previa audiencia de la parte ahora recurrida. Y por ello, en el acuerdo de la Inspección de 15 de marzo de 2005, notificado a IBERDROLA, S.A. el 30 siguiente, la Inspección comunicaba a ésta última que 'el llevar a puro y debido efecto lo resuelto por el Tribunal Supremo... exige reponer las actuaciones, con el fin de que la entidad tenga la posibilidad de acreditar las contraprestaciones íntegras devengadas a que afectan aquellas regularizaciones de los períodos 1988 y 1989...'

Asimismo, la sentencia de 12 de junio de 2013, cas. 1921/2012 , tras resumir y sintetizar la doctrina previa de 4 de abril de 2013, cas. para unificación de doctrina 3369/2012, que mantenía que sobrepasado el plazo previsto en el art. 150.5 de la Ley General Tributaria de 2003 , se aplica lo dispuesto en el apartado 2 a) del mismo artículo 150, y que no se computa un nuevo plazo de prescripción de 4 años al tratarse de actuaciones de ejecución que se conocen y se desarrollan bajo la vigencia de la nueva ley, afirma 'que incluso, aunque sólo se tratase de sustituir la liquidación anulada por otra distinta, como tal sustitución supone ya por si misma una retroacción de actuaciones, hay que entender aplicable la misma regla '.

Por su parte, la sentencia de 18 de octubre de 2013, cas. para unificación de doctrina 830/2012 señala :

'En definitiva, la interpretación realizada por la sentencia recurrida, que exige que la retroacción de actuaciones necesaria para que opere dicho precepto sea expresa u ordenada por el propio Tribunal judicial, o económico administrativo, y además distingue entre ejecución y retroacción, no puede confirmarse, ya que debe entenderse que el precepto se refiere a una retroacción material, no formal, por lo que no depende de que los Tribunales judiciales o económico- administrativos, que ordenan dicha retroacción, lo digan o no expresamente. Por ello, la retroacción de actuaciones opera aún cuando literalmente no se ordena, pero se pueda deducir materialmente de la resolución que se trata de ejecutar, como ocurrió con el supuesto que contempló la sentencia de contraste, en el que se trataba solamente de anular una liquidación para practicar otra por entender no procedente la elevación al integro, y la propia Administración admitió que se trataba de un supuesto de retroacción, supuesto idéntico analizado por la sentencia recurrida, en el que se anuló la liquidación para practicar otra que tuviese en cuenta solamente uno de los conceptos a que se refería la regularización, la capitalización de un préstamo y su consideración como incremento de patrimonio no justificado, después de acoger las pretensiones del contribuyente en lo que se refería a los aumentos de los rendimientos de la actividad de promoción inmobiliaria inicialmente apreciados por la Inspección, dándose asimismo la circunstancia que en el acuerdo de ejecución de 7 de Mayo de 2011 se reponen las actuaciones inspectoras al objeto de que se formule nueva propuesta de liquidación y nuevo expediente sancionador, teniendo en cuenta los pronunciamientos del Tribunal contenidos en la resolución dictada.

Ante esta doctrina procede estimar el recurso de casación interpuesto y, asumida dicha doctrina, la consecuencia es obvia, acorde con lo postulado por el recurrente, la no conclusión del procedimiento de ejecución en el plazo establecido, en este caso el plazo es de seis meses de acuerdo con la previsión del apartado 5 del art. 150, lo que conlleva que se haya producido la prescripción alegada por el recurrente.'

Esta doctrina, además, no implica desconocer la sentada en las sentencias de 15 de septiembre de 2014 (casación 3948/12, FJ 4 º) y 29 de septiembre de 2014 (casación para la unificación de doctrina 1014/13 , FJ 3º), en las que, siguiendo el criterio expuesto en las de 7 de abril de 2011 (casación 872/06 , FJ 3 º), 26 de marzo de 2012 (casación 5827/09, FJ 3 º) y 25 de octubre de 2012 (casación 2116/09 , FJ 3º), reiteran que la retroacción de actuaciones es en nuestro sistema jurídico un instrumento previsto para reparar quiebras procedimentales que hayan causado indefensión al obligado tributario reclamante, de modo que resulte menester desandar el camino para practicarlo de nuevo, reparando la lesión, al tratarse de subsanar defectos o vicios formales [el propio artículo 239.3 de la Ley General Tributaria de 2003 , en su segundo párrafo, así lo expresa con meridiana claridad), o, a lo sumo, para integrar los expedientes de comprobación e inspección cuando la instrucción no haya sido completa y, por causas no exclusivamente imputables a la Administración, no cuente con los elementos de juicio indispensables para practicar la liquidación, toda vez que no cabe mantener una interpretación basada en la vinculación absoluta entre el artículo 239 y el artículo 150.5 de la Ley General Tributaria .

Aunque el plazo máximo que señala el artículo 150.5 sólo ha sido previsto para los casos de anulación por razones formales que determinen la retroacción de las actuaciones hay que reconocer que el legislador ha guardado el más absoluto silencio sobre el plazo que se ha de respetar cuando la anulación lo sea por razones sustantivas o de fondo. En estos casos, ninguna disposición de la Ley General Tributaria obliga a la Inspección de los Tributos a practicar la liquidación en un plazo máximo, por lo que nos encontramos con una laguna legal que este Tribunal está llamado a integrar mediante una interpretación analógica del artículo 150.5 de la Ley General Tributaria , tarea que no viene impedida por el artículo 14 de la misma, donde la prohibición de la analogía sólo impide extender más allá de sus estrictos términos el hecho imponible, las exenciones y los demás incentivos o beneficios fiscales.

Los supuestos de anulación por razones de fondo o sustantivas no son técnicamente de retroacción de actuaciones, pero no existen motivos suficientes para no tratarlos como si lo fueran a los efectos que nos ocupan. Resultaría ilógico que, cuando se produce una estimación por razones de fondo, supuesto en el que la Inspección de los Tributos debe limitarse a liquidar de nuevo sin practicar ninguna diligencia, se entienda que está habilitada para hacerlo en el plazo de prescripción, mientras que cuando el éxito de la impugnación lo es por razones de forma generadoras de indefensión, caso en el que debe practicar nuevas actuaciones, está legalmente obligada a completarlas y aprobar la nueva liquidación en un plazo netamente inferior.

Por ello, y sentado el criterio de que sólo estamos ante una efectiva retroacción de actuaciones cuando la anulación ha tenido lugar por motivos de forma, se ha de entender que en las sentencias de 4 de abril de 2013 , 12 de junio de 2013 y 18 de octubre de 2013 , antes referidas, al hablar de 'retroacción' o de 'retroacción material' lo hacíamos a los únicos efectos de aplicar también el límite temporal y las consecuencias del artículo 150.5 a los casos de anulación de las liquidaciones por razones de fondo.

Finalmente, frente a lo anterior, no cabe invocar tampoco el apartado 2 del art. 66 del Reglamento General de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que establece que los actos de ejecución de las resoluciones dictadas en vía de revisión administrativa no forman parte del procedimiento en el que haya tenido su origen el acto objeto de impugnación, pues aunque se considerara que consagra el principio de autonomía procedimental de los actos de ejecución, en toda clase de procedimientos, siguiendo de este modo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, con carácter general, en la sentencia de 30 de junio de 2004 , tomando como base normativa la anterior Ley General Tributaria y el anterior Reglamento General de Inspección, tras la entrada en vigor de la nueva Ley Tributaria hay que estar al plazo especial máximo de ejecución que contempla el artículo 150.5 cuando se anula una liquidación tributaria resolutoria de un procedimiento de inspección.'

Esta sentencia ha sido recordada en las posteriores de 4 de marzo de 2015, (recurso de casación 1295/2013 ), de 14 de mayo de 2015 (recurso de casación 2443/2013 ) y 18 de junio de 2015 (recurso de casación 3533/2014 ). En esta última se ha indicado que 'resulta obvio que lo previsto en el citado 150.5 de la Ley General Tributaria no puede quedar diluido por lo previsto en el artículo 66.2 del Real Decreto 520/2005 , como pretende el Abogado del Estado, pues ha de prevalecer primero por su mayor rango y especialidad, pues el artículo 150.5 de la Ley General Tributaria establece la norma especial relativa al plazo máximo en que deben concluirse los procedimientos de inspección'.

En fin, la última Sentencia que se ha dictado en el mismo sentido es la de 26 de noviembre de 2015 (recurso de casación 4031/2013 ).

No se nos oculta que el artículo Unico. 27 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre ha dado nueva redacción al artículo 150 de la Ley 58/2003 , General Tributaria. Y en particular, el apartado 7 del referido precepto dispone ahora:

'Cuando una resolución judicial o económico-administrativa aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar en el período que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo previsto en el apartado 1 o en seis meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.

Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 26, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación.'

Sin embargo, la Disposición Transitoria Unica. 6 de la Ley 34/2015, dispone que los apartados 1 a 6 del nuevo artículo 150, serán aplicables a todos los procedimientos de inspección que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, mientras que el apartado 7, será aplicable a todas las actuaciones inspectoras en las que la recepción del expediente, por el órgano competente para la ejecución de la resolución como consecuencia de la retroacción, que se haya ordenado, se produzca a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Por lo expuesto, en el presente caso, debe entenderse conforme a lo dispuesto en el apartado 5, en su conexión con los apartados 1 y 2, del artículo 150, en su versión anterior a la actual, que no produjeron efecto interruptivo las actuaciones inspectoras, por lo que es patente que tampoco pueden producir el efecto interruptivo las reclamaciones o recursos que se produzcan contra los actos administrativos fruto de la actuación inspectora. Por ello, en la Sentencia de esta Sala de 30 de enero de 2015 , antes referida, se dijo que la regla del artículo 150 'debe prevalecer sobre el art. 68 de la propia Ley General Tributaria .' (Fundamento de Derecho Quinto in fine).

En consecuencia, procede la estimación del motivo.

QUINTO.- La estimación del motivo determina la del recurso de casación y la anulación de la sentencia impugnada, lo que obliga, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.2. d) de la Ley de esta Jurisdicción , a resolver lo que proceda dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

Pues bien, el plazo de prescripción de los ejercicios 1996, 1997, 1998 y 1999 quedó interrumpido como consecuencia de la iniciación del procedimiento inspector en 2 marzo de 2001, por lo que declarado la cesación de dicho efecto como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.5 de la Ley General Tributaria , debe apreciarse la consumación de la prescripción y, por ello, debemos estimar el recurso contencioso-administrativo, anulando la liquidación girada por Impuesto de Sociedades de los referidos ejercicios y la resolución del TEAC de 25 de octubre de 2007, que desestimó la reclamación económico-administrativa deducida contra ella.'

CUARTO.- Del tenor de la doctrina del Tribunal Supremo que ha quedado reflejada en el anterior Fundamento se desprende, con claridad, la conclusión de que el presente recurso debe ser estimado.

En efecto, una vez determinado que el artículo 150.5 de la Ley 58/2003 es aplicable al caso ahora examinado, la consecuencia del incumplimiento del plazo establecido para ejecutar la resolución del TEAR por parte del órgano de la Inspección encargado de dicha ejecución no puede ser otra que la de considerar no interrumpido el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria en relación con los ejercicios 1998 y 2000.

Por ello, atendiendo a las fechas indicadas en el primero de los Fundamentos de esta sentencia, cabe estimar consumada dicha prescripción, debiendo anularse la resolución impugnada por su disconformidad a Derecho, así como la del TEAR que aquélla confirmó y los acuerdos de liquidación y sanción de los que traía causa originariamente.

QUINTO.- En virtud de lo previsto en el artículo 139 de la LJCA , procede imponer las costas a la Administración demandada, al haber sido desestimadas totalmente sus pretensiones.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación,

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

Fallo

ESTIMARel recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Pablo Ignacio Hornedo Muguiro, en nombre y representación de NAVIERA ARMAS S.A., contra el indicado acuerdo dictado por el TEAC el 28 de febrero de 2013, el cual se anula por su disconformidad a Derecho, anulándose también la resolución del TEAR que aquél confirmó y los acuerdos de liquidación y sanción de los que traía causa originariamente, con imposición de costas a la parte demandada.

Al notificarse la presente sentencia se hará la indicación de recursos que previene el art. 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN/ Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. FERNANDO ROMÁN GARCÍA ,estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.