Sentencia Administrativo Nº 187/2016, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 1464/2014 de 16 de Marzo de 2016

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN TERCERA

Núm. de Recurso:0001464 /2014

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:03086/2014

Demandante:D. Anibal

Procurador:Dª IRENE MARTÍN MOYA

Letrado:Dª Mª EUGENIA RUIZ SANTAMARÍA

Demandado:MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogado Del Estado

Ponente IImo. Sr.:D. FRANCISCO DIAZ FRAILE

S E N T E N C I A Nº:

IImo. Sr. Presidente:

D. JOSÉ FÉLIX MÉNDEZ CANSECO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO DIAZ FRAILE

Dª. ISABEL GARCÍA GARCÍA BLANCO

Dª. LUCÍA ACÍN AGUADO

Dª. ANA MARÍA SANGÜESA CABEZUDO

Madrid, a dieciseis de marzo de dos mil dieciséis.

Visto el recurso contencioso administrativo que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido D. Anibal representado por la Procuradora Dª IRENE MARTÍN MOYAcontra MINISTERIO DE JUSTICIArepresentada por el Abogado del Estado, sobre NACIONALIDADsiendo ponente el Istmo Sr. Magistrado de esta Sección D. FRANCISCO DIAZ FRAILE.

Antecedentes

PRIMERO.-El acto impugnado procede del Ministerio de Justicia y es la resolución de 06 de septiembre de 2013.

SEGUNDO.-Interpuesto recurso contencioso administrativo ante esta Audiencia Nacional, después de admitirlo a trámite y reclamado el expediente administrativo se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda solicitando en el suplico la estimación del recurso.

TERCERO.-Presentada la demanda se dio traslado de la misma al Abogado del Estado, con entrega del expediente administrativo, para que la contestara y, formalizara dicha contestación, solicitó en el suplico que se desestimaran las pretensiones de la parte recurrente y que se confirmaran los actos impugnados por ser conformes a Derecho.

CUARTO.-Contestada la demanda, quedaron los autos conclusos para sentencia, señalándose para votación y fallo el 8 de marzo de 2016,en el que efectivamente se votó y falló.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna la resolución del Ministerio de Justicia de 6-9-2013, que denegó la solicitud de concesión de la nacionalidad española a la hoy parte actora por carecer del requisito del plazo de diez años de residencia legal en España que le era exigible, terminando la demanda con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución ), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999 , citando otras muchas como las de 22-6-82 , 13-7-84 , 9-12-86 , 24-4 , 18-5 , 10-7 y 8-11 de 1993 , 19-12-95 , 2-1-96 , 14-4 , 12-5 - y 21-12- de 1998 y 24-4-99 , que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión 'stricto sensu' sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

TERCERO.- El demandante es natural de Senegal, nace el NUM000 -1964, está casado y tiene dos hijos, figura inscrito en el padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento de Córdoba, y con fecha de 4-12-2013 tenía acreditados 2.981 días de alta en el sistema de la Seguridad Social.

La solicitud de nacionalidad origen de la litis fue registrada el 29-10-2010, se ratificó y se procedió a incoar el correspondiente expediente gubernativo el 26-1- 2011, siendo así que respecto de la misma el Ministerio Fiscal informó desfavorablemente mientras que el Encargado del Registro Civil emitió un informe favorable.

Ya vimos más arriba que la resolución recurrida denegó la concesión de la nacionalidad española al interesado por no cumplir el plazo de diez años de residencia legal en España. A este respecto interesa dejar constancia hic et nunc que según el informe policial datado el 24-1-2013 que obra en el expediente el recurrente reside legalmente en España desde el 31-7-2001 (en dicha fecha solicitó el primer permiso de residencia, que le fue concedido el 10-7-2002), mientras que con la demanda se ha aportado otro documento policial datado en 2-5-2014 que añade al anterior documento la información relativa a un permiso de residencia anterior del recurrente, cuyo permiso fue solicitado el 9-9-1999, y concedido el 13-9-1999 con validez hasta el 12-9-2000. Sin embargo, aparece que desde esta última fecha (12-9-2000) hasta el 31-7-2001 el demandante careció de permiso de residencia en España.

La demanda rectora del proceso expone las circunstancias que concurren en el caso, aduce que el interesado reúne los requisitos necesarios a los fines que pretende, aporta diversa documentación, cita la normativa que considera de interés y termina impetrando la concesión de la nacionalidad española, a cuya pretensión se ha opuesto el Abogado del Estado en los términos que son de ver en autos.

Visto lo anterior, podemos anticipar la suerte desestimatoria del presente recurso.

Al demandante le era exigible el plazo de diez años de residencia legal en España, cuyo plazo no cumplía en la fecha de presentación de la solicitud de nacionalidad ni en la de su ratificación. De acuerdo con el artículo 57.3 de la Ley 30/1992 procede retrotraer los efectos de la concesión del permiso de residencia al momento de su solicitud, si bien en el caso esta retroacción de efectos no basta para consumar el necesario plazo de diez años de residencia legal en España. El permiso de residencia solicitado el 9-9-1999 le hubiera permitido cumplir el plazo de los diez años de residencia legal en España en la fecha de la solicitud de nacionalidad si no fuera porque perdió validez a partir del 12-9-2000 y desde esta última fecha hasta el 31-7-2001 el interesado careció del pertinente permiso de residencia en España, por lo que se interrumpió la continuidad de su residencia legal en España, sin que el demandante haya justificado dicha circunstancia, por lo que es de entender que el cómputo de la residencia legal en España ha de hacerse a partir del día 31-7-2001, y siendo ello así es de concluir que en la fechas de registro y de ratificación de la solicitud de nacionalidad (el 29-10-2010 y el 26-1-2011) el recurrente no cumplía el plazo de los diez años de residencia legal en España, que es el motivo que funda la resolución puesta en tela de juicio.

En suma, y con abstracción de los requisitos de buena conducta cívica y de integración social, que no se han puesto en cuestión por la resolución recurrida, se impone la desestimación del recurso al carecer el demandante del requisito del tiempo de residencia en España que le era legalmente exigible, por lo que procede la confirmación de la resolución combatida.

CUARTO.- Al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora por imperativo del artículo 139.1 de la LJ .

Fallo

1) Desestimar el recurso.

2) Confirmar la resolución a que se contrae la litis.

3) Imponer a la parte actora las costas del proceso.

Contra esta sentencia puede interponerse recurso de casación, que -en su caso- habrá de prepararse ante este Tribunal en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de su notificación.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá, junto con el expediente administrativo, a su oficina de origen para su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. JOSÉ FÉLIX MÉNDEZ CANSECO D. FRANCISCO DIAZ FRAILE Dª ISABEL GARCÍA GARCÍA BLANCO

Dª LUCÍA ACÍN AGUADO ANA MARÍA SANGÜESA CABEZUDO

PUBLICACIÓN.-

Una vez firmada y publicada la anterior Sentencia es entregada en esta Secretaría para su notificación, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a los autos.

Madrid a Doy fe.