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Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 187/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 3002/2016 de 08 de Febrero de 2018
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Orden: Administrativo
Fecha: 08 de Febrero de 2018
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: TOLOSA TRIBIÑO, CÉSAR
Nº de sentencia: 187/2018
Núm. Cendoj: 28079130052018100037
Núm. Ecli: ES:TS:2018:355
Núm. Roj: STS 355:2018
Resumen
Voces
Expediente de justiprecio
Indemnización por expropiación forzosa
Justiprecio
Clasificación del suelo
Actas de ocupación
Procedimiento expropiatorio
Hoja de aprecio
Calificación del suelo
Inicio del expediente expropiatorio
Calificación urbanística
Ordenación del territorio
Desviación de poder
Suelo rústico
Escrito de interposición
Seguridad jurídica
Cuestiones de fondo
Derecho a la tutela judicial efectiva
Impuesto sobre el Valor Añadido
Encabezamiento
Fecha de sentencia: 08/02/2018
Tipo de procedimiento: REC. CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA
Número del procedimiento: 3002/2016
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 07/02/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Cesar Tolosa Tribiño
Procedencia: T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Pera Bajo
Transcrito por:
Nota:
REC. CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA núm.: 3002/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Cesar Tolosa Tribiño
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Pera Bajo
Excmos. Sres.
D. Jose Manuel Sieira Miguez, presidente
D. Rafael Fernandez Valverde
D. Octavio Juan Herrero Pina
D. Juan Carlos Trillo Alonso
D. Wenceslao Francisco Olea Godoy
D. Jose Juan Suay Rincon
D. Cesar Tolosa Tribiño
En Madrid, a 8 de febrero de 2018.
Esta Sala ha visto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina número 3002/2016, formulado por el Procurador D. Antonio María Álvarez-Buylla y Ballesteros, en nombre y representación de la mercantil SA SOLANA, S.L., bajo la dirección letrada de D. José Francisco Mir Barceló, contra la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, con sede en Palma de Mallorca, en el recurso nº 225/2013 y 325/2013 (acumulados), sostenido contra
1°) La resolución N° 3.846, de fecha 15 de marzo de 2013, dictada por el Jurado Provincial de Expropiación en Illes Balears (expte. 2.457) por medio de la cual se fija justiprecio de bienes y derechos expropiados a la recurrente y en relación a la finca N° 17.1 del t.m. de Sant Antoni de Portmany, con motivo de la obra 'Ronda Norte de Sant Antoni'.
2°) La resolución N° 3.532, de fecha 18 de noviembre de 2011, dictada por el Jurado Provincial de Expropiación en Illes Balears (expte. 2.456) por medio de la cual se fija justiprecio de bienes y derechos expropiados a la recurrente y en relación a la finca N° 13 del t.m. de Sant Antoni de Portmany, con motivo de la obra 'Ronda Norte de Sant Antoni'.
3°) La resolución N° 3.570, de fecha 10 de febrero de 2012, dictada por el Jurado Provincial de Expropiación en Illes Balears (expte. 2.458) por medio de la cual se fija justiprecio de bienes y derechos expropiados a la recurrente y en relación a la finca N° 12 del t.m. de Sant Antoni de Portmany, con motivo de la obra 'Ronda Norte de Sant Antoni'.
Han sido partes recurridas el CONSEJO INSULAR DE IBIZA, debidamente representado por el Procurador D. Antonio Sánchez-Jáuregui Alcaide y defendido por el Sr. Letrado de sus Servicios Jurídicos, D. Juan Manuel Gil Gómez, y la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, a través del Sr. Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Cesar Tolosa Tribiño.
Antecedentes
'1°) Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo.
2°) Que declaramos conforme al ordenamiento jurídico el acto administrativo impugnado.
3°) No se hace expresa declaración en cuanto a costas procesales. (...)'
Con lo anterior modificamos el criterio de esta Sala expresado en sentencia N° 10 de 27 de enero de 2015 (PO 36/2012) sobre supuesto prácticamente idéntico y en el que se fijaba que debía estarse a la clasificación del suelo al momento de la acta previa a la ocupación.
(...) Es más, para reforzar la tesis de la identidad de sentencias, debemos poner de manifestó que la Sentencia impugnada cuenta con dos votos particulares que consideran que debería haberse mantenido la tesis de la valoración de los terrenos por su condición de urbanizables al tiempo del acta previa de ocupación, citándose en ambos votos particulares la sentencia de contraste, cuya tesis, se señala, debería haberse mantenido.
Por lo tanto existen dos sentencias que han emitido pronunciamientos contrarios en méritos a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, cumpliéndose el requisito que determina el artículo
Alega la parte, como motivo de casación: 'Infracción legal y jurisprudencial de la sentencia recurrida, art.
Así pues, por todo lo anterior consideramos que la doctrina de la sentencia recurrida vulnera la Ley en cuanto a los efectos jurídicos, en cuanto a la determinación del objeto expropiado, que debe otorgarse al acta previa de ocupación y que en este caso comporta que los terrenos deberían haberse valorado por su condición de suelo urbanizable y no por su condición de suelo no urbanizable resultante de una desclasificación posterior a la celebración del acta previa a la ocupación.
Por tanto, entendemos que es de aplicación el motivo de impugnación contenido en al artículo
(...) En el caso de que se estimase el recurso de casación, tal como se señala en el artículo
1ª) Debe tenerse en cuenta que la sentencia recurrida ha omitido totalmente nuestra pretensión de que se condenara a la Administración expropiante y/o administración administraciones beneficiarias de la expropiación al abono del justiprecio más el interés expropiatorio que proceda devengado por el justiprecio que finalmente se determine desde que transcurrieron 6 meses desde la declaración de urgente ocupación hasta el efectivo pago de las cantidades debidas en concepto de justiprecio.
2ª) Incomprensiblemente la sentencia señala que los terrenos no estaban destinados a infraestructura viaria municipal cuando lo cierto es que los terrenos expropiados discurren por el mismo lugar que el planeamiento municipal reservaba para futuros viales urbanos, lo cual puede deducirse del simple análisis de los documentos que acompañan la resolución del jurado.'
Fundamentos
1º) La resolución Nº 3.846, de fecha 15 de marzo de 2013, dictada por el Jurado Provincial de Expropiación en Illes Balears (expte. 2.457) por medio de la cual se fija justiprecio de bienes y derechos expropiados a la recurrente y en relación a la finca Nº 17.1 del t.m. de Sant Antoni de Portmany, con motivo de la obra 'Ronda Norte de Sant Antoni'.
2º) La resolución Nº 3.532, de fecha 18 de noviembre de 2011, dictada por el Jurado Provincial de Expropiación en Illes Balears (expte. 2.456) por medio de la cual se fija justiprecio de bienes y derechos expropiados a la recurrente y en relación a la finca Nº 13 del t.m. de Sant Antoni de Portmany, con motivo de la obra 'Ronda Norte de Sant Antoni'.
3º) La resolución Nº 3.570, de fecha 10 de febrero de 2012, dictada por el Jurado Provincial de Expropiación en Illes Balears (expte. 2.458) por medio de la cual se fija justiprecio de bienes y derechos expropiados a la recurrente y en relación a la finca Nº 12 del t.m. de Sant Antoni de Portmany, con motivo de la obra 'Ronda Norte de Sant Antoni'.
Pues bien, si se ha de valorar el suelo conforme a la clasificación y calificación vigente al momento de iniciarse el expediente de justiprecio
La jurisprudencia del TS es unánime en el sentido que se atiende a la clasificación y calificación del suelo en el momento del inicio del expediente de justiprecio, no afectándole las alteraciones anteriores a este momento
Conforme a dicha doctrina el suelo se valora conforme al valor del momento de iniciarse el expediente de justiprecio que, de hacerse conforme a derecho, coincide con el del acta de ocupación. Y si se inicia con retraso y ello comporta valoración más favorable, se atiende al valor del momento de inicio del expediente (que se sitúa en el momento de requerimiento para que se presente hoja de aprecio). Pero el TS no admite valoración referida a momento anterior a la ocupación, ya sea el de declaración de urgente ocupación, publicación de relación de bienes y derechos a expropiar, acta previa a la ocupación, pago de depósitos e indemnizaciones por rápida ocupación, etc. Ver STS de 4 de junio de 2012 (rec. 3318/2009
El acta previa a la ocupación -con frecuencia denominada incorrectamente como '
Con la ocupación -y no con el momento del acta previa a la misma- se produce la transmisión de la propiedad y por tanto la clasificación y calificación de lo que se expropia es la que tenga en este momento, se paga el valor que tenga en ese momento.
Si entre el inicio del expediente de expropiación y el momento de la ocupación (inicio del expediente de justiprecio) se otorga una clasificación de suelo de más valor, la Administración deberá estar a la vigente al tiempo de la ocupación. Si se otorga una clasificación de menor valor, igualmente debe estarse a la vigente al tiempo de la ocupación y como el expropiado seguía siendo propietario hasta el día de la ocupación, estará legitimado para formular reclamación de responsabilidad patrimonial por la alteración de la clasificación/calificación urbanística producida antes de la transmisión, de modo que puede obtener la indemnización por la desclasificación. Pero, en lo que al justiprecio se refiere, la Administración paga por lo que adquiere en el momento en que lo adquiere (ocupación). En nuestro caso, suelo desclasificado.
Cuestión distinta es que operase anormalidad patológica del procedimiento expropiatorio, como hipotético retraso deliberado en la ocupación para favorecerse de una desclasificación en trámite. Pero esta desviación de poder no concurre en el presente caso, pues la desclasificación operada por la
Aplicado lo anterior al caso que nos ocupa, cuando se procede a la ocupación (junio de 2000) ya se había producido la desclasificación de los terrenos por efecto de la Ley 6/1999. Es decir, el suelo tenía la misma clasificación de suelo rústico en el momento de la ocupación (junio 2000), que la que tenía en el momento de inicio real del expediente de justiprecio (en 2005), por lo que no es necesario efectuar ninguna corrección a la doctrina jurisprudencial arriba expuesta y por ello es correcto el criterio del Jurado de valorar con referencia a la clasificación del suelo a la fecha en que se requiere a la propiedad para que presente su hoja de aprecio -en el caso, el 1 de septiembre de 2005- que era la misma clasificación que al tiempo de la ocupación.
Con lo anterior modificamos el criterio de esta Sala expresado en sentencia Nº 10 de 27 de enero de 2015 (PO 36/2012) sobre supuesto prácticamente idéntico y en el que se fijaba que debía estarse a la clasificación del suelo al momento de la acta previa a la ocupación'.
La parte señala como sentencia de contraste, precisamente el criterio sustentado en la citada sentencia de 27 de enero de 2015 .
Esa configuración legal del recurso de casación para la unificación de doctrina determina la exigencia de que en su escrito de formalización se razone y relacione de manera precisa y circunstanciada las identidades que determinan la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia (art. 97).
Por ello, como señala la sentencia de 20 de abril de 2004 , 'la contradicción entre las sentencias aportadas para el contraste y la impugnada debe establecerse sobre la existencia de una triple identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones. No cabe, en consecuencia, apreciar dicha identidad sobre la base de la doctrina sentada en las mismas sobre supuestos de hecho distintos, entre sujetos diferentes o en aplicación de normas distintas del ordenamiento jurídico.
Si se admitiera la contradicción con esta amplitud, el recurso de casación para la unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario por infracción de la jurisprudencia cuando se invocara la contradicción con sentencias del Tribunal Supremo. No se trata de denunciar el quebrantamiento de la doctrina, siquiera reiterada, sentada por el Tribunal de casación, sino de demostrar la contradicción entre dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico no sólo en los aspectos doctrinales o en la materia considerada, sino también en los sujetos que promovieron la pretensión y en los elementos de hecho y de Derecho que integran el presupuesto y el fundamento de ésta.'
Este mismo criterio resulta de sentencias recientes de esta Sala como la dictada con fecha 23 de Enero de 2012 (Rec. 2105/2011 ).
Y el Art. 97.1 dispone imperativamente que el recurso de casación para la unificación de doctrina se interpondrá mediante escrito razonado que deberá contener relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida. Y es que, precisamente porque ésta modalidad de recurso de casación es un recurso contra sentencias no susceptibles de recurso de casación ordinario y cuya cuantía sea superior a tres millones de pesetas (Art. 96.3), ha de ponerse particular cuidado en razonar que esos presupuestos efectivamente se dan en el caso que se somete al Tribunal de casación.
Queremos decir con esto que, al conocer de este tipo de recursos, nuestra Sala tiene que empezar por determinar si existe igualdad sustancial entre los hechos, fundamentos y pretensiones (Art. 96.1), para lo cual el Letrado de la parte recurrente ha de poner un exquisito cuidado en razonar, de forma 'precisa y circunstanciada', que se dan las tres clases de identidades sustanciales que exige ese precepto: en los hechos, en los fundamentos y en las pretensiones. Y esa argumentación demostrativa ha de someterla el Letrado a la Sala en su escrito de interposición del recurso (Art. 97.1), sin que basten meras afirmaciones genéricas de que esos presupuestos concurren en el caso. Y es éste Tribunal el que luego, y a la vista de esos razonamientos y de las sentencias de contraste que, testimoniadas con expresión de su firmeza, se acompañen, decidirá si, tal como dice la parte recurrente, se dan esas identidades en cuyo caso pasará a analizar si hay o no contradicción en la doctrina.
En resumen, en el recurso de casación para la unificación de doctrina es tan importante razonar con precisión las identidades cuya concurrencia exigen los Art. 96.1 y 97.1 (presupuestos de admisión) como la identidad de doctrina (cuestión de fondo). Sin la concurrencia de esas identidades sustanciales en los hechos, en los fundamentos y en las pretensiones no hay lugar a entrar a analizar el problema de fondo, o sea, la contradicción de doctrina. Y ésta doble exigencia vincula en primer lugar al Letrado de la parte recurrente, sin que éste Tribunal pueda suplir lo no hecho por aquél, y ello porque el principio de la tutela judicial efectiva protege tanto a la parte que recurre como a la que se opone'.
Hay que señalar en primer lugar que, según jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional, los órganos judiciales pueden legítimamente apartarse del criterio seguido anteriormente por ellos mismos en supuestos similares, siempre que lo hagan motivadamente y, como es obvio, siempre que dicha motivación no sea irrazonable.
Y respecto a estas sentencias que contienen un cambio razonado de criterio, hemos dicho -por todas, Sentencia de 16 de julio de 2010, dictada en el recurso n.º 420/09 - que el recurso de casación para la unificación de doctrina
Y es que hablar de contradicción supone poner en relación distintas proposiciones que se sostienen o mantienen enfrentadas, situación que no se produce cuando, como consecuencia del cambio de criterio, se abandona un determinado planteamiento que se sustituye, en las condiciones indicadas por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por el nuevo pronunciamiento.
De lo expuesto hasta ahora, y aunque no siempre ha sido entendido así por esta Sala -por todas, Sentencias de 6 de septiembre de 2009 y 14 de julio de 2010 , dictadas en los recursos números 192/08 y 282/09 -, sólo cuando la sentencia recurrida se aparte del criterio seguido anteriormente por el mismo órgano judicial en anteriores sentencias sin motivar el cambio de criterio, cabrá interponer contra la misma recurso de casación para la unificación de doctrina fundado en la contradicción existente entre dichas sentencias, no así cuando el cambio de criterio ha sido motivado y dicha motivación no es irrazonable, pues en este caso no hay doctrina alguna que unificar, tal y como ocurre en el presente caso.
La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el artículo
Fallo
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina seguido con el número 3002/2016, interpuesto por la mercantil SA SOLANA, S.L., contra la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en el recurso nº 225/2013 y acumulado 325/2013; condenando en costas a la parte recurrente, conforme al Fundamento sexto.
Notifíquese esta resolución a las partes interesadas e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
Jose Manuel Sieira Miguez. Rafael Fernandez Valverde,
Octavio Juan Herrero Pina, Juan Carlos Trillo Alonso, Wenceslao Francisco Olea Godoy,
Jose Juan Suay Rincon, Cesar Tolosa Tribiño.
Ver el documento "Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 187/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 3002/2016 de 08 de Febrero de 2018"
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