Sentencia Administrativo Nº 204/2013, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 6, Rec 618/2011 de 25 de Julio de 2013

Encabezamiento

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 6 DE BARCELONA

Recurso: PA 618/2011 B

Parte actora: EMBUTIDOS CAULA, S.L. y FEDERACIO CATALANA D'INDUSTRIES DE LA CARN

Parte demandada: JUNTA DE FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S E N T E N C I A Nº 204/2013

En Barcelona, a 25 de julio de 2013

Margarita Cuscó Turell, magistrada jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Barcelona, he visto el recurso interpuesto por EMBUTIDOS CAULA, S.L. y FEDERACIÓ CATALANA D'INDÚSTRIES DE LA CARN (FECIC) contra la Junta de Finanzas del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 2 de diciembre de 2011 tuvo entrada en el Juzgado Decano de Barcelona demanda de recurso contencioso-administrativo suscrito por la parte actora, que correspondió por turno de reparto a este juzgado, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, suplicando se dictara sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y, en consecuencia, el acogimiento pleno de sus pretensiones.

SEGUNDO.-Admitida la demanda y previa reclamación del expediente administrativo y su traslado a la parte actora, se señaló día y hora para la celebración del acto del juicio que tuvo lugar el 18 de julio de 2013, compareciendo las partes en el día señalado y celebrándose la vista con el resultado que consta en la grabación del acto de la vista, y al finalizar la misma, se declararon los autos conclusos y vistos para sentencia.

TERCERO.-En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la resolución de 26 de septiembre de 2011 de la Junta de Finanzas de la Generalitat de Catalunya por la que se desestima la reclamación interpuesta por la mercantil recurrente contra las liquidaciones giradas por la Agencia de Protección de la Salud correspondientes a la tasa por los certificados de exportación números 55470, 55475 y 55477 por importe de 150,00 euros.

La recurrente solicita en el suplico de su demanda que se dicte sentencia por la que, previa estimación del recurso presentado, se declare la nulidad de las liquidaciones impugnadas y se acuerde la devolución al interesado con imposición de las costas procesales a la demandada.

SEGUNDO.-Sobre esta misma controversia, e idénticos argumentos, se han pronunciado diversas sentencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona así como este mismo Juzgado en sentencia nº

188/12, de 21 de junio (PA 243/11A) con cita de las sentencias 103/12, de 9 de marzo , del juzgado de lo contencioso- administrativo 12, 165/12, de 19 de marzo, del juzgado de lo contencioso-administrativo 15, y 270/12, de 4 de junio, del juzgado de lo contencioso-administrativo nº. 8 de Barcelona, recaída en el procedimiento abreviado 438/11.

Pues bien, como en las sentencias nº 188/12 , 156/13 y 157/13 dictadas por este Juzgado, por unidad de doctrina, se asumen los fundados argumentos de la sentencia dictada juzgado de lo contencioso-administrativo nº. 8 de Barcelona, recaída en el procedimiento abreviado 438/11 que en sus fundamentos de derecho establece lo siguiente: ' PRIMERO. Se discute en este proceso la legalidad de la resolución de la Junta de Finances, Departament d'Economia i Finances, de 2 de junio de 2011, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa número 1342/2011 interpuesta por Mafriges, S.A., contra las liquidaciones 53743, 53746, 53755 y 53759 giradas por la Agència de Protecció de la Salut en concepto de tasa por los certificados de exportación emitidos durante el mes de febrero de 2010, por un importe total de 180 euros.

En su demanda rectora de autos, ratificada y aclarada por su representación en el acto del juicio oral celebrado en las actuaciones, la parte recurrente impugna la anterior actuación administrativa tributaria por la presunta disconformidad a Derecho de la misma al incurrir dicha actuación tributaria en falta de cobertura reglamentaria y presupuestaria, así como de memoria económico financiera, con vulneración del límite cuantitativo máximo del coste del servicio, del principio de equivalencia y de proporcionalidad, incurriendo en supuesto de exacción ilegal, doble imposición e infracción de los principios de igualdad, de interdicción de la arbitrariedad y prohibida desviación de poder, al tiempo que en la vulneración de las normas de derecho comunitario europeo que cita en la demanda, interesando por todo ello su anulación jurisdiccional y peticionando asimismo la condena en costas de la parte demandada. Y solicita formalmente en el acto de juicio oral el planteamiento por el Juzgado de la cuestión de inconstitucionalidad en relación al Decret Legislatiu 3/2008 y se opone a la causas de inadmisibilidad alegadas por el Abogado de la Generalitat.

Como acaba de exponerse, la representación procesal letrada de la parte demandada invoca las causas de inadmisibilidad consistentes en la falta de legitimación activa y desviación procesal. Y contesta a la demanda con oposición a la misma y solicitud de desestimación del recurso interpuesto por no estimar concurrentes en el caso particular enjuiciado ninguna de las distintas infracciones jurídicas denunciadas de contrario, interesando la plena confirmación de la actuación tributaria recurrida por resultar conforme a derecho, con oposición al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad instada de contrario.

SEGUNDO. De entrada, es menester significar que conforme a una conocida jurisprudencia constitucional la solicitud de una de las partes del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no viene configurada como una pretensión en sentido procesal que haya de ser resuelta expresamente por el Juzgado en un sentido positivo o negativo. En este sentido, no vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva la decisión incluso tácita de no plantear la cuestión ex artículo 163 de la Constitución , siendo los jueces los únicos a quienes el ordenamiento constitucional confía el efectivo planteamiento de la cuestión cuando aprecien serias dudas sobre la constitucionalidad de norma legal aplicable al caso. A mayor abundamiento, se hace aquí remisión a la argumentación al respecto contenida en el Fundamento de Derecho Segundo de las sentencias números 157 y 162/2012, ambas de 19 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona , de idéntico objeto al presente, que figuran en autos, en torno al Decret Legislatiu 3/2008 y los problemas de inconstitucionalidad de mismo denunciados por la actora. Asimismo, acerca de la causa de inadmisibilidad invocada por la Administración demandada consistente en la falta de legitimación activa, debe significarse que acredita la actora mediante documental aportada en el acto de juicio oral, como también acontece en los casos antes mencionados, su legitimación para recurrir.

Despejados esos óbices de procedibilidad, debe observarse para la más adecuada resolución de las pretensiones de fondo formalizadas por las partes en la presente litis que, como ya se ha anunciado, no es ésta la primera ocasión en la que los Juzgados de esta misma clase y capital han tenido que resolver la impugnación jurisdiccional de otras tantas actuaciones tributarias procedentes de la misma Administración autonómica aquí demandada giradas por el mismo concepto tributario (tasa por los certificados de exportación) combatidas en esta misma sede judicial bajo coincidente representación procesal y defensa letrada por la misma o por otras titulares de industrias cárnicas del mismo sector.

En tal sentido, en presencia de decenas de impugnaciones jurisdiccionales paralelas pendientes ante los distintos órganos judiciales de esta misma clase y capital bajo pretensiones y fundamentos impugnatorios en lo aquí esencial idénticos, la misma controversia judicial de autos ha sido ya resuelta en el mismo sentido por las sentencias firmes números 104/2012 y 105/2012, ambas de 9 de marzo , dictadas por el Juzgado número 12 de esta ciudad en sus procedimientos abreviados números 235/2011 y 611/2011, respectivamente, entre otras muchas, así como por las sentencias firmes números 132 y 133/2012 dictadas con fecha 20 de marzo 2012 por este mismo Juzgado en los procedimientos abreviados números 430/2011 y 586/2011 , respectivamente, sentando un criterio al respecto que no puede desconocerse y que ha reproducirse aquí íntegramente como fundamento propio de esta resolución, entre otras razones, por la necesaria efectividad de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica que, en cierto modo, quedarían comprometidos en caso contrario, principios estos por cuya mayor efectividad debe siempre velar el órgano judicial y que, entre otros extremos, demandan de todos los órganos judiciales, con carácter general, igual solución jurisdiccional para casos procesalmente en lo esencial idénticos en aras asimismo a la necesaria efectividad del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley (entre muchas otras, sentencias del Tribunal Constitucional 2/2007, de 15 de enero , y 147/2007, de 18 de junio , o por más modernas las sentencias del Tribunal Constitucional 31/2008, de 25 de febrero , y 13/2011, de 28 de febrero ), no difiriendo el supuesto particular de autos ahora aquí enjuiciado de los casos particulares allí considerados más que en las distintas circunstancias objetivas y subjetivas propias de cada caso singular y en la defensa ahora por la actora de la inconstitucionalidad del Decret Legislatiu 3/2008 (cuestión ésta ya tratada al inicio del presente Fundamento de Derecho), que en nada alteran las mismas conclusiones deducibles en esta sede impugnatoria, en las dos sentencias del Juzgado número 12 de Barcelona citadas bajo el siguiente tenor literal:

'PRIMER.- L'actora fonamenta aquest recurs en un primer motiu referit la vulneració dels principis de legalitat i reserva de Llei per no quedar definits tots els elements essencials de la taxa, com ara qui o quan ha de prestar el servei, la determinació dels productes sotmesos a control, per no justificar la diferència amb l'exportació a uns països i no a d'altres, la definició quantitativa dels productes objecte d'inspecció, els productes alimentaris inclosos o exclosos, la indeterminació del fet imposable i la base imposable, amb vulneració alhora dels principis de legalitat, seguretat jurídica, i interdicció de l'arbitrarietat dels poder públics. A l'acte de la vista oral l'actora especifica que no planteja la inconstitucionalitat de la Llei de cobertura. La norma que defineix la taxa que ens ocupa és el Decret legislatiu 3/08, que es limita a reproduir l'ordenació continguda a la Llei 15/97 de taxes i preus públics en la versió introduïda per la Llei 17/07. Per tant, la taxa objecte de recurs queda configurada en una norma amb rang de Llei. Certament, si el Decret legislatiu de refosa introduís aspectes que no responen als preceptes legals objecte de refosa, es podria defensar un excés ultra vires, essent aquest excés d'un rang merament reglamentari (Tribunal Suprem, sentències en interès de la Llei de 9 i 10 de desembre de 1997 , recursos núm. 3944 i 5545/1996 ). En aquest supòsit podríem estar en efecte davant una eventual nul·litat no necessàriament inconstitucional, com postula l'actora, però el que l'actora qüestiona és una regulació tota ella introduïda en una norma amb rang formal de Llei, de forma que la única possibilitat de fonamentar la seva nul· litat és a partir de la seva inconstitucionalitat. Dit en altres paraules, no hi ha altra possibilitat de qüestionar la Llei que amb arguments d'inconstitucionalitat. El Tribunal Suprem així ho ha establert en sentència de 14 de febrer de 2004 -cassació núm. 41/2003 - una sentència que fixa la següent doctrina: 'la tarifa de la tasa establecida en el art. 28 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales , Administrativas y del Orden Social, por la prestación del servicio de control sanitario de carnes y productos de origen animal procedentes de terceros países ajenos a la Comunidad Europea no es controlable por los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, por consiguiente, no puede determinar la nulidad de las liquidaciones practicadas a su amparo en cuanto supongan aplicación de dicha tarifa'. Una doctrina que, en haver estat fixada en interès de Llei és d'obligada aplicació per part del conjunt d'òrgans jurisdiccionals.

En definitiva, no hi ha marge per determinar la nul·litat d'una taxa en els aspectes definits en una norma amb rang de Llei llevat que es posi de manifest la seva inconstitucionalitat, circumstància que no sols no s'ha acreditat en aquest procés sinó que ni tan sols s'ha arribat a argumentar.

SEGON. Segons que s'ha dit, la taxa es regula de forma acabada a la Llei 17/07 en un règim posteriorment reproduït al Decret legislatiu 3/2008. Aquestes normes defineixen de forma clara el fet imposable, constituït per l'expedició del certificat a petició i en benefici del particular; el subjecte passiu, que és el particular beneficiat; la quota exacta en diverses modalitats segons la prestació que l'administració desplega; les deduccions, la liquidació i l'ingrés. Amb aquestes previsions s'esgota la regulació de la taxa en compliment dels principis de legalitat i de reserva de Llei que resulten exigibles, sense que sigui necessari el desplegament reglamentari. A partir de l'esmentada regulació els subjectes passius poden conèixer de forma precisa el tribut i les circumstàncies de la seva meritació sense necessitat de més normativa que la general tributària i la organitzativa referida a la determinació de les competències per efectuar la inspecció, expedir el certificat, liquidar i cobrar la quota en els termes de l'article 11 de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovada per Decret legislatiu 3/02. No es pot constatar en conseqüència imprecisió en la determinació dels elements tributaris que configuren la taxa qüestionada, o vulneració dels principis de legalitat, seguretat jurídica o interdicció de l'arbitrarietat dels poder públics. Val a dir que l'estructura d'una taxa és en termes generals molt més simple que la d'un impost, de forma que normalment la quota queda constituïda per una quantitat fixa ja predeterminada a la norma i normalment no cal definir la base imposable i la base liquidable, doncs és suficient amb la determinació el fet imposable i la quota corresponent. Cal remarcar que de la informació aportada a aquest procés es dedueix que no és imputable a la Generalitat de Catalunya l'exigibilitat del certificat, que queda definit a la normativa estatal -Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 12 de maig de 1993- i depèn de les exigències dels països destinataris de les exportacions. Així doncs, és la normativa d'aquests països no comunitaris el que, darrera instància, genera la necessitat de la certificació i imposa uns requeriments específics respecte els extrems a certificar. D'altra banda, la freqüència i l'abast de la inspecció exigits pels països tercers no te perquè coincidir amb el ritme i intensitat de les inspeccions establertes en la normativa interior, de forma que és raonable que les certificacions que requereixin una inspecció addicional siguin objecte d'una liquidació que retribueixi aquesta activitat extraordinària.

TERCER. Tampoc no hi ha base per qüestionar el moment en que s'han exigit les taxes ni per invocar el principi d'igualtat respecte altres indústries alimentàries. En efecte, cal remarcar que un cop instituïda legalment, la taxa resulta indefugible tant pels subjectes passius com per l'Administració, de forma que aquesta queda estrictament obligada a liquidar-la i cobrar-la, sense possibilitat de condonar-la a risc d'incórrer en responsabilitats administratives, àdhuc penals. En aquest context, si el subjecte passiu materialitza el fet imposable, l'administració ha de liquidar la taxa inevitablement. L'eventual retard no és jurídicament significatiu pel subjecte passiu llevat que s'esgoti el termini de prescripció, que no és el cas. En definitiva, no estem davant l'aplicació retroactiva de la taxa ni cal que hi hagin nous serveis que no es prestessin en la època en que no es liquidava la taxa. La taxa s'ha de liquidar a tots els serveis prestats durant la seva vigència, es merita ex lege per la prestació del servei a sol· licitud de l'afectat, i la seva liquidació i cobrament es pot realitzar i s'ha de realitzar imperativament mentre que no hagi prescrit. En segon lloc, la taxa s'ha de liquidar igualment a tots aquells operadors que sol·licitin el certificat en qüestió independentment del sector alimentari en el que s'enquadrin. Una altra cosa és que el sector de les indústries càrniques pugui ser el que exporta més regularment a països no incorporats a la Unió Europea que exigeixen aquest certificat. L'actora no ha aportat un terme de comparació que permeti comprovar una situació de desigualtat en aquest punt; això és, algun cas concret en què s'hagi expedit la certificació sense girar la taxa, sense que una mera intuïció genèrica de discriminació constitueixi prou base a aquests efectes. Però és que, encara que s'hagués aportat aquest terme de comparació, la situació no canviaria per l'actora. En efecte el tractament desigual no es podria resoldre exonerant les indústries càrniques d'una taxa legalment exigible, com planeja l'actora, sinó en tot cas exigint la taxa a les indústries eventualment exonerades. En aquest sentit la jurisprudència constitucional ha estat ben clara no admetent l'aplicació del principi d'igualtat amb un resultat il·legal ( STC 78/1997 ), doncs en definitiva el principi de legalitat i la submissió de l'Administració a la Llei és un imperatiu estructural en el nostre ordenament -article 103.1 de la Constitució espanyola-. En definitiva el principi d'igualtat imposa l'aplicació de la Llei a tothom, i no al contrari.

QUART. Cal desestimar així mateix la resta d'al·legacions. En efecte, l'actora planteja la manca de cobertura pressupostària, essent així que el pressupost actua no només com una previsió sinó també com un instrument d'autorització concreta de l'ingrés. El pressupost és, en els termes de l'article 27 de la Llei de finances públiques de Catalunya, 'l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer la Generalitat i les seves entitats autònomes, i dels drets que poden liquidar-se durant l'exercici corresponent'. Alhora l'article 28 disposa que el pressupost ha d'incloure la totalitat de les despeses i ingressos, concretament i en allò que ací interessa, els estats d'ingressos de la Generalitat 'que comprendran les estimacions dels diversos drets econòmics a reconèixer i liquidar durant l'exercici'. El pressupost és en conseqüència una previsió i, pel que fa als ingressos, una previsió no limitativa que pot incorporar sense requeriments especials els eventuals superàvits de recaptació i els ingressos imprevistos. Alhora, el pressupost no opera en absolut com element que intervingui en l'autorització de l'ingrés. La procedència d'un determinat ingrés queda determinada per la normativa aplicable al mateix -en aquest cas la regulació substantiva de la taxa- i és absolutament independent de la normativa pressupostària, que es limita a establir la presa de raó i la comptabilització de l'ingrés un cop que s'ha materialitzat. En definitiva, segons que s'esmenta a la documentació aportada per la mateixa actora, la partida d'ingressos prevista per tal de comptabilitzar la taxa de referència és la partida general de taxes núm. I/321000100, sense que hi hagi cap obstacle per comptabilitzar a la mateixa els ingressos provinents de la taxa que ací s'impugna. Respecte la manca de memòria econòmic financera que justifiqui la quantia de la taxa i la vulneració del límit quantitatiu màxim de la mateixa, certament la taxa te una naturalesa sinal·lagmàtica, de forma que ha de respondre a les despeses originades pel subjecte passiu o al benefici que en rep; això és que respon conceptualment al principi d'equivalència. Un principi establert a l'article 7.3 de la Llei orgànica de finançament de les Comunitats Autònomes en els següents termes: 'El rendimiento previsto para cada tasa por la prestación de servicios o realización de actividades no podrá sobrepasar el coste de dichos servicios o actividades.'. En el mateix sentit, els articles 7 y 19 de la Llei 8/89 de taxes y preus públics, d'aplicació supletòria. En aquest context és inicialment possible que una Llei autonòmica incorri en inconstitucionalitat per vulneració de la clàusula d'equivalència de les taxes establerta a la LOFCA; això és, de la competència estatal expressada en aquesta norma. Ara be, la inconstitucionalitat no es pot presumir en una Llei, de forma que requeriria una prova ben clara en aquest sentit i no ha estat aquest el cas. D'altra banda, ja s'ha vist al fonament primer com la jurisprudència del Tribunal Suprem restringeix al màxim aquesta possibilitat o, més exactament, la possibilitat que un òrgan jurisdiccional determini la invalidesa de la taxa sense plantejar prèviament la qüestió d'inconstitucionalitat. Alhora, no admetent que hi hagi un excés recaptat, no es pot entendre que aquest excés constitueixi una sanció encoberta amb vulneració de les garanties aplicables a l'activitat sancionadora, ni que constitueixi una exacció il·legal. D'altra banda, l'excés no seria sinó un acte invàlid. Tampoc no es pot considerar que la taxa constitueixi una doble imposició sinó s'argumenta plausiblement que hi hagi una taxa que obeeixi al mateix fet imposable. Finalment i l'actora invoca una infracció del Tractat de la Unió Europea atès que la taxa impugnada constitueix una restricció a l'exportació. Hom esmenta específicament l'article 34 del Tractat constitutiu de la Unió Europea i la Directiva 98/112/78. Ara bé, cal remarcar que el Tractat es refereix a les restriccions qualitatives a la importació i a les mides d'efecte equivalent, essent així que les taxes impugnades es refereixen a la exportació a tercers països. En segon lloc, tant la Directiva de referència com el Reglament 882/04 en relació al Reglament 178/02 admeten una taxa per finançar els costos d'inspecció sempre que respongui a les despeses, de forma que estem allà mateix'.

Por todo ello, en definitiva, y por los propios fundamentos del fallo antes citados, cuya larga extensión de cita se justifica aquí plenamente por la práctica identidad de supuestos en cuanto a fundamentos impugnatorios y a pretensiones se refiere, con la advertencia realizada al inicio del presente Fundamento de Derecho sobre los problemas de constitucionalidad del Decret Legislatiu 3/2008 denunciados por la actora, resulta obligado rechazar la demanda deducida en autos, sin más que con las necesarias adaptaciones subjetivas y objetivas propias del caso particular ahora enjuiciado que en nada sustancial alteran aquí las mismas conclusiones deducibles y, con ello, se impone desestimar el recurso interpuesto, a tenor de lo previsto en el orden procesal por los artículos 68.1.b ) y 70.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , por no resultar contraria a Derecho la actuación administrativa tributaria aquí recurrida en los extremos controvertidos en el recurso'.

Y sin que la prueba practicada permita el cuestionamiento de tales argumentaciones, procede la íntegra desestimación del presente recurso, pues el acto administrativo impugnado es conforme a derecho.

TERCERO.- Tampoco debe admitirse la suspensión del presente procedimiento, peticionada por la parte actora en el acto de la vista oral, en base al hecho de haberse planteado por el JCA nº 11 cuestión de incostitucionalidad en relación al Decreto Legislativo 3/2008, por cuanto dicha cuestión aún no ha sido ni tan siquiera admitida por el Tribunal Constitucional. Y ello, por cuanto el art. 35.3 de la LOTC establece que 'El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permancerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión'. Artículo que debe relacionarse con el artículo 163 CE que señala : 'Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos'.

De ello se deduce que el nuevo planteamiento por parte de otro Juzgado y en otro asunto, de una cuestión de inconstitucionalidad no comparta per se la suspensión de otros procedimientos en los que se aplique la norma cuestionada.

CUARTO.- A tenor de los artículos 68.2 y 139.1 de la vigente Ley Jurisdiccional , modificada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, las costas procesales se impondrán en primera o única instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia o en la resolución del recurso o del incidente, excepto que se aprecie y así se razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En este caso se considera que, ciertamente, el supuesto presentava serias dudas de derecho, lo que justifica la no imposición de las costas y la integra desestimación de la demanda.

Fallo

He resuelto desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por EMBUTIDOS MASOLIVER, S.L. y la Federació Catalana d'Indústries de la Carncontra la Junta deFinanzas de la Generalitat de Catalunya, sin pronunciamiento en costas.

Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa .

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos originales, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Jueza que la ha dictado, estando celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha. Doy fe.