Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 219/2017, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 1, Rec 147/2016 de 26 de Octubre de 2017

Encabezamiento

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE BARCELONA

Procedimiento ordinario núm.: 147/2016-4

Parte actora: Severino , Palmira , Ariadna , Alejandro , Juliana Y María Cristina

Representante parte actora: Procurador Jaume Guillem Rodríguez

Letrado Joaquim Doy Gorina

Parte demandada: AJUNTAMENT DE ARENYS DE MAR

Representante parte demandada: Letrado, Jordi Salbanyà Benet

SENTENCIA Nº 219/2017

En la ciudad de Barcelona, a 26 de octubre de 2017

Vistos por mí, Ramona Guitart Guixer, magistrada de este Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Barcelona y provincia, los autos del recurso contencioso administrativo de anterior referencia en los que ostenta condición de parte recurrente Severino , Palmira , Ariadna , Alejandro , Juliana Y María Cristina , representados por el procurador Jaume Guillem Rodriguez y defendidos por el Letrado Joaquim Doy Gorina, y condición de parte demandada el AJUNTAMENT DE ARENYS DE MAR, representado y defendido por el Letrado consistorial, Jordi Salbanyà Benet en nombre de SM El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que me confieren la Constitución y las leyes, he dictado esta sentencia con arreglo a los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.-Interpuesto el presente recurso contencioso administrativo por la parte actora ante el Decanato de estos juzgados dentro del plazo legal prefijado en la Ley Jurisdiccional, se le dio trámite procesal adecuado por el procedimiento ordinario, ordenándose reclamar el expediente administrativo de autos.

SEGUNDO.-Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda dentro del plazo legal, lo que así hizo ésta en tiempo y forma alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó precisos en orden a sus pretensiones y solicitando sentencia estimatoria de su recurso y anulatoria de la actuación administrativa recurrida.

TERCERO.-Dado traslado del escrito de demanda a la parte demandada para que lo contestara, así lo hizo ésta en tiempo y forma solicitando sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, con petición asimismo de condena en las costas procesales de la adversa.

CUARTO.-Mediante auto se recibió el pleito a prueba, que debía versar sobre los puntos de hecho y los medios probatorios propuestos por las partes, al tiempo que por decreto de anterior se fijó la cuantía del presente recurso como indeterminada. Propuesta por las partes y admitida la que lo fuera válidamente y en debida forma por parte de aquéllas, se practicó seguidamente la prueba admitida con el resultado que obra en autos.

QUINTO.-Por diligencia de ordenación de se declaró concluso el período probatorio y se acordó trámite de conclusiones de las partes a las que, sucesivamente, se requirió para que las formularan, lo que así hicieron en fecha 24 de octubre de 2017 de quedando las actuaciones conclusas para dictar sentencia.

SEXTO.-En la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-El objeto procesal del presente recurso contencioso administrativo reside en las pretensiones cruzadas por las partes litigantes en el proceso en torno a la impugnación jurisdiccional por la parte actora del Decreto 209/2016 de fecha 18 de febrero de 2016 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Arenys de Mar, por el que se resuelve,'1.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat pels senyors Severino , Palmira , Ariadna , Marta , Alejandro i Juliana contra el Decret de l'Alcaldia 546/2015, de 30 d'abril, de conformitat amb els informes tècnic i jurídic de dates 5 i 12 de gener de 2015 i 18 de febrer de 2015 respectivament de conformitat amb els informes tècnic i jurídic de dates 26 de gener i 9 de febrer de 2016 respectivament'.

En su demanda rectora de autos la parte recurrente solicita que se dicte sentencia estimatoria del recurso interpuesto y anulatoria de la actuación administrativa impugnada por resultar la misma supuestamente disconforme a derecho. En defensa de sus pretensiones, en síntesis, tras exposición de los antecedentes fácticos y procedimentales de las tramitaciones administrativas seguidas para la aprobación de los instrumentos de planeamiento y ejecución urbanística implicados que entiende dicha parte de una mayor relevancia para la adecuada resolución del recurso, alude la parte actora a la presunta nulidad del proyecto urbanizador recurrido 'proyecto de urbanización de la UASU n7 El Cònsol' fundado en esencia en motivos relativos al proyecto reparcelatorio al considerar que las parcelas propiedad de la parte recurrente por su condición de suelo urbano consolidado deben ser excluidas del ámbito delimitado por la UASU nº 7.

Por su parte, la representación procesal letrada de la parte demandada contestó a la demanda con oposición a la misma por entender plenamente conformes a derecho la actuación administrativa recurrida en los extremos particulares cuestionados en el recurso, por lo que solicitó su íntegra desestimación y la plena confirmación del acto administrativo recurrido, tras exponer asimismo dicha representación los antecedentes fácticos, procedimentales y urbanísticos que estimó de mayor interés para resolver adecuadamente la litis, así como no observando concurrente en el caso particular enjuiciado ninguna de las infracciones jurídicas denunciadas de contrario en la demanda, con petición de condena en las costas procesales de la adversa.

SEGUNDO.-No habiéndose opuesto por las partes litigantes en el proceso óbice de procedibilidad alguno para el conocimiento de las cuestiones de fondo suscitadas por las mismas en el debate procesal de autos, resultará oportuno atender aquí para la mejor resolución de la litis, derechamente, a los distintos motivos de impugnación articulados en el recurso y a los correlativos motivos de oposición a los mismos que, en definitiva, enfrentan a las partes a partir de sus respectivas alegaciones, siempre a partir de la resultancia fáctica dimanante tanto del expediente administrativo de autos aportado al juzgado junto a su escrito de contestación a la demanda por la administración demandada .

Sentado lo anterior, procederá anotar ahora de partida aquí para el enjuiciamiento de los alegatos impugnatorios del recurso que, ciertamente, nuestro ordenamiento jurídico urbanístico caracteriza a los proyectos de urbanización como simples o meros instrumentos técnicos auxiliares para la aplicación o ejecución del planeamiento urbanístico, que ni tienen carácter normativo ni concretan tampoco el ejercicio de la potestad de planeamiento, al constituir meros proyectos constructivos. Así lo reflejaba antes el artículo 70 del anterior Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña , aprobado por Decreto Legislativo autonómico 1/2005, de 26 julio -en adelante TRLUC 2005-, ['Artículo 70. Proyectos de urbanización. 1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad poner en marcha la ejecución material de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística municipal y de los planes urbanísticos derivados en los ámbitos de actuación urbanística. (....) 3. Los proyectos de urbanización no pueden modificar las determinaciones del planeamiento que ejecutan.'] (hoy artículo 72 del vigente Texto Refundido de la misma Ley , aprobado por Decreto Legislativo autonómico 1/2010, de 3 de agosto -en adelante TRLUC 1/2010-), en línea con reglamentariamente desarrollado en su día por los artículos 67 y 68 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico , aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 junio, RP 1978 ['Artículo 67. 1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras cuya finalidad es llevar a la práctica, en suelo urbano, las determinaciones correspondientes de los Planes Generales y de las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento, y, en suelo urbanizable, la realización material de las propias de los Planes Parciales. También podrán redactarse Proyectos de Urbanización para la ejecución de Planes Especiales de Reforma Interior. 2. Los Proyectos de Urbanización constituirán, en todo caso, instrumentos para el desarrollo de todas las determinaciones que el Plan prevea en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas. (.....) 4. En ningún caso tanto los Proyectos de Urbanización como los de obras ordinarias podrán contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.'; y 'Artículo 68. 1. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del Plan que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras. 2. Cuando la adaptación de detalle suponga alteración de las determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo o de la edificación de los predios afectados por el proyecto, deberá aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente modificación del Plan.'].

Consideración de los proyectos de urbanización como meros o simples proyectos constructivos, que no normativos, inhábiles para la válida y eficaz modificación del planeamiento urbanístico, que hunde sus raíces históricas recientes, efectivamente, tanto en el anterior ordenamiento jurídico urbanístico estatal - artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 , TRLS 1976- como en el ordenamiento urbanístico autonómico catalán -artículo 27 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia urbanística de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo autonómico 1/1990, de 12 julio TRLUC 1990-, y respecto de los cuales la jurisprudencia contenciosa administrativa ha venido sentando, pacíficamente, una doctrina ya consolidada en punto a que el planeamiento urbanístico constituye límite normativo inmodificable por los instrumentales proyectos de urbanización (entre muchas otras, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 6 de marzo de 2001 , con cita en la misma de la doctrina que recuerda que el proyecto de urbanización es un mero proyecto de obras cuya funcionalidad se produce en el campo de la ejecución ( STS, Sala Contenciosa Administrativa, de 12 de junio de 1987 , de 10 de octubre de 1988 , de 24 de febrero de 1989 , de 2 de octubre de 1990 , de 18 de marzo de 1991 , de 24 de febrero de 1997 , de 20 de mayo y de 25 de febrero de 1999 -recurso de casación núm. 6069/1994 -), siendo su contenido únicamente el necesario para hacer posible la realización material de las obras adecuadas para la ejecución del plan al que está subordinado el proyecto, sin que puedan contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación ni modificar las previsiones del plan que desarrollan, doctrina jurisprudencial esta constante del Alto Tribunal seguida fielmente por los demás órganos judiciales de esta jurisdicción contenciosa administrativa, como es buena muestra de ello la Sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 286/2004, de 16 de abril .

TERCERO.-A partir de lo anterior, procederá atender ya sin mayor dilación en esta resolución a los motivos del recurso principiando para ello por el motivo impugnatorio sustentado en autos por la parte recurrente al considerar que las parcelas propiedad de la parte recurrente por su condición de suelo urbano consolidado deben ser excluidas del ámbito delimitado por la UASU nº 7.

En primer lugar debemos significar que la UASU nº 7 El Cònsol prevista en el Plan General de Arenys de Mar del que trae causa el presente proyecto de urbanización - objeto del presente recurso- fue incorporado íntegramente en el Plan de Ordenación Urbanística municipal (POUM) de Arenys de Mar como PAU-1 El Cònsol, cuyo planeamiento general fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona en sesión es de 2 de octubre y 6 de noviembre de 2013.

Contra los citados Acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de aprobación del POUM fueron impugnados por la parte recurrente en el recurso contencioso administrativo núm. 39/2014 que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección tercera) constituyendo el eje central de su impugnación la'inclusió de la peça de terreny situada entre la riera de Torrenbó o de Caldes i l'Avgda. Andersen en el PAU-1 El Cònsol anul lant la inclusió dels referits terrenys, es especial els dels recurrents, en l'àmbit del PAU-1 El Cònsol'.

Advertimos, pues, -como acertadamente expone la representación procesal de la parte demandada- que los motivos impugnatorios esgrimidos por la parte recurrente en el citado recurso se plantean en idénticos términos en el presente recurso -Acuerdo de aprobación del proyecto de urbanización- referido a la supuesta disconformidad de la parte actora en que sus fincas formen parte del concreto ámbito de gestión urbanística. Consta dicho extremo acreditado por la documental aportada por la administración demandada como doc. núm. 1 consistente en la demanda del citado recurso contencioso administrativo núm. 39/2014 que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección tercera) en la que se advierte que los motivos impugnatorios y pretensiones que se plantean se reproducen en el presente recurso.

Paralelamente al proyecto de urbanización se tramitó el proyecto de reparcelación y contra el Decreto núm. 547/15 que lo aprueba la parte recurrente interpuso recurso contencioso administrativo que se sigue ante el Juzgado contencioso administrativo nº 17 en el que de igual modo se plantean las mismas pretensiones que en el presente recurso contencioso administrativo manifestando la parte actora la improcedencia de la inclusión de sus fincas en el concreto ámbito de gestión urbanística. Consta dicho extremo acreditado por la documental aportada por la administración demandada como doc. núm. 2 consistente en la demanda del citado recurso contencioso administrativo núm. 84/2016-MI que se sigue en el Juzgado contencioso administrativo nº 17 de Barcelona.

Tras lo expuesto y una vez examinados los alegatos de la parte actora esgrimidos en su demanda se advierte que centran de modo exclusivo en demostrar que las fincas de su propiedad tienen la condición de suelo urbano consolidado y por lo tanto, no forman parte del Polígono de Actuación núm. 1 El Cònsol (antes Unidad de Actuación núm. 7 El Cònsol).

En relación con ello, visto lo actuado y probado en el procedimiento, y sin perjuicio de observar aquí que tal alegato impugnatorio se dirige a rebatir en realidad por la parte recurrente más a los instrumentos de planeamiento -objeto de los otros dos recursos interpuestos por la parte actora-, no podrá compartir esta resolución dicho motivo impugnatorio, puesto que el examen de los citados motivos impugnatorios no permiten constatar que en la aprobación el proyecto de urbanización se contravenga algún precepto normativo del planeamiento vigente o legislación sectorial por lo que se concluye que no existe ningún alegato de disconformidad del proyecto de urbanización con el ordenamiento vigente.

Por todo lo cual, en suma, resultará obligado rechazar en esta resolución tal motivo último del recurso articulado por la parte recurrente, se impondrá la desestimación del mismo, a tenor de lo establecido al respecto en el orden procesal por los artículos 68.1.b ) y 70.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , por no resultar contrarias a derecho las actuaciones administrativas recurridas en los extremos controvertidos.

CUARTO.-Dicen los artículos 68.2 y 139.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , modificado este último por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, que las costas procesales se impondrán en primera o única instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia o resolución del recurso o del incidente, salvo que el órgano judicial, razonándolo debidamente, aprecie la eventual concurrencia de circunstancias especiales que justifiquen su no imposición, sin que obste a ello, en su caso, la falta de solicitud expresa de condena en costas por las partes, toda vez que tal pronunciamiento sobre costas es siempre obligado o imperativo para el fallo judicial, sin incurrir por tal razón el mismo en vicio de incongruencia procesalultra petita partium- artículos 24.1 CE y 33.1 y 67.1 LJCA -, al concernir dicha declaración judicial a cuestión de naturaleza procesal, a tenor del propio dictado del artículo 68.2 de la Ley Jurisdiccional y de la ya reiterada jurisprudencia contenciosa administrativa y constitucional sentada al respecto (entre otras más, STS, Sala Contenciosa Administrativa, de 12 de febrero de 1991 ; y STC, Sala Primera, núms. 53/2007, de 12 de marzo , y 24/2010, de 27 de abril ).

Se recoge así el principio del vencimiento mitigado que deberá conducir aquí a la no imposición de costas habida cuenta que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se hallare totalmente ausente en el presente casoiusta causa Iitigandi('serias dudas de hecho o derecho'), teniendo en cuenta al efecto la jurisprudencia recaída en casos similares para apreciar que el caso era jurídicamente dudoso, tal como señala el artículo 394.1 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo siempre dentro del límite de las pretensiones deducidas por las partes en sus respectivos escritos de demanda y de contestación a la demanda,

Fallo

DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo núm. 147/2016-4 interpuesto por la parte actora bajo representación procesal y defensa letrada especificadas en el encabezamiento de esta resolución, contra la actuación administrativa a las que se refieren los antecedentes de la misma, por no resultar dicha actuación disconforme a derecho; sin imposición de costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme por caber contra ella recurso ordinario de apelación, al amparo del artículo 81.1 de la Ley Jurisdiccional , a interponer a través de este juzgado ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de la correspondiente notificación de esta resolución, mediante escrito razonado que debe contener las alegaciones en las que se fundamente el recurso.

Una vez firme, comuníquese esta sentencia en el plazo de diez días al órgano que realizó la actividad objeto del recurso, para que por el citado órgano:

1. Se acuse recibo de la comunicación, en idéntico plazo de diez días desde su recepción, indicando el órgano responsable del cumplimiento de la sentencia.

2. Se lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento del fallo.

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos principales, llevándose el original al Libro correspondiente de este juzgado, lo pronuncio, mando y firmo, Ramona Guitart Guixer, magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Barcelona y provincia.

PUBLICACIÓN.-

La MagistradA de este juzgado ha leído y publicado la sentencia anterior en audiencia pública en la Sala de Vistas de este Juzgado Contencioso Administrativo en el día de su fecha, de lo que yo, la secretaria judicial, doy fe.