Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 24/2020, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Murcia, Sección 7, Rec 313/2019 de 24 de Enero de 2020

Encabezamiento

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 7

MURCIA

SENTENCIA: 00024/2020

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Modelo: N11600

AVDA. CIUDAD DE LA JUSTICIA, S/N. CIUDAD DE LA JUSTICIA - FASE I - 30.011 MURCIA -DIR3:J00005744

Teléfono:968 81 71 59 Fax:968 81 72 34

Correo electrónico:scop1.seccion1.murcia@justicia.es

Equipo/usuario: MMM

N.I.G:30030 45 3 2019 0002209

Procedimiento:PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000313 /2019 /

Sobre:ADMINISTRACION DEL ESTADO

De D/Dª: Torcuato

Abogado:BENITO LOPEZ LOPEZ

Contra:DELEGACION DEL GOBIERNO DE MURCIA

Abogado:ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA Nº 24/2020

En Murcia, a veinticuatro de enero de dos mil veinte.

S.Sª Ilma. D. Juan Manuel Marín Carrascosa, Magistrado - Juez titular del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 7 de Murcia, ha visto los presentes autos de procedimiento abreviado registrados en este Juzgado con el número 313/2019, de cuantía indeterminada, instados como recurrente por D. Torcuato, representado y asistido por el Letrado D. Benito López López; y seguidos contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA, asistida y representada por el Sr. Abogado del Estado sustituto; sobre denegación de tarjeta de residencia permanente de familiar de residente comunitario.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la representación procesal del recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de fecha 3 de junio de 2019, dictada por la Delegación del Gobierno en Murcia, que desestima el recurso de alzada presentado frente a la resolución de la Oficina de Extranjería de 13 de febrero de 2019, recaída en el expediente nº NUM000, que deniega la expedición de tarjeta de residencia permanente como familiar de comunitario del interesado; interesando que dicte sentencia en la que declare al acto dictado por la administración demandada como no ajustado a derecho, y se reconozca a favor del demandante el derecho a obtener la autorización de residencia permanente como familiar comunitario, obligando a la administración demandada a pasar por tales efectos.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se convocó a las partes a la celebración de vista, al tiempo que se interesaba la remisión del expediente administrativo. Celebrada la vista en el día señalado, el recurrente se ratificó en su solicitud, oponiéndose el demandado en base a las alegaciones que obran en autos e interesado el recibimiento a prueba, así se acordó, practicándose la prueba propuesta y que fue declarada pertinente, formulando las partes por su orden conclusiones, declarándose terminado el acto tras las mismas.

TERCERO.- Que en la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia por la que se acordaba denegar la expedición de tarjeta de residencia permanente como familiar de residente comunitario, por considerar que solicitante no reúne los requisitos legales al haber residido fuera de España entre los años 2011 a 2018.

En el suplico de la demanda se interesa la concesión de la tarjeta de residencia pretendida, procediendo entrar a resolver sobre los motivos que puedan llevar a la estimación de esta pretensión. Argumenta el recurrente como motivos de impugnación, en cuanto a la posible estimación sobre el fondo del asunto, expuesto resumidamente, que cumple con los requisitos legales porque la Administración no ha probado que estuviera fuera de España el tiempo que dice que ha estado; lo único que se le puede exigir es el periodo de 5 años de residencia legal, nada más, y lo cumple conforme al artículo 10 del RD 240/2007. Que se le ha concedido su solicitud al no resolver en el plazo de tres meses, por silencio administrativo positivo. En el acto de la vista argumenta también que concurre la excepción del artículo 14.3 del RD 240/2007 porque estuvo en su País haciendo el servicio militar.

Por su parte, el Abogado del Estado interesa la confirmación de la resolución recurrida, con desestimación de las alegaciones del recurrente, por entender que la misma es ajustada a Derecho.

Como primera cuestión, debe resolverse sobre la alegación relativa a la concurrencia de la figura jurídica del silencio administrativo positivo. La solicitud de tarjeta de residencia permanente como familiar de residente comunitario fue presentada el 16 de octubre de 2018. Ahora bien, hay un requerimiento de documentación notificado el 20 de noviembre de 2018 que suspende el plazo para resolver ( art. 22.1a de la Ley 39/2015). Ha pasado un mes y cuatro días. Se dicta resolución de archivo teniendo por desisto al solicitante por no presentar la documentación requerida, el 15 de enero de 2019. No obstante, antes de notificar el archivo se presenta documentación en fecha el 17 de enero de 2019, de modo que es admitida al amparo del artículo 73.3 de la Ley 39/2015 y se entra a resolver sobre el fondo del asunto, desestimando la solicitud el 13 de febrero de 2019 y notificando el 25 de febrero de 2019.Entre la reanudación del plazo para resolver, el 17 de enero de 2019 y la notificación de la resolución desestimatoria, 25 de febrero de 2019, pasa un mes y ocho días que sumados al mes y cuatro días anterior no supera el máximo legal para resolver de tres meses. Por tanto, no transcurre el plazo legal de tres meses para poder apreciar la figura del silencio administrativo positivo y el motivo debe ser desestimado.

Segundo.-Procede, por tanto, entrar a conocer del fondo del asunto. El artículo 10 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo establece que '. Son titulares del derecho a residir con carácter permanente los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y los miembros de la familia que no sean nacionales de uno de dichos Estados, que hayan residido legalmente en España durante un período continuado de cinco años. Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III del presente real decreto.

A petición del interesado, la Oficina de Extranjeros de la provincia donde éste tenga su residencia o, en su defecto, la Comisaría de Policía correspondiente, expedirá, con la mayor brevedad posible y tras verificar la duración de la residencia, un certificado del derecho a residir con carácter permanente'.

El certificado del empadronamiento histórico del solicitante pone de manifiesto que causó baja por cambio de residencia con destino a Colombia el 15 de enero de 2011.No vuelva a ser alta hasta el 22 de mayo de 2018. En la información solicitada sobre entradas y salidas de España figura que entró en España el 16 de mayo de 2018.No ha residido de forma continuada en España durante cinco años. Es el Actor quien debe aportar prueba que desvirtúe los datos que constan en registros oficiales. Lo único que aporta es un carnet de pase a la reserva de las fuerzas armadas de Colombia del año 2013. Es posible que fuese a Colombia en 2011 para cumplir con el servicio militar obligatorio, pero no consta cuando finalizó el mismo. Todo indica que lo había finalizado en 2013, cuando se le expide el carnet de pertenencia a la reserva. Por tanto, la ausencia de más de siete años de España no está justificada, siendo ajustada a Derecho la resolución administrativa recurrida.

Procede, en virtud de lo expuesto, desestimar la demanda.

Tercero.-A tenor de lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa procede imponer a la parte actora las costas procesales causadas, con la cuantía máxima de 300 euros, en aplicación del apartado 3 del artículo 139 referido, atendiendo a la naturaleza y complejidad del asunto.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Torcuato contra la resolución de fecha 3 de junio de 2019, dictada por la Delegación del Gobierno en Murcia, que desestima el recurso de alzada presentado frente a la resolución de la Oficina de Extranjería de 13 de febrero de 2019, recaída en el expediente nº NUM000, que deniega la expedición de tarjeta de residencia permanente como familiar de comunitario del interesado, con expresa imposición a la parte actora de las costas procesales causadas, con un máximo de trescientos euros (300 euros).

Notifíquese esta resolución a las partes litigantes, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, en el término de quince días, previa constitución del depósito legalmente establecido (cuenta nº 4478 clave 22), ante este Juzgado para su posterior remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Murcia.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.