Sentencia Administrativo Nº 2618/2008, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 189/2008 de 18 de Noviembre de 2008

Encabezamiento

T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD

VALLADOLID

SENTENCIA: 02618/2008

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección : 001

VALLADOLID

65583

C/ ANGUSTIAS S/N

Número de Identificación Único: 47186 33 3 2008 0106233

RECURSO DE APELACION 0000189 /2008

Sobre FUNCION PUBLICA

De: Marí Jose , Antonia , Esperanza Y OTROS 33,

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTACIÓN TERRITORIAL

Representantes: PROCURADOR LUIS DIEZ ASTRAIN-FOCES, PROCURADOR LUIS DIEZ ASTRAIN-FOCES, PROCURADOR

JOSÉ LUIS MORENO GIL, LETRADO COMUNIDAD

Contra: Guadalupe

Representante:

SENTENCIA Nº 2618

ILMO. SR. PRESIDENTE:

DON ANTONIO J. FONSECA HERRERO RAIMUNDO

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

DON JESUS B. REINO GARCÍA

DON SANTOS H. DE CASTRO GARCÍA

En Valladolid, a dieciocho de noviembre de dos mil ocho.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados al margen, el presente rollo de apelación registrado con el número 189/2008, dimanante del procedimiento abreviado número 30/07, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Valladolid, en el que son partes:

Como apelantes: la CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRTITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, representada y defendida por el Letrado de la Comunidad Autónoma; y también por Marí Jose y Antonia , representadas por el Procurador Sr. Díez-Astrain Foces y defendidas por el Letrado Sr. Rodríguez Aguado; y Esperanza , Erica , Héctor , Mónica , María Milagros , Augusto , Carlos Manuel , Lázaro , Cornelio , Fátima , Juan Pablo , Rita , Ángela , Jose Ramón , Leticia , Marí Luz , Manuel , Eduardo , Eugenia , Sofía , Edurne , Sara , Elisa , Verónica , Gabriela , María Virtudes , Marcelina , Carmen , Trinidad , Remedios , Carla , María Rosa , Patricia , Julia , representados por el Procurador Sr. Moreno Gil y defendidos por el Letrado Sr. Cesteros Guerras.

Como apelada: Guadalupe .

Siendo la resolución impugnada la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº uno de Valladolid, en el Procedimiento Abreviado nº 30/07.

Antecedentes

PRIMERO.- El expresado Juzgado dictó sentencia de fecha 10 de diciembre de 2007 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Estimo el recurso contencioso-administrativo presentado por el Letrado Sra. Molina Arroyo en nombre y representación de Guadalupe , contra la orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de 27 de octubre de 2006, desestimatoria de los recursos de alzada interpuestos por la demandante y otros contra el acto de realización del segundo ejercicio y contra la Resolución de 6 de julio de 2006 del Tribunal Calificador, por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el segundo ejercicio de la fase de oposición del concurso-oposición convocado por Orden PAT/1700/2005, de 20 de diciembre, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en régimen de contratación laboral de carácter fijo para la categoría de personal de servicios; que se anulan por no ser conformes a derecho, debiendo retrotraerse las actuaciones del proceso de selección al momento de la celebración del ejercicio práctico de la oposición, que deberá celebrarse nuevamente, todo ello sin hacer expresa declaración en materia de costas procesales. Se tiene por apartados de este procedimiento a Teresa , Carlos Jesús y Remedios .".

SEGUNDO.- Contra esa resolución interpuso recurso de apelación la parte demandada, recurso del que, una vez admitido, se dio traslado a la parte demandada, que presentó escrito de oposición. Emplazadas las partes, el Juzgado elevó los autos y el expediente a esta Sala.

TERCERO.- Formado rollo, acusado recibo al Juzgado remitente y personadas las partes, se designó ponente al Magistrado D. SANTOS H. DE CASTRO GARCÍA.

Al no practicarse prueba ni haberse celebrado vista o conclusiones, el pleito quedó concluso para sentencia, señalándose para votación y fallo del mismo el día dieciocho de los corrientes.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso de apelación se ha interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Valladolid de fecha 10 de diciembre de 2007 , estimatoria del recurso contencioso interpuesto por Dña. Guadalupe , quien en esta alzada ostenta la posición procesal de parte apelada, frente a la resolución de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de 27 de octubre de 2006, por la que a su vez se desestimaron los recursos de alzada articulados por la misma recurrente contra el acto de realización del segundo ejercicio y contra la resolución de 6 de julio de 2006 del Tribunal Calificador, ésta por la que se hizo pública la relación de aspirantes que habían superado el segundo ejercicio de la fase de oposición del concurso-oposición convocado por Orden PAT/1700/2005, de 20 de diciembre, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en régimen de contratación laboral de carácter fijo para la categoría de personal de servicios.

La sentencia apelada estimó el recurso interpuesto al entender, en síntesis, que en la forma que se había realizado el segundo ejercicio se vulneraba el principio de igualdad de oportunidades de los aspirantes, anulando por tanto los actos recurridos y ordenando a la vez la retroacción de las actuaciones al momento de la celebración del mencionado ejercicio práctico, con el fin de que el mismo fuera celebrado de nuevo.

Contra la misma, tanto la Junta de Castilla y León como las otras partes que en el proceso tuvieron la posición procesal de codemandadas, articulan tres recursos de apelación, aduciendo varios motivos que se refieren tanto al error de la valoración de la prueba como ala infracción de las normas sustantivas del ordenamiento jurídico.

Pues bien, y antes de continuar avanzando en el análisis de estos tres recursos de apelación que han sido interpuestos, hemos de significar que esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las mismas cuestiones que ahora se suscitan en la reciente sentencia de fecha 5 de noviembre de 2.008 dictada en el Rollo de Apelación 228/08 , en que también habían articulado recurso de apelación los mismos que ahora tienen la posición de apelantes planteando similares motivos. Con ello, y en aras de preservar el principio de unidad de doctrina, como manifestación a su vez de los de igualdad y de seguridad jurídica, no cabe ahora sino reproducir cuanto sea atinente para nuestro caso de los fundamentos de derecho de la expresada resolución.

SEGUNDO.- Para efectuar el análisis de los tres recursos de apelación, por razones sistemáticas habrán de agruparse los distintos motivos de impugnación que se aducen en los mismos, que como hemos visto fueron interpuestos por la Junta de Castilla y León y las demás partes que se han recogido en el encabezamiento de esta resolución y que en el procedimiento principal tenían la condición de codemandados.

El primero de los motivos es el relativo al error en la valoración de la prueba, que se denuncia en los distintos recursos de apelación interpuestos; respecto de lo cual decíamos en la sentencia de continua cita lo siguiente:

"En primer lugar hemos de referirnos al error en la valoración de la prueba que se atribuye a la sentencia en cuanto que la misma expresa que existió un cierto desorden o desbarajuste en la realización del ejercicio práctico que ha sido anulado, ya que, en relación con las quejas expresadas ante el Procurador del Común se ha entendido, que han existido irregularidades fruto de la realización simultánea del ejercicio por 18 personas en pruebas sucesivas de cinco minutos y con cierta desorganización en la colocación de mesas y utensilios para la colocación de los menús.

En relación con esta cuestión entiende la Sala que antes que a una errónea valoración de la prueba, deberá estarse a las consecuencias jurídicas que la sentencia extrae de las posibles deficiencias imputadas a la incorrecta realización de los ejercicios. De esta forma no se trata tanto de una incorrecta fijación de hechos o valoración de la prueba, sino a un análisis de los efectos jurídicos que se anudan a la misma, por lo que deberá determinarse si las expresadas deficiencias han de tener consecuencia invalidante de la prueba.

Al respecto debe entenderse, dado el principio de conservación de actos administrativos, que las irregularidades denunciadas no pueden tener efecto invalidante de las pruebas, si tenemos en cuenta que se trata de un supuesto de pruebas selectivas con un amplio número de opositores (1485), que debían realizar un mismo ejercicio. En este sentido la forma en que se llevo a cabo el mismo, mediante el ejercicio simultáneo de las pruebas de forma sucesiva por 18 opositores, en períodos de 5 minutos, que debían servir un menú, entra dentro de las potestades discrecionales del Tribunal, habilitado en la base 8.1 de las pruebas selectivas. Ciertamente pueden existir disfunciones propias del gran número de aspirantes respecto a los que se ha de producir la selección, más estas posibles irregularidades, propias de un proceso selectivo en masa, no se aprecia que puedan tener virtualidad invalidante, si se tiene en cuenta que lo que se les imputa son aspectos desorganizativos genéricos, mas no una concreta y específica anomalía en relación con un concreto aspirante o grupo de ellos, por lo que pese a tal deficiencia no puede entenderse que haya vulnerado el principio de mérito y capacidad desde la óptica de la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes.

En este aspecto la sentencia impugnada realiza una crítica fundamentalmente desde la óptica de la adecuación del ejercicio para la realización de las pruebas, en la forma que ha sido elegida por el Tribunal -ejercicio simultáneo de las pruebas para 18 aspirantes que de forma sucesiva realizan el ejercicio en periodos de cinco minutos-; mas con ello antes que una irregularidad en sí misma con efecto invalidante, lo que se está es anteponiendo una valoración personal dando primacía a un criterio subjetivo frente a la propia opción de valoración subjetiva dotada de una gran discrecionalidad que corresponde al Tribunal, y ello teniendo en cuenta, como se ha dicho que nos encontramos ante una prueba con un elevado número de aspirantes, y en el que debió ser necesario introducir sistemas operativos para permitir en un espacio de tiempo razonable llevar a cabo la prueba.

Por todo ello ha de entenderse, acogiendo en este aspecto los motivos de impugnación expresados por los recurrentes, que las posibles irregularidades expresadas respecto a la realización de las pruebas en los aspectos anteriormente analizados carecen de entidad invalidante de la prueba práctica realizada."

TERCERO.- En otro motivo del recurso se reprocha a la sentencia que haya dado relevancia al hecho de que las pruebas prácticas fueren las mismas en los dos días que duró su celebración, lo que habría supuesto una quiebra del principio de igualdad de oportunidades. Y el mismo fue rechazado en el fundamento correlativo de la sentencia de 5 de noviembre de 2.008 , señalando que:

"El segundo motivo de impugnación, también desde una perspectiva fáctica de adecuación del proceso selectivo, se refiere a la valoración que realiza la sentencia sobre inidoneidad de la realización del ejercicio práctico debido al hecho de que los seis menús que fueron escogidos por el Tribunal se efectuaron de forma común en los dos días sucesivos en que se realizaron las pruebas selectivas, de forma tal que los aspirantes que realizaron la prueba el segundo día pudieron haber tenido conocimiento previo de la prueba práctica a realizar.

Sobre esta cuestión ha de decirse que la anulación del ejercicio por este aspecto se fundamenta, como ya se ha apuntado, en la posibilidad de que los aspirantes que realizaron el ejercicio el segundo día pudieron haber contenido previo de las pruebas a ejecutar, lo que sería debido, a falta de otros elementos probatorios sobre el particular, a que otros aspirantes les hubieran facilitado el contenido del ejercicio.

Sobre esta cuestión tampoco se puede compartir el criterio de la sentencia apelada, por cuanto aún siendo ciertamente posible tal filtración del contenido del examen, no por ello puede llegarse a la anulación de las pruebas en base a una mera probabilidad no constatada realmente, y cuya incidencia en el desarrollo de la prueba no tendría nunca una incidencia relevante como para generar la invalidez de todo el proceso selectivo.

En este sentido ha de tenerse en cuenta que el contenido de la prueba era inminentemente práctico por lo que la incidencia del posible conocimiento de la misma es limitado, solo en orden a memorizar los elementos que han de ser servidos, y el riesgo de conocimiento se limita si se tiene en cuenta que existían hasta 6 menús preparados de los que se atribuían 3 a cada aspirante, por lo que existían combinaciones aleatorias que reducían el riesgo de reiteración constante para todos.

De esta forma tampoco puede anularse las pruebas selectivas en base a un riesgo de conocimiento de las pruebas solo atribuible a filtraciones de los propios aspirantes, cuando su incidencia, por el propio contenido de las pruebas selectivas, debe ser escasa en el resultado del proceso selectivo.

Se trata, por lo tanto, como se ha razonado sobre el motivo de impugnación precedente, (de) en una consideración sobre inadecuación de la forma de efectuar el proceso selectivo, antes que una infracción del ordenamiento jurídico con relevancia para anular el proceso, y ello teniendo en cuenta el amplio margen de discrecionalidad de que están dotados los Tribunales de las pruebas selectivas, cuyo criterio en tales elementos discrecionales no pueden ser sustituido, salvo vulneración de elementos reglados, por los propios criterios de los órganos jurisdiccionales, y en este caso el vicio denunciado solo podría residenciarse en un vicio de procedimiento, como elemento reglado, que sería el desarrollo del proceso de selección, sin que en este caso pueda entenderse que se encuentre acreditada su existencia.

De esta forma no pude entenderse que concurra el vicio de nulidad que se reputa existente por la sentencia impugnada, debiendo ser acogida la impugnación efectuada por los recurrentes."

CUARTO.- En el correlativo fundamento de derecho se analizó la incidencia que tiene el hecho de que no se encontrasen presentes todos los miembros del Tribunal durante el desarrollo de la prueba práctica respecto a todos y cada uno de los aspirantes, ya que de lo actuado ha resultado acreditado que cada miembro del Tribunal fiscalizaba a dos aspirantes, de los dieciocho que componían cada uno de los turnos que se formaron.

Y se dijo sobre este tema lo siguiente:

"Sobre esta cuestión ha de distinguirse entre la fiscalización del desarrollo del ejercicio, la comprobación de los datos por cada miembro del Tribunal y la ulterior valoración, conforme a los propios criterios establecidos por los miembros del Tribunal, respecto a los cuales puede entenderse que siempre ha existido el principio de colegialidad.

En este aspecto ha de tenerse en cuenta que, como consta en el expediente administrativo, el Tribunal determinó de forma previa en la sesión de 8 de junio la concreta forma en que debía apreciarse el desarrollo de los ejercicios, aprobando una hoja resumen en que se debían constatar la apreciación efectuada en relación con cada uno de los aspirantes. De esta forma si se tiene en cuenta que existen unas previas instrucciones sobre los aspectos a valorar y la forma de evaluación y que los miembros del Tribunal se han de limitar a constatar el desarrollo del ejercicio en cada uno de los aspectos valorados, reflejándolo en la hoja resumen referida, se ha de entender que se limita la subjetividad apreciativa, siendo una mera labor de constatación o comprobación, siendo ulteriormente objeto de valoración conjunta por todos los miembros del desarrollo de la prueba.

Con este sistema no puede entenderse que cada miembro del Tribunal sustituya el criterio de actuación colegiado, sino que antes al contrario supone integrar una labor de comprobación apreciativa individual para integrarla en una valoración de conjunto.

En el aspecto de eficiencia este sistema encuentra, por lo demás, justificación en el hecho de que existían 1485 aspirantes a seleccionar y es preciso arbitrar formas que permitan conseguir operativamente la realización de las pruebas, lo que también entra dentro de las potestades de autoorganización que discrecionalmente corresponden al Tribunal, siempre que se haya permitido una valoración conjunta por el mismo, lo que en este caso, por lo razonado se ha efectuado."

QUINTO.- En base a los anteriores fundamentos, que como hemos visto no son sino reproducción de otros tantos recogidos en la sentencia de continua cita de fecha 5 de noviembre de 2.008 , ahora también habrán de estimarse los recursos de apelación interpuestos -tanto el de la Junta de Castilla y León como los de los demás apelantes ya reflejados en el encabezamiento-, debiendo en consecuencia revocarse la sentencia apelada, y procediendo en su lugar la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por Dña. Guadalupe , apelada en este recurso.

SEXTO.- En lo que hace al pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo que dispone el artículo 139.2 de la L.J.C.A . no procede hacer imposición de las mismas a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación;

Fallo

Que estimando los recursos de apelación interpuestos por la CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Marí Jose , Antonia , Esperanza , Erica , Héctor , Mónica , María Milagros , Augusto , Carlos Manuel , Lázaro , Cornelio , Fátima , Juan Pablo , Rita , Ángela , Jose Ramón , Leticia , Marí Luz , Manuel , Eduardo , Eugenia , Sofía , Edurne , Sara , Elisa , Verónica , Gabriela , María Virtudes , Marcelina , Carmen , Trinidad , Remedios , Carla , María Rosa , Patricia y Julia ; contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Valladolid de fecha 10 de diciembre de 2007 , dictada en el Procedimiento Abreviado nº 30/2.007, revocamos la misma y en su lugar debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dña. Guadalupe frente a los actos administrativos autonómicos impugnados; y todo ello sin imponer las costas de esta alzada a ninguna de las partes.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.