Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 278/2017, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Ceuta, Sección 2, Rec 651/2016 de 25 de Mayo de 2017

Encabezamiento

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2

CEUTA

SENTENCIA: 00278/2017

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Modelo: N11610

C/ FERNANDEZ Nº 2. INFORMACIÓN 856907822

Equipo/usuario: MLF

N.I.G:51001 45 3 2016 0001343

Procedimiento:DF DERECHOS FUNDAMENTALES 0000651 /2016 /

Sobre:DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

De D/Dª: Teodulfo

Abogado:ALEJANDRO ROMERO ALIAGA

Procurador D./Dª:

Contra D./Dª

Abogado:

Procurador D./Dª

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 CEUTA

EXPEDIENTE: PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA Nº 651/16

SENTENCIA

En la Ciudad de Ceuta a veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

D. Antonio Severo Castro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de esta Ciudad, habiendo visto el presente recurso contencioso-administrativo número 651/16, sustanciado por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, interpuesto por D. Teodulfo , asistido y representado por el Letrado D. Alejandro Romero Aliaga, contra la Delegación de Gobierno, representada y asistida por el Letrado del Estado, siendo parte el Ministerio Fiscal, ha dictado la presente con base a los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO.- Que por la meritada representación de la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contra la vía de hecho de la Administración consistente en no permitirle trasladarse a territorio peninsular una vez ha obtenido la admisión a trámite de su petición de asilo, en clara vulneración del derecho de residencia y libre circulación constitucionalmente consagrado.

SEGUNDO.-Que admitido a trámite el recurso, se requirió el expediente al órgano administrativo correspondiente, recibido el cual, se dictó decreto por el que se acordó la continuación del procedimiento. Seguidamente, se confiere traslado a la parte recurrente para que en un plazo de ocho días formalizase la demanda, lo cual verificó, dándose traslado de la misma a la entidad demandada y Ministerio Fiscal a fin de que presentasen alegaciones en el plazo de ocho días.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y practicada la declarada pertinente quedaron las actuaciones pendientes de dictar sentencia.

CUARTO.-En la tramitación del presente procedimiento se han observados las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte recurrente, en apoyo de su pretensión, alega que como consecuencia de ser admitida a trámite su solicitud de Protección Internacional le fue expedido el correspondiente documento de identidad de solicitante de asilo, el cual, pese a ser válido para todo el territorio nacional y autorizarle a permanecer en España, obligándole a comunicar de forma inmediata los cambios de domicilio que realice, no es considerado por la administración demandada documento suficiente para permitirle el acceso a territorio peninsular, impidiéndole el embarque para dicha finalidad. Considerando que, a través de esa vía de hecho, la Administración está vulnerando el derecho de libertad de residencia y circulación consagrado en el art. 19 CE .

La Abogacía del Estado se opone a las pretensiones de la actora, alegando las siguientes causas de inadmisión del presente recurso: falta de actividad administrativa impugnable y, reproducción de un acto firme y consentido al no haber recurrido en tiempo y forma la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras denegándole el acceso a la península.

El Ministerio Fiscal no se opone a la demanda.

SEGUNDO.-Previo al análisis de fondo procede resolver las causas de inadmisión invocadas. En cuanto a la primera, dicha parte fundamenta la misma en que el escrito de demanda no identifica la concreta actividad administrativa susceptible de ser impugnada, pues relata que '... se ha tenido conocimiento que desde la propia Jefatura de Policía no se le permite el embarque', sin contener descripción alguna de hecho concreto que materialice dicha supuesta vía de hecho.

Tal posición no puede ser compartida. Siendo cierto que el escrito de demanda comienza exponiendo que '... se ha tenido conocimiento que desde la propia Jefatura de Policía no se le permite el embarque', también lo es, que describe hechos concretos que materializarían dicha supuesta vía de hecho, concretamente, 'el 25/10/2016 intentó viajar a la península, pero en el control de acceso a la zona de embarque de pasajeros la Policía Nacional le impidió la entrada'. Y aporta documental en la que apoyar dicha alegación. De tal actuación no puede sino concluirse que la administración evidencia una persistente negativa a que el solicitante realice dicho tránsito. Constituyendo tal negativa la actividad administrativa impugnable al imposibilitarle el ejercicio del derecho fundamental mencionado y materializarse el 25/10/2016, con anterioridad a la reclamación presentada por el recurrente en vía administrativa, 03/11/16.

En cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad, alega la demandada que la resolución desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por el demandante contra la resolución dictada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras denegándole el acceso a la península, no fue recurrida, con lo que dicha resolución devino firme y consentida. No puede ser estimada la causa de inadmisión invocada con base al siguiente razonamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3-3.d) R.D. 400/2012, de 17 de febrero , por el que se modifica la estructura orgánica del Ministerio del Interior, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras tiene encomendada como función específica el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración. Ahora bien, partiendo del objeto litigioso aquí planteado, esto es, la imposibilidad por parte de un extranjero, cuya solicitud de asilo ha sido admitida a trámite, de ejercitar el derecho a la libre residencia y circulación por territorio nacional mientras se tramita dicho expediente de asilo y, en consecuencia, al ser materia de extranjería la que se somete a consideración en el presente procedimiento, resulta aplicable el Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, y en particular su Disposición Adicional Primera , cuyos términos son claros al disponer que: '1.-Cuando las competencias en materia de informes, resoluciones y sanciones no estén expresamente atribuidas a un determinado órgano en este Reglamento, serán ejercidas por los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales y por los Subdelegados del Gobierno en las provincias'.

Y de la misma forma que ésta Disp. Adic. excepciona de la competencia del Delegado de Gobierno en materia de extranjería algunas cuestiones concretas, como la expresada en su número 3, cuando atribuye al Director General de Inmigración la competencia para conceder las autorizaciones de trabajo cuando las solicitudes sean presentadas por empresas ..., o, al Comisario General de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía, la competencia para las autorizaciones de residencia en éstos casos...; bien podría haberlo hecho con supuestos como el presente. No es así, debiéndose entender incluida ésta materia en el ámbito competencial que claramente le atribuye ésta Disposición Adicional Primera al Delegado de Gobierno.

Interesando resaltar, que lo anterior es perfectamente compatible con las específicas funciones que el art. 3.3.d) del R.D. 400/2012, de 17 de febrero , le atribuye a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, toda vez que tal enumeración de cometidos responde a cuestiones organizativas y funcionales de las distintas unidades integradas en las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, pero que en modo alguno debe entenderse que modifica el ámbito competencial que la Disposición Adicional Primera del Reglamento de Extranjería le atribuye al Delegado de Gobierno quien, no olvidemos, ostenta además y en virtud del art. 73.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , la Jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en el ejercicio de los derechos y libertades. Constituyendo el ejercicio de uno de tales derechos (libre circulación por territorio nacional) el motivo que fundamenta la demanda interpuesta.

Sin que, por último, la ausencia de expediente administrativo en la Delegación de Gobierno deba ser interpretada como un refuerzo argumental a la falta de competencia de dicha Administración Periférica en el asunto planteado; más bien debería entenderse como el motivo que justifica la articulación del recurso interpuesto a través del cauce procesal de la vía de hecho que se pretende combatir.

TERCERO.-En cuanto al análisis de fondo, conviene resaltar como punto de referencia obligado las resoluciones judiciales precedentes emanadas del Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que por su reiteración y unanimidad deben determinar el sentido del presente pronunciamiento, lo que por otra parte constituye una exigencia en orden a preservar el principio de seguridad jurídica en el dictado de las resoluciones judiciales.

Así, pueden citarse las SSTSJ de Andalucía (Sev.) de 25 de octubre de 2.010, 21 de diciembre de 2.010, 13 de enero de 2.011 o 10 de febrero de 2.011, cuyo contenido aparece recogido en el informe del Ministerio Fiscal, y en las que se reconoce el derecho del recurrente sobre la base de, a modo de síntesis: 1) que el artículo 36.1.h) de la LO 12/09 establece, como derecho de quien ha obtenido el asilo, la libre circulación, sin distinguir la forma de entrada en España, ya sea regular o irregular, a lo cual coadyuva, además, el art. 25 de la LO 4/00 ; 2) que desde el momento de la admisión a trámite de la solicitud de asilo, el solicitante se encuentra en situación administrativa de regularidad, reconociendo el art. 5 de la LO 4/00 el derecho a circular libremente por el territorio nacional y elegir residencia a los extranjeros que se hallen en España en situación administrativa de regularidad; 3) que toda vez que el art. 19.2.d) de la Ley 12/2009obliga a quien le ha sido admitida a trámite la solicitud de asilo a comunicar sus cambios de domicilio, una interpretación lógica de dicho precepto ha de conducir a entender que tiene que tener reconocido el derecho a la libre circulación; 4) que no caben interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales según la doctrina emanada del TC, teniendo reconocida la STC 94/93 la libre circulación a los extranjeros que se encuentren en situación de legalidad, derivado también de lo dispuesto en los art. 12 y 13 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos , sin que las limitaciones a dicho derecho puedan tener otro carácter que el de la provisionalidad, limitando su adopción a supuestos muy especiales y tasados, sin que entre ellos se encuentre a los peticionarios del derecho de asilo cuando su petición ha sido admitida.

En consecuencia con lo expuesto, debe reconocerse el derecho del recurrente a la libre circulación por territorio nacional al haberse admitido a trámite su solicitud de asilo y hasta tanto esta se resuelva, resolución que según documentación aportada por la Abogacía del Estado ha tenido lugar en fecha reciente, debiendo desplegar los efectos jurídicos que procedan, sin que ello obste la estimación del presente recurso.

CUARTO.-Por lo que se refiere a las costas y según lo dispuesto en el párrafo primero del punto 1 del artículo 139 de la L.J.C.A ., no apreciando razones que justifiquen su exclusión, se impondrán a la demandada al ser la parte que ha visto rechazado su pretensión.

Vistos los preceptos citados, los invocados por la parte actora y demás de pertinente aplicación al caso de autos,

Fallo

Queestimandoel recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Teodulfo , contra la Delegación de Gobierno de Ceuta, se declara la no conformidad a derecho de la actuación administrativa impugnada, descrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución, por lo que se anula, reconociéndose el derecho de la recurrente a gozar del derecho a la libre circulación al haberse admitido a trámite su solicitud de asilo y hasta tanto esta se resuelva. Con expresa imposición de costas a la demandada.

Contra ésta Sentencia podrá interponerse ante éste Juzgado recurso de apelación en el plazo de quince días a contar desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia, ha sido dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, hallándose celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.