Sentencia Administrativo Nº 286/2006, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 1256/2005 de 22 de Febrero de 2006

Encabezamiento

Nº 1256/05

ROLLO DE APELACIÓN NÚMERO 1256/05

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

S E N T E N C I A NUM. 286/06

Ilustrísimos Señores

Presidente

Don JOSE BELLMONT MORA

Magistrados

Don RAFAEL PEREZ NIETO

Doña ROSARIO VIDAL MAS

En la ciudad de Valencia, a 22 de febrero de 2006.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso de Apelación número 1256/05, interpuesto por el Procurador DON ANDRES MOYA VALDEMORO, en nombre y representación de Emilia asistida del Letrado DON RAFAEL BORJA BOSCA, contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de los de Valencia, con fecha 11.2.05, en autos de recurso contencioso-administrativo número 655/04 a instancias del mismo siendo Ponente la Ilma. Sra. Dña. ROSARIO VIDAL MAS y a la vista de los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.- En el juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de los de Valencia, con fecha 11.2.05, en autos de recurso Contencioso-administrativo número 655/04 a instancias de Emilia recayó Auto cuya Parte Dispositiva , literalmente, dice: "No haber lugar a acordar la suspensión cautelar del acto Administrativo impugnado en el presente procedimiento instado por Emilia consistente en expulsión del territorio nacional mencionada y prohibición de entrada en España por un período de tres años..."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso por la representación del mismo, en tiempo y forma, recurso de Apelación que fue admitido y elevados los autos a esta Sala.

TERCERO.- Se procedió a la votación y fallo el día 21.2.06.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Se interpone el presente recurso de Apelación al estimar la Apelante que el Auto no tiene en cuenta la situación de arraigo del apelante, los daños y perjuicios irreparables para el apelante que se derivan de la ejecución del acto impugnado, frente a la inexistencia de perjuicio alguno para el interés general que supondría la suspensión de la resolución y que la no suspensión haría perder su finalidad legítima al recurso.

En primer lugar, debemos destacar, en los términos que viene manteniendo esta Sala, siguiendo los criterios establecidos por el T.S., la necesidad de prueba del arraigo para proceder a la medida cautelar pretendida , así, entre otras, la S.T.S. de 9-3-1999 establece:

"TERCERO.- Esta Sala ha dictado reiteradas resoluciones sobre las peticiones de suspensión de la ejecución de decisiones administrativas de expulsión de extranjeros del territorio nacional, o mediante las que se impone el deber de abandonar el mismo como consecuencia o en relación con la denegación de la exención de visado o de la expedición de un documento que autorice la estancia en España. En ellas se ha declarado que dicha suspensión resulta procedente cuando la persona afectada tiene arraigo en España por razón de sus intereses familiares, sociales o económicos, por lo que la ejecución de la orden de expulsión --directamente adoptada o que puede adoptarse como consecuencia del deber de abandonar el territorio nacional que en la Resolución administrativa se impone-- habría de producirle unos perjuicios de difícil reparación, que en parte afectarían a su esfera personal (autos de 6 de febrero de 1988, 17 de septiembre de 1992 , 28 de septiembre de 1993, 11 de julio de 1995 y sentencia de 15 de enero de 1997, entre otros).

Se integra así el presupuesto de la existencia de perjuicios de difícil o imposible reparación que el artículo 122 de la Ley reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa exige para que pueda acordarse la suspensión..."

Estos criterios que se mantienen por la Sala han sido los que han motivado el Auto apelado frente a los que la parte no ha acreditado circunstancias que puedan motivar su revocación, más allá de alegaciones genéricas y la existencia de un domicilio fijo en nuestro país , razones todas ellas que llevan a la desestimación del presente recurso y la confirmación del Auto apelado.

SEGUNDO.- Dispone el artículo 139.2 de la Ley 29/98 de 13 de Julio, reguladora de esta Jurisdicción, que en las demás instancias (es decir , salvo las resoluciones dictadas en primera o única instancia) se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que se aprecien circunstancias para su no imposición, lo que no concurre en el presente caso, por lo que procede imponerlas al mismo.

Vistos los preceptos legales citados , concordantes y de general aplicación

Fallo

1) La desestimación del recurso de Apelación interpuesto por el procurador DON ANDRES MOYA VALDEMORO, en nombre y representación de Emilia asistida del letrado DON RAFAEL BORJA BOSCA, contra el Auto dictado por el juzgado de lo Contencioso- administrativo número 7 de los de Valencia, con fecha 11.2.05, en autos de recurso Contencioso- Administrativo número 655/04 confirmando el mismo en todas sus partes.

2) La imposición de las costas causadas en el presente expediente a la parte apelante.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvanse los Autos a su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia , lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretaria de la misma, certifico.