Sentencia Administrativo Nº 289/2014, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 844/2011 de 31 de Marzo de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 844/2011

Partes: Ángel Jesús C/ T.E.A.R.C.

S E N T E N C I A Nº 289

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

D. RAMON GOMIS MASQUÉ

MAGISTRADOS

Dª PILAR GALINDO MORELL

D. DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA

En la ciudad de Barcelona, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA),constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 844/2011, interpuesto por D. Ángel Jesús , representado por la Procuradora Dña. BEATRIZ AMORAGA CALVO, contra el TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, representado por el Sr. ABOGADO DEL ESTADO.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAMON GOMIS MASQUÉ, quien expresa el parecer de la SALA.

Antecedentes

PRIMERO:Por la indicada representación procesal de D. Ángel Jesús , se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), de fecha 17 de diciembre de 2010, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa núm. NUM000 , deducida por el aquí recurrente contra la resolución la Dependencia de Recaudación de Barcelona de la de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 22 de septiembre de 2009, por la que se desestima el recurso de reposición núm. 268/09, interpuesto a su vez por D. Ángel Jesús contra la providencia de apremio, de fecha 16 de julio de 2009 y referencia NUM001 , de un importe de 4.378,67 € .

SEGUNDO:Acordada la incoación de los autos de procedimiento ordinario núms. 844/2011, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron, la parte actora, el dictado de una sentencia estimatoria que declare la nulidad de la providencia de apremio confirmada por la resolución del TEARC impugnada y ordene la retroacción de actuaciones al trámite de notificación de la resolución del acuerdo de aplazamiento de 19 de enero de 2009, con devolución de los ingresos indebidamente efectuados y de las garantías constituidas y sus gastos, en su caso, y la demandada, la desestimación del recurso.

TERCERO:Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO:En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO:En la demanda articulada en la presente litis, la parte actora manifiesta, en resumen, que en fecha de 3 de noviembre de 2008 le fue notificada la liquidación número NUM001 , por el concepto de IVA e importe de 3.588,33 €, solicitando en fecha 22 de diciembre del mismo año, en periodo voluntario, un aplazamiento por el plazo máximo de tres meses, y que en fecha de 30 de julio de 2009 le fue notificada la providencia de apremio de 16 de julio de 2009, liquidando el recargo de apremio correspondiente al periodo ejecutivo, por importe, en junto, de 4.378,67 €, con base en que el 28 de mayo de 2008 le fue notificada la obligación de pagar la deuda y que el 20 de marzo de 2009 había finalizado el plazo de pago, sin que hubiera sido satisfecha. Predica la parte actora la nulidad de la providencia de apremio por falta de notificación en forma del acuerdo de aplazamiento, puesto que solicitado el aplazamiento en periodo voluntario, con el efecto previsto en el artículo 65 de la Ley 58/2003 (La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo), la Administración no notificó en forma el acuerdo que se estimaba la solicitud, puesto que en el primer intento de notificación personal el agente notificador no tuvo una diligencia distinta de la de consignar la ausencia (y no otras circunstancias como la existencia o no de otra persona en la finca o de vecinos) y en el segundo intento se omitió dejar el correspondiente aviso de llegada en el buzón domiciliario. Añade que aún en el supuesto de considerarse válida la notificación edictal de dicho acuerdo, igualmente la providencia de apremio resultaría improcedente, pues el plazo para comparecer a la citación publicada en el B.O.E. de 12 de mayo de 2009 concluía el 28 de mayo de 2009, mientras que la providencia de apremio se funda en que el día 20 de marzo de 2009 finalizó el plazo legal para el ingreso involuntario (sic) y, además, se impondría al interesado una condición de imposible cumplimiento, la de efectuar un ingreso con una antelación de dos meses y nueve días anterior a la notificación del aplazamiento.

SEGUNDO:Impugnándose en este procedimiento la desestimación de una reclamación interpuesta contra la resolución que confirma en reposición una providencia de apremio, conviene recordar, de inicio, que ya el artículo 138, apartado 1, de la Ley General Tributaria , según redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, disponía lo siguiente:

«1.- Contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Pago o extinción de la deuda.

b) Prescripción.

c) Aplazamiento.

d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma.

2.- La falta de notificación de la providencia de apremio será motivo de impugnación de los actos que se produzcan en el curso del procedimiento de apremio».

En similares términos se pronunciaba el art. 99.1 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuyo tenor es el siguiente:

«1. Cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos:

a) Prescripción.

b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación.

c) Pago o aplazamiento en período voluntario.

d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.

Se entiende por defecto formal la omisión o error en los datos del título que impidan la identificación del deudor o de la deuda apremiada, la falta o error sustancial de la liquidación del recargo de apremio y la falta de indicación de haber finalizado el período voluntario».

Sustancialmente la misma regulación se ha mantenido en la vigente Ley 58/2003, General Tributaria (en adelante, LGT), de aplicación al presente caso, que en el apartado 3 del artículo 167 dispone:

«3.Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada».

Como expresara la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1995 , «la limitación impuesta en el artículo 137 LGT no responde a motivos formales, sino a la necesidad funcional inherente a todo procedimiento de ejecución de depurar el mismo de todo debate respecto de la legalidad del crédito en cuya virtud se actúa, reduciéndolo a las cuestiones relativas a la procedencia del mismo procedimiento y a la congruencia de los actos dictados en su desarrollo».

Como viene reiterando esta Sala, es constante y clara la doctrina jurisprudencial acerca de la impugnación de la procedencia misma de la vía de apremio y de los consiguientes actos ejecutivos del procedimiento de apremio, en la que rige, inexorablemente, el principio preclusivo en cuanto a las impugnaciones posibles. La notificación en legal forma de los actos precedentes y la consiguiente firmeza en caso de no impugnación, excluye, en cuanto que precluye la correspondiente posibilidad, la impugnación de los actos posteriores por motivos correspondientes a los anteriores. De la misma forma que, notificada en forma la liquidación tributaria y consentida la misma, precluye la posibilidad de impugnarla con motivo de la apertura del procedimiento de apremio, la sucesiva notificación de los actos ejecutivos (embargo, subasta, etc.) no puede, en ningún caso, reabrir los plazos impugnatorios de actos o actuaciones anteriores, ya sean liquidaciones tributarias o cualquier otro acto administrativo en virtud del cual hubiere de satisfacerse cantidad líquida, respecto de cuya ejecución se seguirá, conforme dispone el artículo 97.1 de la Ley 30/1992 , de Procedimiento Administrativo Común, el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

En suma, únicamente resultan oponibles al apremio los motivos referentes al cumplimiento de las garantías inherentes al propio proceso de ejecución, que se traducen en los motivos tasados de oposición legalmente determinados.

TERCERO:En el presente caso, la parte recurrente opone al apremio la solicitud de aplazamiento en período voluntario, alegación que resulta admisible al preverse la letra b) del apartado 3 del artículo 167 de la Ley 58/2003 , no siendo de aplicación al caso el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación (RGR ) que se invoca en la demanda, pues si se refiere al Reglamento aprobado por el Real Decreto 1684/1990, no lo es por razones temporales, y si se refiere al aprobado por el Real Decreto 939/2005, por versar sobre la formación de lotes y orden para la enajenación de bienes embargados, cuestión ajena a la presente litis.

Pues bien, conforme al artículo 161.1.a) de la Ley 58/2003 , en el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria el período ejecutivo se inicia el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el art. 62 de esta ley .

El apartado 2 del artículo 62 LGT , al que se remite el anterior precepto, establece que «En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente».

En el presente caso, la propia recurrente manifiesta en el hecho primero de la demanda que la liquidación administrativa número NUM001 le fue notificada de 3 de noviembre de 2008, por lo que al haberse notificado entre los días uno y quince, el pago en período voluntario debía hacerse hasta el día 20 del mes posterior, el 20 de diciembre de 2008, día que era hábil.

Por tanto, la solicitud de aplazamiento presentada en fecha de 22 de diciembre de 2008 no se formuló en periodo voluntario, sino el primer día del periodo ejecutivo.

En consecuencia, no es de aplicación el primer párrafo del apartado 5 del artículo 65 de la Ley 58/2003 , que prevé que la presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, sino el siguiente párrafo del mismo apartado, del siguiente tenor: «Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento», por lo que fluye sin dificultad que ha de decaer el principal motivo de impugnación.

CUARTO:No obstante lo anterior, el recurso deberá prosperar en parte, dado que la providencia de apremio que origina la presente litis comprende no solo la deuda notificada el 3 de noviembre de 2008 (3.588,33 €), sino los intereses de demora a que se refiere el artículo 53 del RGR , y -tal y como alega el recurrente- no consta que la resolución de la solicitud de aplazamiento, que liquidaba tales intereses (60,56 €), le fuera notificada en forma.

La doctrina jurisprudencial viene sosteniendo que las exigencias del principio de eficacia de la actuación administrativa - art. 103.1 de la Constitución - no puede implicar mengua de garantías del administrado. La notificación consiste en una comunicación formal del acto administrativo de la que depende la eficacia de aquél, y constituye una garantía tanto para el administrado como para la propia Administración, como señala la sentencia del TS de 7 de marzo de 1997 , en la que se añade que no es, por tanto, un requisito de validez, sino de eficacia del acto y sólo desde que ella se produce comienza el cómputo de los plazos de que se trate, de modo que las notificaciones defectuosas no surten, en principio, efectos legales.

Como mecanismo de garantía, la notificación está sometida a determinados requisitos formales. Dada la fecha en que se inicia el procedimiento sancionador, en este caso resulta aplicable la Ley 58/2003, General Tributaria. En materia tributaria, de conformidad con el artículo 109 de la Ley 58/2003 , General Tributaria, el régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en la sección 3ª del capítulo II del título III de la propia LGT, que hacen referencia al lugar de práctica de las notificaciones, a las personas legitimadas para recibirlas y a la notificación por comparecencia.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en la línea de atenuar los requisitos formales en la práctica de la notificación de las actuaciones administrativas, establece en su art. 59.1 que las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y contenido del acto notificado, exigiendo que la acreditación de la notificación efectuada se incorpore al expediente.

El siguiente apartado 2 prescribe que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. El apartado 5 del mismo artículo, establece que cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó, o mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente, en el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero.

La notificación a través de edictos es un medio legalmente admisible, si bien su utilización exige ciertas cautelas, dado que la realidad social enseña que difícilmente el conocimiento formal que deriva de la publicación del acto se traduce en un conocimiento material, de ahí su cualidad de último remedio de comunicación. No obstante, tampoco el principio de eficacia que justifica la notificación edictal debe sacrificarse cuando la falta de notificación personal responde a la propia conducta del interesado.

Por su parte, el artículo 110 LGT dispone, en lo que aquí interesa, que en los procedimientos iniciados de oficio, como es el caso que nos ocupa, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin, previendo el siguiente artículo 111 que cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.

A su vez, los apartados 1 y 2 del artículo 112 LGT/2003 , en la redacción aplicable al caso, disponen:

«Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el ''Boletín Oficial del Estado'' o en los Boletines de las Comunidades Autónomas o de las provincias, según la Administración de la que proceda el acto que se pretende notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte. La publicación en el Boletín Oficial correspondiente se efectuará los días cinco y veinte de cada mes o, en su caso, el inmediato hábil posterior.

Cada Administración tributaria podrá convenir con el boletín oficial correspondiente a su ámbito territorial de competencias que todos los anuncios a los que se refiere el párrafo anterior, con independencia de cuál sea el ámbito territorial de los órganos de esa Administración que los dicten, se publiquen exclusivamente en dicho boletín oficial. El convenio, que será de aplicación a las citaciones que deban anunciarse a partir de su publicación oficial, podrá contener previsiones sobre recursos, medios adecuados para la práctica de los anuncios y fechas de publicación de los mismos.

Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

La Administración tributaria podrá llevar a cabo los anteriores anuncios mediante el empleo y utilización de medios informáticos, electrónicos y telemáticos en los términos que establezca la normativa tributaria.

2. En la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el correspondiente boletín oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado».

Por su parte, el Real Decreto 1829/1999, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, regula en el art. 41 las disposiciones generales sobre la entrega de notificaciones, estableciendo en el apartado 3 del artículo 42 que «Una vez realizados los dos intentos sin éxito, el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal deberá depositar en lista las notificaciones durante el plazo máximo de un mes, a cuyo fin se procederá a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, debiendo constar en el mismo, además de la dependencia y plazo de permanencia en lista de la notificación, las circunstancias expresadas relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso tendrá carácter ordinario».

Corresponde a la Administración la carga de probar la realidad y legalidad de la notificación y, por tanto, es ella también la que ha de sufrir las consecuencias desfavorables de la falta de prueba sobre la efectiva recepción por el destinatario del acto notificado ( SS TS de 28 de julio de 1999 , 22 de diciembre de 2000 y 16 de enero de 2003 , entre otras).

En el presente caso, examinado el acuse de recibo obrante en el expediente administrativo se observa que en la parte relativa en al segundo intento de entrega, aparece marcada con una cruz la casilla correspondiente a 'Ausente Reparto', pero está en blanco la casilla correspondiente a 'Se dejó aviso de llegada en el buzón'. Aunque los dos intentos de entrega se realizaron en horas distintas (a las 13 h. y a las 12 h), ambos se realizan en la franja de mañana, en horario normalmente laboral, por lo que en tales circunstancias y conforme a la realidad social, la formalidad de dejar al destinatario el aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario se muestra como un elemento esencial para posibilitar la entrega personal acudiendo el destinatario o autorizado a recoger el envío en lista a las dependencias postales.

La falta de constancia en el expediente de ese aviso de llegada ha de conducir a entender que la notificación producida por la incomparecencia a la citación por anuncios en el BOE no es válida, al no haberse realizado en forma los intentos de notificación personal habilitantes a éste último.

En consecuencia, como ya se hemos anunciado, el apremio de la liquidación de intereses de demora sobre la deuda aplazada es improcedente, por falta de previa notificación de esta liquidación de intereses; falta de notificación que no puede predicarse de la deuda aplazada, que fue notificada el 3 de noviembre de 2008, y que al dictarse el apremio controvertido debía haber ya ingresado meses antes el obligado tributario, por cuanto el artículo 51.2 del Reglamento General de Recaudación , aprobado por el R.D. 939/2005, prescribe que «Durante la tramitación de la solicitud el deudor deberá efectuar el pago del plazo, fracción o fracciones propuestos en aquella».

Al hilo de lo anterior, fluye sin dificultad, que no puede prosperar la alegación de que el acuerdo estimatorio de la solicitud de aplazamiento sin garantía establecía una condición de imposible cumplimiento, por cuanto -al margen de que dicho acto no es objeto del presente recurso y de que en el momento en que se dicta el acto administrativo ninguna antelación de pago se exigía-, en cualquier caso, el obligado debía haber ya hecho el ingreso de la deuda, incluso siendo inválida la notificación edictal del acuerdo de aplazamiento, de conformidad con el art. 51.2 antes trascrito.

QUINTO:En atención a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la estimación parcial del presente recurso contencioso-administrativo, por no encontrarse ajustada a derecho la resolución impugnada, en los limitados términos expuestos, esto es, al confirmar el apremio de la liquidación de intereses de demora contenida en el acuerdo de aplazamiento; sin que se aprecien méritos suficientes para una especial condena en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de la misma Ley 29/1998 .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimamos en parte el presente recurso contencioso-administrativo número 844/2011, promovido por D. Ángel Jesús contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, de 17 de diciembre de 2010, de la reclamación económico-administrativa núm. NUM000 , que anulamos, por no ser conforme a derecho, anulando en parte la providencia de apremio que esta resolución confirma únicamente en cuanto al apremio de los intereses de demora liquidados por el acuerdo de aplazamiento y el recargo ejecutivo correspondiente a éstos, reconociendo el derecho del recurrente a la devolución de los ingresos indebidos en su caso efectuados en tal concepto; sin especial imposición de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, y luego que gane firmeza líbrese certificación de la misma y remítase juntamente con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar aquella a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.