Sentencia Administrativo Nº 30289/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 340/2007 de 25 de Septiembre de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 30289/2007

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

PLAN DE ACTUACION DE LA SALA APOYO SECCION SEGUNDA

RECURSO DE APELACION NUM. 340/07

SENTENCIA NUM.30.289

ILTMO. SR. PRESIDENTE:

JUAN FCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

ELVIRA ADORACION RODRIGUEZ MARTI

MIGUEL ANGEL GARCIA ALONSO

FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS

JESUS TORRES MARTINEZ

En la Villa de Madrid, a veinticinco de septiembre de dos mil siete.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso apelación núm. 340/07, interpuesto por Doña Ana Prieto Lara-Barahona, en nombre y representación de Don Luis Alberto contra el AUTO de fecha 27 septiembre de 2006 por el que se acuerda no ha lugar a la medida cautelar que solicita de suspensión de la efectividad de la resolución administrativa recurrida.

Siendo parte el Ayuntamiento de MADRID, representado por el Letrado de sus servicios jurídicos

Antecedentes

PRIMERO.- El día 27 de septiembre de 2006 se dictó AUTO por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de MADRID, recaída en el procedimiento ordinario 104/06-C, por el que se acuerda no ha lugar a la medida cautelar que solicita de suspensión del acto administrativo impugnado. .. El acto que se recurre en el procedimiento principal consiste en el Decreto de 3 de abril de 2006 del Concejal Presidente de la Junta Municipal de Distrito de Barajas por la que acuerda denegar la solicitud de licencia con relación al inmueble sito en la calle Trópico nº 30 para la obra de rehabilitación de acondicionamiento puntual y la licencia de actividad de TALLER DE CERRAJERIA METALICA"

SEGUNDO. Por escrito fecha 31 de octubre de 2006 la representación de Don Luis Alberto interpuso recurso de apelación contra el citado AUTO formulando los motivos de impugnación. Termina solicitando que se dictara sentencia por la que revocara dicho auto y se acuerde la medida cautelar solicitada.

TERCERO. Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo a la representación del Ayuntamiento de Madrid, que evacuo por escrito de fecha 5 de diciembre de 2006, oponiéndose al mismo y solicitando su desestimación.

CUARTO. En este Tribunal se recibió las correspondientes actuaciones que aparecen con el núm. 340/07.

Siendo designado Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JESUS TORRES MARTINEZ, señalándose el día 25 de septiembre de 2007 para la deliberación, votación y Fallo del recurso de apelación, en que tuvo lugar.

QUINTO. En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los arts. 80.3 y 85 de la Ley Jurisdiccional 29/98 .

Fundamentos

PRIMERO. Se impugna en esta apelación el AUTO de fecha 27 de septiembre de 2006 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 15 de los de Madrid , recaída en el procedimiento ordinario 104/06-C, siendo su fallo del siguiente tenor literal: "No ha lugar a acordar la suspensión de la efectividad de la resolución administrativa recurrida"..

La apelación se basa, en síntesis en las siguientes alegaciones: 1) La no suspensión del acto administrativo impugnado podría conllevar acciones de fuerza de la Junta Municipal del Distrito de Barajas contra la actividad perdiéndose la finalidad legítima del recurso. 2) fumus boni iuris. 3) Inexistencia de perturbación de intereses generales o de tercero.

La representación procesal del Ayuntamiento de Madrid se opone al recurso de apelación, interesando la desestimación, reiterando los propios fundamentos que se recogen en la sentencia impugnada.

SEGUNDO.- El principio de eficacia de la actuación administrativa al que alude el artículo 103.1° de la Constitución, unido al principio de presunción de legalidad de los actos administrativos al que se refiere, por su parte, el artículo 57.1° de la Ley 30/1.992, de 26 Nov., de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, da lugar a la regla general de la ejecutividad de los mismos (artículo 56 de la Ley 30/1.992, de 26 Nov .), efecto que se mantiene, en principio, aunque se formule cualquier recurso se desprende del artículo 111.1° de la citada Ley .

TERCERO.- Por otra parte, el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución, reclama que el control Jurisdiccional previsto en el artículo 106.1° de la Constitución haya de proyectarse sobre la ejecutividad del acto administrativo. La armonización de ambas exigencias da lugar a que la regla general de la ejecutividad haya de ser controlada en cada caso concreto, contemplando por un lado, en que mediada el interés público demanda ya una inmediata ejecución y, por otro, qué tipo de perjuicios podrían derivar de aquélla.

CUARTO.- El artículo 130 de la Ley 29/1.998, de 10 Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa preceptúa que, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, podrá acordarse la suspensión del acto o disposición objeto de un recurso cuando la ejecución de aquél o la aplicación de ésta pudieran hacer perder su finalidad legítima al mismo, añadiendo, el propio precepto, que la media cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de terceros. En definitiva, interés público e interés de tercero, por una parte y perjuicios individuales unidos a una finalidad legítima del recurso, por otra, son los conceptos que armonizados, deben de determinar la procedencia o improcedencia de una eventual suspensión teniendo en cuanta, como parámetro de referencia, que los conceptos aludidos han de valorarse, en cada caso en muy directa relación con el interés público presente en «la actuación administrativa que tal modo que, cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues, bastará perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión, por el contrario, cuando aquella exigencia sea de gran intensidad, solo perjuicios de muy elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución, en su caso» (Auto del Tribunal Supremo de 21 Abr. 1994 ).

QUINTO.- La adopción de la medida de suspensión implicaría el otorgamiento de una estimación anticipada aunque no definitiva, encontrándonos ante un acto de contenido negativo no susceptible de suspensión. El acto de contenido negativo por su propia naturaleza no es susceptible de suspensión, según reiterada jurisprudencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo (Autos de 3 junio y 16 julio 1991 [RJ 19914604 y RJ 19915846] de 24 enero 1994 [RJ 1994230] 2 y 16 marzo 1995 [RJ 19951859 y RJ 1995 1971] y 15 y 18 octubre 1996 [RJ 19967074 y RJ 19967737]), puesto que, dado su contenido negativo, la referida suspensión implicaría la concesión, siquiera sea con carácter temporal, mientras dure la sustanciación del proceso, de la licencia, permiso o autorización denegada por el órgano administrativo, lo que supondría una sustitución inadmisible de éste en el ejercicio de sus funciones por parte del Tribunal.

SEXTO.- Procede imponer las costas al apelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2° de la Ley 29/1.998, de 13 Jul., Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey, por la autoridad que nos confiere la Constitución .

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación número 340/2.007, interpuesto por Doña Ana Prieto Lara-Barahona, en nombre y representación de Don Luis Alberto contra el AUTO de fecha 27 septiembre de 2006 por el que se acuerda no ha lugar a la medida cautelar que solicita de suspensión de la efectividad de la resolución administrativa recurrida; y todo ello con expresa condena en costas al apelante.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Y firme que sea el presente auto, únase certificación al Rollo y con otra de la misma y la oportuna comunicación devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Contencioso-- administrativo de su procedencia para su debida ejecución y cumplimiento.

Contra la anterior Sentencia no cabe interponer Recurso ordinario alguno.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia, por el Ilmos. Sr. Magistrado Ponente del Plan de Actuación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en apoyo a la Sección Segunda. Hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que doy fe.