Sentencia Administrativo Nº 32/2015, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 610/2014 de 17 de Junio de 2015

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN CUARTA

Núm. de Recurso:0000610 /2014

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:06671/2014

Demandante:D. Amador

Demandado:MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

Abogado Del Estado

Ponente IImo. Sr.:D. MANUEL FERNÁNDEZ LOMANA GARCÍA

S E N T E N C I A Nº:

IIma. Sra. Presidente:

Dª. MARÍA ASUNCIÓN SALVO TAMBO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. MANUEL FERNÁNDEZ LOMANA GARCÍA

D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS

D. IGNACIO DE LA CUEVA ALEU

Dª. ANA MARTÍN VALERO

Madrid, a diecisiete de junio de dos mil quince.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se ha tramitado el recurso nº 610/2014seguido a instancia de D. Amador que comparece representada por el Procurador Dª. Carolina Beatriz Yustos Capilla y dirigido por Letrado D. Alfonso Landívar Gallego, contra la Resolución de 3 de octubre de 2014 del Subdirector General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (PD Sra. Ministra), siendo demandada la Administración del Estado, representada y defendida el Sr. Abogado del Estado. La cuantía es indeterminada.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 19 de diciembre de 2014 tuvo entrada recurso contencioso-administrativo formulado contra la Resolución de 3 de octubre de 2014 del Subdirector General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (PD Sra. Ministra), por la que se acordaba la revisión de oficio y se declaraba la nulidad de pleno derecho de la Resolución de 22 de mayo de 2012 de la Subdelegación del Gobierno de Barcelona por la que se concedió la residencia de larga duración al demandante.

SEGUNDO.-Recibido el expediente se formalizó demanda el 23 de marzo de 2015 solicitando la anulación de la resolución recurrida y confirmando la autorización de residencia. Por su parte, la Abogacía del Estado, el 6 de mayo de 2015, presentó escrito de contestación oponiéndose a la estimación de la demanda.

TERCERO.-Señalándose para votación y fallo el 10 de junio de 2015.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D, MANUEL FERNÁNDEZ LOMANA GARCÍA, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.-Son hechos relevantes:

D. Amador solicitó la autorización de residente permanente el 15 de junio de 2009, la cual le fue denegada por Resolución de 12 de agosto de 2009, publicada en el BOE el 22 de septiembre de 2009.

El 15 de febrero de 2010 se presentó una nueva solicitud de autorización de residencia permanente. Solicitados antecedentes penales, resultó que el solicitante había sido condenado por sentencia de 10 de marzo de 2008 -firme el mismo día- por un delito de conducción bajo influencias de bebidas alcohólicas/drogas, hecho ocurrido el 9 de marzo de 2008, a la pena de 12 meses de privación del derecho a conducir vehículos de motor -situación cumplida el 9 de marzo de 2009-, 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad -cumplida el 17 de enero de 2010-, y 6 €/día durante 6 meses (días multa) situación cumplida el 2 de abril de 2009-.

Por el mismo -cometido el 11 de julio de 2009- delito fue condenado el 2 de febrero de 2010 -firme el 2 de febrero de 2010- a 4 €/día durante 9 meses, 62 días de trabajos en beneficio de la comunidad y 2 años de privación del derecho a conducir vehículos de motor.

Por Resolución de 15 de septiembre de 2010 se inadmitió la solicitud de 15 de febrero al estimarse que el solicitante se encontraba en España en situación irregular. Recurrida la decisión en alzada el recurso fue desestimado por Resolución de 18 de febrero de 2011.

Iniciada la vía contencioso-administrativa (con anterioridad a la resolución de inadmisión y de la alzada) ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 de Barcelona, la Administración dictó resolución el 22 de mayo de 2012 concediendo la autorización de residencia de larga duración, al operar el silencio positivo, pues la Resolución de 15 de septiembre de 2010 se había dictado con superación del plazo de 3 meses establecido en la Ley. Por Auto de 24 de mayo de 2012, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo puso fin al recurso por satisfacción extraprocesal.

En abril de 2013 la Administración inició proceso de revisión de oficio y tras los dictámenes de la Abogacía del Estado y Consejo de Estado, informando favorablemente a la revisión de oficio. Al haberse superado el plazo máximo para la revisión de oficio, la Administración declaró la caducidad del expediente a inició uno nuevo -14 de agosto de 2014-, concediéndose al interesado trámite de audiencia. Dictándose Resolución el 3 de octubre de 2014 revisando de oficio y declarando nula de pleno Derecho la resolución de 22 de mayo de 2012 de la Subdelegación del Gobierno de Barcelona por la que se concedió la autorización de residencia de larga duración a D. Amador .

En dicha Resolución, que ahora se recurre, se razona que el recurrente está incurso en causa de inadmisión del art. 62.1.f) de la LJCA . En concreto se razona que conforme a la Disposición Adicional Cuarta, apartado 1.g), de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la autoridad competente inadmitirá a trámite las solicitudes cuando 'se refieran a extranjeros que se encontrasen en España en situación irregular, salvo que pueda encontrarse en uno de los supuestos del art. 31, apartado 3' -mujer extranjera que haya sido objeto de violencia de género-. Se razona, asimismo, que por Resolución de 12 de agosto de 2009 se había denegado al recurrente la solicitud de autorización de residencia de larga duración por contar con antecedentes penales, por lo que se encontraba en España en situación irregular cuando solicitó el 15 de febrero de 2012, de nuevo, la solicitud de residencia de larga duración. Dicho de otro modo, cuando solicitó el 15 de febrero de 2012 la residencia de larga duración, el recurrente se encontraba en 'situación irregular'.

SEGUNDO.-El art. 62.1.f) establece que son nulos de pleno derechos los actos '....presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuento carezcan de los requisitos esenciales para su adquisición'.

Interpretando la norma, la STS de 5 de diciembre de 2014 (Rec. 3738/2012 )afirma que la Administración 'para revisar y dejar sin efecto un acto presunto o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecido por el artículo 102, o instar la declaración de lesividad'. Siendo lícito, por lo tanto, que la Administración declare la nulidad de oficio por la vía del art. 102 de la Ley 30/1992 , cuando el acto presunto por el que se adquieren facultades o derechos, no reúna los requisitos esenciales para su adquisición.

En el caso de autos consta que al solicitante le había sido denegada la renovación de la autorización de residencia en agosto de 2009 por contar con antecedentes penales -acto que no consta fuese impugnado, ni que se hubiese notificado de forma irregular-. Lo que implicaba que su situación era irregular. Y, por lo tanto, conforme a la Disposición Adicional Cuarta de la de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, apartado 1.g), procedía inadmitir a trámite su solicitud, tal y como se hizo en la resolución de 15 de septiembre de 2010, la cual tuvo que ser revocada al haberse superado el plazo para dictar resolución y operar el silencio positivo. No reuniéndose los requisitos esenciales para acceder a la solicitud presentada, procede declarar la nulidad del 'acto presunto' al ser contrario al ordenamiento jurídico.

Procede imponer las costas al recurrente - art 139 LJCA -

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente

Fallo

Desestimarel recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Dª. Carolina Beatriz Yustos Capilla, en nombre y representación de D. Amador contra la Resolución de 3 de octubre de 2014 del Subdirector General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (PD Sra. Ministra), por la que se acordaba la revisión de oficio y se declaraba la nulidad de pleno derecho de la Resolución de 22 de mayo de 2012 de la Subdelegación del Gobierno de Barcelona por la que se concedió la residencia de larga duración al demandante, al ser la misma ajustada a Derecho. Con imposición de costas al recurrente.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez firme remítase testimonio de la misma junto con el expediente administrativo al lugar de procedencia de éste.

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, con las demás prevenciones del artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que contra la misma cabe recurso de casación para ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de su fecha, fue leída y publicada la anterior Sentencia por El/La Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente, hallándose constituida en Audiencia Pública, de lo que yo, el Secretario, doy fe.