Sentencia Administrativo ...zo de 2008

Última revisión
26/03/2008

Sentencia Administrativo Nº 320/2008, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 986/2007 de 26 de Marzo de 2008

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Orden: Administrativo

Fecha: 26 de Marzo de 2008

Tribunal: TSJ Madrid

Ponente: ESTEVEZ PENDAS, RAFAEL MARIA

Nº de sentencia: 320/2008

Núm. Cendoj: 28079330032008100308


Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.3

MADRID

SENTENCIA: 10320/2008

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCÍÓN TERCERA

Recurso de apelación número 986/2007

Ponente: Don Rafael Estévez Pendás

Apelante: Don Franco

Letrado: Doña María Cruz Hernández Jiménez

Apelado: Delegación del Gobierno en Madrid

Letrado: Sr. Abogado del Estado

SENTENCIA nº 320

Ilmo. Sr. Presidente:

Don Gustavo Lescure Ceñal

Ilmos. Sres. Magistrados:

Doña Fátima Arana Azpitarte

Don Rafael Estévez Pendás

En la ciudad de Madrid, a 26 de marzo del año 2008, visto por la Sala el Recurso de apelación arriba referido,

interpuesto por Don Franco , defendido por la Letrado Doña María Cruz Hernández Jiménez, contra el Auto de fecha 9 de mayo del año 2007, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid en la Pieza separada de medidas cautelares del Procedimiento Abreviado número 217/2007. Comparece como parte apelada la Administración General del Estado, defendida por el Abogado del Estado, en la representación que por Ley le corresponde. Es ponente de esta Sentencia el Ilmo. Sr. Don Rafael Estévez Pendás, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.- Por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid se dictó Auto de fecha 9 de mayo del año 2007 , en la Pieza separada de medidas cautelares del Procedimiento Abreviado número 217/2007, promovido por el ciudadano extranjero Don Franco contra la Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid de fecha 12 de diciembre del año 2006, por la que se acordaba su expulsión del territorio nacional, siendo la parte dispositiva del Auto que no había lugar a la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo objeto del Recurso, sin hacer declaración sobre las costas de este incidente.

Segundo.- Notificado el Auto anterior a las partes, por Don Franco se interpuso contra aquel Recurso de apelación en el que, tras exponer las razones en las que lo fundaba, terminaba suplicando que se revocase por el Auto apelado, concediendo la medida cautelar interesada en su día.

Tercero.- El Abogado del Estado impugnó el Recurso de apelación anterior por medio de escrito de fecha 18 de julio del año 2007, en el que concluía interesando su íntegra desestimación.

Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Sala y Sección, y al no interesar las partes el recibimiento a prueba de la apelación, ni la celebración de vista o el despacho del trámite de conclusiones, quedaron los autos para deliberación, votación y fallo, que tuvo lugar el día 26 de marzo del año 2008.

Fundamentos

Primero.- El apelante sostiene que la justicia cautelar forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que las medidas cautelares deben acordarse cuando la ejecución del acto ocasiones daños de imposible o difícil reparación, y que en el presente caso si no se suspende la expulsión, se le causa un perjuicio irreparable.

Segundo.- Es bien sabido que el Tribunal Supremo tiene dicho de forma reiterada que la finalidad legítima del Recurso, en los supuestos de expulsión del territorio nacional, no se pierde por el mero hecho de que una persona sea expulsada de dicho territorio en ejecución del acto impugnado, salvo que por el interesado se acrediten circunstancias como tener pendiente un procedimiento de regularización, o supuestos de arraigo familiar o económico, que si no están mínimamente acreditados, determinarían automáticamente que la simple solicitud o interposición del recurso acarrearía automáticamente la suspensión, lo que no es el propósito del legislador ( Sentencia de la Sección 6ª de la Sala 3ª de 14 de marzo del 2002 , dictada en el Recurso nº 4772/1999 ), y añade que no hay pérdida de la finalidad legítima puesto que si se estima el recurso en el fondo, puede el interesado regresar al territorio nacional, e incluso reclamar a la Administración los perjuicios que hubieran podido ocasionarse., y esta es la postura que adopta el Auto apelado al afirmar que el recurrente no acredita por ningún medio el arraigo en España que dice tener.

Respecto a la irreparabilidad de los daños que ocasionaría la ejecución de la expulsión, la Sentencia del Tribunal Supremo mencionada y otras del mismo Tribunal estiman que no hay irreparabilidad si no se acredita un arraigo suficiente, y ese arraigo no está acreditado ni directa ni indiciariamente por el apelante, que se limita a hablar de perjuicio irreparable, pero que ni siquiera se toma la molestia de explicar a esta Sala como y porqué se produce ese perjuicio, de forma que como el Auto apelado concluyó que no tenía arraigo en este país, y no se acreditan los daños y perjuicios que frustren la finalidad del Recurso, y estas conclusiones no se han desacreditado por el apelante, procede sin más la desestimación de la apelación.

Tercero.- Conforme al artículo 139.2 de la LRJCA , no se aprecian razones para una especia imposición de las costas procesales derivadas de esta apelación.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimamos en su integridad el Recurso de apelación interpuesto por Don Franco contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid de fecha 9 de mayo del año 2007 , dictado en la Pieza separada de medidas cautelares del Procedimiento Abreviado número 217/2007, reseñado en el Antecedente de Hecho primero, sin hacer una especial declaración sobre las costas procesales derivadas de esta apelación.

Llévese esta Sentencia al libro de su clase y expídase testimonio de ella que se enviará, junto con los autos principales, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de origen.

Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará en legal forma a las partes, haciéndoles saber que es firme y que contra ella no cabe Recurso ordinario alguno, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Gustavo Lescure Ceñal. Fátima Arana Azpitarte. Rafael Estévez Pendás.

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente en el día de la fecha, mientras se celebraba audiencia pública en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de lo que doy fe.

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