Sentencia Administrativo Nº 33/2016, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Barcelona, Sección 9, Rec 143/2015 de 16 de Febrero de 2016

Encabezamiento

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 9

DE BARCELONA

Procedimiento abreviado nº 143/2015

Parte actora: Mercedes

letrados:Paula Andrea Narbona Vallespin José Mata Garrido

Parte demandada: AJUNTAMENT DE TERRASSA

procuradora: CARMEN RIBAS BUYO

SENTENCIA 33/2016

En Barcelona, a 16 de febrero de 2016.

Doña Rocío Colorado Soriano, Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de Barcelona y su Provincia, ha visto los presentes autos de recurso contencioso administrativo referenciados, en los que tiene la condición de recurrente, Doña Mercedes representado y asistido del letrado Don José Mata Garrido, teniendo la condición de demandado el Ayuntamiento de Terrassa, representado por el Procurador de los Tribunales Doña Carmen Ribas Buyó y defendido por el letrado consistorial, y en el ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución y las Leyes de España, y en nombre de S.M. El Rey, ha dictado la siguiente resolución que se basa en los siguientes,

Antecedentes

PRIMERO.-Por la actora, a través de la representación que dejaron acreditada en autos, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de 16 de febrero de 2016 dictada por el Ayuntamiento de Terrassa, que deniega la indemnización solicitada por la actora por las lesiones sufridas como consecuencia de la caída en la calle debido al mal mantenimiento del estado del pavimento público.

SEGUNDO.-Reclamado el expediente administrativo y puesto a disposición del actor y demás partes, se celebró la sesión de juicio, llevándose a cabo por los trámites prevenidos en el art. 78 de la Ley Jurisdiccional , quedando los autos conclusos y mandándose traer a la vista para sentencia.

TERCERO.-En el presente procedimiento se han respetado los trámites legales.

Fundamentos

PRIMERO.- resolución objeto del procedimiento y pretensiones de las partes.-El 17 de septiembre de 2013, la Sra. Mercedes sufrió una caída en la calle Casp, del término municipal de Terrassa, cuando al cruzar la calle, tropezó como consecuencia del levantamiento de la calzada, creando un desnivel y como consecuencia de grietas en el suelo.

Como consecuencia de la caída, la recurente sufrió lesiones de diversa consideración. En concreto, sufrió un esguince. Tardó en cuarar dicha lesión 21 días impeditivos y 16 días no impeditivos.

El 18 de septiembre de 2013, la actora presentó reclamación ante el Ayuntamiento de Terrassa que fue desestimado por resolución de 16 de febrero de 2016, que es objeto del presente procedimiento.

La actora considera que, la causa de la caída fue el mal estado de la calzada y el pavimento, así com la estrechez de la calle. Por lo que solicita que se condene a la Administración demandada al abono de 1.724,48 euros a la actora, más los intereses que correspondan, con expresa condena en costas.

La Administración se opone a la pretensión del recurrente al considerar que la resolución es conforme a derecho.

SEGUNDO.- responsabilidad patrimonial de la Administración.-El artículo 139 de la Ley 30/1992 establece: '1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.'

No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 5 de junio de 1.998 ) que no es acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administración Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

Por ello se exigen determinados requisitos para su apreciación que a continuación se exponen:

La jurisprudencia exige, conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, la existencia de los siguientes requisitos para generar responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

A) Una lesión antijurídica sufrida por un particular en cualquiera de sus bienes o derechos, lo que comporta a su vez:

Que el daño sea antijurídico o lo que es lo mismo, que la persona que lo sufre no debe estar obligada jurídicamente a soportarlo; esto es que el daño sea antijurídico implica y significa que el riesgo inherente a la utilización del servicio público haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. La Jurisprudencia del TS en STS de 5 de junio de 1.997 y 28-1-1999 entre otras afirma que 'puede, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable.

Que el daño sea efectivo, excluyéndose los daños eventuales o simplemente posibles, esto es la realidad objetiva del daño sufrido

Que el daño sea evaluable económicamente y

Que el daño sea individualizado en relación con una persona o grupo de personas, esto es que ha de tratarse de un daño concreto residenciable directamente en el patrimonio del reclamante y que exceda a demás de lo que puedan considerarse cargas comunes de la vida social.

B) Que la lesión sea imputable a la Administración como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

C) Que exista una relación de causalidad entre la lesión sufrida por el particular y el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y no se trate de un caso de fuerza mayor ni concurran otras causas de exoneración de la responsabilidad de la Administración (culpa exclusiva de la víctima, intervención exclusiva y excluyente de tercero...).

Partiendo de las consideraciones expuestas, debemos analizar si concurren todos los presupuestos necesarios para dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada, derivada de los daños sufridos en la furgoneta del recurrente.

TERCERO.-No es controvertido que la Sra. Mercedes sufrió una caída el 17 de septiembre de 2013, a las 7:50 horas al cruzar la Caspe, al tropezar con un socavón que se había formado alrededor de la tapa de alcantarillado público que está en medio de la calzada.

La actora, junto con su hija, cruzó de acera por un lugar no habilitado al efecto. Con independencia del motivo por el cual la actora cruzara la calla, al realizarlo por la calzada debe de extrema las precauciones. Por lo que debía de haber advertido el socavón existente y haber tomado las medidas necesarias.

La actora no puede alegar que debido a que había muchos vehículos ocupando parte de la acera se vió obligada a cruzar de acera, siendo la Administración responsable de que se viese obligada a cambiar de acera por ese lugar causándole la caída. La Administración desconocía que hubiese vehículos aparcados, debiendo, en su caso, la actora poner en conocimiento de la Policía Local dicho extremo para poder adoptar las medidas oportunas.

La acera estaba en perfectas condiciones para transitar y el vial estaba en condiciones para que circularan los vehículos. Por lo que existe culpa exclusiva de la víctima al deambular por una zona no preparada para el tránsito de personas, por lo que debía de haber adoptado las precauciones necesarias para evitar la caída.

ÚLTIMO.- costas.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa procede la condena en costas a la parte que haya visto íntegramente desestimadas todas sus pretensiones, hasta el límite máximo, por todos los conceptos, de 300 euros, en atención a la cuantía y materia del procedimiento.

Fallo

En atención a lo expuesto, he decidido: DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por Doña Mercedes contra la resolución de 16 de febrero de 2016 dictada por el Ayuntamiento de Terrassa. QUE DEBO CONFIRMAR Y CONFIRMO la meritada resolución por ser conforme a derecho. CON EXPRESA CONDENA en costas a la actora hasta el límite máximo, por todos los conceptos, de 300 euros.

Notificada y ejecutoriada que sea la resolución, comuníquese a la Administración demandada para su cumplimiento, con devolución del expediente administrativo.

La presente resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a la causa, quedando el original en el libro de resoluciones definitivas de este Juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado que la suscribe, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

.