Sentencia Administrativo Nº 34/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 9, Rec 457/2006 de 18 de Enero de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9

MADRID

SENTENCIA: 00034/2007

SENTENCIA Nº 34

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION NOVENA.

Ilmos Sres.:

Presidente:

Don Ramón Veron Olarte:

Magistrados:

Dª. Angeles Huet Sande

Juan Miguel Massigoge Benegiu.

Dª. Berta Santillán Pedrosa.

José Luis Quesada Varea.

Dª. Margarita Pazos Pita

D. Juan Ignacio González Escribano

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En la Villa de Madrid a dieciocho de enero de dos mil siete.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso de apelación nº 457/2006, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Sonia de la Serna Blázquez, en nombre y representación de D. Baltasar , contra el Auto de fecha 18 de mayo de 2006, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid en la pieza separada de medidas cautelares nº 72/06, dimanante del procedimiento abreviado seguido ante dicho Juzgado con el nº 273/06. Ha sido parte la Administración demandada, representada por la Abogacía del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso de apelación, la Abogacía del Estado presentó escrito de oposición al mismo.

SEGUNDO.- Admitido el recurso por el Juzgado "a quo", con fecha 13 de octubre de 2006 tuvieron entrada las actuaciones en este Tribunal Superior de Justicia.

TERCERO.- Por providencia de 24 de octubre de 2006 se tuvo por personada a la Procuradora de los Tribunales Dª Sonia de la Serna Blázquez, en nombre y representación de D. Baltasar , y, no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, ni la celebración de vista, ni la formulación de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación y fallo el día 18 de enero de 2006, teniendo lugar así.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Margarita Pazos Pita.

Fundamentos

PRIMERO.- Se recurre en apelación el Auto de fecha 18 de mayo de 2006, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid en la pieza separada de medidas cautelares nº 72/06, dimanante del procedimiento abreviado seguido ante dicho Juzgado con el nº 273/06 , que deniega la suspensión de la ejecución de la Resolución dictada por el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid de fecha 13 de octubre de 2005, por la que se acuerda la expulsión de D. Baltasar del territorio nacional con prohibición de entrada en España por un periodo de tres años, por haber cometido la infracción prevista en el art. 53.a) de la LO 4/2000, reformada por la LO 8/2000 , sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

SEGUNDO.- La parte apelante alega, en esencia, que la ejecución del acto impugnado puede hacer perder su finalidad legítima al recurso y acarrear consecuencias graves, de difícil reparación, al recurrente, sin que la adopción de la medida vaya a ocasionar perturbación grave de los intereses generales o de tercero. Por ello entiende que concurren todas las circunstancias necesarias para la adopción de la medida, ya que -dice- de acordarse la obligación de salida del territorio nacional el recurso quedaría vacío de contenido y sin finalidad objetiva. A lo que se añade, también en síntesis, que no se puede silenciar su incorporación al mercado laboral y la existencia de medios económicos, con la consiguiente apariencia de buen derecho.

La Abogacía del Estado solicita la confirmación del Auto apelado, al estimarlo ajustado a Derecho.

TERCERO.- Las alegaciones del apelante no pueden prosperar.

Como acertadamente señala el Juez a quo, por dicho apelante no se aporta elemento o principio de prueba alguno -como es carga que le incumbe- de la existencia de arraigo familiar o económico en el territorio nacional, que sería el que podría acarrear los graves o irreparables perjuicios que la jurisprudencia ha venido exigiendo para decretar la suspensión, pues, según ha dicho reiteradamente el Tribunal Supremo, (por todas, Sentencia de 4 de noviembre de 2005 ), no cabe considerar como tales perjuicios, en casos como el que nos ocupa, "la salida del territorio nacional, salvo que concurran circunstancias específicas que así lo determinen, como sería la de tener procedimiento de regularización pendiente o supuestos de arraigo", aquí inexistentes, pues en otro caso "la suspensión vendría automáticamente determinada por la simple solicitud o la interposición del recurso, lo que, evidentemente, no es el propósito del legislador".

A lo que ha de añadirse que el criterio legal establecido en el invocado artículo 130 para dar lugar a la medida cautelar de suspensión, se encuentra en gran manera predeterminada por la "previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto", -inciso literal con el que se inicia el precepto-, razón determinante de que en la actual legalidad, al igual que en la representada por la Ley de 1956 , haya de hacerse siempre una ponderación suficientemente motivada de los intereses públicos y privados concurrentes, y como en el supuesto actual, como señalábamos en anterioriormente, no puede tenerse por justificada la concurrencia de perjuicios irreparables en razón de la obligada salida del territorio español, es por lo que tampoco cabe entender que la denegación de la suspensión haga perder su finalidad legítima al recurso cuando, en todo caso, aquí y ahora resultan prevalentes los intereses públicos, por los flujos migratorios que se están produciendo en los tiempos actuales; debiendo en fin tenerse en cuenta, de un lado, que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, la tutela efectiva que han de prestar los Tribunales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución, y en orden a la suspensión de los actos administrativos impugnados ante nuestra jurisdicción, queda satisfecha con la intervención o control de aquellos respecto de la medida cautelar administrativa y, de otro, que nada impide que, estimado el fondo del recurso contencioso-administrativo planteado, se proceda al retorno al territorio nacional.

En consecuencia, es obligada la desestimación del recurso de apelación.

CUARTO.- De conformidad con el art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 , se imponen al apelante las costas procesales causadas en esta segunda instancia, por haberse desestimado totalmente el recurso por él interpuesto y no apreciarse la concurrencia de especiales circunstancias que justifiquen su no imposición.

Fallo

Que debemos desestimar y desesestimamos el presente recurso de apelación nº 457/2006, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Sonia de la Serna Blázquez, en nombre y representación de D. Baltasar , contra el Auto de fecha 18 de mayo de 2006, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid en la pieza separada de medidas cautelares nº 72/06, dimanante del procedimiento abreviado seguido ante dicho Juzgado con el nº 273/06 , resolución que confirmamos por ser conforme a Derecho, con condena a la parte apelante en las costas causadas en esta segunda instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Massigoge Benegiu, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma doy fe.