Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 345/2019, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 187/2018 de 17 de Junio de 2019

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN SÉPTIMA

Núm. de Recurso:0000187/2018

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:01820/2018

Demandante:D. Valeriano

Procurador:Dª SANDRA OSORIO ALONSO

Demandado:MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Abogado Del Estado

Ponente IIma. Sra.:Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT

S E N T E N C I A Nº:

IImo. Sr. Presidente:

D. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DE AGUIRRE FERNÁNDEZ

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT

D. LUIS HELMUTH MOYA MEYER

D. MARIA JESUS VEGAS TORRES

D. RAFAEL MOLINA YESTE

Madrid, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve.

Visto el recurso contencioso administrativonúmero 187/2018, que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovidoD. Valeriano representado por la Procuradora Dª Sandra Osorio Alonso, contra la resolución del Ministerio de la Presidencia de fecha 29 enero 2018 en materia de responsabilidad patrimonial; se ha personado la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado. Siendo ponente la señora Dª BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT , Magistrada de esta Sección.

Antecedentes

PRIMERO: Por D. Valeriano representado por la Procuradora Dª Sandra Osorio Alonso, se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ministerio de la Presidencia de fecha 29 enero 2018.

SEGUNDO: Por decreto de fecha se 3 abril 2018 admitió el precedente recurso y se reclamó a la Administración demandada que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo y realizase los emplazamientos legales.

TERCERO: Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación se concedió a la parte recurrente el plazo de veinte días para que formalizase la demanda, y por diligencia de ordenación se dio traslado al Sr. Abogado del Estado para que contestase la demanda en el plazo de veinte días.

Se señaló para deliberación y fallo el día 11 junio 2019.

Fundamentos

PRIMERO: La parte recurrente D. Valeriano impugna la resolución del Ministerio de la Presidencia y Administraciones Territoriales de 29 enero 2018 que se basa en los siguientes hechos: El recurrente presentó ante el Ministerio de la Presidencia reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de lo que denomina una actuación irregular del CNI en relación con la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Manifiesta queentrejunio 2011que figuró como aprobado (sin plaza) en el proceso selectivo de ese año para cubrir vacantes como Titulado Superior de Inteligencia en el CNI y el27 junio 2016que no fue aprobado en el nuevo proceso de selección, la actuación de la Administración le ha causado diversos perjuicios personales, entre ellos la pérdida de oportunidades de acceso a otras oposiciones ya que teniendo aprobado su acceso al CNI abandonó la preparación de otras opciones, sin olvidar el perjuicio moral que le ha provocado como consecuencia de esas falsas expectativas creadas por la Administración de acceder a un puesto de trabajo en el CNI. Y solicita una indemnización global de 120.000€ de los que 30.000€ son daños morales sufridos y 90.000€ la pérdida de oportunidades.

La resolución recurrida manifiesta que el año en el que se presentó el recurrente el 2011, existía una instrucción interna sobre 'la reserva sin vacante' que posibilitaba que durante un plazo máximo de dos años el candidato aprobado podría ingresar en el CNI tras una entrevista de actualización, y siempre que no existiera en esa fecha ningún factor que desaconsejara su inclusión. Pasados esos dos el candidato debería de repetir desde su inicio el proceso de selección. Por tanto, las posibilidades del recurrente para ingresar en el CNI sin repetir el proceso de selección terminaron en junio 2013. El 4 febrero 2014 se le comunicó al recurrente que no era necesario el envío de documentación alguna indicando de que en caso de que surgieran nuevas necesidades sería l CNI quien se pondría en contacto con él y en el año 2016 se le comunicó que podría participar en un nuevo proceso de selección para el puesto de Oficial Superior de Inteligencia (OSI), pero de este proceso el recurrente no llegó a superar la primera fase y así se le comunicó en octubre 2016. La resolución impugnada dice que el plazo de un año para la presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial se debe computar desde que el recurrente era conocedor de un nuevo proceso selectivo, fecha que sería el 17 diciembre 2015 o bien desde que se comunicó personalmente el 26 mayo 2016, y en cualquiera de los dos casos la reclamación es extemporánea. Y en cuanto al fondo considera que el CNI le generó falsas expectativas para acceder a un puesto de trabajo en ese organismo entre 2011 y 2016. Considera que el CNI le generó una confianza de ingreso 'era cuestión de tiempo' que le causó perjuicios personales, como la pérdida de oportunidades de otras oposiciones pues fueron abandonados por creer que tenía acceso al CNI, el coste económico de su formación, el perjuicio moral. Pero la resolución recurrida considera que no existe acción antijurídica que el interesado haya sufrido pues la expectativa la albergó el interesado de manera subjetiva. Que no existe principio de confianza legítima y la creencia de su ingreso, para el recurrente, se produjo por contactos informales con personal del CNI pero ello no determinaba un puesto en dicho organismo. Y se desestima la reclamación.

Contra esta resolución se interpone el presente recurso contencioso administrativo.

SEGUNDO: La parte actora en su demanda manifiesta que el en el mes de marzo 2011 inicio un proceso selectivo para el CNI a fin de ocupar un puesto como Técnico Superior de Inteligencia generalista para titulados superiores. El proceso de selección duró de marzo a junio 2011 y el mes de septiembre 2011 le comunicaron por via telefónica que había aprobado el proceso de selección y que en fechas próximas se produciría su acceso al centro, aptitud que se le comunicó el 27 febrero 2012 pero se le comunicaba que no había alcanzado la puntuación suficiente para ocupar una de las 24 plazas existentes, pero en el momento en que hubiera nuevos puestos a cubrir, el departamento de Selección se lo comunicaría y no se le informa de un posible plazo de caducidad. Y a partir de ese momento comienzan una serie de comunicaciones entre el recurrente y el personal del CNI mediante correos que se transcriben en la demanda. Transcurrido el tiempo, se le comunicó que el proceso de selección en el que participó en el año 2011 había prescrito a pesar de que existían correos electrónicos posteriores a esos dos años y sin que nadie le comunicase ese plazo. Se le convocó a un nuevo proceso de selección para lograr la incorporación definitiva al CNI, proceso que fue calificado de 'mero trámite'. El demandante se presentó a diferentes pruebas escritas (tipo test) el día 27 de junio de 2016. NUNCA le fue comunicado por carta el resultado negativo. Con fecha 27 de junio de 2017 fue interpuesta reclamación patrimonial por importe de 120.000€ por los daños morales y pérdida de oportunidad que la Administración ha ocasionado al demandante al tenerle a la espera de un puesto en el CNI desde mediados de 2011. La expectativa real de ingresar en el CNI causó daños morales al descubrir que después de 5 años ni tenía puesto en la Administración ni podía acceder a otros puestos por su deseo acreditado de trabajar en el CNI y graves perjuicios en su vida personal y profesional, problemas de ansiedad y de otra índole que perfectamente son compatibles con el daño moral reclamado. Para el actor se dan los requisitos exigidos de una expectativa de acceso a un puesto de trabajo como alto funcionario del grupo A-1 - al servicio del Estado español - y le dieron una falsa esperanza mantenida por la Administración a lo largo de 5 años, pudiendo evaluarse económicamente el daño ocasionado al administrado que sería un salario medio de 1.500€/mes que, por los 5 años, resulta un importe económico dejado de percibir que ascendería a 90.000€. Y SUPLICO A LA SALA: Que, habiendo por presentado el escrito, se sirva admitirlo y en su consecuencia tenga por FORMALIZADA DEMANDA DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, por responsabilidad patrimonial de la Administración por el daño causado por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y de cuyo Ministerio depende el CNI, por importe de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00€). Dese traslado a la demandada para su contestación, recíbase el recurso a prueba que y, previa la práctica de la propuesta y admitida, y la que pudiera solicitarse tras la contestación, díctese sentencia por la que, estimando en su integridad el recurso, se condene a la demandada al pago de la cantidad objeto de reclamación por el presente procedimiento, a los intereses legales y a las costas irrogadas.

El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda se opuso a su estimación, con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO: El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que 'los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos'.

La Ley 39/2015 en el art. 67 recoge la solicitud de iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial e igualmente el artículo 139.1 de la Ley 30/92 reconocía este derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Y decía que 'En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas'.

La responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido configurada en nuestro sistema legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos, debe ser en principio indemnizada, porque como dice en múltiples resoluciones el Tribunal Supremo 'de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad.

No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, Sentencia de 5 de junio de 1998 ) que no es acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva que se generalice más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente. Para que aparezca la responsabilidad es imprescindible la existencia de un nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido. La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender, por tanto, el concepto de responsabilidad para dar cobertura a cualquier acontecimiento, puesto que la responsabilidad patrimonial objetiva de las Administración Públicas no puede convertir a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas han sido concretados en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, por todas, la sentencia de 28 de enero de 1999 señala que:

'Un examen sucinto de los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, permite concretarlos del siguiente modo:

a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.

b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.

c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas.

d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado'.

'Por último, además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así en sentencias de 14 de mayo , 4 de junio , 2 de julio , 27 de septiembre , 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994 , 11 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1619/92, fundamento jurídico cuarto y 25 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1538/1992 , fundamento jurídico cuarto, así como en posteriores sentencias de 28 de febrero y 1 de abril de 1995 ) que la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada por los artículos 106.2 de la Constitución , 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa , se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado'.

CUARTO: En el presente caso, se considera que se produce la responsabilidad patrimonial cuando el recurrente pierde la oportunidad, tras las pruebas selectivas de 2011, de acceder a un puesto de trabajo en el CNI. Manifiesta que durante el tiempo transcurrido entre 2011 cuando superó sin plaza el proceso de selección al año 2016 cuando se le comunica que debe presentarse a otro proceso selectivo porque el anterior expiró a los dos años se le ha acusado un enorme perjuicio tanto moral como de lucro cesante.

El recurrente superó en el año 2011 un proceso selectivo para Técnico Superior en el CNI, obtuvo la calificación de 5'7 y se colocó en el nº 4º de 43. Tan solo se debían de cubrir 24 plazas, y tras diferentes renuncias se cubrió hasta el puesto nº 31, el resto, quedaba en la base de datos hasta que surgiera una vacante pues en esa fecha, y durante el periodo de dos años, se respetaba ese aprobado y el candidato podría ingresar al CNI si superaba una prueba de actualización. Ese plazo de dos años, que el recurrente manifiesta desconocer transcurrió en exceso y en el año 2016 se le comunica que deberá de presentarse a un nuevo proceso selectivo. El recurrente acepta esta nueva propuesta pero no supera la primera prueba.

Con los hechos acontecidos no se puede atribuir responsabilidad alguna a la Administración. El recurrente se generó unas subjetivas expectativas pero ello no constituye un actuar imputable a la Administración. De hecho, cuando se le comunicó que el proceso de selección de 2011 había expirado y debería de presentarse a otro nuevo, el recurrente advirtió que esas expectativas no eran reales y aceptó presentarse de nuevo a las pruebas. Resulta indiferente que el recurrente conociera o no que existía un plazo de dos años para mantener la validez de las pruebas, aceptó presentarse en 2016 a un proceso selectivo sin que con anterioridad accionase contra la Administración por mantenerle en expectativa. Por ello, procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial instada.

Conforme al art. 139 LJCA se imponen las costas a la parte actora.

Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

DESESTIMAMOSel recurso contencioso administrativonúmero 187/2018, que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovidoD. Valeriano representado por la Procuradora Dª Sandra Osorio Alonso, contra la resolución del Ministerio de la Presidencia de fecha 29 enero 2018 en materia de responsabilidad patrimonial; con imposición de las costas al recurrente.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de sunotificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción , justificando el interés casacional objetivo que presenta.

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.