Sentencia Administrativo Nº 368, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Rec 7891 de 30 de Abril de 2001

PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE TASAS Se impugna la liquidación en concepto de tasa por inspección y control sanitario de carnes frescas. La entidad societaria demandante aduce como primer motivo del recurso la ausencia de prestación del servicio e incumplimiento del Principio de subsidiariedad de la tasa respecto del servicio, argumentando que la efectiva realización de la actividad o del servicio era requisito fundamental para el devengo de la tasa viniendo a ser una consecuencia ineludible del llamado "principio de subsidiariedad de la tasa respecto del servicio", por lo que si la actividad no se presta, o falta el servicio, no concurría el elemento material del hecho imponible, y por tanto devenía inexigible la tasa. Sin embargo, en el expediente administrativo aparecen las hojas trimestrales correspondientes al libro de control sanitario relativo al número de animales sacrificados en el matadero propiedad de la entidad demandante, documentación que viene a acreditar plenamente que se prestaron los servicios de control e inspección que justifican el devengo de la tasa, ya que en dichas hojas o actas, debidamente firmadas y autenticadas, se certifica la. El segundo motivo de impugnación es la vulneración del principio del beneficio y ausencia de justificación de la tasa, en referencia a la necesaria adecuación entre la tributación y la utilidad derivada del gasto público, y a que se refería la propia jurisprudencia, al establecer que las tasas comunitarias se fijarán de manera que cubran los gastos que soporta la autoridad competente por razones de las cargas salariales y sociales ocasionadas por el servicio de inspección. Al respecto, no se aprecia dicha vulneración por no existir adecuación entre el importe de la tasa y el coste real del servicio efectuado por la Administración. El tercero de los motivos de impugnación se refiere a la ilegalidad de la tasa de inspección veterinaria, sustanciado en  dos alegatos, el primero referente a que la aprobación de leyes para provocar la transposición de Directivas al ordenamiento de sólo alguna de las Comunidades Autónomas, suponía una vulneración del principio de supremacía del Derecho Comunitario; y el segundo respecto a la nulidad de la liquidación derivada de la propia nulidad de aquellas Directivas.