Sentencia Administrativo Nº 369/2015, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Málaga, Sección 2, Rec 208/2015 de 21 de Diciembre de 2015

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 21 de Diciembre de 2015
  • Tribunal: Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Málaga
  • Ponente: Roldan Montiel, Jose Oscar
  • Núm. Sentencia: 369/2015
  • Núm. Recurso: 208/2015
  • Núm. Cendoj: 29067450022015100001
  • Núm. Ecli: ES:JCA:2015:2432
  • Núm. Roj: SJCA  2432:2015

Encabezamiento

JDO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MÁLAGA

Ciudad de la Justicia. Planta 4ª

Tel.: 951939072 Fax: 951939172

N.I.G.: 2906745O20150001479

Procedimiento: Procedimiento ordinario 208/2015. Negociado: MM

Recurrente: SANDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SA

Letrado:

Procurador: PEDRO BALLENILLA ROS

Demandado/os: JURADO TRIBUTARIO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Representante: ROSALIA BUDRIA SERRANO

Letrados: ROSALIA BUDRIA SERRANO

Procuradores: AURELIA BERBEL CASCALES

Acto recurrido: RESOLUCION DE 30/01/15

SENTENCIA Nº 369/2015

En la ciudad de Málaga, a 21 de diciembre de 2015

Vistos por mí, D. José Oscar Roldán Montiel, Magistrado Juez de Adscripción Territorial de la Junta de Andalucía, Provincia de Málaga de refuerzo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número en el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número DOS de los de esta capital, el recurso contencioso-administrativo número 208/2015 tramitado por el cauce del Procedimiento Ordinario, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Ballenilla Ros actuando en nombre y representación de la mercantil 'SANDO PROYECTOS INMOBILIARIOS, SA', asistida en autos por la Letrada Sra. Eladia de Carlos contra la resolución dictada por el Jurado Tributario del Ayuntamiento de Málaga por la que se acordó desestimar reclamación interpuesta contra la resolución de 2 de diciembre de 2013 dictada por el Gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria desestimatoria a su vez de solicitud de rectificación de la autoliquidación con devolución de ingresos indebidas presentadas por la actora en relación con la autoliquidación nº 1.979.896 por el concepto el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, representada la administración municipal por la Procuradora de los Tribunales Sra. Berbel Cascales y asistido por la Letrada Sra. Budría Serrano, fijada la cuantía de las actuaciones en 128.355,19 euros, resultan los siguientes

Antecedentes

PRIMERO. - Con fecha 27 de marzo de 2015 se presentó ante el Decanato de este partido judicial, escrito de interposición recurso contencioso administrativo presentado por el Procurador de los Tribunales Sr. Ballenilla Ros en nombre y representación de la sociedad 'SANDO PROYECTOS INMOBILIARIOS, SA' contra la resolución dictada por el Jurado Tributario del Ayuntamiento de Málaga 6 de febrero de 2015 por la que se acordó desestimar reclamación interpuesta contra la resolución de 2 de diciembre de 2013 del Gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga desestimatoria de la solicitud de rectificación de la autoliquidación con devolución de ingresos indebidos presentadas por la sociedad actora en relación con la autoliquidación nº 1.979.896 por el concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana , instando la reclamación del expediente administrativo para su ulterior traslado y continuación de las actuaciones.

Iniciados los autos en origen por los trámites del Procedimiento Ordinario, reclamado y recibido el expediente administrativo, se formuló demanda el 8 de junio de 2015 en la que, en atención las circunstancias y fundamentos que se recogían en el escrito y que la parte estimó oportunos, se interesó la estimación del recurso en los extremos recogidos en el suplico de la demanda consistentes en la declaración de nula de pleno derecho la resolución recurrida, el reconocimiento de la improcedencia del ingreso efectuado por no haber existido plusvalía alguna con devolución de 128.355,19 euros más los intereses de demora que se devenguen; de manera subsidiaria el reconocimiento de improcedencia de la fórmula aplicada por el programa habilitado por el Ayuntamiento de Málaga y la consiguiente devolución de la cuota indebidamente ingresadas por importe de 20.038,57 euros más los intereses de demora y, todo lo anterior, con la expresa condena al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Conferido traslado para contestación, se personó en autos la Procuradora de los Tribunales Sra. Berbel Cascales el cual presentó contestación el 23 de julio de 2015 en la que se adujeron los motivos y razones que consideró oportunos a su interés, reclamando el dictado de sentencia desestimatoria.

Tras lo anterior, dictado Decreto de 31 de julio de 2015 en el que se fijó como cuantía de las actuaciones en 128.355,194 euros, no habiendo señalado las partes prueba alguna más allá de los documentos presentados con sus respectivos escritos y constando unidas a las actuaciones el expediente administrativo, se dio traslado a la actora para conclusiones las cuales fueron presentadas en escrito de fecha 16 de septiembre de 2015. Por su parte, la demandada hizo lo propio en escrito de fecha 13 de octubre de 2015. Tras lo anterior, mediante resolución interlocutoria quedaron las actuaciones conclusas para el dictado de sentencia .

Por último, D. José Oscar Roldán Montiel tomó posesión como Magistrado Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Provincia de Málaga en funciones y apoyo a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Málaga el 14 de abril de 2015. Finalmente, por Providencia de 20 de noviembre de 2015, se pusieron los autos a disposición de SSª para el dictado de resolución.

Finalmente, dada cuenta de los autos pendientes de resolución, se dio curso conforme orden de antigüedad de los recursos conclusos para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han seguido todos los preceptos y formalismos legales, no así el plazo para resolver por sobrecarga de trabajo de este órgano judicial.

Fundamentos

PRIMERO.- En los autos que aquí se dilucidan, la mercantil recurrente fundaba su acción, en resumen del más que profuso escrito de parte actora, en que formalizada por la actora y ante Notario hábil escritura de compraventa con la entidad 'ANIDA OPERACIONES SINGULARES, SL' de la parcela de terreno RP-6C sita en 'Las Morillas' pero sin acompañar la parte la más mínima identificación registral o catastral, la venta se llevó a cabo por un importe de 5.704.014,42 euros cuando el precio de adquisición por la hoy actora fue de 15.915.552 euros. Procedida por la parte a la autoliquidación conforme los impresos y programas informáticos de los servicios tributarios municipales, atendido el hecho imponible del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante IVTNU o Plusvalía) y no existiendo en realidad incremento patrimonial alguno con la venta sino todo lo contrario, instó ante la administración la devolución de lo indebidamente ingresado recibiendo la negativa por respuesta que llevó, finalmente, a la resolución del Jurado Tributario de Málaga hoy recurrida. Según la representación de la recurrente eran dos las cuestiones a oponer a dicha decisión que ahora se cuestionaba la improcedencia de la autoliquidación practicada por ausencia de plusvalía atendidos los principios constitucionales en materia tributaria contenidos en el art. 31 de la CE y la interpretación de las normas conforme la realidad social ex art. 3.1 del CC y, en segundo lugar, la errónea fórmula aplicada por el Ayuntamiento de Málaga que había inducido a un ingreso indebido de más de 20.000 euros. Sobre esta cuestión, la recurrente exigía la aplicación de una fórmula de cálculo que se había llevado a cabo en un Juzgado de lo Contencioso de Cuenca y que había sido ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. Atendidos dichos argumentos, se reclamaba el dictado de Sentencia estimatoria de la pretensión principal o la subsidiaria ya adelantada en los Hechos de esta resolución, incluida la condena a la devolución de lo indebidamente ingresado, intereses y costas.

Como no podía ser de otra forma a estas alturas de la litis, por la representación y defensa del Ayuntamiento de Málagase mostró su rotunda oposición a lo deducido de contrario. En este sentido, tras señalar puntualizar cual era la resolución objeto de recurso y los hitos cronológicos de la situación administrativa, se negaban todas las alegaciones vertidas de adverso, especialmente la central referente a la pretendida vulneración del principio constitucional contenido en el art. 31 de la CE al sustentarse la base imponible en las previsiones legales contenidas en el art. 107 del Texto Refundido y ser, por otra parte, consecuentes con el principio constitucional contenido en el art. 47 de la misma Carta Magna . En cuanto al pretendido error de la fórmula aplicada, consideraba la parte que dicho criterio había sido repudiado por los organismos como la dirección General de Tributos por no ser el previsto legalmente. En resumidas cuentas, se instaba el dictado de sentencia desestimatoria en todos sus extremos, reclamando la expresa condena en costas de la demandante.

SEGUNDO.- Como sucinta referencia legal, debe señalarse que, tras establecer el art. 107 de la LHL la noción de la base imponible y la posibilidad de liquidaciones provisionales, Artículo 109y en cuanto al Devengo señala '1. El impuesto se devenga: a)Cuando se transmitala propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.', seguidamente, el art. 110 dispone: Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente. 2.Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: a)Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

Una vez transcrita la razón legal, no cuestionada, sobre el devengo y la necesidad autoliquidar el tributo que nos ocupa, considera este juzgadorrealmente ilustrativo y aplicable al caso el análisis llevado a cabo en la Sentencia dictada por este mismo Juzgado en sus autos de PO 178/2014 cuyos Fundamentos se transcriben a continuación:

'TERCERO.-En el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), antigua Plusvalía, se considera que el incremento de valor no es propiamente un elemento del hecho imponible, puesto que el método legal previsto para medir la intensidad del «presunto» incremento del valor del terreno está objetivizado; y ello es así porque sólo se necesita el valor del suelo fijado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y los coeficientes y porcentajes aprobados por el Ayuntamiento en su Ordenanza Fiscal para establecer la base imponible que se sujeta a gravamen.

Ahora bien, en sede doctrinal se ha mantenido la no realización del hecho imponible del impuesto si no existe incremento patrimonial, máxime cuando en la actualidad lo que se produce en muchos supuestos es una depreciación en el valor del terreno. Esta tesis ha sido asumida por las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Navarra de 9 de agosto de 2011, de 10 de agosto de 2012 y de 28 de octubre de 2013.

CUARTO.- La cuantificación de esta figura tributaria se realiza por la Ley reguladora de Haciendas Locales de una forma indiciaria, ya que la plusvalía objeto de gravamen se cuantifica tomando como base del cálculo el valor del terreno en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el momento del devengo del IIVTNU. El Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 eliminó la calificación del incremento como incremento «real». La legislación ha huido de los sistemas que tratan de acercarse a un incremento real, y en particular, a la comparación de los valores de entrada y salida del terreno en el patrimonio del transmitente. Actualmente, se articula un sistema objetivo de cálculo con el que se pretende determinar dicho incremento. El incremento será, en definitiva, un porcentaje fijo sobre el propio valor del terreno, pero no un valor real, el valor de referencia como ya se ha indicado es el valor del terreno a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El origen y justificación del momento lo explicita la Sentencia del TSJ de Cataluña de 22 de marzo de 2012 : '...El vigente sistema legal de determinación de la base imponible, contenido en el art. 107 del TRLRHL, parte del supuesto de que en toda transmisión de los terrenos sujetos al impuesto ha habido un incremento de valor, que se calcula mediante la aplicación de unos porcentajes anuales sobre el valor catastral fijado en el momento del devengo, esto es, de la transmisión. Con este sistema, el legislador de 1988... por razones de equidad y para hacer frente a la situación resultante de unos valores iniciales muy alejados de la realidad y unos valores finales muy próximos a ella. Y se partió para ello del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos, cierto durante décadas, pero que ha quebrado dramáticamente en los últimos años, como es notorio, dando lugar a la actual y conocida situación económica...'.

QUINTO.- En el plano dogmático, se ha mantenido que cabe una valoración distinta a la que resulta de la aplicación del 107 del TRLHL, dando opción al contribuyente de presentar pericial contradictoria si el incremento es inferior al 3 % anual, permitiendo también comparar los dos valores en los dos momentos: el de adquisición y el de enajenación.

La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cuenca, de 21 de septiembre de 2010 , confirmada por la Sentencia de la Sala C-A del TSJ de Castilla-La Mancha de 17 de abril de 2012 , admite como método de cuantificación de la base imponible el del descuento simple, atendiendo a los informes matemáticos aportados por la parte que solicita su aplicación, para gravar de manera correcta la plusvalía generada durante el periodo de tenencia.

Sin embargo, la posibilidad de cálculo alternativo utilizando método diferente al mantenido por la Ley ha sido rechazada contundemente por la Dirección General de los Tributos en la Consulta Vinculante 12196-12, de 18 diciembre de 2012, en la que mantiene que la única formula correcta para calcular la base imponible es la que resulta de aplicar lo previsto en el TRLHL, es decir, el valor del suelo a efectos del IBI en el momento de la transmisión, por el número años de tenencia y por el porcentaje aprobado por cada Municipio en su norma reguladora. En el mismo sentido se pronuncia la Dirección General de los Tributos en la Consulta Vinculante 0014-14, de 20 junio de 2014.

SEXTO.- La Sentencia ya citada del TSJ de Cataluña de 22 de marzo de 2012 , propugna una interpretación de las normas conforme a los mandatos constitucionales, en el momento actual y a la vista de la realidad económica, entendiendo que las reglas del apdo. 2 del art. 107 del TRLHL son subsidiarias del principio contenido sobre el incremento, que si bien en anteriores redacciones expresamente se indicaba «real» y ahora sólo incremento, no quiere decir que el mismo haya de ser irreal o ficticio, y establece que : '[...] la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado...'.

Dicha tesis la sigue manteniendo ese Tribunal en Sentencias como la de 18 de julio de 2013, dicatda en el recurso nº 515/2011 , siendo asumida la misma por el TSJ de Madrid en la Sentencia de 11 de diciembre de 2013, recaída en el recurso nº 767/2013 , con cita expresa de las Sentencias del TSJ de Cataluña de 22 de marzo y de 21 de mayo del 2012 , postulando que: 'El actual IIVTNU, cuyos antecedentes se remontan al año 1919 con la instauración del denominado Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos, podría llegar a generar ciertos problemas de justicia tributaria a la hora de acometer el cálculo de la base imponible. En efecto, si bien no debe confundirse ni superponerse hecho imponible con base imponible lo cierto es que el eventual aumento de valor real del terreno urbano no se calcula en la actualidad por las diferencias (en términos absolutos) entre el valor de adquisición y el de transmisión, sino que el parámetro matemático que se maneja viene dado por la aplicación de un porcentaje sobre el valor catastral del suelo. Obviamente, por pequeño que sea el incremento del valor catastral en un contexto de crisis económica marcado por la disminución de los precios del mercado, la disociación de la que se habla en la demanda podría producirse eventualmente'.

Por otra parte, el margen de maniobra de la Administración tributaria municipal es inexistente a los efectos de realizar determinadas correcciones -obviamente, después de fijar el correspondiente tipo- a tenor del artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en la medida que con relación a las autoliquidaciones, 'el Ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas'.

Por tanto, el centro de gravitación de la problemática parece estructurarse no tanto en torno a la determinación del hecho imponible como en cuanto a la magnitud económica o valorativa del mismo obtenida a través de la base imponible.

SÉPTIMO.- Dicho de otra manera, la argumentación de la parte recurrente tendría ciertos visos de éxito - cuando menos, a efectos de estimar procedente el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad o de ilegalidad- sólo cuando la aplicación del referido cálculo (fundamentado en el valor catastral), arrojase un resultado positivo pese a la efectiva disminución del valor real del inmueble puesto de manifiesto como consecuencia de una transmisión.

Si la base imponible debe medir o cuantificar adecuadamente el hecho imponible, no hay que olvidar que, en este sentido, con anterioridad a la Ley 51/2002, de modificación de la Ley de Haciendas Locales, el artículo 108.1 de ésta última establecía que la base imponible del impuesto estaba constituida por el incremento real de valor de los terrenos .

Sin embargo, con la expresada Ley 51/2002 se suprimió el término de valor real de tal manera que el actual artículo 107.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que 'la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos'.

En consecuencia, podría ocurrir que ese incremento de valor no fuese el real, sino el derivado de las reglas establecidas para calcular la base imponible, no resultando descartable un saldo de plusvalía positiva con independencia -o, de manera más explícita, de espaldas- del incremento o disminución del valor que en la realidad determine el mercado.

En definitiva, la censura del demandante podría tener cierto sentido si acreditase que con relación a la finca objeto de la litis, pese a haberse producido una disminución en términos reales o absolutos del valor del inmueble -insistimos, basada en el precio o valor del mercado- la magnitud del hecho imponible determinada por la base imponible del impuesto arrojase un incremento de valor (...) Sin perjuicio de lo expuesto, en los fundamentos anteriores, parece evidente que la ausencia objetiva del incremento del valor dará lugar a la no sujeción del impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del 'método de cálculo' y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica.

La misma conclusión ha de aplicarse cuando sí ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios.

OCTAVO.- Estas conclusiones, ya sostenidas por diversos criterios doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de realidad económica citada. De esta forma, de ser la de la ficción jurídica la única interpretación posible del art. 107 LHL, este habría de considerarse inconstitucional, pero como consecuencia de la obligación de los Jueces y Tribunales, contenida en el art. 5.3 LOPJ EDL1985/198754 , de acomodar la interpretación de las normas a los mandatos constitucionales, ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del art. 107 son subsidiarias del principio contenido en el apartado 1 sobre el incremento (como ya hemos dicho, antes 'real', y ahora ' incremento ' a secas, lo que no quiere decir que haya de ser irreal o ficticio).

Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes:

1.ª) Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos.

2.ª) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.

NOVENO.- Ahora bien, consideramos más correctas las razones que expone la Sentencia de 5 diciembre de 2014 del TSJ de Castilla y León, Sala de Burgos, dictada en el recurso nº 38/2014 , cuando en el F. de D. Sexto sostiene que: '....En primer lugar, debe diferenciarse el hecho imponible del impuesto de la fórmula empleada para determinar la base imponible. El hecho imponible consiste en el incremento del valor de los terrenos que se pone de manifiesto con ocasión de determinadas operaciones que establece la norma ( artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Por otro lado, para calcular ese incremento del valor de los terrenos, el legislador ha optado por un sistema que es el que recoge el artículo 107.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , que atiende (cuando se trata de la transmisión de inmuebles) al valor del bien a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Obviamente podría haber empleado otros -y de hecho han existido otros métodos-, pero entendió que el más adecuado era este. Obviamente ni la determinación del hecho imponible, ni la determinación de la base imponible es algo que haga la Ordenanza, al existir sobre tales materias un principio de reserva de ley ( artículo 8.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ), principio que se satisface precisamente con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En segundo lugar, el impuesto, tal y como aparece configurado en dicha norma, no resulta contrario a la Constitución, por lo que es claro que tampoco procede el planteamiento de ninguna cuestión de inconstitucionalidad ni de ilegalidad, como se pretende por la recurrente.

Debemos recordar aquí que este impuesto siempre se ha conectado con la exigencia constitucional de que la comunidad participe en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos ( artículo 47 de la Constitución ).

DÉCIMO.- De manera particular y en relación al principio de que cada uno contribuya al sostenimiento de los gastos públicos de conformidad con su capacidad contributiva ( artículo 31.1 de la Constitución ), que es el precepto que se considera infringido, hay que decir que el impuesto en modo alguno lesiona tal principio constitucional.

Cabe traer a colación la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de diciembre de 1992 (recurso 1062/88 ) que rechazó la cuestión de inconstitucionalidad promovida en relación al Impuesto que aquí nos ocupa.

Pues bien, hay que decir que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional se vierten en relación al concreto debate allí suscitado (que no coincide enteramente con el que aquí nos ocupa) y, en concreto se planteaba si el art. 355, apartado 5, del Texto Refundido del Régimen Local aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, que era la norma que regulaba entonces el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, era contrario a la Constitución, invocándose, como uno de los principios constitucionales infringidos, además de otros, el de la capacidad económica a que se refiere el artículo 31.1 de la Constitución .

El debate en concreto era el siguiente, tal y como lo sintetizaba el Tribunal Constitucional: si el pleno respeto al principio de capacidad económica, recogido en el art. 31.1 CE , exige 'depurar' o separar la parte del incremento de valor que, por deberse exclusivamente a la inflación, tiene un carácter meramente nominal o ficticio, ya que al excluirse la obligatoriedad del ajuste a la inflación del valor inicial, que es lo que hacía el artículo 355.5, se podría estar lesionando tal principio constitucional.

La Sentencia de 11 de diciembre de 1992 dice en su Fundamento de Derecho Cuarto a este respecto: 'La Sala proponente de la cuestión de inconstitucionalidad entiende que el pleno respeto al principio de capacidad económica, recogido en el art. 31.1 CE , exige 'depurar' o separar la parte del incremento de valor que, por deberse exclusivamente a la inflación, tiene un carácter meramente nominal o ficticio. Pues a juicio de la Sala, al excluirse la obligatoriedad del ajuste a la inflación del valor inicial, el precepto cuestionado puede estar en contraste con el expresado principio constitucional.

Para resolver adecuadamente la cuestión propuesta es necesario precisar el significado y alcance del principio de capacidad económica plasmado en el art. 31.1 del Texto Constitucional. El Tribunal Constitucional ha declarado en reiteradas ocasiones que la capacidad económica, a efectos de contribuir a los gastos públicos, significa tanto como la incorporación de una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra ( SSTC 27/1981, F. J. 4 º y 150/1990 ) y que la recepción constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada contribuyente configura un mandato que vincula tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos e incide en la naturaleza misma de la relación tributaria ( STC 76/1990 , F. J. 3º).

Ello no significa, sin embargo, que la capacidad contributiva pueda erigirse en criterio exclusivo de justicia tributaria, en la única medida de la justicia de los tributos. Como ya se indica en la citada STC 27/1981 , la Constitución alude expresamente al principio de capacidad económica, pero lo hace sin agotar en ella el principio de justicia en materia tributaria. Es por tanto constitucionalmente admisible que el legislador establezca impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica, estén orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza; y basta que dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquel principio constitucional quede a salvo ( STC 37/1987 , F. J. 13º).

El principio de capacidad económica opera, por tanto, como un límite al poder legislativo en materia tributaria. Aunque la libertad de configuración del legislador deberá, en todo caso, respetar los límites que derivan de dicho principio constitucional, que quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia.

A partir de aquí cabe sostener que en la medida en que el Impuesto grava el aumento del valor de los bienes a consecuencia de la acción urbanística de las Administraciones en su sentido más amplio ( artículo 104.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo ) no resulta contrario al aludido principio, ya que ese aumento de valor sí es indicativo de una capacidad económica que puede ser gravada.

UNDÉCIMO.- Dicho planteamiento jurisprudencial coincide en sustancia con lo dicho por la Dirección General de los Tributos en la Consulta antes citada n º 0014-14, de 20 junio de 2014, cuando dice: '...El transcrito artículo 107 del TRLHL dispone que la base imponible del impuesto se determina aplicando al valor del terreno un porcentaje que, a su vez, es el resultado de multiplicar el coeficiente establecido por el Ayuntamiento, dentro del límite legal, por el número de años de generación del incremento.

En el caso de transmisiones de la propiedad, en cuanto al valor del terreno en el momento del devengo (que, de acuerdo con el artículo 109 del TRLRHL, es la fecha de la transmisión), es el valor que tenga determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad (artículo 107.2 del TRLHL).

De este modo, la cuantía del impuesto aumenta en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la transmisión del terreno, con un máximo de 20 años, con independencia de la ganancia real obtenida con la transmisión del terreno.

La Ley sólo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo, no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el citado valor catastral en la fecha de la adquisición, o los precios de compra y venta.

La regla de determinación de la base imponible del IIVTNU establecida por el TRLHL no es una presunción ni una regla probatoria, sino una regla de valoración que permite cuantificar la base imponible a través de un método objetivo. El impuesto no somete a tributación una plusvalía real, sino una plusvalía cuantificada de forma objetiva. Así, el porcentaje de incremento máximo anual del 3% para los períodos de 15 a 20 años, es una regla objetiva disociada de la realidad, que puede ser inferior o superior al incremento real del terreno. Del mismo modo, la Ley utiliza el valor catastral del suelo en el momento del devengo, con independencia de cuando fue determinado el mismo (salvo que resulte de aplicación la reducción regulada en el apartado 3 del artículo 107).

Por tanto, la base imponible determinada conforme a las reglas del artículo 107 del TRLHL no admite prueba en contrario. Así, en los años del llamado 'boom inmobiliario', en los que el valor de mercado de los inmuebles se incrementaba muy por encima de los valores catastrales, si un Ayuntamiento realizaba una comprobación tributaria, sólo podía comprobar que la cuota del impuesto ingresada se había determinado aplicando correctamente las normas reguladoras del TRLHL, sin que pudiera atribuir un valor mayor fundamentado en que el incremento 'real' del terreno era superior al derivado de las reglas del artículo 107 del TRLRHL.

DUODÉCIMO.- El legislador, pudiendo escoger entre diversas fórmulas para determinar el incremento de valor del terreno, ha optado por la establecida en el artículo 107 del TRLRHL, y ha configurado por ley todos los elementos del tributo en función de dicho método de cuantificación.

La Ley sólo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo, no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio de la transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor catastral cuando se adquirió el terreno o su valor de adquisición. Tampoco calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre un valor en el momento de la transmisión y un valor en el momento de la adquisición, pudiendo dicha diferencia ser la existente entre los valores catastrales en ambos momentos, o entre el valor de enajenación y el valor de adquisición, o cualquier otra.

Y ello es así porque el fundamento de este impuesto no es tanto gravar el incremento 'real' provocado por el titular del terreno por diferencia entre unos precios de venta y compra, sino que trata de gravar el incremento de valor del terreno como consecuencia de la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra (instalación o mejora de alumbrado público, aceras, mobiliario urbano, etc.). Con este impuesto, por tanto, se pretende que el sujeto pasivo devuelva a la colectividad parte del beneficio por él obtenido. La participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas tiene su apoyo en la propia Constitución. Su artículo 47 dispone que 'la comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos.'.

La capacidad económica que sirve de fundamento a este impuesto se inscribe en el campo de las plusvalías inmerecidas o no ganadas de naturaleza inmobiliaria, es decir, aquellas plusvalías de los terrenos no debidas a la actividad de los particulares, sino a causas extrañas a la misma, tales como el simple crecimiento de los núcleos urbanos.

Esta justificación ha sido tradicionalmente reconocida por la doctrina y la jurisprudencia (sirvan como ejemplo las sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2002 y de 5 de febrero de 2001 ).

Teniendo en cuenta lo dicho, al no ser cuestionado el incremento del valor del inmueble, discutiéndose su importe, se pretende por la mercantil actora no partir del valor catastral sino del fijado en el dictamen pericial aportado de D. Hermenegildo de 11 de marzo de 2014 y en el informe pericial judicial de D. Jaime de 6 de febrero de 2015, en los que se aplica la fórmula de cálculo refrendada en la mentada Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha.

No obstante, la Ley establece una forma de valoración clara, precisa y terminante, partiendo del valor catastral, valor que el Ayuntamiento no tiene competencia para modificar, sino que el valor catastral de los inmuebles se determina objetivamente en función de los datos que sobre los mismos existen en el Catastro, y se integra por la suma de los valores del suelo más los valores de la construcción.

El valor catastral viene determinado, como dispone el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por la aplicación de la correspondiente Ponencia de Valores y ésta, a su vez, vendrá determinada por la aplicación de las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, recogidas en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio.

La Ponencia de Valores es el documento que se forma con los criterios, los módulos de valoración, el planeamiento urbanístico y los demás elementos que sean precisos para fijar de forma individualizada los valores catastrales en un municipio determinado.

Lo que debe de quedar claro es que las Ponencias no determinan valores concretos de inmuebles, sino que sólo fijan los valores genéricos del suelo y de las construcciones y los coeficientes correctores que se utilizarán para valorar cada inmueble. Esto es, las Ponencias de Valores no fijan valores sino criterios de aplicación, siendo elaboradas por el Centro de Gestión Catastral y de Cooperación Tributaria dentro de la Dirección General del Catastro, bien directamente o bien a través de convenios de colaboración con cualquier Administración Pública. Una vez aprobada la Ponencia, el acuerdo de su aprobación se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, admitiéndose su impugnación de forma directa en vía económico-administrativa, sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto ( artículo 27.4 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario de 2004 ).

Con posteridad se procede a la notificación individualizada de los valores catastrales que han resultado de la aplicación de la nueva Ponencia de Valores, exigencia ésta necesaria para que la efectividad del valor catastral tenga lugar el 1 de enero del año siguiente al de la notificación. Estos valores catastrales son también recurribles en vía económico-administrativa (artículo 29.6 del TRLCI de 2004).

DÉCIMOTERCERO.- Por otra parte, la cuestión de si el cálculo debe hacerse conforme a la fórmula del art. 107 de la LHL, o la fórmula matemática aplicada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca y ratificada por la Sala del TSJ Castilla- La Mancha con base en informes periciales tendentes a determinar el valor real del inmueble, como pretende la sociedad recurrente, se ha de decantar por acoger el valor tenido en cuenta por la Ley, conforma a lo indicado 'supra', debiendo porant oestarse a las liquidaciones tributarias realizadas, ya que la fórmula aplicada en la demanda puede que sea la empleada en el mundo financiero, según la prueba pericial practicada, al igual que acontece en los P. O. nº 17/14 y 424/14 del Juzgado de lo C- A núm. 5 de Málaga, pero no dicha fórmula matemático financiera no se ajusta a la legalidad vigente que es la que debe prevalecer, siendo aquélla una excepción a la practicada en la generalidad de los Ayuntamientos de España y a la mantenida por la jurisprudencia, ya que la STSJ de CLM no puede complementar el ordenamiento jurídico puesto es una sentencia aislada de un TSJ y, por tanto, no conforma doctrina jurisprudencial ( art. 1.6 del Código Civil ), debiendo estarse por tanto a lo que disponga la Ley (art. 1.1).

Y ello porque la fórmula matemático-financiera empleada en la demanda fija, o pretender fijar, el incremento real del valor del terreno (plusvalía generada cuando se transmite), partiendo de su valor final, tomando como tal el valor catastral en el momento del devengo. Por ello plantea una ecuación de matemática financiera: parte de que la base imponible es igual a la plusvalía ya generada, la real, y considerando que es un dato desconocido porque desconoce el valor inicial, determinando el valor del suelo fijado en el Catastro en el momento del devengo (valor final) sustrayendo la plusvalía ya generada (resta aritmética que seria el valor inicial, cuando se adquiere), por el número de años y por el coeficiente aplicado por cada Ayuntamiento dentro de los márgenes o tramos legales.

En definitiva, se trata de una fórmula propia del mundo matemático financiero que permite conocer cuánto se debe invertir para en un número fijo de años y con una rentabilidad anual determinada se pueda obtener un capital previamente determinado: Capital Final (CF) - Capital Inicial (CI) x Número de años (N) x Rentabilidad (R), siendo el capital inicial la incógnita que quiero conocer, de modo que para saber cuánto se debe invertir para conseguir el capital final pretendido se despeja la incógnita y se obtiene la fórmula CI = CF / 1 + (N x R).

Ahora bien, dicha fórmula ni otra semejante no es aplicable al IIVTNU en tanto en cuanto que el art. 107.4 del TRLHL establece de forma clara, precisa y terminante la fórmula a seguir, aplicando, que no multiplicando, los porcentajes que señala, la cual constituye la "fórmula legal", respetuosa con el principio de seguridad jurídica, que una vez aplicada en una liquidación tributaria del tributo local que nos ocupa conlleva que la misma se ajuste a Derecho, tal y como acontece en el supuesto de autos y en el asunto resuelto por la Sentencia nº 171/15 del Juzgado de lo C-A núm. 5 de esta Capital de 17 de febrero de 2015, dictada en el P. A. nº 1284/14 , portodo lo cual procede desestimar íntegramente la demanda articulada en el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto y confirmar la resolución impugnada por ser conforme a Derecho.'

TERCERO.- Descendiendo al supuesto litigioso, pero haciendo este juzgador propios los razonamientos antes trascritos adoptados por este mismo Juzgado, la resolución dictada por el Jurado Tributario de Málaga es conforme a derecho sin que puedan admitirse ni vulneraciones de principios constitucionales ni de la Ley sustantiva como parecía dar a entender la parte al pretender una aplicación del art. 107 conforme 'la realidad social' ex artículo 3.1 del CC .

En cuanto al pretendido error de cálculo al no seguirse por la administración demandada el criterio previsto en la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha de 17 de abril de 2012 y no el legalmente previsto que fue el usado por la recurrida, este juzgador, dicho con absoluto respecto y consideración al meritado Órgano Colegiado y a los solos efectos de la presente resolución, no está conforme por lo ya dicho y, además por lo que a continuación se refiere. Pretendía la actora que se aplicase un sistema de cálculo diferente al legalmente previsto; exigía un sistema creado ex novo para un supuesto concreto y que no ha tenido acogida por ninguna otra resolución judicial. Este juzgador en modo alguno valora la razón del pronunciamiento seguido por un tribunal que, por lo demás, no genera jurisprudencia en el sentido estricto del término y, además, no es el órgano ad quem de una posible apelación; y dicho sistema pretendía la parte imponerlo al Ayuntamiento de Málaga el cual aplicó el previsto en los artículos 104 y siguientes de el Texto Refundido de la LHL , todo ello sobre la base interpretativa subjetiva de serle más beneficioso, exigiendo el cálculo practicado por dicha sentencia llevado de forma diferente al legalmente previsto. Con estos mimbres, tal alegación se desestima tanto por lo dicho más arriba como por contraria al principio de legalidad sin necesidad demás razones.

En consecuencia, estimando conforme a derecho al resolución recurrida dictada por el Jurado Tributario del Ayuntamiento de Málaga de 6 de febrero de 2015, procede desestimar completamente el recurso interpuesto por la sociedad 'SANDO PROYECTOS INMOBILIARIOS, SA'.

CUARTO.- Para concluir, de conformidad con la redacción del art.139.1 de la Ley Adjetiva al tiempo de interposición de la demanda, el principio general es el de la imposición conforme el criterio del vencimiento objetivo. Denostadas todas y cada una de las pretensiones de la actora, procede imponerle a la mercantil 'SANDO PROYECTOS INMOBILIARIOS, SA' el pago de las costas ocasionadas al Ayuntamiento de Málaga, condena que se impone en un máximo de 3.000 euros por cuanto no queda acreditada temeridad o mala fe alguna.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, procede dictar el siguiente

Fallo

Que en el Procedimiento Ordinario 208/2015, debo DESESTIMAR y DESESTIMOel recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Ballenilla Ros actuando en nombre y representación de la mercantil 'SANDO PROYECTOS INMOBILIARIOS, SA' contra la resolución dictada por el Jurado Tributario del Ayuntamiento de Málaga identificado en los Hechos de esta resolución, representada la administración municipal por la Procuradora de los Tribunales Sra. Berbel Cascales al ser conformes a derecho, manteniendo la resolución recurrida su contenido y eficacia y, todo ello, CON expresa condena en costas a la mercantil actora, condena que se le impone con los límites establecidos en el Fundamento Cuarto.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que, contra la misma cabe recurso de apelaciónen el plazo de quince días ante este Juzgado y para ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. con sede en Málaga y aclaraciónen el de dos días ante este Juzgado.

Previamente a la interposición del recurso, las partes que no estuvieran exentas deberán constituir el depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ , redactada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, consignando la cantidad procedente (50 euros si se tratara de un recurso de apelación contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, 30 euros si se tratara de un recurso de queja, o 25 euros en los demás casos) en la cuenta de este Juzgado en la entidad SANTANDER con número 3135 0000 93 0208 15, lo que deberá acreditar al tiempo de la interposición del recurso, sin perjuicio de la posibilidad de subsanación y sin olvidar las tasas impuestas por el legislador a los actos judiciales de apelación.

Líbrese Testimonio de esta Sentencia para su unión a los autos de su razón e inclúyase la misma en el Libro de su clase; y con testimonio de ella, en su caso, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Magistrado-Juez que la suscribe, estando la misma celebrando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.

'En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)'.

Incremento de valor
Plusvalías
Valor catastral
Valor del terreno
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Impuestos locales
Valor real
Hecho imponible del impuesto
Terrenos de naturaleza urbana
Incremento del patrimonio
Incremento de valor de los terrenos
Cuestión de inconstitucionalidad
Determinación de la base imponible
Inflación
Ordenanzas
Equidad
Tasación pericial contradictoria
Jurado tributario
Valor de adquisición
Disminución del valor
Acción urbanística
Ingresos indebidos
Días hábiles
Devengo del Impuesto
Liquidación provisional del impuesto
Valor de los bienes
Entes públicos
Ponencia de valores
Suelo urbano
Informes periciales
Transmisión de inmuebles
Catastro